EFE / Europa Press. – Las principales organizaciones ecologistas han manifestado cuáles son las diez medidas «imprescindibles y urgentes» que el Gobierno debería adoptar en los primeros cien días para afrontar una «verdadera» transición ecológica, entre ellas un calendario de cierre de las centrales nucleares y de las de carbón.

Los responsables de Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción han celebrado el nombramiento de Teresa Ribera como ministra para la Transición Ecológica por la sensibilidad y conocimiento medioambiental que ha demostrado durante los últimos años, pero han insistido en que tiene capacidad ejecutiva y ahora es el momento de demostrar «la valentía que le presuponemos».

Entre las medidas que proponen destacan el establecimiento de un calendario de cierre de las centrales nucleares y de carbón en 2025 y su sustitución por renovables, una Ley de Cambio Climático con objetivos ambiciosos o la prohibición de las prospecciones petrolíferas en mar y en tierra y la fractura hidráulica («fracking»).

En este sentido, recuerdan que la primavera de 2019 es «clave» para saber cuál es la posición del Gobierno de Sánchez, al ser la fecha en que acaba la licencia de Almaraz, por lo que el Ejecutivo «se va a tener que retratar» con la decisión que tome.

Además, solicitan que se ponga en marcha una Auditoría del Agua en España, la paralización de los Planes de Sequía y la Estrategia de Regadío, elaborar un Plan Nacional de Humedales, que suspenda el trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona), retirar los recursos contra las sentencias que bloquean la construcción de los pantanos de Biscarrués y Mularroya, y que inicie un Pacto por el Agua.

En materia de energía, las ong conservacionistas han señalado que las interconexiones gasistas son «contradictorias» con los objetivos climáticos fijados en París, y han pedido que se deniegue la autorización previa para la construcción del Almacén Temporal Cetralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas (Cuenca) mientras no exista un calendario de cierre «ordenado» de las centrales nucleares.

Para combatir la contaminación, piden una equiparación de los impuestos del diesel y la gasolina, revisar las etiquetas de la DGT sobre las emisiones reales de los vehículos y respaldar los planes de mejora de calidad del aire que se han puesto en marcha en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Perdida de Biodiversidad

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha dado «la urgente voz de alarma» en materia de biodiversidad. Las organizaciones quieren que Sánchez se oponga a la reforma, actualmente en trámite, de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Para Ruiz, la oposición del Ejecutivo a la modificación de la Ley es una «prueba de algodón» sobre sus intenciones en medio ambiente y recomienda, si no fuera posible paralizar la modificación, llevar este asunto al Tribunal Constitucional. En materia de biodiversidad, las entidades también quieren que se ponga en marcha los planes de las especies declaradas en estado crítico; y paralizar las licencias de pesca de coral rojo en Cataluña.

En cuanto a residuos, quieren que defienda una Directiva ambiciosa que reduzca el consumo y distribución de plásticos de un solo uso y que aproveche la modificación planteada de la Ley de residuos 22/11 para conseguir la separación selectiva de biorresiduos en 2020, y adelantar la separación de textil a 2020.

También exigen la reducción del uso de pesticidas en un 30% para 2020. En particular, piden la prohibición de aquellos plaguicidas más peligrosos y los que interfieren con el sistema endocrino, evitar la concesión de permisos generalizados para el uso de sustancia prohibidas, prohibir el uso veterinario del diclofenaco e iniciar la elaboración de un Plan Nacional de Salud Ambiental.

Finalmente, quieren una Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel de las organizaciones ambientales y que el nuevo Gobierno garantice la presencia de estas en todos los consejos consultivos con implicación ambiental. En particular, quieren un representante ecologista en el Consejo Económico y Social.