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El agua contaminada pone bajo cuestión la limpieza de la central nuclear de Fukushima 8 años después de la catástrofe

Europa Press.- Un millón de toneladas de agua contaminada deberán ser almacenadas, posiblemente durante años, en la planta nuclear de Fukushima, lo que supone un nuevo obstáculo para la limpieza de las instalaciones cuando se cumple el octavo aniversario de la catástrofe en la región japonesa. El año pasado, la compañía Tokyo Electric Power (Tepco) reconoció que el sistema que debía purificar el agua contaminada había fallado en eliminar las partículas radiactivas.

Esto supone que la mayor parte del agua, que actualmente está almacenada en 1.000 tanques alrededor de la planta, tendrá que volver a ser procesada antes de ser devuelta al océano, en lo que es el escenario más probable ahora mismo. Este proceso podría llevar cerca de 2 años, además de acarrear el desvío de personal y recursos que actualmente se utilizan para desmantelar los reactores dañados por el tsunami, operación que según las previsiones costará hasta 40 años finalizar.

No está claro cómo afectará este nuevo retraso al desmantelamiento. El Gobierno japonés calculó en 2016 que el coste total de este proceso, la descontaminación de las áreas afectadas y las compensaciones podrían llegar a los 21,5 billones de yenes (unos 170.000 millones de euros), casi el 20% del presupuesto anual del país. Tepco ha reconocido que se está quedando sin espacio para almacenar el agua. Además, algunos expertos advierten de que si hay otro terremoto importante, los tanques podrían romperse provocando el vertido ál océano de líquidos altamente radiactivos.

Los pescadores, en su apuesta por recuperar la confianza de los consumidores, están vehementemente en contra de verter el agua procesada, que la Autoridad Nuclear Japonesa (NRA) ha calificado como mayormente inofensiva. «Esto destruiría lo que hemos estado haciendo desde 2011», aseguró el líder de la Federación de Cooperativas de Pescadores de Fukushima. Las capturas del año pasado apenas llegaron al 15% de los niveles anteriores a la crisis, principalmente por la reticencia a consumir pescado procedente de estas aguas.

En la mayoría de zonas de la planta nuclear ya no es necesario que los trabajadores lleven máscaras ni que lleven trajes de protección contra la radiación. Solamente los edificios del reactor y otras áreas requieren este equipamiento especial. Alrededor de la planta hay tanques para llenar hasta 400 piscinas de tamaño olímpico, donde unas máquinas llamadas ALPS han estado tratando el agua contaminada. Tepco reivindicó que este sistema puede eliminar todos los radionucleidos excepto el tritio, un isótopo del hidrógeno relativamente inofensivo y que es muy difícil de separar del agua. Líquidos con esta sustancia son vertidos al medio ambiente en otras áreas nucleares en otras partes del planeta.

No obstante, un periódico japonés cuestionó el año pasado la calidad de las aguas procesadas con los ALPS, lo que llevó a Tepco a reconocer que había estroncio 90 y otros elementos radiactivos en muchos de los tanques. Tepco ha afirmado que estos problemas han ocurrido porque algunos materiales absorbentes del equipamiento no se han sustituido con la frecuencia adecuada. La compañía se comprometió a volver a purificar el agua si el Gobierno decide que verterla al océano es la mejor solución. Según un equipo gubernamental que realizó estudios en 2016, es la opción más barata de las cinco analizadas, que incluyen la evaporación, el entierro y mandarla al espacio.

El Gobierno y Tepco están ahora estudiando la creación de otro panel de expertos, pero no se ha fijado una fecha. El director del NRA, Toyoshi Fuketa, considera que verter el agua tras la dilución es la única manera accesible de lidiar con el problema. Además, advierte de que posponer esta decisión indefinidamente podría hacer fracasar el proyecto de desmantelamiento.

Otra opción es almacenar el agua durante décadas en tanques normalmente destinados al petróleo. La idoneidad de estos recipientes ya ha sido analizada, según el ingeniero de la planta y miembro de la Comisión de Ciudadanos sobre Energía Nuclear, Yasuro Kawai. Esta comisión propone almacenar el agua con tritio, que tiene una vida media de 12 años y medio, durante 123 años, tras los que sería una milésima parte de lo radiactiva que era cuando se guardó en los tanques.

Teresa Ribera cree que el conflicto con la banca por la indemnización del almacén de gas Castor «acabará judicializado»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado sus sospechas de que el conflicto con el Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el almacenamiento subterráneo de gas Castor «acabará judicializado», dada la complejidad jurídica del caso. Así se pronunció la ministra sobre la demanda de las 3 entidades financieras contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el cierre del almacén submarino de gas Castor.

«Dada la complejidad jurídica de estos momentos, con la sentencia del Tribunal Constitucional, con las sentencias del Tribunal Supremo, con la dificultad para poder abordar la recuperación de todo aquello, pues sospecho que acabará judicializado», señaló. En el recurso, presentado el 4 de enero ante el alto tribunal, los bancos solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado más los daños causados por dicha inversión, que realizaron al hacerse cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Ribera ha explicado que en la primera fase el Gobierno se centra en el taponamiento definitivo del almacén: «En los años por venir, no vamos a necesitar mayor capacidad de almacenamiento y no se necesita ese emplazamiento«. «La primera decisión es decir públicamente que aquello pasa a la historia; y la segunda, evidentemente, es garantizar con la máxima seguridad un proceso de progresivo desmantelamiento», añadió.

Sobre el apagón nuclear, que el Ministerio abordó con las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, Ribera ha señalado que el desmantelamiento de las centrales debe ser solvente y sólido, con un calendario ordenado sin idas y vueltas que generen «incertidumbres». «Fue una reunión interesante, no será la última ni con ellos ni con otros actores. El mensaje fue claro y conciliador», ha sostenido, y ha añadido que el Gobierno no es quien debe decir cuándo se cierran las plantas, ya que esto es una decisión que debe tomar cada central, según la ministra.

Preguntada por una hipotética subida de la tasa a las eléctricas si falta dinero para desmantelar las nucleares, Ribera ha sostenido que Enresa es quien se debe pronunciar al respecto, sobre «cómo hacer un planteamiento de seguridad de gestión de residuos radioactivos que repase todos los elementos de esa seguridad, incluyendo la disponibilidad de recursos financieros para actuar con seguridad». La ministra señaló que el objetivo es que España reduzca las emisiones en un 20% en 2030 con respecto a 1990, porque es el único escenario que permitiría llegar a las cero emisiones en 2050. «Son 37 puntos en poco más de una década», resaltó.

El Gobierno anuncia que aprobará «próximamente» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor

Europa Press.- El Consejo de Ministros evaluará y aprobará «en las próximas semanas» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental han trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta». Ribera ha garantizado que «existe un compromiso político claro» del Gobierno de «no reactivar en ningún caso Castor» y de facilitar «la mejor opción posible» para su clausura definitiva.

«Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico», ha manifestado la ministra. Eso sí, ha admitido que «formalmente» no se ha adoptado «ninguna decisión de manera oficial» sobre el futuro del almacenamiento gasístico, que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación. La ministra asegura que el Ejecutivo va a abordar «con las máximas garantías y rigor técnico» la cuestión y ha puesto en marcha «todo lo necesario» para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero ha añadido que ésta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo». «Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura», insistió, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían «difícilmente justificables».

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es «actuar» porque «la única decisión viable» es facilitar su clausura «definitiva» ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando «lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose». En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación «es inminente». Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es «acelerar» este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma «simplista» lo «fundamental» es acometer el sellado definitivo «cuanto antes», con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. «El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también», ha concluido. En todo caso, precisó que no se compromete a desmantelarlo porque el Gobierno no tiene aún preparada «esa última etapa que puede ser complicada».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de «fiasco» el proyecto Castor, celebra el anuncio de Ribera de que «por fin» digan que lo van a desmantelar yha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir «a pies juntillas» los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que «no vuelva a suceder lo que en Castor» y no sean de nuevo «los mismos paganinis«, los ciudadanos, quienes asuman «el fiasco».

Desde ERC, Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, comentó que le entra «cierta tranquilidad» la confirmación de que este «megaproyecto ruinoso» será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes. «Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía», ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir «sus responsabilidades» pese a que «muchas veces» se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha espetado a Ribera que «no es digna» de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es «una realidad» porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto. «Usted, que está en el origen del problema, nos da la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales», criticó Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte de Pedro Sánchez fue «una burla» y un «insulto» para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha criticado el «tanto daño» que hizo a Castellón con Castor pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad. Tras la réplica, la ministra reconoció que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema «enormemente embrollado» y que es «complicado» encontrar una solución concreta, pero afirmó que el Gobierno está «estudiando» la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Gobierno catalán lo celebra

Por su parte, el delegado del Gobierno autonómico de Cataluña en Terres de l’Ebre (Tarragona), Xavier Pallarès, celebró el anuncio de la ministra. «Si se confirma el sellado definitivo del almacén Castor es una gran noticia para las Terres de l’Ebre», sostuvo Pallarès, que remarcó que era una de las principales reclamaciones de este territorio y confía en que esta decisión se haga realidad «lo antes posible», además de esperar para ver qué medidas se tomarán con las instalaciones terrestres.

La central nuclear José Cabrera de Zorita cumple 50 años entrando en la recta final de su proceso de desmantelamiento

Europa Press.- La central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), ha cumplido 50 años cuando afronta un momento crucial de su fase final de desmantelamiento, en el que se han superado el 85% de unos trabajos que está previsto que concluyan para el 2020. Con una producción anual de 1.000 millones de kilovatios hora por año, fue la primera planta nuclear construida en España. Después de 38 años de funcionamiento, el 30 de abril de 2006, cerró sus puertas definitivamente.

Según confirmaron desde la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), la demolición convencional de uno de los edificios más emblemáticos de la planta, la cúpula de color anaranjado que identifica a esta planta desde lejos, empezará a mediados de 2019. En el año 2010 la planta fue transferida de la empresa propietaria Gas Natural Fenosa, actualmente denominada Naturgy, a la empresa pública ENRESA, que desde entonces se hace cargo del desmantelamiento, el primero completo que se produce en España de forma programada y con corte de piezas radiológicas bajo agua.

La construcción de esta instalación comenzó en julio de 1965, duró 3 años y costó 2.000 millones de pesetas; fue inaugurada por el dictador Francisco Franco el 12 de diciembre de 1968. En este proceso de desmantelamiento se van a gestionar un total de 104.000 toneladas de materiales. Los residuos radiactivos de baja y media actividad están siendo enviados a El Cabril, en Córdoba, mientras que el combustible gastado de la planta permanece en el Almacén Individualizado Temporal (ATI) que hay en la propia planta.

Razones burocráticas pero también del propio proceso de descontaminación han influido en que el desmantelamiento, inicialmente previsto para 2016, haya sufrido varias demoras. También el presupuesto inicial de estos trabajos ascendía a 135 millones de euros, una cifra que se ha elevado ahora a 160 millones de euros según el propio director del Desmantelamiento de Zorita, Manuel Ondaro. Cuando estén concluidos todos los trabajos, ENRESA devolverá de nuevo el emplazamiento a Naturgy para futuros usos.

La torre de gasificación de carbón de la antigua central de Elcogas ha sido demolida en Puertollano

EFE.- La torre de gasificación de la antigua central eléctrica de gasificación de carbón en ciclo combinado de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real) ha sido demolida como parte de los trabajos de desmantelamiento de la antigua planta. La demolición de la torre de gasificación, de forma rectangular de 74 metros de altura y un total de 13 plantas, se suma a la demolición de la torre de refrigeración de 122 metros que tuvo lugar el pasado 28 de junio.

Para la demolición, que ha durado menos de 2 segundos, se han generado desde la base varias columnas de agua de 70 metros de altura con el fin de reducir la nube de polvo creada. Como medida de seguridad, se estableció un perímetro de 500 metros alrededor de los terrenos de la central, en cuyos terrenos levantará Ence una nueva central térmica de biomasa. Los trabajos de desmantelamiento de la antigua Elcogas, en la que se están invirtiendo 3,6 millones de euros, continúan con el resto de instalaciones de la planta, incluidos edificios, equipos y estructuras, excluyendo las subestaciones eléctricas y los depósitos de agua.

Japón comienza a desmantelar la central nuclear de Monju, su único reactor rápido, por su elevado coste y escasa fiabilidad

EFE.- Japón comenzó a retirar las barras de combustible nuclear de la central de Monju, donde se sitúa el único reactor rápido nipón, en el que supone el primer paso clave de su desmantelamiento, según explicó la propietaria de la planta.

La retirada del combustible atómico es el primer paso clave del desmantelamiento de una central que permanece inoperativa desde 2010 y que se ha visto afectada por sucesivos accidentes, un proceso que se prolongará unas tres décadas y que no está exento de complejidad. Los equipos de trabajo comenzaron a trasladar el combustible desde un contenedor de almacenamiento cerca del reactor a una piscina de almacenamiento separada, una labor que «se espera que se complete en el año 2022«, según explicó la entidad que gestiona la planta, la Agencia de Energía Atómica de Japón (JAEA).

La JAEA espera que los 550 empleados que trabajan en esta labor retiren hasta finales de año unas 100 barras, lo que supone en torno al 19% de las 530 barras situadas en el interior y exterior del reactor. El combustible nuclear del reactor de Monju se enfría mediante un tipo de sodio que prende al entrar en contacto con el agua o la humedad del aire, y sus barras de combustible no se colocan de la misma forma que en los reactores convencionales. La JAEA aseguró que el desmantelamiento se está realizando «con la seguridad como prioridad» y se han tomado las medidas pertinentes.

Japón había depositado grandes esperanzas en su reactor rápido enfriado por sodio, perteneciente a los reactores de IV generación, un conjunto de diseños en fase investigación, ya que este modelo produce más plutonio del que consume, una solución potencial a la escasez de recursos energéticos del país asiático. La Agencia de Energía Atómica de Japón acordó desmantelar el reactor en 2016 por el elevado coste que requería su mantenimiento. El reactor de Monju (que estaba inactivo) ha sido, además, escenario de varios accidentes desde que comenzó a operar en 1995.

José Luis Navarro, consejero del Gobierno de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)

EFE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atendido las peticiones del presidente socialista de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara: el extremeño José Luis Navarro, hasta ahora consejero de Economía e Infraestructuras del gobierno autonómico de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), entidad pública encargada de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto de España.

Navarro ha estado al frente de la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura desde julio de 2015 y formó parte del anterior Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011. Enresa, como empresa pública, está sometida al control regulador de diversos organismos de la Administración General del Estado, que validan la planificación de sus actividades y controlan sus actuaciones. Es también su cometido garantizar la seguridad a las personas y al medio ambiente de los residuos radiactivos, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas en desuso, así como la restauración ambiental de las minas de uranio.

Vara ve cumplidos sus deseos

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha confesado que cuando Pedro Sánchez conformó su nuevo gobierno él, como presidente de la Junta y líder regional del PSOE, tenía «muy claro donde quería que hubiera dos extremeños: en Cetarsa y Enresa», tal y como ha ocurrido. Por ello, Vara ha indicado que ahora que ya han sido nombrados José Andrés Tovar y José Luis Navarro como presidentes de Cetarsa y Enresa, respectivamente, puede decir «con toda claridad» cuáles eran sus preferencias con respecto a la cuota extremeña en el nuevo Gobierno.

Fernández Vara ha destacado la importancia de la toma de decisiones en Enresa para Extremadura por todo lo relacionado con la energía nuclear y la central de Almaraz. En este sentido, ha puesto de relieve la importancia de que el Gobierno haya decidido poner al frente de Enresa a quien ha sido hasta ahora su consejero, José Luis Navarro, una persona «enormemente capaz y conocedora desde el minuto uno de lo que tiene entre manos»

Vara hizo hincapié en lo que significa «colocar a un extremeño con pleno conocimiento de causa en el núcleo de decisiones que tendrán que tomarse en los próximos años en nuestro país» en relación con la política energética. En ese sentido, reiteró la necesidad «de abrir un diálogo sincero y franco de todas las partes afectadas para que este país no legisle a golpe de intuición ni de invención, sino que defina cuál va a ser su mapa energético de futuro y en base a eso se establezca un calendario adecuado de finalización de la vida de las centrales nucleares».

«Son energías del pasado, pero a las que habrá que buscarles alternativa de futuro», ha dicho Vara, quien se ha mostrado «plenamente convencido y decidido a que en ningún caso permitiremos que eso ocurra hasta que no haya alternativas claras» para suplir la actividad económica y el empleo que genera Almaraz en el norte de la provincia de Cáceres. Por ello, recalcó que le da «bastante tranquilidad» que Navarro vaya a estar en la toma de decisiones en ese ámbito.

Denuncian el “premio” a Navarro

Desde la oposición, el PP ha dado un «suspenso» a la gestión de José Luis Navarro por sus decisiones económicas y por dejar esta consejería como la que menos ejecuta sus presupuestos de la Junta de Extremadura. De hecho, el portavoz de Economía e Infraestructuras del PP de Extremadura, Víctor del Moral, ha criticado que «el consejero de la no economía y las no infraestructuras» haya sido premiado con un «sueldazo» en Enresa. Finalmente, Del Moral ha recordado que Navarro se opuso en su momento al almacén temporal de Almaraz que permitiría alargar su funcionamiento.

Equo alerta del «riesgo» que suponen los residuos nucleares que permanecen en Garoña tras el cierre de la planta atómica

Europa Press / EFE.- Equo ha mostrado su «preocupación» por los «interrogantes» existentes en torno al desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ha alertado del «riesgo» que supone que los residuos nucleares generados durante el periodo de actividad de la planta sigan en las instalaciones de esta central. Por ello, urge a la empresa pública de residuos radioactivos (Enresa) a aprobar cuanto antes el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juan López de Uralde, registró una pregunta en el Congreso para que el Gobierno central ofrezca explicaciones sobre la situación en la que se encuentra el desmantelamiento de la central, ubicada en Burgos. Uralde reclama información sobre los avances realizados por Enresa, sobre el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y sobre la estimación de los plazos de ejecución para desmontar las instalaciones. El coportavoz de Equo expresó su «preocupación» por los «muchos interrogantes y falta de certezas» sobre la situación de la planta, un año después del anuncio del cierre definitivo.

Equo ha alertado sobre el peligro que entraña para la salud de la población y para el medioambiente la continuidad en el recinto burgalés de los residuos radioactivos, que suponen un «riesgo potencial» de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. Equo critica que 12 meses después de la clausura de la central, «nada ha trascendido sobre el futuro de este material radioactivo». Uralde ha censurado el «oscurantismo» que rodea al proceso de desmantelamiento.

Además, ha denunciado que «se están incumpliendo las obligaciones europeas de seguridad» en el tratamiento de los residuos nucleares en lo referente a la dotación de soluciones de almacenamiento final de los residuos de alta actividad. Equo ha criticado que los residuos nucleares «continúan en Garoña y se desconoce, por el momento, dónde y cómo se van a gestionar». «Es inconcebible que un año después, aún no hayamos recibido explicaciones sobre cómo se va a acometer el desmantelamiento; qué se va a hacer con los residuos; y cómo se va a pagar todo esto», criticó.

Para el diputado la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es «uno de los principales problemas» que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará la vida útil de una planta. López de Uralde destacó que un informe de la Comisión de Energía del Congreso «incide en la necesidad» de impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Sobre Garoña, el desmantelamiento podría alcanzar los 350 millones de euros y terminaría en 2023.

López de Uralde insistió en que «las centrales si no son seguras deben cerrarse sí o sí». Ha agregado que en España tampoco está resuelto del debate sobre la ubicación de los residuos nucleares y ha reclamado por ello la elaboración de un plan para abordar esta cuestión. Todas estas carencias son, a su juicio, consecuencia de la «falta de profesionalidad» de los miembros del CSN que, en su opinión, se han dedicado a acatar las órdenes del PP. Por ello, ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a iniciar la renovación de su composición.

Además, ha advertido de que las administraciones competentes «deben implicarse» en el proceso, y apoyar a los trabajadores que se verán afectados por el desmantelamiento, un respaldo que considera que ha de extenderse a la comarca afectada por el cierre. Equo ha reclamado un análisis del Plan de Dinamización del área de influencia de la central propuesto tras la petición de 14 municipios afectados. «No se puede abandonar a esa gente a su suerte; las instituciones deben contribuir a la revitalización de la zona», señaló.

El Gobierno desconoce cuándo estarán los informes medioambientales que dilucidarán si hay riesgo en desmantelar el almacén de gas Castor

Europa Press / EFE.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que no sabe cuándo estarán disponibles los informes medioambientales que demuestran si existe o no riesgo para desmantelar las instalaciones del almacén de gas submarino de Castor porque desconoce dichos documentos. Así lo ratificó ante el senador de ERC, Miguel José Aubà Fleix, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén estos informes disponibles.

«Todavía no lo sé y le voy a explicar por qué», ha iniciado su intervención Ribera, que recordó que la información disponible que hay sobre Castor es la elaborada por la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que le llevaron a paralizar definitivamente ese proyecto al relacionar la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de seísmos. A la vista de los resultados de esos informes, según recuerda Ribera, se anunció el «compromiso» del anterior Gobierno para ver en qué condiciones de seguridad se podía desmantelar el almacén.

«No conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado», reconoció. Y ha añadido que tampoco sabe a quién se han encargado pero que espera «tener respuesta lo antes posible». «Mi compromiso es ver dónde estamos, entender las conclusiones que se derivan de esa información, llevar la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores, y si no hay informes, encargarlos rápidamente», reiteró la ministra. «Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados», ha añadido la ministra, que también cuenta con los grupos parlamentarios para «oír sus reacciones, comentarios y recomendaciones».

En cualquier caso, el senador de ERC ha pedido al nuevo Gobierno que sea «coherente» en este asunto, dado que ha recordado que el PSOE reclamaba un «calendario transparente» para desmantelar Castor. Aubà Fleix también aprovechó para pedir al nuevo Gobierno que no cargue en la factura del gas la indemnización interpuesta a la empresa promotora del proyecto y que impulse una Comisión de investigación sobre el mismo. En su réplica, Ribera se comprometió a «recabar toda la información» sobre el almacén de gas, «a consolidar la que existe y a encargar la que no existe», pero también a compartirla.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. El Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos con cargo al recibo del gas, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización.

Marco regulatorio “para dar confianza”

Por otro lado, Ribera se ha comprometido a recuperar un marco regulatorio «que otorgue confianza a los inversores», sin depender de vaivenes políticos, y anticipe cómo hacer el proceso de la transición energética. A una pregunta del senador por ERC, Miquel Angel Estradé, sobre las previsiones del Gobierno para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables,

La ministra ha reiterado que esa transición energética debe tener en cuenta los aspectos sociales para «no dejar a nadie atrás». En este sentido, ha recordado que aún «no hay escrita ni una sola línea» del futuro Plan de Energía y Clima, que debe presentarse antes de final de año. Ribera subrayó que España «no puede seguir perdiendo oportunidades» y no se debe retrasar el impacto de incorporar «una estrategia de modernización, innovación y equidad».

En este sentido, la ministra indicó que ya se pudo constatar la posición de este Gobierno de Pedro Sánchez, «pocas horas después de su entrada en funcionamiento», en el pasado Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, dejando clara su apuesta por los objetivos máximos planteados en la implantación de renovables y eficiencia energética y posicionándose «claramente» en contra del impuesto al sol.

Ribera adelantó que estos pasos dados en Bruselas contarán también a nivel nacional con su respaldo por medio de iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales cuentan con el apoyo de todos los grupos, «con excepción del PP». «La transición energética por la que ha apostado el mundo y Europa nos lleva a un modelo diferente», afirmó la ministra, quien aseguró que es necesario «recuperar un marco que otorgue confianza a los inversores y anticipe cómo hacer ese proceso de cambio«, después de un periodo «en el que se ha abandonado».

El senador de ERC ha reclamado un «impulso decidido» a las energías renovables y un marco normativo «que no esté a merced de los vaivenes de la política», para recuperar la confianza de los inversores y «restablecer la credibilidad del Estado español». Estradé criticó al PP por cambiar las reglas del juego en el ámbito de las energías renovables «en medio del partido», algo que calificó de «abusivo e inmoral».

La SNE espera que se despejen las «incógnitas políticas» alrededor del ATC y lamenta la fiscalidad sobre las plantas catalanas

Europa Press.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, confía en que las incógnitas políticas sobre los permisos de las administraciones «se despejen» y que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita finalmente la autorizaciones necesarias para la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca), porque la instalación «siempre va a ser necesaria».

Así, ha insistido en que el ATC facilitará en su momento el desmantelamiento del parque nuclear español pero, según admite, se trata de una política de Estado y de una decisión del Gobierno central. «El ATC siempre va a ser necesario porque cumple la función de desacoplar el futuro desmantelamiento de las centrales de lo que es la gestión definitiva del combustible gastado de la misma, que irá a un almacenamiento geológico profundo«, ha manifestado Gago, que ha defendido que concentrar los residuos nucleares «a la larga abaratará su gestión».

Por otro lado, el representante de la SNE ha reflexionado sobre la situación de las centrales nucleares situadas en Cataluña. Al respecto, ha señalado que desde hace un año en Cataluña se reinstauró un impuesto que ya había sido considerado como doble imposición por el Tribunal Constitucional «en la primera intentona»; y ha añadido que desde el 1 de abril las plantas catalanas soporta «un nuevo impuesto» al combustible. Además, ha añadido que la ley de cambio climático aprobada por el parlamento catalán en agosto de 2017 establece el fin de la producción eléctrica nuclear en 2027. Si bien, matizó que esta ley fue recurrida por el Gobierno y anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, en el contexto de sequía que ha afectado al conjunto de España durante el 2017 y 2018, el presidente de la SNE asegura que la escasez hídrica «demuestra la importancia» de la nuclear en situaciones climatológicas adversas, como cuando hay sequía y no sopla el viento, como el año pasado cuando se incrementó el uso de las centrales de ciclo combinado y de carbón, lo que aumenta a su vez las emisiones de gases de efecto invernadero.

El año pasado, según ha recordado, la producción hidroeléctrica obtuvo su peor resultado de los últimos 30 años, con una caída del 49% entre 2016 y 2017. «Tendríamos que remontarnos a 1989 para encontrar un dato con menor energía hidráulica en la serie histórica, frente a una producción nuclear estable», ha precisado. En este sentido, Gago lamenta que cuando la nuclear funciona bien «nadie lo reconoce» ni «es noticia», pero en las ocasiones en que «pasa lo más mínimo sí lo es». Entre otras cosas, achaca este hecho a que las nucleares tienen obligación de comunicar «todo», cosa que no ocurre con una central de gas o carbón, ha insistido.

Respecto a Fukushima, ha asegurado que la situación en la zona tardará «muchos años» en volver a la normalidad, no solo por el accidente nuclear sino por lo que supuso el tsunam. Como lado positivo, ha subrayado las importantes «lecciones» que ha dejado. Entre las repercusiones para España expuso que, tras una inversión de unos 35 a 40 millones de euros por reactor, se han completado la mayor parte de las acciones comprometidas tras las pruebas de resistencia y ahora el parque atómico español está «infinitamente» mejor preparado, el personal más capacitado y las centrales más preparadas para afrontar accidentes que van «mucho más allá» de su base de diseño.

Por último, el presidente de la SNE ha opinado sobre la «intención apuntada» por el actual Ministerio de Energía de trasladar la responsabilidad de desmantelar las centrales nucleares a los titulares de las mismas en vez de a Enresa. En ese sentido, recordó que Enresa se constituyó en 1985 para la gestión del combustible radiactivo y el gastado de todas las centrales y para el desmantelamiento de las mismas, con un fondo que se nutriría de la financiación de las centrales nucleares. Antes, este fondo se nutría con la tarifa y desde hace años, por una tasa cargada al kilowatio/hora de generación nuclear, es decir que lo soportan las centrales en explotación para el desmantelamiento.

De este modo, observa que la propuesta del Gobierno pasaría por que Enresa transfiriera lo acumulado a los titulares para que acometan este desmantelamiento. «Hay que conocer el esquema en su conjunto», admite Gago quien asegura que, en todo caso tanto si es Enresa quien desmantela como si son los titulares «las reglas son las mismas para unos que para otros y todas las actuaciones de desmantelamiento serían supervisadas por el CSN«, como lo está haciendo con las plantas de José Cabrera y de Garoña.

Esta alternativa «no necesariamente» sería más barata que el sistema actualmente vigente, aunque admite que sí podría haber «algo de eficiencia». En todo caso, ha subrayado el conocimiento y la experiencia de años de Enresa, aplicado primero con Vandellós I y después en José Cabrera y, posiblemente, en Santa María de Garoña. «Es muy prematuro concluir que el desmantelamiento por los titulares va a ser más barato que si lo hace Enresa, pero las reglas serán siempre las mismas para todos», ha concluido Gago que ha elogiado la capacidad y experiencia de Enresa, de la que «tendrían que empaparse» los titulares en caso de que se produjera ese cambio regulador.