Europa Press.- Mientras desde País Vasco piden al Gobierno «certidumbres» para la industria en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el anteproyecto de Ley servirá de impulso a la lucha contra el cambio climático y, aunque celebra buena parte de su contenido, lamenta que carece de ambición porque los objetivos planteados de reducción de gases de efecto invernadero son «insuficientes».
Así consta en un documento con comentarios preliminares que ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el anteproyecto que se ha dado a conocer. Entre las principales carencias, las ONG opinan que es una «grave omisión» la ausencia de cierre para las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares y que la fecha para prohibir los vehículos de diésel, gasolina o GNC no debería ser 2040 sino 2025 y 2028 en el caso de los híbridos.
En cuanto a la inclusión de un objetivo 100% renovable para el sistema eléctrico, las 5 organizaciones señalan que el sistema energético debe ser totalmente 100% renovable, algo que es más beneficioso, factible y asequible que restringir el objetivo a solo el sistema eléctrico de manera aislada. En cuanto a transición justa, celebran su inclusión pero advierten de que conviene ampliar el concepto en cuanto a personas afectadas en la transición hacia un sistema 100% renovable y por los impactos del cambio climático y que las alternativas de empleo se enfoquen en empleos sostenibles que ponen en el centro el medio ambiente y las personas.
Respecto a la fiscalidad verde, también ven positiva la intención de que la política fiscal incorpore elementos de incentiven una economía baja en carbono y resistente al clima y que incorpore los costes ambientales, pero creen que faltan referencias más claras en la materia. Por otro lado, critica que en los presupuestos de carbono que proponen haya una condicionalidad porque para ellos ese es un mecanismo básico de la ley para lograr un horizonte de 100% renovables. Así, señalan que en la ruta hacia la descarbonización de la economía es «imprescindible» el establecimiento de unos presupuestos de carbono decrecientes y de carácter anual en consonancia con las indicaciones del IPCC.
El Comité independiente anunciado es un elemento positivo para las ONG pero requieren más detalle sobre aspectos relacionados con su elección y lo vinculantes que sean sus recomendaciones. Entre los aspectos positivos, valoran que el borrador establezca la prohibición de realizar nuevas inversiones en combustibles fósiles y acelerar el calendario para la desinversión, así como la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos y fracking aunque insisten en que esta prohibición tiene que extenderse a cualquier tecnología que tenga que ver con la geoingeniería o con las instalaciones de almacenaje de combustibles fósiles como el gas.
Igualmente, celebran que los objetivos contemplados sean revisables y siempre al alza y que no se pueda disminuir su nivel de ambición, ya que los actuales son «insuficientes». Precisamente, sobre los objetivos, apoya los objetivos de reducción de emisiones respecto a 1990, pero aún así la apuesta por reducir un 20% respecto a esa fecha es «todavía insuficiente» para que España contribuya en la medida de su potencial a la necesaria reducción del conjunto de Europa y del mundo. «España debería reducir sus emisiones más que la media europea», señalan.
De hecho, proponen que alcanzar emisiones netas cero en 2040 en vez del 90% en 2050 que propone el borrador, así como aumentar significativamente la reducción de emisiones en 2030. Así, recuerdan que el Parlamento Europeo propone una reducción del 55%, frente al 20% propuesto por el Gobierno de Sánchez. En definitiva, las ONG han manifestado que el anteproyecto va en la dirección correcta, aunque carezca de la ambición suficiente para llegar más lejos rápidamente.
Para acelerar el proceso, ven necesario que se tramite el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que aún no ha salido a consulta pública, en paralelo al anteproyecto de ley. Finalmente, felicitan al Gobierno por el reconocimiento de la necesidad de actuar con urgencia y ambición ante la amenaza del cambio climático, y así garantizar que España hace su parte para limitar el calentamiento global al 1,5ºC como máximo, tal y como recomiendan los expertos del IPCC.
Piden «certidumbres» para la industria
Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha señalado tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se debe seguir trabajando en el borrador de la Ley de Cambio Climático para que, además de conseguir una reducción de emisiones de CO2, se logre dar «certidumbres» al sector productivo de manera que pueda realizar esa transición sin perder competitividad. La consejera vasca aseguró que el encuentro ha sido «muy cordial y muy positivo«, e indicó que, tras reunirse con anteriores titulares como José Manuel Soria o Álvaro Nadal, es «la primera vez» que encuentra una «actitud positiva y receptiva», compartiendo alguna de esas preocupaciones.
Tapia ha apuntado que se han tratado sobre todo dos puntos importantes en la reunión. El primero hace referencia a los costes energéticos para la industria. En este sentido, le ha trasladado a la ministra la necesidad de tener «una política energética que ayude a la competitividad del tejido productivo«. La consejera ha recalcado que sobre este punto han encontrado una actitud receptiva por lo que hay opciones de poder trabajar en esa vía, y ha añadido que el Gobierno ya trabaja en medidas concretas.
En este sentido, ha añadido que si se compara lo que paga la industria electrointensiva en País Vasco con lo que pagan en Alemania o Francia, la diferencia es de un 30% más. Según ha matizado, desde el Ministerio plantean que exista un estatuto europeo que abarque la forma de trabajar de las industrias electrointensivas, y mientras que no se haga a nivel europeo, «hay que hacerlo a nivel estatal».
El segundo tema que han tratado en la reunión ha sido el borrador de la Ley de Cambio Climático. Según ha indicado, la ministra le ha reconocido que desde el Ministerio deben dar certidumbre al sector productivo. Así, Ribera ha señalado que si bien es clave la reducción de CO2 y que se deben alcanzar los objetivos de la Cumbre de París, también es necesaria esa certidumbre y permitir que se pueda hacer una transición.
Para Tapia, se debe asegurar que siga existiendo un sector de la automoción «relevante» y que se permite realizar mejoras en redes eléctricas, trabajar en sistemas de recarga y en almacenamiento eléctrico. El borrador plantea el fin de la producción de vehículos de gasolina, diesel e híbridos para 2040. La consejera ha apostillado que hay aspectos de la ley que «hay que mejorar y otros que hay que aclarar«. «Tenemos que conseguir entre todos plantear los objetivos a largo plazo y analizar muy bien cómo vamos a hacer esa transición», ha añadido, para luego incidir en que se queda «con la voluntad de trabajar y aportar para que la política energética sirva como factor de competitividad a la política industrial».
