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Endesa detectó casi 65.000 casos de fraude eléctrico en 2018, equivalente al consumo de Palma de Mallorca durante medio año

Europa Press.- Endesa detectó en 2018 cerca de 65.000 fraudes eléctricos y recuperó 601 millones de kWh defraudados, una cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma de Mallorca durante 6 meses. Según la compañía, el uso de las nuevas tecnologías y la colaboración con las Fuerzas de Seguridad y los ciudadanos están permitiendo reforzar la lucha contra este problema. Tan sólo en el último año, las denuncias de ciudadanos ayudaron a destapar cerca de 4.000 fraudes.

Durante el pasado ejercicio, 4 de cada 10 inspecciones realizadas por la compañía concluyó con la detección de fraudes. En el 48% de los casos, se trató de enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato y el resto, a otro tipo de fraudes, como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida. Endesa incide en que el fraude eléctrico es, sobre todo, un problema grave para la seguridad y la salud de las personas, tanto para el propio defraudador como para los que le rodean. En los últimos años, se han registrado numerosos casos de incendios y descargas provocadas por la manipulación de las instalaciones.

Otro factor que agrava el problema del fraude es el crecimiento de los cultivos de cannabis que se ha producido en los últimos años. Estos cultivos van frecuentemente acompañados de enganches ilegales a la red eléctrica, que pueden llegar a generar importantes interrupciones de suministro a los núcleos de población en los que se llevan a cabo. Una vivienda utilizada como plantación indoor de marihuana consume el equivalente a 20 viviendas y la concentración de estos cultivos en determinadas zonas llega a saturar la red.

La compañía señala que el fraude eléctrico supone un perjuicio social ya que se traduce en un incremento de la factura eléctrica del conjunto de los consumidores y puede poner en riesgo tanto la seguridad como la calidad de suministro del resto de usuarios. «Además, en contra de lo que podría creerse, el grueso del fraude eléctrico en España lo cometen grandes consumidores, tanto empresas de sectores industriales y de servicios como negocios y domicilios particulares con consumos elevados», revela.

Dentro de su apuesta por la digitalización, Endesa está redoblando los esfuerzos en la aplicación de algoritmos avanzados para la detección de fraude. A la utilización del Big Data, se suman las nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos años. Destacan, entre otras, los videoscopios y trazadores, que permiten inspeccionar instalaciones subterráneas, empotradas en las paredes, o inaccesibles a simple vista, para detectar, entre otras manipulaciones, la existencia de dobles acometidas.

En 2018, Endesa recibió más de 46.600 notificaciones de posibles fraudes en la línea telefónica (800 760 20) y el mail anomalias@enel.com. Mediante estos canales, los ciudadanos pueden aportar, de manera confidencial, cualquier información sobre anomalías y presuntos fraudes. Además, hay en la nueva web de Endesa un servicio para que los ciudadanos puedan realizar denuncias acerca de posibles fraudes.

España suma un nuevo arbitraje internacional contra los recortes a las renovables

Europa Press.- España ha sumado una nueva demanda ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, en contra de los recortes aplicados a las energías renovables, con la que ya suma 27.

En concreto, las sociedades Cordoba Beheer, Cross Retail, Sevilla Beheer y Spanish Project Companies registraron el pasado 12 de agosto la última de las denuncias contra España por los recortes retributivos a las tecnologías ‘verdes’, según los registros del tribunal consultados por Europa Press.

Este procedimiento se inicia tras los presentados a finales de junio por una firma israelí y otra británica. La primera, conocida como Sun Flower, registró su denuncia el 28 de junio, mientras que la segunda, Infracapital, lo hizo un día después. La primera cuenta con tres plantas fotovoltaicas en España, que suman 13 megavatios (MW) de potencia, y la segunda con cuatro.

España ratifica así la primera posición en la clasificación internacional de países que más demandas de arbitraje acumulan en su contra por su política energética, a gran distancia del segundo, la República Checa, que suma siete procesos, y de Rusia y Turquía, que se enfrentan a seis cada uno.

De igual forma, España acumula casi una tercera parte de todos los procesos promovidos por inversores en instalaciones de energía ‘verde’ ante el organismo de arbitraje internacional, según datos de Energy Charter Treaty, que recoge Europa Press.

En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.

Por el momento, solo ha quedado resuelto uno de estos procesos internacionales, presentado por la firma Charanne and Construction Investment ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). En este caso, en el que se abordó el recorte de 2010, los jueces dieron la razón a España.

Denuncias

Entre las compañías y fondos internacionales que han llevado a España ante el Ciadi figura Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España.

En noviembre del año pasado se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSN Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Gironzentrale y Norddeutsche Landesbank-Gironzentrale.

Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden e Hydro Energy 1, SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, radicado en Estados Unidos.

También han presentado denuncias la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia ante el organismo, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, además de un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss.

Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país. Entre ellos también figuran Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE.

Masdar, Natixis y Nextera

El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo internacional.

Además, el organismo había iniciado la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera.

A estos demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana y que cuenta con el asesoramiento de los despachos Cases & Lacambra y González-Bueno & Asociados.