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Energía utilizará el fondo de contingencia para evitar el déficit de tarifa en 2017 ante el reconocimiento de 142 millones de euros a los purines

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé que el ejercicio 2017 se cierre con un nuevo superávit de tarifa en el sistema eléctrico pese a su intención de reconocer mediante una orden ministerial un coste adicional por cerca de 142 millones para retribuir la actividad de las plantas de tratamiento de purines con el objeto de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, según indicaron fuentes del departamento ministerial.

La orden de peajes de electricidad para 2017 recoge, dentro de los costes del sistema, un fondo de contingencia por valor de 150 millones de euros que podrá usarse para responder a gastos no contemplados en las previsiones iniciales. Las fuentes explican que este fondo de contingencia, en función de las circunstancias, podría utilizarse para responder al coste adicional de la retribución de los purines y garantizar que no se produzca déficit de tarifa durante el año. El uso del fondo dependerá en todo caso de cómo evolucionen los ingresos y los gastos del sistema a lo largo del año.

Energía precisa además que el importe de 142 millones de euros recogido en su borrador de orden ministerial sobre la revisión de la retribución de los purines es solo una estimación y que el importe final dependerá de aspectos como el número de horas de funcionamiento de las plantas. La orden ministerial sobre las plantas de tratamiento de purines, cuyo borrador ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), revisa al alza la retribución a este tipo de instalaciones con el objeto de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

380 millones acumulados hasta 2019

Según datos de la CNMC, las plantas para el tratamiento de purines de porcino tienen una potencia instalada de 384 megavatios (MW) y producen casi 3.000 gigavatios hora (GWh) al año. El borrador de orden ministerial indica en su memoria económica que, de funcionar las plantas de purines al ritmo de 2013 y de mantenerse la previsión de precios del gas, estas instalaciones ocasionarán al sistema eléctrico un coste de 142 millones en el 2017, a los que se suman otros 136 millones en 2018 y 102 millones en 2019. En total, los sobrecostes del periodo comprendido entre 2017 y 2019 serán de 380 millones.

La orden ministerial de peajes de electricidad para 2017, en la que se congela la parte del recibo que los consumidores deben dedicar a cubrir los costes regulados del sistema, pronosticaba un leve superávit de 9 millones de euros para 2017. Al elaborar la orden ministerial, Energía no incluyó ninguna partida relacionada con los costes de los purines porque se hallaba a la espera de ejecutar la sentencia del Supremo que daba la razón a la empresa Energyworks San Millán y obligaba no solo a revisar la retribución, sino a indemnizar por los importes pagados de menos en el pasado.

El año pasado, el Supremo anuló dos anexos de la orden ministerial 1045/2014 en los que se recogen los parámetros retributivos de las plantas de producción de electricidad a partir de purines y obligó al Gobierno a aprobar una regulación sustitutiva. Este nuevo coste suma incertidumbre a la parte regulada del sistema eléctrico, sobre la que también podría recaer el importe de la indemnización por 500 millones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo por haber financiado el bono social en los últimos años. El Gobierno recurrió la sentencia del Supremo en la que se da la razón a las eléctricas al Constitucional.

El FADE emite 1.000 millones de euros para refinanciar la deuda eléctrica

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Europa Press.- El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) realizó una emisión sindicada a 5 años valorada en 1.000 millones de euros destinada a refinanciar la deuda del sistema eléctrico, según anunció el propio emisor a los inversores. La emisión se cerró con un diferencial de 16 puntos básicos con respecto a los tipos de referencia del Tesoro y tiene como objetivo mejorar las condiciones de devolución de la deuda eléctrica generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

El bono tiene un cupón asociado del 0,625% y vence en marzo de 2022. El sindicato de bancos que ha participado en la operación ha estado formado por BBVA, Caixa, Credit Agricole y HSBC. La emisión atrajo órdenes de compra equivalentes a 1.900 millones de euros y ha sido la de menor diferencial sobre el Tesoro. La de mayo de 2015 se cerró con un spread de 23 puntos, mientras que en 2014 se emitió a tres años y con un diferencial de 18 puntos.

El FADE indica que, en términos absolutos, el tipo de interés ha sido el más bajo para una emisión pública sindicada, y resalta lo diversificado de la demanda. España ha concentrado el 59% de la demanda, frente al 10% de Francia. El 47% del volumen de la demanda procede de fondos de inversión, frente al 26% de bancos, el 15% de aseguradoras y fondos de pensiones, y el 12% de bancos centrales e instituciones oficiales.

Forma de abordar el déficit

La deuda eléctrica, que los consumidores de luz pagan a través del recibo, llegó a superar los 28.000 millones de euros. Para 2017, los peajes de electricidad recogen el pago de una anualidad de 2.852 millones de euros. El FADE es un instrumento creado por el Gobierno en 2010 para la titulización en los mercados crediticios del déficit tarifario, que había sido financiado hasta ese momento en su mayor parte por las principales compañías eléctricas.

Según cálculos del FADE incluidos en su auditoría de 2015, el tipo de interés de la deuda eléctrica colocada en los mercados a través de este instrumento ascendía a cierre de aquel ejercicio a una media del 4,53%. Este tipo interés se situó 2,4 décimas por debajo del 4,77% registrado en 2014 y un punto por debajo del 5,56% de 2013. De los 24.189 millones de euros de deuda eléctrica cedidos al fondo, había 19.832 millones de euros pendientes de cobro a finales de 2015.

Después de catorce años consecutivos de generación de déficit, el año 2014 fue el primer ejercicio en el que se registró un superávit en el sistema eléctrico, por importe de 550 millones de euros, al que se sumó otro por casi 470 millones en 2015. Para 2016, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital espera que se genere otro excedente por valor de 110 millones de euros, de modo que el sistema habrá sumado en tres años un superávit por importe de 1.130 millones.

Unidos Podemos pide una comisión de investigación sobre la subida del precio de la luz

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís presentaron en el registro del Congreso una solicitud en la que piden la creación de una comisión parlamentaria para investigar «el incremento continuado del precio de la luz» y esclarecer el «origen y justificación» de todos los componentes que contribuyen al precio final. Estas formaciones reclaman que se investiguen los distintos conceptos que se incluyen en la tarifa eléctrica regulada, en la que el coste de la energía, que se marca en el mercado mayorista, sólo representa el 35% del total.

Entre los conceptos a investigar, la solicitud cita la retribución de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, los pagos para compensar los mayores costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), las primas a las renovables o las ayudas al carbón nacional. Además, se señalan los costes asociados a la recuperación del déficit de tarifa acumulado en ejercicios anteriores y los pagos por garantía de potencia. En este último caso, los partidos firmantes plantean si es necesario incluirlos en la componente de mercado dado el carácter de subsidio que tiene. Sobre el IVA, Unidos Podemos y Compromís han pedido determinar si el actual tipo del 21% está justificado en un bien básico como la electricidad.

Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, ha aludido al derecho de la sociedad a saber «qué ha ocurrido» para llegar a esta situación. Vendrell criticó que el actual precio se debe a «decisiones políticas erróneas» o a mecanismos del mercado «injustos». El diputado destacó que a pesar de la subida del precio de la luz en otros países vecinos, estos tienen «un salario mínimo mucho más alto». Vendrell ha pedido el apoyo del resto de grupos para crear una comisión de investigación sobre la «estafa eléctrica», con la que se citará a los «máximos responsables políticos de diferentes gobiernos», tanto del PSOE como del PP, a directivos de empresas eléctricas, a expertos y movimientos sociales.

Asimismo, la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, Rosa Martínez, criticó que el PP esté «dificultando» las comisiones de investigación en un intento por «evadir la responsabilidad del Congreso de control del Gobierno». Por ello, pidió al Ejecutivo que asuma su «responsabilidad» y acepte con «naturalidad democrática» el uso del reglamento para esclarecer un sistema eléctrico «opaco» en el que se produce un «trasvase injustificado» de las rentas de las familias y las empresas al oligopolio eléctrico. Así, asegura que el Congreso «tiene que tomar la iniciativa». Además, Martínez ha apuntado a la «preocupación social» como reclamo para investigar el marco regulatorio actual.

Déficit y pagos por capacidad

La propuesta de creación de comisión busca investigar los motivos que han llevado al mercado regulatorio actual que permite que externalidades como la meteorología o el precio del gas y el carbón tengan un impacto «tan elevado» en el precio de la electricidad. El objetivo es esclarecer los CTC y el «regalo de 3.600 millones de euros a las eléctricas” que se produjo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los «elementos fundamentales de la estafa eléctrica», según Vendrell. También investigará el déficit de tarifa de 25.000 millones y los pagos por capacidad que suponen 400 millones al año para tener disponibles centrales de ciclo combinado cuando se necesitan «y ahora que se necesitan no están operativas».

Unidos Podemos y Compromís ven necesario establecer en detalle cómo se constituyen los conceptos que conforman la parte regulada de la tarifa eléctrica: transporte, distribución y gestión comercial, organismos de operación del sistema y del mercado, CNMC, compensación por generación insular y extrapeninsular, adquisición de régimen especial o carbón, entre otros. También ven preciso una explicación «exhaustiva» de los constantes aumentos del precio a través de sus conceptos de mercado diario, intradiario y de operación, pagos por capacidad y garantía de potencia. De igual forma, Vendrell considera necesario que, en el marco de la comisión de investigación solicitada, se estudiase la justificación del «excesivamente elevado» IVA del 21% sobre un bien necesario como la luz.

Además, apuntó a los «beneficios caídos del cielo» como otro de los puntos a investigar, ya que el actual mecanismo de fijación de precios hace que las centrales hidroeléctricas y nucleares «totalmente amortizadas» y que ya recibieron pagos para su amortización, reciban ahora beneficio «como tecnología más cara». «Pagamos ocho veces más por la tecnología hidroeléctrica», ha denunciado Vendrell, quien denuncia la «mala regulación apoyada y decidida por los gobiernos del PSOE y el PP». Una auditoría independiente sería el paso previo a una reforma del sistema eléctrico que garantice la «fórmula del futuro», en la que se primarán las renovables, frente a la del «pasado» del ministro que «preserva los intereses de las eléctricas».

¿Qué se paga con la tarifa eléctrica regulada?

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EFE.– La tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos 12 millones de consumidores, sigue siendo una gran desconocida a pesar de la polémica que ha suscitado durante las últimas semanas la brusca subida de la electricidad en el mercado mayorista, que parece haber empezado a remitir. De hecho, en numerosas ocasiones se ha confundido la evolución del precio en el mercado mayorista con el comportamiento de la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Si dejamos al margen los contratos de suministro firmados por los consumidores que están en el mercado libre, unos 13 millones, el primer dato a destacar es que el coste de producción representa tan sólo el 35% de la tarifa regulada. El 65% restante corresponde a impuestos (IVA e Impuesto de Electricidad), al margen de comercialización, al alquiler del contador y, sobre todo, a los llamados peajes de acceso, que suponen en torno al 40% del recibo de la luz y que fija el Gobierno.

Aunque los peajes están congelados e incluso bajaron en 2016, no faltan los expertos que cuestionan algunos de los conceptos que engloban. El capítulo de costes regulados incluye la retribución de dos actividades necesarias para hacer llegar la electricidad a hogares y empresas: el transporte, que permite llevar la energía desde las centrales hasta las subestaciones, de la que se ocupa Red Eléctrica de España; y la distribución, que la reparte entre los consumidores finales.

Pero también son costes regulados las primas a las energías renovables; la compensación a los sistemas extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) por sus mayores costes de producción; la recuperación del déficit tarifario acumulado en ejercicios anteriores; los pagos por capacidad, para que siempre haya centrales de reserva, y la financiación de la interrumpibilidad, el descuento aplicado a las empresas a las que se puede cortar la luz en caso de necesidad. Si se eliminaran algunos de estos conceptos, la tarifa regulada bajaría sensiblemente, pero habría que determinar de qué forma se pagarían, por ejemplo, las primas a las renovables.

Mención especial merece la recuperación del déficit tarifario, una bola de deuda de más de 20.000 millones de euros que empezó a gestarse en los gobiernos de José María Aznar por la decisión de no subir la tarifa más del 2% durante varios años y que se disparó con la política de ayudas a las renovables en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa «pesada mochila» se sigue pagando a través de la tarifa, aunque la reforma energética acometida por el Gobierno del PP ha conseguido, aparentemente, eliminar el déficit.

Sin embargo, lo que disparó la polémica en las últimas semanas ha sido la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Hay razones que pueden explicar la subida: la ola de frío, que ha disparado la demanda; la ausencia de agua y viento, que ha obligado a utilizar centrales más caras; el encarecimiento del petróleo y el gas natural, y el parón de varias nucleares francesas. Pero tanto el Ministerio de Energía como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizan si, además, hubo algún comportamiento anticompetitivo por parte de los agentes del sector.

El Ministerio de Energía ha tomado medidas para aumentar la competencia en el mercado gasista y conseguir precios más competitivos. En la situación actual, los precios del mercado eléctrico mayorista los marcan las centrales de ciclo combinado, que utilizan el gas como combustible. Energía ha incorporado la figura del «creador de mercado», que ya existe en otros países europeos, para conseguir más liquidez en Mibgas, el mercado gasista organizado. Además, obligará a los operadores dominantes del sector gasista a ofrecer un volumen determinado de gas en el mercado. Ahora se espera que los precios de la electricidad se moderen a medida que suban las temperaturas, vuelva a soplar el viento y, si hay suerte, llueva.

El sector eléctrico mejora en 452 millones sus previsiones hasta noviembre pero el gasista eleva su déficit a 482 millones

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.301,8 millones de euros hasta noviembre, lo que supone 452 millones de euros menos de los previstos, mientras que el agujero del sector gasista se elevó a 482 millones de euros, un 44% superior al de 2015.

En el sistema eléctrico, esa diferencia resulta entre todos los ingresos del sistema, 13.708 millones de euros, y los costes, que sumaron 15.009 millones. Esta diferencia entre los ingresos y los costes del sistema se termina ajustando en las últimas liquidaciones del año, hasta dar como resultado un equilibrio entre los ingresos y los costes a cierre del ejercicio. De esta forma, la tendencia actual anticipa un nuevo superávit en 2016, que se sumaría a los de 2014 y 2015, que acumulan entre los dos ejercicios 1.020 millones de euros.

Según la undécima liquidación del sistema eléctrico de 2016, elaborada por el regulador, la CNMC, los ingresos por peajes de acceso de consumidores (11.764,3 millones de euros) resultaron un 0,6% superiores al valor promedio histórico. Por el contrario, los ingresos de peajes de generadores en esta liquidación fueron un millón de euros inferiores a los previstos para esta liquidación, un 0,9% menos. Asimismo, los ingresos registrados por los consumidores suministrados a precio regulado más unas penalizaciones tras haber perdido el derecho a esta tarifa, resultaron un 48,3% inferiores a los previstos en la Orden IET/2735/2015.

Por su parte, los costes regulados resultaron 334 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración y residuos (257,5 millones de euros) y de los pagos por capacidad (88 millones de euros). En lo que se refiere a la demanda de consumo de electricidad registrada hasta noviembre, fue un 0,3% superior al valor promedio registrado en años anteriores, con 202.213 gigavatios hora (GWh).

El coeficiente de cobertura de esta liquidación se situó en un 90,16%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles. La normativa establece que los costes del sistema se pagan conforme a los recursos disponibles, lo que genera un cierto desfase porque los ingresos procedentes de peajes de acceso se suelen recibir con cierto retraso.

Asimismo, el organismo presidido por José María Marín Quemada gestionó la liquidación de 63.704 instalaciones con derecho a retribución específica. De esta manera, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero al 30 de noviembre ascendió a 5.907,2 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación asciende a 681 millones de euros, antes de IVA.

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit ascendió a 482 millones de euros a noviembre, frente al agujero de 335 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos netos liquidables fueron de 2.103 millones de euros, un 6,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, y la retribución total acreditada a las empresas fue de 2.585 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 81,4% de la retribución acreditada, señaló Competencia.

La cifra de déficit se ajusta en las últimas liquidaciones del año, cuando entran los ingresos de los meses de invierno en los que se registran los mayores incrementos de demanda. Tanto noviembre como diciembre del 2016 cerraron con alzas en el consumo de gas convencional, del 13,5% y el 10%, respectivamente. Así, y según fuentes del sector, el déficit definitivo del año podría rondar los 100 millones de euros. Esta cifra supondría cuatriplicar los 23 millones con los que cerró 2015, aunque, señalan desde el sector, se trata de cifras modestas en comparación con los ingresos del sector, que rondan los 3.500 millones anuales.

La demanda de gas en 2016 facturada hasta noviembre, ascendió a 269,82 teravatios hora (TWh), lo que supone un aumento del 0,7% respecto al año anterior. A este respecto, la CNMC señaló que en los últimos meses se observa una recuperación de la demanda del grupo 1, que por primera vez en 2016 supera a la del ejercicio anterior. Por su parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 30 de noviembre del año pasado ha ascendido a 7,7 millones, con un aumento interanual de 91.480 consumidores.

La bombona de butano sube hoy un 5% y acumula un alza del 14,5% desde julio

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Europa Press.- El precio máximo de la bombona de butano una vez incluidos los impuestos subirá un 5% hoy martes, hasta 12,89 euros, debido al encarecimiento de las materias primas.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó ayer en el BOE la resolución en la que se establece la revisión bimestral de la bombona y en la que se fija un precio de venta antes de impuestos de 83,72 céntimos por kilogramo.

El precio del butano depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, los fletes y la variación del tipo de cambio.

Así, la materia prima se ha incrementado un 9,2% en los últimos dos meses, en línea con la tendencia al alza al del Brent, que ha subido más de un 18% en diciembre respecto a noviembre debido al anuncio del recorte de la producción de la OPEP de finales de noviembre. A esta circunstancia hay que añadir además que el euro se ha depreciado respecto al dólar un 4% en los dos últimos meses.

A pesar de este incremento, el precio medio de la bombona de butano en 2016 se ha reducido más de 2 euros respecto a 2015, lo que supone una caída del 15,8%, y se ha reducido más de 5 euros respecto al precio máximo alcanzado en 2013 y 2014, que fue de 17,5 euros, indicó el Ministerio de Energía y Agenda Digital.

Con el nuevo incremento, el butano acumula tres revisiones bimestrales al alza y cuesta un 14,5% más que el nivel fijado por el Gobierno en julio de 2016, de 11,25 euros. Ese mes, la bombona tocó suelo tras unas secuencia de caídas que la habían abaratado un 35% desde los niveles de 2015.

Pese a las nuevas subidas, el butano se encuentra aún muy por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015. No obstante, el incremento de hoy martes no será suficiente para cubrir los costes reconocidos del sector, de modo que se generará un déficit de tarifa adicional al que ya se había producido en noviembre.

Fuentes del sector indicaron que, si se trasladase toda la subida de las materias primas al consumidor final, el incremento debería ser mayor al 5% y habría de situarse en el 10,5%, hasta 13,57 euros.

Sin embargo, esta traslación no se realizará, en cumplimiento de lo establecido por la regulación, que fija una horquilla máxima de subidas o bajadas del 5% para el butano. La normativa también reconoce que los importes o las bajadas no repercutidos generarán un déficit o un superávit del sistema que ha de recuperarse en revisiones posteriores.

Las bajadas desde 2015 habían ocasionado un superávit adicional que ha ido absorbiéndose poco a poco y que ya ha desaparecido, de modo que el sistema ha entrado en situación de déficit. Las previsiones de evolución de precios de las materias primas hacen prever que esta tendencia se exacerbará durante el año.

Entre el precio de este martes, de 12,89 euros, y la subida que habría de haberse aplicado para evitar déficit, hasta los 13,57 euros, hay una diferencia de 68 céntimos. Si este desajuste se mantuviese durante el año, y la previsión es que irá en aumento, el déficit del sector sería de 50 millones de euros en 2017, ya que las ventas anuales rondan los 70 millones de bombonas.

Subidas y bajadas anteriores

La subida de este martes se produce tras la del 4,7% en la revisión de octubre y la del 4% en la de septiembre. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y en marzo. En enero, el precio máximo aumentó un 3%.

El incremento de precios, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el segundo que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio.

El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos.

El PP se marca como objetivo político la congelación de los peajes de luz y gas

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Europa Press.– El PP fijará entre sus objetivos políticos la congelación de la parte de la factura de electricidad y de gas que depende del Gobierno, esto es, la dedicada a sufragar los costes regulados, al tiempo que mantiene el compromiso de evitar que se generen déficits de tarifa en estas actividades. Esta pretensión aparece recogida en la ponencia sobre economía y administración territorial que será presentada en el decimoctavo congreso del PP, que se celebrará en febrero. La ponencia ha sido coordinada por Javier Arenas.

«En el ámbito de la energía, deberemos esforzarnos por evitar generar nuevos déficits», afirma el documento, en el que se indica que el partido «defenderá la congelación de la parte de la factura que depende del Gobierno y contribuirá a que la mejora de la eficiencia y la competencia contribuyan en un mejor y más accesible servicio al consumidor«. La ponencia también apela a la necesidad de un mix energético «sostenible y respetuoso con los compromisos en la lucha contra el cambio climático», en el que se fomenten la eficiencia energética y las energías renovables.

Impulsará Ley de Transición Energética

Para acometer este reto, el PP se muestra partidario de aplicar los métodos más «efectivos y eficientes en coste», conforme al modelo propuesto a nivel europeo en el paquete de invierno de la Comisión Europea. Para ello, impulsará una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El partido también se compromete a impulsar un pacto por la Energía que «garantice la seguridad jurídica, fomente la competencia y que sirva de apoyo a la estrategia española de conexiones internacionales«. De hecho, las interconexiones deben ser una «prioridad estratégica para Europa», aseveran.

«Será necesario también reforzar nuestro compromiso a favor de las medidas de eficiencia energética impulsándolas tanto en hogares, particularmente en los de rentas más bajas, como en empresas y administraciones públicas», indica la ponencia. El documento califica además de «fundamental» la protección al consumidor, así como el refuerzo en la información que se ofrece a los clientes en la contratación y gestión de los contratos de suministro energético a hogares.

También indica que, tras el reciente fallo del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social de luz, el PP ha actuado «para que el mismo no lo termine pagando el contribuyente ni el consumidor energético». «Además, hemos logrado un buen pacto para regular la problemática de los cortes de suministro a los hogares cuyo grado de vulnerabilidad es más severo, con la participación de las compañías y los servicios sociales de las autoridades competentes a nivel local», añade, en alusión al acuerdo con el PSOE y Ciudadanos.

Energía congela los peajes de electricidad y gas a pesar de las advertencias de la CNMC sobre el déficit gasista

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Europa Press / Servimedia.- El Ministerio de Energía publicó en el BOE sendas órdenes ministeriales en las que se adopta la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. El mantenimiento de los peajes se produce tras haber recibido los informes elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que se advierte de que, en el caso del gas, las previsiones de demanda pueden ser demasiado optimistas y provocar un desajuste en el sistema.

Los peajes deberían recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. En los últimos tres años, los peajes, que dependen del Gobierno, se han mantenido constantes para gas natural y descendieron un 2,8% para la electricidad. Según el Ministerio, esta congelación es consecuencia de la reforma de los sistemas energéticos, que ha logrado alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y costes. La otra parte de la factura, correspondiente al coste de la energía y que no depende del Gobierno, varía en función del precio de las materias primas (gas y petróleo principalmente) y la climatología. A los peajes y al coste de la energía hay que sumar los impuestos.

Según los cálculos de Energía, el consumidor medio de electricidad ha visto rebajada su factura un 11% en 2016 con respecto a 2015, mientras que el del gas experimentó un abaratamiento del 9%. El Gobierno destaca además que «la congelación de la parte regulada del recibo contribuirá de manera significativa a amortiguar el impacto de las recientes subidas de las materias primas sobre las facturas de los consumidores en general».

El sistema eléctrico, si se cumplen las previsiones de Energía, cerrará de nuevo 2017 sin déficit de tarifa, después de haber registrado un superávit de 110 millones en 2016, que se suma a los cerca de 470 millones en 2015 y a los 55 millones de 2014. Para 2017, el coste del transporte y la distribución de electricidad se mantendrá en cifras parecidas, mientras que el de las renovables y la generación aumentará de 6.403 a 6.987 millones. La retribución a las renovables aumentará al haberse acometido la primera revisión trienal de precios de referencia del mercado fijada en la reforma eléctrica. Además de los 6.987 millones, se les reconocen otros 176 millones por importes recibidos de menos en 2015.

Los consumidores eléctricos deberán afrontar además en 2017 una anualidad de 2.838 millones de euros para amortizar la deuda generada por el déficit de tarifa. También se retocan aspectos técnicos de las subastas de interrumpibilidad para mejorar su funcionamiento. La tarifa eléctrica asumirá de nuevo en 2017 un total de 740 millones de euros correspondientes al 50% de los extracostes de la actividad extrapeninsular, mientras que los otros 740 millones recaerán sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los PGE, como ya está establecido, aportarán además a la tarifa 450 millones procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2 y lo recaudado con los distintos impuestos eléctricos, por un importe previsto en 2017 de 2.704 millones de euros.

En cuanto a los peajes de gas, Energía asegura que serán suficientes para cubrir los costes del sistema y considera que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La orden ministerial reconoce además un déficit de tarifa del gas acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

Los costes totales del sistema gasista ascenderán a 2.940 millones, apenas 14 millones más que lo previsto, mientras que los ingresos aumentarán gracias a un incremento del 5,1% de la demanda de gas, que pasará de 309 megavatios hora (MWh) a 325 MWh. Así, el sistema facturará 2.947 millones, unos 200 millones más que lo anteriormente previsto. El Gobierno reconoce una retribución por valor de 590 millones para los activos de transporte y de 1.334 millones para la distribución. La actividad de regasificación recibirá 399 millones. También se pagarán otros 32 millones para cumplir el laudo arbitral acerca de los costes del gas importado desde Argelia, asumiendo 163 millones en cinco años por este concepto.

La orden ministerial detrae además a Enagás los importes que ya había recibido ente 2011 y 2016 por el proyecto del gasoducto de conexión con el almacenamiento subterráneo de Castor. El importe total de la detracción asciende a apenas 7,1 millones de euros. Energía adopta esta decisión para aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 en la que se ratifica lo dispuesto dos años antes, en 2013, por la Audiencia Nacional. En aquel momento, la Audiencia invalidó una decisión del Gobierno de 2009 en la que se eximía al proyecto de informe sobre impacto ambiental. Asimismo, los bancos que disponen del derecho de cobro por el almacenamiento de Castor recibirán en 2017 un importe de 80,6 millones.

La CNMC advierte de un déficit de tarifa del sistema gasista de 450 millones de euros entre 2016 y 2017

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que el sistema gasista cerrará el ejercicio 2016 con un déficit de tarifa de 189 millones, a lo que se sumará previsiblemente otro de 262 millones en 2017 que ocasionará, en el acumulado delos dos años, un desajuste de cerca de 450 millones.

Este desfase puede situar al Gobierno cerca del límite por encima del cual debe elevar los peajes que pagan los consumidores de gas natural para sufragar los costes regulados del sistema gasista, conforme a lo establecido en la legislación aprobada en 2014. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital congeló los peajes de gas en 2017 después de calcular que los ingresos del ejercicio serán de 2.946 millones y que los costes ascenderán a 2.940 millones, lo que arrojará un superávit de 6 millones.

No obstante, la CNMC advierte, en su informe sobre esta orden ministerial, de «erratas en el procedimiento de facturación» usado para estimar los ingresos, así como de una previsión de demanda por encima de la contemplada por el regulador. «De acuerdo con el escenario de previsión de la CNMC para 2017 y considerando los costes resultantes de las comprobaciones de la CNMC, se produciría un desajuste negativo de 262,1 millones», afirma Competencia en su informe.

En cuanto a 2016, el organismo prevé que los ingresos sean de 2.745 millones, frente a 2.926 millones de costes, lo que provocará un desajuste de 180 millones. A este desfase hay que añadir las «erratas en la facturación» detectadas y la anualidad del déficit de 2015, con lo que el desajuste será de 189 millones, señala el regulador. En su última liquidación mensual hasta octubre, la CNMC ya advirtió de la existencia de un déficit provisional de 462 millones.

El Gobierno tiene reconocido un déficit de tarifa del gas de 1.025 millones hasta 2014, cuyo importe financiarán los distintos agentes del sector. A partir de esa fecha, y conforme establece la Ley 18/2014, la revisión de los peajes queda condicionada a que los posibles desajustes del sistema superen en términos anuales el 10% de los ingresos. De esta forma, el umbral para que el Gobierno se vea obligado a subir los peajes se encuentra en torno a los 300 millones de desajuste tarifario anual.

El bono social será ahora financiado en un 89% por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, indemnizada por el Gobierno

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Servimedia.- El Ministerio de Energía indemnizó a Gas Natural Fenosa por la responsabilidad patrimonial del Estado con 2,63 millones de euros por los daños y perjuicios causados por un real decreto de 2013 que trataba de poner coto al déficit eléctrico. Por otro lado, el 89% de la financiación del bono social de electricidad recaerá ahora en Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, según lo recogido en el decreto que aprobó el Gobierno para cargar la financiación sobre todas las comercializadoras.

Este nuevo reparto de la financiación se mantendrá hasta que el Ejecutivo apruebe, en 3 meses, un nuevo decreto que recogerá el desarrollo normativo del ahora aprobado. Dicho reparto transitorio, basado en el número de clientes de las comercializadoras, establece que Endesa, a través de dos sociedades, hará frente al 37,7% del bono, Iberdrola del 35,5% a través de dos sociedades y Gas Natural Fenosa del 15,85% a travésde tres sociedades. Otras dos empresas que tendrán una participación significativa son EDP, del 5%, y Viesgo, del 2,2%. Con ello, estas cinco eléctricas harán frente al 96,2% de la financiación, quedando en otras 200 empresas la financiación del 3,8% restante.

El decreto impone, como obligación de servicio público, la asunción del coste del bono social eléctrico a las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o a las propias sociedades que así lo hagan, si no forman parte de ningún grupo societario. Hasta ahora, la financiación corría solo a costa de las matrices. El texto establece que la CNMC calculará anualmente los porcentajes de reparto aplicables y dará publicidad a la información. El decreto señala también que «esta obligación de que todas las comercializadoras paguen el bono social no tiene carácter permanente, previéndose que se procederá a su revisión al menos cada cuatro años, para adecuarla a la situación del sector eléctrico».

Indemnización a Gas Natural Fenosa

El Estado indemnizó a Gas Natural Fenosa por los daños y perjuicios causados por un real decreto de 2013 que trataba de poner coto al déficit eléctrico. El Ejecutivo justificó ese decreto, que contenía medidas para asegurar el equilibrio económico del sistema eléctrico, en tratar de no perjudicar a los consumidores mediante un aumento de la tarifa de la luz, en un contexto de crisis económica. El decreto modificaba el sistema de retribución de las actividades reguladas y la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial para ahorrar entre 600 y 800 millones de euros anuales. Para ello, establecía que la retribución se actualizara tomando como referencia el IPC sin alimentos ni energía.