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La CECU cita el déficit de tarifa y la subida de la parte fija entre los «grandes errores» del sector

Europa Press.- La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha publicado una lista con los «grandes errores de los gobiernos en el sector eléctrico», entre los que cita el déficit de tarifa de 30.000 millones de euros o la subida del término de potencia. Estos errores, cometidos por «los diferentes Gobiernos de diverso signo político» en los últimos años han contribuido a que los usuarios «acaben pagando una de las energías más caras de Europa«, por lo que es necesario «exigir responsabilidades».

Otros “errores” serían el incremento del IVA al 21% y los problemas con la fijación del precio de la energía que se apreciaron primero en las «opacas» subastas para la fijación de la TUR y, posteriormente, en el nuevo PVPC, en el que el precio se calcula por horas y que todavía genera «dudas». CECU también ve un error en la supresión de la tarifa nocturna, en las reclamaciones de las renovables tras los recortes retributivos sufridos, en la «imposible» comparación de tarifas y en las malas decisiones de los Gobiernos, que acaban en sentencias del Tribunal Supremo y refacturaciones.

El FADE cierra una emisión de 1.000 millones de euros a 3 años para refinanciar la deuda eléctrica

Europa Press.- El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) ha cerrado una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de euros a 3 años destinada a refinanciar la deuda generada hasta 2014 en el sistema eléctrico como consecuencia del déficit de tarifa, según fuentes del mercado. Los bonos vencen en junio de 2020 y tienen asociado un cupón del 0,031%, así como una rentabilidad de la emisión equivalente a los bonos del Tesoro más 14 puntos básicos.

El libro de la emisión ha atraído un volumen de órdenes de compra superior a los 2.000 millones de euros. La emisión servirá para refinanciar la deuda eléctrica a costes inferiores. De la emisión, el 51% ha sido adquirido por inversores de la Península Ibérica, frente al 14% procedente de Reino Unido, el 12% de Francia y Benelux, el 9% de Suiza, Alemania y Austria y el 8% de Italia. Por tipo de inversor, las gestoras de fondos han adquirido el 60% de la emisión, mientras que el 22% correspondió a bancos y el 11% a bancos centrales e instituciones oficiales. Las aseguradoras y fondos de pensiones compraron el 6%.

Ha sido la tercera emisión del FADE en lo que va de año. La primera, realizada en febrero, tuvo un importe de 1.000 millones de euros, mientras que la segunda, cerrada en marzo, permitió la refinanciación de otros 130 millones. La deuda eléctrica, que los consumidores de luz pagan a través del recibo, llegó a superar los 28.000 millones de euros. Para el ejercicio 2017, los peajes de electricidad recogen el pago de una anualidad de 2.852 millones de euros.

El FADE es un instrumento creado por el Gobierno en 2010 para la titulización en los mercados crediticios de la deuda eléctrica, que había sido financiada hasta ese momento en su mayor parte por las compañías eléctricas. Según cálculos del FADE incluidos en su auditoría de 2015, el tipo de interés de la deuda eléctrica colocada en los mercados a través de este instrumento ascendía a cierre de aquel ejercicio a una media del 4,53%. Este tipo interés se situó 2,4 décimas por debajo del 4,77% registrado en 2014 y un punto por debajo del 5,56% de 2013. De los 24.189 millones de euros de deuda eléctrica cedidos al fondo, había 19.832 millones pendientes de cobro a finales de 2015.

La CNMC calcula que la deuda pendiente del sistema eléctrico se situaba en 25.056 millones de euros a cierre de 2015, frente a los 26.946 millones un año antes. El FADE ha titulizado cerca del 80% de la deuda eléctrica, a un coste medio más elevado que el resto de las fórmulas de financiación ensayadas. La opción más barata fue la utilizada para el déficit de 2005, en la que el tipo de interés apenas ascendió al 0,089%. Después de 14 años consecutivos de generación de déficit, 2014 fue el primer ejercicio en el que se registró un superávit en el sistema eléctrico, por importe de 550 millones de euros, al que se sumó otro por 470 millones en 2015.

Para el ejercicio 2016, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital espera que se genere otro excedente por valor de 110 millones de euros, de modo que el sistema habrá sumado en tres años un superávit por importe de 1.130 millones. Según el proyecto de Presupuestos (PGE), este excedente podrá ser utilizado para costear obligaciones derivadas de resoluciones judiciales o de organismos de arbitraje relacionadas con indemnizaciones por decisiones regulatorias en el sector eléctrico.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.128 millones de euros hasta marzo, 276 millones de euros menos de lo previsto

Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.128 millones de euros hasta marzo, 276 millones menos de lo previsto, según la tercera liquidación provisional de 2017 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes al sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos y también al sector del gas natural.

El regulador señala que este resultado de la liquidación se debe a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos, que supusieron 136 millones de euros más de lo previsto, y a unos menores costes de la retribución adicional y específicos de los sistemas no peninsulares, de 91 millones de euros, y de la retribución a la producción renovable, cogeneración y residuos peninsular, de 45 millones. No obstante, subraya que el desfase entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de costes hace que esta tercera liquidación tenga «una escasa relevancia».

La demanda eléctrica en marzo alcanzó los 43.747 gigavatios hora (GWh), un 4% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores fueron 2.707 millones de euros, resultando un 5% superiores, 134,1 millones de euros, al valor promedio histórico. Mientras, los costes regulados en la liquidación fueron 133 millones de euros inferiores a los previstos por la menor retribución a la producción renovable y a la cogeneración de alta eficiencia. Por su parte, el coeficiente de cobertura de la liquidación provisional de marzo se situó en un 68,12% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

En esta tercera liquidación, la CNMC gestionó la liquidación de 63.663 instalaciones del colectivo total con derecho a retribución específica. La liquidación provisional de la energía generada desde enero hasta el pasado marzo en las instalaciones de producción de energía renovable, cogeneración y residuos alcanzó un valor de 1.710 millones de euros, antes de IVA o equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 534 millones.

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit provisional de esta liquidación se situó en 68 millones de euros, frente al déficit de 149 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la presente liquidación, se tiene un índice de cobertura del 91% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 761 millones de euros, un 15% superior al mismo periodo del 2016.

En cuanto a la retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 757 millones de euros, más 7 millones de euros de las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques que se acredita en esta liquidación. Como resultado la retribución total acreditada es de 764 millones de euros, un 0,7% inferior a la del año anterior.

Respecto a la energía suministrada, la demanda nacional de gas en 2017 y facturada hasta el 31 de marzo asciende a 79,3 teravatios hora (TWh). Esta cifra supone un aumento del 11%, debido principalmente al descenso de la temperatura media en enero respecto a 2016 y a la menor participación de la generación eólica y la hidráulica en el mix de generación. El número de consumidores ha ascendido a los 7,73 millones, según lo declarado por las empresas distribuidoras hasta el 31 de marzo. Representa un aumento interanual de 83.432 consumidores, un 1%, de los que 1,65 millones pertenecen a la tarifa de último recurso.

El Congreso acepta usar el superávit eléctrico para el pago de las indemnizaciones a las renovables por los arbitrajes adversos

Europa Press.- La Comisión de Presupuestos del Congreso ha incorporado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias contra empresas en litigios derivados de la normativa del sector eléctrico.

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional el dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales. Sin embargo, esta aplicación se amplía para «dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales», señala el PP, autor de la iniciativa, en la justificación de su enmienda, «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a Presupuestos». Esta enmienda se registró cuando España perdió su primer arbitraje internacional, por los recortes aplicados a las renovables.

Estas disposiciones con rango de ley suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.

Standard&Poor’s considera que la retribución de REE y Enagás debería vincularse al IPC y denuncia la ausencia del regulador independiente

Europa Press.- Standard&Poor’s (S&P) considera que el marco regulatorio para las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas en España es «adecuado», pero detecta varias «debilidades» en el sistema, entre ellas la de que las retribuciones de Red Eléctrica de España (REE) y Enagás no estén vinculadas al IPC. S&P indica que «por ley las tarifas para los operadores de transporte de gas y electricidad no están vinculadas al IPC».

Otros puntos débiles son, desde su punto de vista, «la ausencia de un regulador independiente», en referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «el déficit de tarifa remanente en el sistema» y «la sensibilidad de los distribuidores y transportistas de gas hacia los volúmenes de gas«. En todo caso, también realza que el entorno regulatorio ofrece «características consistentes con una ventaja regulatoria adecuada y fuerte». Los operadores de gas y de electricidad se benefician, según indica, de unos marcos regulatorios recientemente establecidos que se asimilan a los de un sistema «maduro» y en el que las condiciones se definen cada 6 años de forma «transparente».

No es país para órganos reguladores independientes

Las alegaciones del Ministerio de Energía en torno a las objeciones de la Comisión Europea a los órganos reguladores españoles y sus competencias es sólo un episodio más en la historia episódica de los órganos reguladoresy de la displicencia que desde el poder ejecutivo se viene ejerciendo. Bien es cierto que, por su propio comportamiento, nunca defraudan.

Su comportamiento en las operaciones corporativas del sector; el atrabiliario final a la proliferación de órganos reguladores y nombramientos, que caracterizó las postrimerías de la última etapa de la legislatura Zapatero; el proceso de destrucción y voladura de los mismos resultando un macroorganismo cauterizado con un enfrentamiento en su cúpula para finalmente devenir en la polémica larvada y submarina por los vínculos familiares con el Ministerio del ramo; y como guinda la forma en que se publican sus informes y deliberaciones; nada en la CNMC escapa a su cuestionamiento permanente.

Un buen modelo de órganos reguladores precisa de dos elementos para su funcionamiento razonablemente armónico. El primero es un diseño institucional y legal adecuado: composición, funcionamiento, régimen de autonomía, nombramientos, competencias, capacidad ejecutiva, duración de las designaciones de los mismos, proceso de evaluación de los candidatos, procedimientos de publicidad de sus decisiones, deliberaciones, etc…  El segundo tiene que ver con los «recursos humanos» más allá de la plantilla. Es decir, quienes la dirigen, qué experiencia, conocimientos, prestigio institucional, comprensión del modelo de mercado, quienes forman parte o cómo son elegidos (consejeros, responsables y equipos directivos).

España, en esta tesitura y con estos requerimientos, evidentemente, no es país para órganos reguladores. La de los órganos reguladores independientes es una figura en la que no cree la política de nuestro país, con independencia de las filiaciones, porque es muy molesta en la propia concepción verticaldel sistema de partidos español. No encontraremos grandes defensores de esos organismos.

O bien, se han percibido como una forma de recompensar los servicios prestados de los partidos políticos, con resultados diferentes en cada momento según los equilibrios parlamentarios para el reparto de canonjías, sinecuras y puestos. O bien se convierten en unos cuerpos extraños inescrutables por su necesidad de adecuarse a un marco legal y de mercado, cuando lo que requiere el país es la ideologización de cada acción y su politización (véase el CSN). Ni siquiera los periodistas españoles escapan a ese marco, fruto de la propia ausencia de cultura económica, además de asumir la designación digital partidista y la organización por banderías de sus decisiones (en algunos casos más o menos conniventes con el regulador principal), como procedimiento habitual.

Fijar peajes: Energía versus CNMC

A más a más, con ese modelo distorsionado de teledirección de estos organismos, desde su selección y nombramiento, hasta su tutela efectiva como si fueran menores de edad con un grado de permisividad administrada, el Ministerio de Energía no quiere aceptar una mayor participación de la CNMC en la fijación de los precios de la energía, tal y como se requiere desde la Unión Europea. Por ello, argumenta que “no son organismos democráticos», como si el sistema de partidos debiera extrapolarse a todas las instancias de la administración y de gestión de la actividad pública. Vamos, una concepción de cultura política, sociedad económica y sociedad civil basada en un modelo de partidos de tinte venezolano.

Entre otras cosas, porque el hecho de su desaparición o su inanidad de facto facilita el hecho de saltarse la ley cuando establece que hay que aprovechar cualquier superávit para rebajar el déficit acumulado, permite ajustar la evolución de los precios al calendario electoral de cada momento, desata un proceso de agitación política para abolir las subastas o favorece soluciones creativas para abordar cuestiones que se calzan en las tarifas como los subsidios cruzados, las inversiones reguladas, las primas, las sentencias y penalizaciones pendientes dentro de los costes de acceso y a la vez conseguir el laminado de las tarifas

Volviendo al requerimiento de la Unión Europea y, como el Gobierno español sigue revolviéndose contra este modelo contenido en las Directivas comunitarias, hasta ahora teníamos como referencia el modelo del regulador inglés de la OFGEM. Y, quizá, por ese alejamiento de las pautas de las directivas comunitarias y del triunfo de la política en Londres del Brexit sobre la economía y los mercados, la lideresa Theresa May, a fuer de liberal, ahora defiende intervenir los precios de gas y electricidad.

Por eso, un pequeño exit de órganos reguladores podría ser nuestro acto de rebeldía, sui géneris, muy made in Spain.  

El PP plantea usar el superávit eléctrico para pagar los arbitrajes adversos mientras la fotovoltaica española reclama igualdad de trato

Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) reclama al Gobierno el mismo trato a los productores nacionales que a los internacionales, después de que el Ciadi haya fallado a favor de la firma británica Eiser Infraestructure y en contra del Estado español. En relación con este asunto, el PP quiere extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias derivadas de la normativa del sector eléctrico.

Así figura en una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, registrada ahora que España ha perdido su primer arbitraje internacional por los recortes aplicados a las energías renovables. En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Sin embargo, esta aplicación se amplía de esta forma para «dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales», señala el PP en la justificación de su enmienda, «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a los Presupuestos».

Estas enmiendas, con rango de ley, suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se han acumulado unos 1.130 millones hasta 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.

Anpier exige el mismo tratamiento

Respecto al laudo del Ciadi, Anpier destaca que se da la razón a la firma británica frente a los «drásticos recortes retroactivos» impuestos por el Gobierno español en las «sucesivas reformas del marco regulatorio» a la producción de energía renovable. Por ello, los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue «la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional» y que, «muy probablemente», recibirá también el resto de fondos extranjeros con recursos pendientes de resolución en el Ciadi.

«El quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaicas es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales», indicó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca. Los productores fotovoltaicos han soportado, según indica Anpier, «recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca exigía el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarias».

Pese a todo, «el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones», señala, antes de resaltar que ahora «una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia, que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado». Este resarcimiento ha de producirse «con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y, sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor», añade.

La deuda del sistema eléctrico cayó un 7,9% en 2016, hasta los 23.070 millones; la gasista es de 2.471 millones

Europa Press.- La deuda del sistema eléctrico se situó en 23.070 millones de euros a cierre de 2016, lo que representa una reducción de casi 2.000 millones de euros, un 7,9% menos, respecto a los 25.057 millones de euros a los que ascendía en 2015, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la actualidad, existen cuatro categorías de derechos de cobro asociados a la deuda del sistema eléctrico: el déficit de 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit ex ante, los derechos de cobro del déficit de 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). El derecho de cobro asociado a FADE representa el 79,9% del importe total pendiente de cobro a cierre del 2016, seguido del derecho de cobro del déficit 2013, con un 12,6%.

El coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en 2017 con los datos disponibles a 31 de diciembre de 2016 es del 3,319%, 20,3 puntos básicos menos con respecto al coste medio ponderado de la deuda en 2016, con los datos disponibles a 31 de diciembre de 2015. En lo que respecta a la anualidad correspondiente a 2017 de la deuda del sistema eléctrico, se sitúa en 2.838,3 millones de euros, de los cuales 2.072,6 millones son de principal (73%) y 765,7 millones de euros son intereses (27%).

Después de catorce años consecutivos de generación de déficit, 2014 fue el primer ejercicio en el que se generó un superávit en el sistema eléctrico, por importe de 550,3 millones de euros. Asimismo, en 2015 también se produjo un superávit de 469,3 millones de euros. Por otra parte, la CNMC subraya que considera necesario que se proceda «lo antes posible» al desarrollo reglamentario de la Ley 24/2013 para aplicar el superávit de 2014 y 2015 del sector eléctrico, que asciende a 1.019 millones de euros, a la amortización parcial de la deuda del sistema eléctrico.

En lo que respecta a la deuda del sector gasista, a cierre de 2016 ascendía a 2.471 millones. Este importe es un 66,75% superior al importe registrado a 31 de diciembre de 2015 (1.481,8 millones), debido principalmente a que se ha incorporado la deuda acumulada durante el periodo comprendido entre 2004 y 2014. En el caso del sistema gasista, al igual que en el eléctrico, también existen cuatro categorías de derechos de cobro: el desvío en la retribución del gas natural destinado al mercado a tarifa procedente del contrato de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb; la compensación por la extinción de la concesión de Castor; el déficit hasta 2014 y el desajuste temporal del año 2015.

El derecho de cobro asociado a la compensación por la extinción de la concesión de explotación de Castor representa el 53,7% del importe total pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016, seguido del derecho de cobro del déficit acumulado hasta 2014, con un 41,2%, señala el regulador. Por su parte, el coste medio ponderado de la deuda del sistema gasista en 2017, con los datos disponibles a 31 de diciembre de 2016, es del 2,805%. El derecho de cobro de Castor constituye actualmente la deuda de mayor coste, con un tipo de interés que asciende al 4,267%, mientras que el desajuste 2015 es, provisionalmente, la deuda de menor coste, al ser su tipo de interés aplicable del 0,836%.

Esta diferencia en los tipos está relacionada, no obstante, con la diferente vida de los derechos de cobro (30 y 5 años, respectivamente), precisa la CNMC. Mientras, la anualidad correspondiente a 2017 de la deuda del sistema gasista se sitúa en 199,9 millones de euros, de los cuales 130,6 millones son de principal (65%) y 69,3 millones son intereses (35%).

El sistema eléctrico evoluciona 845 millones mejor de lo previsto en 2016 a falta de la última liquidación

Redacción / Agencias.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 430 millones de euros en la decimotercera liquidación de 2016 elaborada por el organismo regulador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que, a falta de una liquidación para cerrar el ejercicio, arroja una evolución de 845 millones de euros mejor a la prevista.

La previsión para 2016 pasa por cerrar con superávit, como ha ocurrido en los ejercicios 2014 y 2015. El déficit de tarifa provisional de 2016, que se produce porque los ingresos vía peajes son aún insuficientes para cubrir los costes regulados reconocidos, fue inferior a lo previsto gracias a un incremento en la demanda del 0,8%, superior al valor promedio observado en años anteriores. Los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendieron en esta liquidación a 13.741,6 millones de euros, un 0,2% superiores al valor promedio histórico, mientras que los ingresos de peajes de generadores fueron 1,19 millones de euros inferiores a los previstos.

Por su parte, los costes regulados fueron 751,4 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos, por importe de 323,8 millones de euros, de la retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares (342,8 millones de euros) y de los pagos por capacidad (90,8 millones de euros). Además, en esta liquidación se produjo la amortización de los bonos de la Serie 19 de FADE (emisión 45ª), lo que ha dado lugar a un ajuste en la anualidad, con un impacto en la liquidación de -24,9 millones de euros.

En cuanto a las renovables, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada en todo 2016 ascendió a 6.396 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 481,8 millones de euros, antes de impuestos. El coeficiente de cobertura se situó en el 96,9%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles.

En lo que respecta a la primera liquidación provisional de 2017, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 781,6 millones de euros, lo que supone una evolución 126,6 millones de euros mejor a la prevista. El regulador precisó que los ingresos por peajes correspondientes a lecturas del mes de enero no se reciben completamente hasta marzo, por lo que la primera liquidación tiene una “escasa relevancia”, debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste.

Según los datos de la liquidación, la demanda en consumo registrada en la liquidación ascendió a 4.665 gigavatios hora (GWh), lo que es un 3,4% superior al valor promedio observado en años anteriores. Los ingresos por peajes de acceso ascendieron a 387,3 millones de euros, siendo un 8,6% superiores al valor promedio histórico. Por su parte, los costes regulados fueron de 90,3 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica peninsular de la producción renovable, cogeneración y residuos del sistema peninsular y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, inferior en 29,8 millones de euros.

En cuanto a las renovables, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.722 instalaciones con derecho a retribución específica. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada en enero del 2017 ascendió a 514,271 millones de euros, antes de impuestos. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación ascendió a 156,322 millones de euros, antes de impuestos. El coeficiente de cobertura fue del 30,39%.

En cuanto al sistema gasista, registró un déficit de tarifa de 175 millones de euros, un 83,3% superior a los 95 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 93,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.612 millones de euros, que es un 0,3% inferior al mismo periodo del año anterior. La retribución total acreditada de 2.787 millones de euros, que es un 0,2% superior a la del 2016.

Respecto a los datos de enero, registró un déficit de 169,6 millones de euros en esta primera liquidación de 2017, lo que supone un 0,3% menos que los 170,1 millones de euros registrados en enero de 2016. El total de ingresos declarados por las empresas ascendió a 109,7 millones de euros, que es un 7,8% superior al 2016, debido al incremento de los ingresos por término de conducción en puntos de suministro. La retribución total acreditada fue 261,6 millones de euros, un 0,4% superior a la del año anterior. La demanda nacional de gas en 2017, facturada en enero, ascendió a 18,9 teravatios hora (TWh), con un aumento del 17%.

El Supremo admite a trámite los recursos de Gas Natural Fenosa contra los peajes de 2017 de electricidad y gas

Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite dos recursos de Gas Natural Fenosa en contra de las dos órdenes ministeriales del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017 y la que revisa los peajes y cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasísticas para 2017.

En lo referido a la orden del gas, Energía recoge una congelación para 2017 de la parte regulada del recibo, de modo que el precio solo variará en función de la evolución del coste de la materia prima y los costes de comercialización. Energía considera que los peajes serán suficientes para cubrir los costes del sistema y que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La memoria económica reconoce además un déficit de tarifa acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.