Entradas

Endesa pide que el esfuerzo de la descarbonización recaiga en otros sectores como el transporte más allá del sistema eléctrico

Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido repartir el esfuerzo de la descarbonización entre otros sectores, como el transporte o la climatización de edificios, y que no se cargue solo sobre el sector eléctrico, lo que ha contribuido «de manera decisiva» a que la tarifa española se encuentre entre las más caras de Europa «cuando los costes de generación y distribución de España están entre los más baratos«.

Bogas pidió «una mayor implicación» de estos sectores en la transición energética para alcanzar los objetivos fijados de reducción de emisiones. Así, señaló que estos sectores, que representaron el 58% de las emisiones de CO2 en el año 2015, son dos ámbitos en los que «la electricidad puede reducir drásticamente las emisiones no solo de CO2, sino también de otros contaminantes, mejorando así la calidad del aire de nuestras ciudades«.

Asimismo, Bogas señaló que el reciente informe sobre transición energética presentado por la Comisión de Expertos constituye «un importante punto de referencia» y destacó que varios de los ejes esenciales del documento «muestran una amplia coincidencia con las posiciones de Endesa«. A este respecto, Bogas se refirió a la importancia de «compartir entre todos los sectores» los costes de la política energética, unos costes que, actualmente, «recaen mayoritariamente en el sector eléctrico, a pesar de que solo representa el 19% de las emisiones de CO2».

«La meta es conseguir un futuro sostenible. Y lo primero que hemos de hacer sostenible es la propia transición energética. Creo que es posible la implantación progresiva de las medidas adecuadas para hacerla realidad a través de un calendario razonable, conocido y sostenible», indicó. Dentro de la transición energética, Bogas apuntó que es «importante» que todas las tecnologías de generación necesarias «tengan una rentabilidad razonable», ya que en caso contrario, se podría crear «un grave problema de seguridad de suministro a corto y medio plazo».

Además, indicó que la descarbonización de la economía requiere la sustitución «progresiva» de las centrales térmicas por instalaciones de renovables aunque señaló que, para evitar situaciones de riesgo de suministro y presiones sobre los precios, esta sustitución se debe realizar de «manera ordenada». De esta manera, pidió «replantearse la elevada carga fiscal» que existe sobre la actividad de generación eléctrica desde 2013, una vez solucionado el problema del déficit de tarifa eléctrico. «Es momento de desarrollar una reforma fiscal energética que permita equilibrar las cargas sobre las distintas fuentes de energía y reduzca la carga impositiva que penaliza a las centrales eléctricas«, añadió al respecto.

Además, defendió la extensión de la operación de las nucleares hasta los 50 o 60 años, «al igual que han hecho diversos países de nuestro entorno», y pidió una reforma de las tarifas, «a fin de que el sistema muestre las necesarias señales económicas a consumidores y productores para la utilización óptima de la red y para ofrecer un terreno de juego equilibrado a nuevos consumos, como el vehículo eléctrico, a los sistemas de almacenamiento y a la generación distribuida». «Estamos convencidos de que el impacto de este conjunto de medidas permitiría una reducción importante de la tarifa eléctrica», añadió.

Por otra parte, Bogas recordó el esfuerzo inversor de Endesa, que con más de 11.000 millones de euros invertidos en el sistema eléctrico español desde 2010 es «la empresa eléctrica que más invierte en España». «También somos los que más invertimos en la red de distribución, con unas inversiones brutas de más de 5.700 millones de euros en estas infraestructuras durante el mismo periodo», subrayó.

El sistema eléctrico evolucionó 581 millones de euros mejor de lo previsto en 2017 a falta de la última liquidación

Europa Press / EFE.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional (diferencia entre gastos e ingresos) de 644,9 millones de euros en la decimotercera liquidación de 2017 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo que, a falta de una liquidación para cerrar el ejercicio, arroja una evolución de 581,1 millones de euros mejor a la prevista.

La evolución del consumo y de los ingresos por peajes de acceso y cargos en la liquidación se situaron por encima de los valores promedio históricos. En particular, el consumo registrado ascendió a 242.404 gigavatios hora (GWh), siendo un 2,3% superior al valor promedio observado. Mientras, los ingresos por peajes y cargos de consumidores, que alcanzaron los 13.728,3 millones de euros, fueron un 0,3% superiores al valor promedio histórico. El coeficiente de cobertura se situó en un 95,46%, frente al 90,01% en la liquidación anterior.

En lo que se refiere a las renovables, en la liquidación se realizaron reliquidaciones según la metodología del Real Decreto 413/2014. La liquidación provisional acumulada asciende a 7.078 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura de 95,4%. Así, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación asciende a 387,77 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado asciende a 68 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sistema gasista, registró un déficit de 62 millones de euros, en torno a un tercio de los 175 millones registrados en el ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 97,7% de la retribución acreditada. Los ingresos declarados por las empresas ascendieron a 2.915 millones de euros, un 4,5% más que en el 2016, destacando el incremento en un 24,6% de los ingresos por peaje de regasificación.

Adicionalmente, se han considerado los pagos derivados de los artículos 66 y 61.2 de la Ley 18/2014, por 121 millones de euros, y la devolución por ejecución de sentencias de la Audiencia Nacional, por 27 millones de euros. Asimismo, se consideran los pagos de 60 millones de euros, realizados en liquidaciones anteriores al amparo del artículo 5 del RD-ley 13/2014, anulado por sentencia del Tribunal Constitucional sobre el almacenamiento Castor. En consecuencia, se tiene un total de ingresos netos liquidables de 2.657 millones de euros, un 1,7% superior al de la misma liquidación del 2016.

Evolución de liquidaciones de enero

En lo que respecta a la primera liquidación provisional de 2018, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 805,7 millones de euros, lo que supone una evolución de 166 millones de euros mejor de la prevista. Los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendieron a 399,4 millones, un 18% superiores al promedio histórico, mientras que los ingresos registrados por los generadores fueron un 53,3% inferiores al valor promedio histórico.

Los ingresos por peajes correspondientes a lecturas del mes de enero no se reciben completamente hasta el mes de marzo. Como consecuencia de este decalaje, la primera liquidación del año arroja un coeficiente de cobertura bajo, en concreto de un 30,06%, señaló el regulador. En cuanto a las renovables, la CNMC gestionó la liquidación de 63.571 instalaciones activas. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el primer mes de 2018 asciende a 576 millones.

En lo que respecta al sistema gasista, el déficit en términos de caja fue de 213 millones de euros, frente al déficit de 170 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 18% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados ascendió a 61 millones, cantidad un 44,8% inferior al mismo periodo del ejercicio anterior, debido a un cambio en la operativa de la facturación que se computa un mes después. En consecuencia, se tiene un total de ingresos netos liquidables de 47 millones, un 49% inferior.

La deuda acumulada del sistema eléctrico se ha reducido en 8.000 millones y el saldo pendiente asciende a 21.000 millones

EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha destacado que España haya sido capaz de reducir en cerca de 8.000 millones la deuda acumulada del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar los 28.700 millones y que actualmente es de 21.000 millones. Navia, que intervino en la presentación del Balance Energético de 2017 y Perspectivas para 2018, del Club Español de la Energía, subrayó que España está siendo capaz de reducir los desequilibrios acumulados por sus sistemas eléctrico y gasista.

De esta manera, la deuda del sistema eléctrico, que después de 14 años consecutivos de generación de déficit en 2014 registró su primer ejercicio con superávit, se redujo en torno a otros 2.000 millones de euros el año pasado, desde los niveles de los 23.070 millones de euros en que cerró en 2016. Navia destacó la política de «contención de costes y rigurosidad» aplicada por el Gobierno y subrayó que la sostenibilidad financiera sigue siendo «el elemento fundamental» para que las decisiones que se adopten en materia energética en el corto plazo sean «coherentes con los objetivo a largo plazo«.

Ha manifestado que, aunque no están cerrados los datos de 2017, los dos sistemas mantendrán el equilibrio financiero que les ha caracterizado desde la reforma que se hizo en la legislatura pasada. Navia ha dicho que la postura del Ministerio será mantener el rigor a la hora de asignar nuevos costes al sistema, porque esto se puede convertir en un problema macroeconómico, al afectar a la competitividad. Ha subrayado que el equilibrio alcanzado en los sistemas ha permitido mantener sus costes (peajes) congelados, 5 años en el caso de la electricidad y 4 en gas, con el consiguiente beneficio para los consumidores domésticos e industriales.

En cuanto a los precios, ha indicado que, pese a las dificultades habidas en 2017, con fuertes tensiones en los mercados de electricidad y gas, y unas condiciones climáticas excepcionales, marcadas por la sequía y olas de frío en Europa, el año se superó con «cierto éxito«. Daniel Navia explicó que en 2017 la factura para un hogar medio fue de 835 euros, más alta que la de 2016, por la escasez de lluvias y unos precios de las materias primas algo más altos, aunque 16 euros más barata (un 1,8%) respecto a un año más normalizado como fue 2015.

Por eso, considera que España está en una fase de estabilización de precios de la energía y con tendencia a la baja, como prueba que se mantiene entre 21 y 22 céntimos el kilovatio hora (KWh) para un consumidor doméstico, similar a 2012, y de 11 céntimos/KWh para un consumidor industrial, un céntimo menos que el que había en 2012.

Ha señalado que para mitigar el elemento que puntualmente rompe la tendencia, la volatilidad de los precios en el mercado, el Ministerio ha introducido medidas, como las reformas que ha hecho de la interrumpibilidad (pagos que se dan por la disposición de empresas a desconectarse cuando sea necesario para el sistema, que ahora se podrá utilizar también para estabilizar precios) y del mercado del gas. Además, destacó que en el inicio de 2018 se está viendo una reducción de la factura de electricidad en los hogares, que ha bajado un 8% en los dos primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2017.

Por otra parte, ha destacado que España está en una posición favorable para cumplir sus objetivos medioambientales, al haber reducido de 2005 a 2015 las emisiones un 22%, más que Alemania, que lo ha hecho en un 9% o Francia, donde han disminuido un 17%. De cara a 2018, asegura que en breve se contará con el informe de la Comisión de Expertos sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, respecto a los planes nacionales de Energía y Clima, ha indicado que la intención es tenerlos elaborados, aunque no aprobados, y disponibles para consulta pública a lo largo de este año. Por último, ha reiterado la postura del Ministerio favorable a una neutralidad entre las diferentes tecnologías.

A este respecto, indicó que el input que dará el informe de la comisión de expertos creada por el Gobierno para abordar esta transición energética, que se conocerá «en breve», va ser «una orientación fundamental». Así, consideró que debe existir un debate «muy intenso» respecto a cómo abordar la transición energética entre todas las fuerzas políticas y todos los actores del sectores, aunque subrayó que es «factible» lograr acompasar el cumplimiento de los objetivos medioambientales con la competitividad de la economía. «Partimos de una posición razonable para tomar medidas razonables. Habrá gente que quiera avanzar más rápido y otros más lentos, pero lo importante es buscar el punto común«, concluyó.

La CNMC reintegra al sector gasista otros 6,7 millones de los pagos anulados por la indemnización de Castor

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reintegrado al sector gasista otros 6,7 millones de euros correspondientes a los pagos anulados del almacén Castor, según indicó el organismo. En concreto, se ha reintegrado el pago previsto en enero, correspondiente a la liquidación décima del año pasado, con lo que la cantidad total pagada en 2017 en concepto del abono de las indemnizaciones con cargo al sistema gasista ascendió a 60,5 millones de euros.

A finales de enero, la CNMC paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. El regulador aplicaba así la sentencia del pasado diciembre del Tribunal Constitucional, que declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS.

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones anuales y que se incluían en el sistema gasista.

Por su parte, con esta reintegración, el déficit provisional gasista fue de 385 millones de euros a diciembre, frente a los 430 millones de euros en el mismo periodo del 2016. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.586 millones de euros, un 3,6% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento del 28% de los ingresos por peaje de regasificación y del 14% por reserva de capacidad.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 46 millones de euros, un 23,4% superiores a los del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se obtuvieron unos ingresos netos declarados de 2.540 millones de euros. Además, la retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.687 millones de euros.

El déficit eléctrico de 2017 asciende a 1.435 millones a falta de 2 liquidaciones, 535,7 millones menos de lo previsto

Europa Press.– El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se sitúa en 1.435,1 millones de euros, 535,7 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A pesar de ser la duodécima liquidación de 2017, esta cifra no es definitiva ya que, dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Así, antes de diciembre de este año se efectuará la liquidación definitiva. En este sentido, este desajuste inferior a lo previsto se debió, fundamentalmente, a la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares, que fue 464 millones de euros inferior a lo previsto.

El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 226.195 gigavatios hora (GWh), un 2,4% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores (12.871,3 millones de euros) fueron un 0,4% superiores al valor promedio histórico. Mientras, los ingresos registrados por peajes de acceso de generadores resultaron un 0,4% inferiores (0,5 millones de euros).

En cuanto a las renovables, en la liquidación de diciembre la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.565 instalaciones. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico, se elevó hasta los 7.075,64 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura de 90% al importe total de las liquidaciones acumuladas positivas. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la décima liquidación asciende a 448,778 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 68,48 millones de euros, antes de impuestos.

Enagás gana 490,8 millones de euros en 2017, un 17,6% más, tras la integración de la regasificadora chilena GNL Quintero

Europa Press.- Enagás obtuvo un beneficio neto de 490,8 millones de euros en 2017, lo que representa un 17,6% más que en 2016, tras la integración de la planta de regasificación GNL Quintero (Chile), según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha destacado que este crecimiento está por encima del objetivo previsto del 11,9%. Sin tener en cuenta los efectos contables derivados de la consolidación de GNL Quintero, el crecimiento del beneficio después de impuestos ascendería un 4,9%, en línea con el objetivo establecido para el año. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía gasista creció un 17% en 2017, hasta los 1.110,3 millones de euros. Sin la consolidación de GNL Quintero, el Ebitda crece un 4,4%, hasta 990,2 millones de euros.

Los ingresos totales de la compañía presidida por Antonio Llardén subieron un 13,7% en el año 2017 y se situaron en 1.384,6 millones de euros. Las inversiones efectuadas por Enagás en 2017 totalizaron 328,5 millones de euros, de los cuales 68,5 millones de euros han sido invertidos en España y 259,9 millones de euros han correspondido a inversión neta internacional.

En las inversiones internacionales, destaca la destinada a TAP (Trans Adriatic Pipeline), proyecto en el que Enagás participa con un 16% y que es clave para la seguridad de suministro energético en Europa, por importe de 174,8 millones de euros, el aumento de la participación en COGA por 8,3 millones de euros y el pago de las garantías asociadas a GSP (Gasoducto del Sur Peruano) por 213 millones de euros.

Crece un 5% el dividendo

Mientras, la deuda neta stand alone del grupo se situó en 4.364 millones de euros a cierre de 2017, frente a los 5.089 millones de euros del 2016, con más del 80% de deuda a tipo fijo. Además, en 2017 la compañía redujo el coste de esta deuda neta al 2,2%, frente al 2,4% registrado en 2016. Asimismo, el dividendo correspondiente al 2017, que se propondrá en la próxima junta general de accionistas, será de 1,46 euros brutos por acción, que supone un aumento del 5% anual, de acuerdo con la estrategia de la compañía.

Para 2018, Enagás prevé un beneficio de aproximadamente 443 millones de euros, cifra en línea con el objetivo establecido para 2016-2020 de obtener una tasa anual de crecimiento medio del 3%. Además, este año prevé repartir un dividendo al accionista de 1,53 euros por acción, manteniendo su compromiso de ofrecer un dividendo un 5% superior al de 2017. Mientras, para el periodo 2018-2020, que Enagás prevé que estará marcado por los cambios que supone el paso a una economía más baja en carbono y con mayor protagonismo para el gas, Enagás tiene como objetivo invertir aproximadamente 650 millones de euros.

Por otra parte, la demanda de gas natural del mercado nacional alcanzó 350.888 gigavatios hora (GWh), un 9,2% superior a la de 2016 y suma así el tercer año consecutivo de incremento. Este aumento se debió, fundamentalmente, al buen comportamiento de la demanda industrial, que representa más del 60% de la demanda de gas. Asimismo, influyó el mayor consumo de gas para generación eléctrica, como consecuencia de la baja hidraulicidad y generación renovable. Finalmente, Enagás prevé que en España el sistema gasista obtenga un superávit neto anual a partir de 2018. Esta previsión, junto con el crecimiento estimado de la demanda de gas natural, haría posible que la deuda acumulada se absorbiera completamente en 2023, mucho antes de lo previsto.

Fitch alerta de la incertidumbre sobre la retribución del sector gasista español debido a la injerencia política

Europa Press.- Fitch Ratings advierte de que persiste «la incertidumbre» sobre el sector gasista debido a la injerencia política a pesar de no haberse concretadopor el Gobierno la amenaza de ajustes a la retribución de la actividad regulada de transporte y distribución de gas.

En este sentido, la agencia de calificación considera que la decisión del Gobierno de aplazar estos recortes al sector no cambia su opinión de que el riesgo de interferencia regulatoria en el sector sigue siendo «más alto que en otras jurisdicciones, lo que podría perjudicar los perfiles de ingresos de las utilities«. De esta manera, cree que la situación pone de relieve las potenciales consecuencias «de la falta de un regulador independiente con un enfoque transparente y consultivo». Así, Fitch Ratings cree que el marco español está más expuesto al riesgo político y a la transparencia en comparación con otros países como Portugal e Italia.

El Gobierno estudia la introducción de ajustes en los costes regulados del sistema energético, centrados en la retribución de la actividad de distribución y transporte de gas, así como en el sector eléctrico, mediante su inclusión como enmiendas dentro del proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, que se tramitó en el Senado, aunque finalmente estas enmiendas no se materializaron debido a la falta de respaldo del resto de grupos políticos. Asimismo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, estimó que estos ajustes que prevé por sobrerretribución de activos del sector gasista supondrían un máximo de 50 millones de euros.

Los rumores sobre la aplicación de estos nuevos recortes llevó a las empresas energéticas dedicadas al negocio eléctrico y gasista a dejarse en Bolsa 9.000 millones de euros a lo largo de 7 sesiones. Para Fitch Ratings, la propuesta del Ministerio refleja el deseo del Gobierno de reducir los costes regulados del sistema y reestablecer el equilibrio entre los costes y los ingresos «a expensas de las empresas, de forma similar a 2014». Sin embargo, la agencia considera que el sistema gasista está más equilibrado en la actualidad que en 2014, «cuando la razón principal de la reforma fue el creciente déficit tarifario del gas».

Así, señala que, a pesar de los pequeños déficits registrados en 2015 (27 millones) y 2016 (90 millones), este último debido en gran parte a los costes adicionales por el cierre de Castor, se prevé un pequeño déficit para 2017, mientras que a partir de 2018 habrá superávits que ayudarán a ir gradualmente reduciendo la deuda acumulada pendiente de unos 1.000 millones de euros. Por ello, Fitch no cree que la sostenibilidad del sistema gasista sirva de excusa para justificar este recorte a la retribución. Además, el Gobierno actualizó la remuneración por los contadores de gas, lo que supone un impacto negativo de 6 millones de euros para las pequeñas distribuidoras y 40 millones de euros para Gas Natural Fenosa.

El déficit eléctrico provisional de 2017 asciende a 1.234 millones de euros hasta noviembre, 453,9 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico en el 2017, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son mayores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.233,9 millones de euros en los once primeros meses del año, 453,9 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El consumo registrado en la liquidación ascendió a 205.833 gigavatios hora (GWh), un 2% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores (11.770,0 millones de euros) fueron un 0,6% superiores al valor promedio histórico. Por el contrario, los ingresos registrados por peajes de acceso de generadores resultaron un 1,3% inferiores (1,4 millones de euros) al valor promedio histórico.

En lo que se refiere a los costes regulados, fueron 359,1 millones de euros inferiores a los previstos, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares. Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, el coeficiente de cobertura registrado en la liquidación se situó en un 90,771%, frente al 88,036% en la anterior, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. Así, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación asciende a 685,116 millones de euros, antes de IVA o equivalente.

En cuanto a las renovables, en la liquidación del pasado mes de noviembre, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.605 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde enero y hasta el pasado 30 de noviembre con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico se elevó hasta los 6.531,24 millones euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado a cierre de noviembre fue de 434 millones de euros, frente a los 482 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 82,6% de la retribución acreditada. Como consecuencia de la sentencia del Constitucional sobre el almacenamiento del Castor, se han paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales).

El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.298 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento del 30% de los ingresos por peaje de regasificación y del 16% por reserva de capacidad. Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 41 millones de euros, un 25,5% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se han obtenido unos ingresos netos declarados de 2.257 millones de euros, indicó la CNMC.

La retribución total fija acreditada a las empresas asciende a 2.462 millones de euros. Esta cifra incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016, habiéndose descontado la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta noviembre, ascendió a 278,5 teravaios hora (TWh). Esta cantidad es 8,7 TWh superior a la del mismo periodo de 2016, lo que supone un aumento del 3,2%.

El PSOE lamenta que el Gobierno sea “incapaz” de controlar el precio de la luz por la subida de 2017

Europa Press.- La subida del precio de la luz en 2017 provocó que el precio de este recurso alcanzara su nivel más alto desde 2008. Para el consumidor medio, el encarecimiento ha supuesto un alza del 10,3% y la factura pasó de 753 euros en 2016 a 830 euros el pasado año.

Tras recordar los argumentos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre el encarecimiento, como las condiciones meteorológicas, el encarecimiento del petróleo o la utilización del gas natural y carbón, la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio ha criticado que el ministro sea “incapaz de controlar» el precio. «El Gobierno sigue culpando a la meteorología. No nos sorprende: forma parte de la inacción del Gobierno, marca de la casa», ha ironizado, lamentando que «si no hubiera paralizado el desarrollo de renovables» este precio «sería más barato».

Por su parte, Unidos Podemos y Compromís han recordado las recientes informaciones acerca de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acerca de la presunta manipulación del precio en 2013. «Rato nos diría »Es el mercado, amigo’, pero la UCO no sólo habla de abusividad, de esa fórmula Juan Palomo para asignar precios, sino a indicios razonables de criminalidad, de saqueo que responde al modelo de puertas giratorias», han aseverado desde Unidos Podemos, añadiendo que la subida «engrasa» esas puertas.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, subrayó que no se trata sólo de esa subida, sino que, a finales del pasado año, la CNMC abrió un expediente ante una subida de la luz similar por subidas entre octubre de 2016 y enero de 2017. El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha pedido al Gobierno hacer el mercado «eficiente, competitivo, sostenible con el medio ambiente y que no se cargue toda su factura a los ciudadanos».

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, ha recordado que los peajes contenidos en la factura de la luz cargan «malas políticas energéticas», como un déficit tarifario de 2.500 millones o las primas renovables. En este sentido, esgrime que la parte regulada de los peajes, los costes de transporte y distribución, se encuentra congelada desde 2016, y que si la generación de energía se encareció fue por una apreciación del 20% del carbón y del 27% del gas, necesarios para garantizar el suministro.

El Tribunal de Cuentas analizará durante este año la gestión del cuestionado canon hidroeléctrico en los ejercicios 2015 y 2016

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó, dentro de su programa de fiscalización para 2018, un informe sobre la gestión del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, conocido como canon hidroeléctrico, durante los ejercicios 2015 y 2016.

De esta forma, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda analizará la gestión de esta tasa, aprobada en 2012 y lanzada en 2013 por el Gobierno de Rajoy tras la reforma energética con el fin de aplacar el déficit de tarifa. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando el Gobierno publicó el desarrollo del canon, gravando con un 22% la producción en instalaciones hidroeléctricas.

Contemplado como un impuesto medioambiental, el Gobierno justificó que «la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección» y que, para reforzar las políticas de protección, se hacía necesaria «la obtención de recursos que deben ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su utilización privativa o aprovechamiento especial al posibilitar la producción eléctrica en centrales hidroeléctricas«.

La legalidad de este canon fue cuestionada el pasado junio por el Tribunal Supremo, que elevó tres cuestiones a la Justicia Europea antes de resolver los recursos de Unesa y Acciona contra el mismo, poniendo en duda si respondía a razones medioambientales, su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación en la Directiva europea sobre el mercado eléctrico, y si no constituía una ayuda de Estado a terceros competidores.

El Supremo denunció que únicamente el 2% de la recaudación del canon repercute en cada Confederación Hidrográfica, frente al 98% que se ingresa en el Tesoro Público, por lo que lo considera «un ingreso más del sistema eléctrico, al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público». Posteriormente, el Gobierno elevó la tasa del 22% hasta el 25,5%, dentro de las medidas impulsadas para paliar los efectos de la sequía en algunas cuencas hidrográficas. El proyecto de ley, tramitado en el Congreso, fue aprobado en noviembre.