Con dos días de diferencia se han presentado dos informes referidos a la evolución de los precios de la electricidad para el consumidor en España. Uno a cargo de David Robinson, senior research fellow en The Oxford Institute for Energy Studies, en el que detalla la evolución de los precios de la electricidad en comparación con los países de la Unión Europea, resultando que los precios eléctricos españoles al consumidor han tenido una evolución alcista en los últimos seis años, muy superior a los países de nuestro entorno.

Además, Robinson estudia los componentes de dicho crecimiento; ante una evolución favorable y semejante en nuestro mercado de generación en términos de precios, colige que esta evolución alcista superior en España es fruto de las decisiones regulatorias que han incrementado lo que él denomina la cuña regulatoria: primas, impuestos y otros conceptos ajenos al suministro que encarecen el recibo. Además señala la cantidad de subsidios cruzados que soportan los consumidores domésticos españolesa la hora de pagar el suministro eléctrico.

Respecto al presentado por la asociación de consumidores Facua, su informe realiza una comparación longitudinal temporal en 30 años entre el precio final pagado  por el consumidor y la evolución del  salario medio en estos 30 años, resultando que la evolución del precio de la electricidad ha experimentado un incremento mucho mayor que el correspondiente a los salarios, como también lo ha hecho el IPC en general. El informe se centra en los distintos suministros energéticos para realizar también esta misma comparativa referida al precio del butano, carburantes y gas natural realizando una comparación intergeneracional del tipo Regreso al Futuro.    

Respecto a la electricidad, esta correlación salarios-precios sigue la estela de la política de Rodrigo Rato de asociar la evolución del IPC al kilowatio, como bien recordará José Folgado de cuando fue secretario general de Energía. Además, la elección de la comparativa sugiere la idea de asociar la administración de precios políticos para distintos bienes y servicios, con independencia de los comportamientos de los mercados o con el propio mecanismo de formación de precios de cada sector. ¿Cuál es la razón para que la formación de los precios de la energía siga el comportamiento del IPC o de los salarios, o de cualquier otro tipo de indicador, teniendo en cuenta sus propias dinámicas, impuestos, componentes y mercados que lo determinan?

Evidentemente, las conclusiones de los dos informes no son contradictorias, sino que incluso pueden ser complementarias, y una guía para abordar esta cuestión de forma no demagógica para las elecciones que se avecinan. Además, a las propias asociaciones de consumidores les puede aportar una orientación hacia otras vías de reclamación en los costes de la electricidad que afectan al bolsillo de los usuarios para enfocarse a ellos, como son los componentes de la cuña y los subsidios cruzados que soportan.

De cara al devenir político inminente en el que la energía será un elemento encima de la mesa, es positivo comprender que la evolución de los precios de la electricidad en nuestro país ha sido creciente fruto de absorber decisiones políticas en el coste del suministro, lo que nos debería hacer evitar los discursos antisistema, antimercardo, antiempresariales o intervencionista, sino más bien todo lo contrario.

En ese marco es en el que se ha desarrollado tradicionalmente este debate en España. Eso sí que sería regresar al futuro.