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La versión Goldman Sachs (II)

En un país en el que la electricidad ha caído en las fauces de la política politizada, puede sorprender a primera vista la consideración de Goldman Sachs de que la actividad eléctrica debe ser valorada de forma económico-financiera por los accionistas que son, en realidad, los propietarios de las empresas. Ante una posición tan pueril es preciso subrayar que estamos en un mundo globalizado dónde los flujos de capital se mueven de forma muy rápida y no se someten a los intereses partidistas o electorales de un país en concreto.

Eso exige una política definida en materia económica, energética, medioambiental y fiscal; habilidades de negociación, disponer de una regulación predecible, de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Se comprende que quienes ejercen responsabilidades de Gobierno conocen e incorporan esas reglas del juego, lo asumen dentro de su comportamiento como una coordenada a tener en cuenta y, si la traspasan, se entiende que es de forma deliberada.

Es un informerevelador” del modelo de política que el Ejecutivo plantea para el sector eléctrico y de la visión inversora de sus responsables, orientada a la reducción de precios sin revisar la composición de la tarifa, sin limpiarla de componentes (cuña gubernamental) que aumentan sus costes y que deberían ser tratados de otra forma. En consecuencia, sigue existiendo un modelo en que se habilitan mecanismos discrecionales y de dudoso encaje en la tarifa que presionan al alza los precios y que se combinan con la pretensión electoralista de una tarifa forzada a la baja fruto de una politización de la electricidad que no cesa.

¿Cómo se resuelve este sudoku en esta revisión regulatoria prevista? Rebajando los componentes regulados vía exprimir sus resquicios legales, lo que seguramente nos atrapará en un nuevo proceso de judicialización, e incorporando nueva potencia renovable para aumentar la oferta de generación y bajar el componente de los precios de mercado de generación, tratando de cumplir al límite los compromisos con Europa del 20-20-20 antes que con un proceso planificado de descarbonización o de transición energética.

Una vez descontado el efecto del anuncio y de su instrumentación legal sobre las compañías y los accionistas de las empresas, queda el propio Ministerio de Energía. Seguramente perciban el origen y las causas de esta tormenta con un cierto grado de indiferencia, más allá de las lecturas resultantes sobre la Administración energética española y de que se trate de una fórmula adicional para instigar a las compañías hacia la desinversión y la internacionalización empresarial. O a lo mejor no es así, siquiera. Lo que si nos confirma es que, menos en el sector energético, las empresas e inversores internacionales son una coartada necesaria para la argumentación y comunicación política.

La Fundación Gas Natural cree que la tarifa eléctrica es menos competitiva al incluir conceptos ajenos al suministro

EFE.- El director general de la Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà, señaló que el Gobierno debe adoptar medidas para que la tarifa eléctrica no reste competitividad a las empresas españolas, como a su juicio ocurre en la actualidad. Solà realizó estas consideraciones durante la celebración del seminario La energía como oportunidad de empleo y de creación de empresas, y especificó que la cuestión del precio de la electricidad es uno de los temas que más se trataron.

Así, explicó que aproximadamente el 40% de la tarifa eléctrica actual está relacionado con la electricidad, como transporte, distribución y generación de electricidad, mientras que el 27% es IVA y otros impuestos de la electricidad y el resto, «son políticas energéticas, que están en el recibo de la electricidad pero nada tiene que ver con la electricidad». Por ello, criticó que esta circunstancia resta competitividad a las empresas españolas y explicó que, en otros países, las políticas energéticas están contempladas en los presupuestos, lo que hace «que las empresas puedan ser más competitivas». «Mermar la competitividad de las empresas es algo a solucionar», reiteró Solà.

El Defensor del Pueblo catalán reclama que la factura de la luz excluya los conceptos ajenos al consumo

Europa Press / EFE.- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, reivindicó que la factura de la luz excluya los conceptos «ajenos al consumo energético», los que se incluyen en la llamada cuña gubernamental y que suponen un 73% del crecimiento del precio de los últimos seis años, según indicó. En este sentido, considera «inaceptable» que los consumidores tengan que asumir gastos que no les corresponden, por lo que reclama que la factura incluya solo la energía consumida y los impuestos propios de cualquier operación de consumo.

La factura de la luz incluye impuestos y cargos como las compensaciones del déficit tarifario, las primas a las energías renovables y las ayudas al carbón nacional, entre otros, recuerda Ribó. El Síndic expone que los usuarios deberían disfrutar de un suministro eléctrico a un precio «asequible», con sistemas tarifarios que fomentarían el ahorro y la eficiencia, «con penalizaciones vinculadas al consumo irresponsable», y lamenta que el 33% de la factura está destinado a gastos políticos y sociales y el 28% a impuestos, «unos conceptos independientes del esfuerzo del consumidor».

¿Por qué aplican dos impuestos?

Ribó también ha propuesto que se modifique la legislación reguladora del IVA para aplicar un IVA reducido a los consumidores vulnerables, con el objetivo de asimilarlo al 10% del agua o al impuesto reducido de otros países, y ha añadido que «habría que valorar si es legítimo que sobre un suministro se apliquen a la vez dos impuestos», el IVA y el de la electricidad. «El sistema tarifario ha supuesto un encarecimiento desmedido de la luz«, denunció el órgano catalán.

Ribó ha instado al Parlamento de Cataluña a hacer un seguimiento permanente del precio de la electricidad, a través de la comisión correspondiente o con la creación de una subcomisión específica, y ha propuesto el reconocimiento del derecho a un suministro básico de electricidad para ciertos colectivos. También pidió que analice «el impacto del incremento sostenido de los precios de la electricidad sobre la economía de las personas y de las pymes», para las que el aumento del coste podría suponer «la desincentivación de la creación de puestos de trabajo».

El síndic recurrió al informe Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: Una perspectiva española, publicado recientemente por el investigador del Centro de Estudios Energéticos de Oxford (Reino Unido) David Robinson. Además de aportar el dato de que los gastos de la cuña gubernamental suponen el 73% del incremento de la factura, Robinson destacó que el precio de la electricidad en España se ha encarecido el doble que en la Unión Europea entre 2008 y 2014.