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La Junta de Andalucía pedirá explicaciones al CSN por la filtración de agua en el almacén nuclear de El Cabril

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EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha anunciado que piensa pedir información al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por la filtración de agua de lluvia en la celda número 29 del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), un acontecimiento que ocurrió en diciembre de 2017. Un incidente sobre el que Fiscal ha mostrado su «preocupación» y su confianza en que «se actúe de manera diligente».

En este sentido, recordó que El Cabril «es una competencia exclusivamente estatal en todos los ámbitos», de manera que «no hay ningún ámbito alrededor de esta instalación que dependa de otra administración que no sea la del Estado». Asimismo, ha especificado que es la Dirección General de Industria, Energía y Minas quien representa a la Junta de Andalucia en el CSN, si bien eso no ha impedido que su departamento haya impulsado la petición de explicaciones. «Independientemente de que tengamos o no la competencia, estamos en Andalucía y todo lo que ocurre nos preocupa e importa«, asevera el consejero de Medio Ambiente de la Junta.

Enresa investiga cómo se ha filtrado agua de lluvia en una celda del almacén de residuos nucleares de El Cabril

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EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) está investigando cómo se ha filtrado agua de lluvia dentro de una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Dicho informe, que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados, recoge que los análisis realizados hasta el momento descartan riesgos, dado que «los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección».

El hallazgo de esta anomalía se produjo en diciembre de 2017, en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29. En ese momento, según revela el informe, se constata que la cantidad recogida fue superior al 100% de la definida como cantidad nominal media establecida en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, y se estima que «estas cantidades anómalas se deben a la entrada de agua de lluvia en la estructura de la celda».

«El agua recogida en el depósito ha sido analizada específicamente para la identificación de radionucleidos emisores alfa. Los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección. El titular emitió un informe al CSN que está en evaluación», concluye el informe del regulador, que informa de que a finales del 2017 el almacén temporal de residuos de baja y media radiactividad de El Cabril estaba al 76% de su capacidad.

Piden explicaciones a la Junta

Por su parte, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua. En este sentido, Maíllo expresó su «preocupación» por el informe del CSN y adelanta que Izquierda Unida pedirá información sobre «cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención sobre un hecho que ocurrió en 2017».

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar «absolutamente blindada», lanza un mensaje de falta «de previsión o de blindaje». «También se podría producir una filtración así hacia afuera», ha sugerido el coordinador andaluz de Izquierda Unida, quien ha considerado este hecho como «muy grave» al ser una «filtración que no se contemplaba» en el protocolo de seguridad.

El PSOE defiende que el Gobierno elaborará una estrategia global del sector energético antes de decidir sobre el ATC nuclear

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha pedido al PP la retirada de la solicitud de comparecencia ante el Congreso de la ministra Teresa Ribera, ante la propia solicitud presentada por la encargada de la cartera de Transición Ecológica para explicar la resolución que paraliza el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca.

Así lo ha explicado la diputada socialista Pilar Lucio ante los miembros de la Diputación Permanente del Congreso en relación a las preguntas del PP sobre el ATC. Lucio ha señalado que la suspensión se ha adoptado ya que, después de 6 años de Gobierno del PP, se encontraron con «una falta de previsión para la gestión de los residuos nucleares, fruto de la inacción y a falta de una estrategia global del sector energético«.

La socialista ha destacado que el Gobierno se ha limitado a solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación para analizar la situación». Por ello indicó que en el Ministerio se está a la espera de un «estudio sobre el volumen total de residuos, el mix energético y la idoneidad de los terrenos». «Hay que garantizar una gestión segura, algo que no hizo el PP», ha remarcado Lucio.

El Gobierno socialista, según indicó, «ha asumido la descarbonización, con una transición energética» a corto y largo plazo, por ello está concluyendo el Plan nacional integrado de energía y clima, que «deberá presentar a la Unión Europea a finales de 2018». Asimismo, consideran necesario actualizar el cuarto Plan de residuos de 2006, algo que «no se hizo» durante la anterior legislatura, y que estaba prevista su puesta en marcha para 2010, por lo que han sido necesarios los almacenes individualizados.

«No es el propósito gastar más dinero», ha remarcado en relación al coste de 70.000 euros diarios de almacenamiento en Francia de los residuos nucleares españoles, pero es una «cuestión de política energética y gestión de residuos global». Finalmente, ha concluido que, para explicar todo ello, la solicitud ya la presentó la ministra, por lo que ha pedido la retirada de la solicitud del PP.

Por su parte, la diputada del PP por Castilla-La Mancha, Rosa Romero, reiteró la solicitud de comparecencia de Ribera al señalar que durante su comparecencia del pasado julio la ministra “ocultó la decisión adoptada con anterioridad y que ya se había comunicado al CSN”. Además, señaló que el ATC es “un proyecto fundamental para la seguridad nuclear nacional y para el desarrollo de la comarca, que incluiría la construcción de un parque de desarrollo e investigación y la inversión de 1.000 millones de euros”. Asimismo, instó a la ministra a que ponga encima de la mesa las «alternativas» al ATC.

El diputado por Ciudadanos, Antonio Roldán, ha apoyado la solicitud del PP y ha señalado que el ATC «estaba aprobado en el sexto plan de residuos» y la «posición de Ribera no se ha explicado de forma amplia«. Por ello, Ciudadanos ve necesario que explique «en detalle» esta decisión, y especialmente «una alternativa» y «plan» para el almacenamiento de esos residuos, más allá «de ocurrencias».

Desde Unidos Podemos, Josep Vendrell acusó al PP de «cinismo» por reclamar esta comparecencia de la ministra que, a su juicio, «acumula chapuza tras chapuza» del Gobierno anterior. «Seremos exigentes, es necesario un plan de cierre de centrales nucleares», resaltó. Por ello, Vendrell ha apoyado la suspensión del ATC porque «es un primer paso» para el cierre de las centrales nucleares. Vendrell ha achacado al PP haber tomado la decisión de construcción del ATC «más por razones políticas que económicas«, y ha añadido que varios informes desaconsejan la ubicación del ATC en Villar de Cañas.

Equo alerta del «riesgo» que suponen los residuos nucleares que permanecen en Garoña tras el cierre de la planta atómica

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Europa Press / EFE.- Equo ha mostrado su «preocupación» por los «interrogantes» existentes en torno al desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ha alertado del «riesgo» que supone que los residuos nucleares generados durante el periodo de actividad de la planta sigan en las instalaciones de esta central. Por ello, urge a la empresa pública de residuos radioactivos (Enresa) a aprobar cuanto antes el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juan López de Uralde, registró una pregunta en el Congreso para que el Gobierno central ofrezca explicaciones sobre la situación en la que se encuentra el desmantelamiento de la central, ubicada en Burgos. Uralde reclama información sobre los avances realizados por Enresa, sobre el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y sobre la estimación de los plazos de ejecución para desmontar las instalaciones. El coportavoz de Equo expresó su «preocupación» por los «muchos interrogantes y falta de certezas» sobre la situación de la planta, un año después del anuncio del cierre definitivo.

Equo ha alertado sobre el peligro que entraña para la salud de la población y para el medioambiente la continuidad en el recinto burgalés de los residuos radioactivos, que suponen un «riesgo potencial» de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. Equo critica que 12 meses después de la clausura de la central, «nada ha trascendido sobre el futuro de este material radioactivo». Uralde ha censurado el «oscurantismo» que rodea al proceso de desmantelamiento.

Además, ha denunciado que «se están incumpliendo las obligaciones europeas de seguridad» en el tratamiento de los residuos nucleares en lo referente a la dotación de soluciones de almacenamiento final de los residuos de alta actividad. Equo ha criticado que los residuos nucleares «continúan en Garoña y se desconoce, por el momento, dónde y cómo se van a gestionar». «Es inconcebible que un año después, aún no hayamos recibido explicaciones sobre cómo se va a acometer el desmantelamiento; qué se va a hacer con los residuos; y cómo se va a pagar todo esto», criticó.

Para el diputado la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es «uno de los principales problemas» que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará la vida útil de una planta. López de Uralde destacó que un informe de la Comisión de Energía del Congreso «incide en la necesidad» de impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Sobre Garoña, el desmantelamiento podría alcanzar los 350 millones de euros y terminaría en 2023.

López de Uralde insistió en que «las centrales si no son seguras deben cerrarse sí o sí». Ha agregado que en España tampoco está resuelto del debate sobre la ubicación de los residuos nucleares y ha reclamado por ello la elaboración de un plan para abordar esta cuestión. Todas estas carencias son, a su juicio, consecuencia de la «falta de profesionalidad» de los miembros del CSN que, en su opinión, se han dedicado a acatar las órdenes del PP. Por ello, ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a iniciar la renovación de su composición.

Además, ha advertido de que las administraciones competentes «deben implicarse» en el proceso, y apoyar a los trabajadores que se verán afectados por el desmantelamiento, un respaldo que considera que ha de extenderse a la comarca afectada por el cierre. Equo ha reclamado un análisis del Plan de Dinamización del área de influencia de la central propuesto tras la petición de 14 municipios afectados. «No se puede abandonar a esa gente a su suerte; las instituciones deben contribuir a la revitalización de la zona», señaló.

La central nuclear Vandellós II inicia una secuencia de parada tras detectar una incidencia

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Europa Press.- La central nuclear Vandellós II ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha iniciado la secuencia de parada para intervenir en uno de los canales de instrumentación de flujo neutrónico de rango extendido, tras detectar una incidencia sin afectación para las personas ni el medio ambiente. Según indicaron, se ha detectado una desviación superior al 5% en una de las indicaciones de flujo neutrónico de rango extendido durante una vigilancia periódica de los parámetros de la Sala de Control.

Esta señal forma parte de la instrumentación de vigilancia, es de naturaleza pasiva y no tiene ninguna acción automática de control ni función alguna en operación normal. Se ha verificado que las lecturas del canal redundante de instrumentación de flujo neutrónico de rango extendido son correctas y que se encuentra en estado operable. Para la resolución de la incidencia se debe situar la planta en un modo en el que dicha instrumentación no es requerida, motivo por el que la central se desacopló de la red. Una vez reestablecida la instrumentación y comprobado su correcto funcionamiento, Vandellós II volverá a sincronizarse a la red eléctrica.

El CSN aprueba por unanimidad el plan para paralizar los informes sobre la construcción del ATC en Villar de Cañas

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Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por unanimidad el plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca), y proceder a documentar ordenadamente las actuaciones realizadas hasta ahora o en curso, de forma que se mantenga todo su valor para el mejor aprovechamiento futuro, si procede, de las mismas.

Según ha explicado el CSN, ha empleado hasta la fecha, en las evaluaciones relativas a la solicitud de autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado, habiéndose alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98% de los trabajos inicialmente planificados. El plan presentado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear recoge y resume el estado actual de las actividades de evaluación asociadas a la autorización de construcción del ATC y establece el cronograma de acciones necesarias para documentar las tareas realizadas y para hacer efectiva la interrupción de las mismas, según indicó el CSN.

El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó el pasado 5 de julio al CSN la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) para «analizar con cierto detalle la situación«. Así se lo trasladó por carta el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen.

En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, “desea” poder analizar “con cierto detalle la situación“.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. “Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual“, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

El regulador nuclear aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha.

El ATC preveía albergar, entre otros, los residuos correspondientes al desmantelamiento de Vandellós I, que se encuentran en Francia y que suponen un gasto para España de 74.603,14 euros diarios desde el 1 de julio de 2017. Estas cantidades serán reembolsadas a Enresa cuando regresen a España los residuos, momento en que será facturado a Enresa el almacenamiento en Francia de dichos residuos desde el 1 de octubre de 2015.

Hacia la paralización del ATC

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, considera que el plan del CSN produce «un paso más positivo» después de la decisión del Gobierno de España de paralizar los trámites asociados al ATC. Para el delegado esto supone una «ejecución del mandato» del Gobierno de Pedro Sánchez para «hacer bien las cosas y no hacerlas improvisadas» ya que, a su juicio, el proyecto empezó «la casa por el tejado«.

De esta forma, González Ramos ha señalado que se decidió el sitio de ubicación «sin cumplir posiblemente las condiciones que debe reunir» tanto en «previsión de residuos nucleares futuros en función de la estrategia energética del Gobierno», como de la «idoneidad de los propios terrenos», algo para lo que se hacen evaluaciones de impacto ambiental «que no estaban hechas». En relación al presupuesto que iba a ser destinado para la construcción del ATC, el delegado del Gobierno central en la región ha destacado que era un presupuesto de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) «específico para gestionar residuos nucleares».

Para González Ramos «no era de recibo» que el Gobierno anterior «vendiese un presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Castilla-La Mancha multimillonario», pero que «140 millones de euros se los llevaba el ATC» y por tanto «no iba para Castilla-La Mancha» sino para «mejorar deficiencias» en la región. «Era un engaño como hemos vivido ahora. El presupuesto quitando esos 140 millones se va a quedar, desgraciadamente, en un porcentaje pésimo», ha finalizado.

El PP reclama que Ribera comparezca este verano en el Congreso mientras Izquierda Unida pide la paralización definitiva del ATC

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Europa Press.- Mientras Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno que la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) «se paralice definitivamente» y no temporalmente, desde el PP reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para informar acerca de su decisión de paralizar la tramitación del ATC.

El Gobierno explicó que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El Ministerio explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual». Con el objetivo de que la presencia de la ministra en la Cámara baja se produzca durante el verano, el primer partido de la oposición ha pedido que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, para debatir su petición.

El portavoz de los populares en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ya había adelantado la intención de su partido de solicitar esta comparecencia. Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando existe en el Congreso una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión.

También acusó a Ribera de «hurtar al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado 11 de julio, cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

Izquierda Unida pide el final

Por su parte, Izquierda Unida exige que el ATC «se paralice definitivamente» en una iniciativa firmada por su coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, Eva García Sempere, que define la decisión del Gobierno sobre el ATC como «propagandística» y señala que se trata de una medida «publicitada a bombo y platillo» por el equipo de Pedro Sánchez, pero sin consecuencias. «De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para analizar con cierto detalle la situación«, critica IU en el texto registrado.

García Sempere argumenta, en este sentido, que «si la solución que se ofrece es temporal» habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares españolas ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde almacenar provisionalmente los residuos que producen, o los tienen en construcción. A su juicio, construir el ATC sería «duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria», por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

Frente a otras versiones, aclara también que «tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012″.

García Sempere desmonta también en la iniciativa otro de los «falsos» argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación del almacenes nucleares. «El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona», apunta. La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.

Piden Ley de Residuos Radiactivos

Por otro lado, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera «acertada» la decisión del Gobierno de no proseguir con la tramitación del ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radioactivos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de este tipo de residuos generados por las centrales nucleares. El presidente del ICOG, Manuel Regueiro, ha reiterado la posición que ha mantenido el Colegio desde el inicio, cuando la elección de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento «no tuvo en cuenta debidamente la variable geológica».

«En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos», explica Regueiro, que considera fundamental conocer de antemano una evaluación de riesgos, debiendo descartarse áreas con «riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción». Para garantizar esas condiciones de seguridad, Regueiro opina que quizá no es «suficiente» con el actual marco regulador, por lo que ha planteado la necesidad de sacar adelante una Ley de Residuos Radiactivos que así lo establezca. «Los demás residuos tienen su ley que regula cómo deben gestionarse», apunta.

Asimismo, el Colegio de Geólogos está de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica en «actualizar» el Plan General de Residuos Radiactivos, que desde 2006 no se ha vuelto a revisar. En líneas generales, Regueiro afirma que «debe abrirse un debate que permita establecer un gran acuerdo de todas las partes, incluyendo a la sociedad civil, para una estrategia de gestión de los residuos radiactivos, la cual no debe olvidarse de buscar una solución final».

En su apuesta por la geoética, el ICOG apunta que deberían mantenerse activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos que, «inexorablemente pasa por el almacenamiento geológico profundo». «Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad», concluye Manuel Regueiro.

El Gobierno paraliza los trámites del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas para planificar primero su política energética

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Europa Press.- El Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC), proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, para «analizar con cierto detalle la situación». El Ministerio para la Transición Ecológica vincula esta decisión a que aún diseña su estrategia energética para la próxima década.

Así se lo ha indicado el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, en una carta remitida el pasado 5 de julio y facilitada por este departamento ministerial. En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, quiere expresar su «deseo» de poder analizar «con cierto detalle la situación«.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. «Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual«, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

Fuentes del CSN han recordado que el organismo aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha. A lo largo del proceso ha habido diversos pronunciamientos de los tribunales en relación a aspectos que facilitaban o entorpecían la construcción del almacén.

Ecologistas exigen el cierre nuclear

Por su parte, las organizaciones ecologistas han aplaudido la decisión del Gobierno y han insistido en que se elabore un plan de cierre de las centrales nucleares. Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, esta decisión del Ejecutivo es una «muy buena noticia». «Nos parece un despropósito esta instalación porque no está resuelto ni está decidido qué va a pasar con los residuos nucleares y cuándo se van a dejar de producir». Además, critica el ATC porque, a su juicio, el emplazamiento elegido era «pésimo desde un punto de vista geológico», lo que ha estado provocando «los retrasos y el tremendo sobrecoste» que estaba teniendo el proyecto.

Aun así, Segura apunta que no vale con paralizar los trámites del ATC, sino que hay que acometer un plan de cierre de las centrales nucleares. En su opinión, el desmantelamiento es «factible» con los actuales Almacenes Temporales Individualizados (ATI) que se están construyendo en cada una de las centrales para depositar los residuos. «En todo caso, habrá que sentarse y ver cuántos residuos se van a producir para ver qué hacer con ellos, esa sería la dinámica ahora», añadió.

Para Greenpeace la decisión del Ministerio es «de sentido común». «El cementerio ni se puede ni se debe construir, y menos con la cantidad de irregularidades que tenía encima, con lo cual la decisión más sensata es paralizarlo y poder evaluar realmente si era necesario o no», afirma el jefe del área de Energía de la ONG, José Luis García.

¿Cuántos residuos más se producirán?

El portavoz apunta que antes de tomar una decisión sobre la construcción de un ATC, es «fundamental» conocer el futuro de las centrales nucleares, cuyo cierre considera «fundamental» pues «no se puede construir un cementerio sin saber cuántos residuos va a albergar y para saber esto hay que saber cuántos se van a producir«. Así, añade que mientras esa decisión no se haya tomado, construir un depósito de residuos sería como «empezar la casa por el tejado», suponiendo que el ATC fuese una solución, «que no lo es» para García.

También Amigos de la Tierra considera «positivo» este anuncio del Gobierno central de paralizar el ATC. Tal y como recuerda la responsable del área de Residuos de la organización, Alodia Pérez, los residuos nucleares solo pueden ser confinados y son «muy peligrosos», es decir, se trata de una «tecnología absurda e ilógica». Pérez insiste en que no se produzcan más residuos, que son generados por las centrales nucleares, mientras que a nivel energético piden un mix basado en energías renovables.

El responsable de Cambio Climático de SEO/BirdLife, David Howell, no se muestra en contra de que se construya un ATC, pues «en algún lado hay que almacenar esos residuos enormemente peligrosos». Pero sí pide «debate público» para tomar una decisión sobre el tema, pues reclama que, cuando llegue el momento de decidir dónde ubicar un almacén central, haya una evaluación medioambiental sobre su impacto. Al igual que el resto de organizaciones, SEO/BirdLife apoya un cierre programado de las centrales cuando lleguen al final de su vida útil. «Impiden la entrada de las energías renovables, que si se consideran una opción más segura y enormemente menos costosa que la nuclear», agrega.

Castilla-La Mancha pide al Gobierno que retire el recurso contra la protección ambiental que permitiría impedir la construcción del ATC

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Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la región para paralizar la protección del espacio natural que rodea la laguna del Hito.

Esta petición ha venido de la mano del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que espera que la «sintonía» que ha transmitido el Gobierno central en materia de energías al Gobierno de Castilla-La Mancha, «que apuesta por un modelo renovable y sostenible, contrario a la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares», ayude a la toma de decisión de que «no es necesario» construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares «en ningún lugar», menos en Villar de Cañas (Cuenca).

Dicho esto, el consejero ha avanzado que se van a iniciar los trabajos con el Ministerio en relación a esta cuestión «para intentar llegar a un compromiso que sea positivo para todos«.

«Estamos en proceso de conversaciones» con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que ha agradecido su «predisposición al diálogo», cosa que «no ocurría» con el anterior Gobierno. «La ministra sabe de la materia y tiene intención de colaborar y ayudar y está dispuesta a trabajar con las comunidades autónomas», ha espetado.

Así, ha confiado en que mientras se producen estas conversaciones y, teniendo en cuenta que ha cambiado el Gobierno en nuestro país, «no se tomen decisiones que puedan ser incluso contrarias a los planteamientos del Gobierno central en este momento». «No parecería lógico», ha avisado tras ser preguntado sobre la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) toma alguna decisión al respecto mientras se producen esas conversaciones con el Gobierno central.

Unanimidad en el Congreso para pedir un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares y soluciones urgentes para el ATC

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso reclamó por unanimidad al Gobierno un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Además, le exige soluciones urgentes para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Estas medidas se incluyen en un dictamen acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para analizar las actividades realizadas por el CSN durante 2016. Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales. El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medioambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.

En el texto, se habla concretamente de la planta de Garoña, cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado ante su cierre definitivo, y ha instado al Gobierno a impedir que esta instalación se convierta en un centro de alojamiento permanente de residuos y a elaborar un plan de desarrollo de la comarca, situada en el norte de la provincia de Burgos, para paliar las futuras pérdidas económicas. Pero, además, la comisión ha instado al CSN a hacer informes de seguimiento de las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.

Sobre este tema se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien ha mostrado su preocupación por el «envejecimiento» de un parque nuclear que, a su juicio, registra «cada vez un mayor número de incidentes«. En este sentido, ha denunciado la «falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación», sobre todo en materia de transparencia y comunicación. «Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva para que se sustituyan por otras fuentes de energía sin que esto tenga consecuencias en el precio de la energía o en las emisiones», ha declarado durante su intervención en el debate.

Uralde mostró también su preocupación por el proyecto del ATC y la falta de resolución en esta materia. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama «una solución organizada» al problema del combustible gastado entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo «en el plazo más breve posible» y con el objetivo de clarificar, antes de 3 meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.

También a este tema se refirió la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la necesidad de una planificación, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.

Previsión contra terrorismo y ciberataques

El informe insta además al CSN a informar sobre las necesidades de almacenamiento de residuos en las diferentes centrales nucleares con Almacenes Temporales Individualizados (ATIs). En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar los protocolos de emergencia y contemplar los planes de prevención y actuación ante ataques terroristas. Además, piden mecanismos de difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.

Especial es la mención que se hace a la ciberseguridad en las plantas. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabilidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia para establecer mecanismos de mejora y a reforzar las medidas de ciberseguridad para todas las instalaciones nucleares.

Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas prácticas internas del CSN, comenzando por la elección de sus miembros. El informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado «con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando su capacidad de liderazgo y exigiendo elevadas y reconocidas aptitudes técnicas«. El texto también exige que no se prorrogue «en ningún caso» el mandato del «actual y reprobado presidente del CSN» que expira el 28 de diciembre.

También Rodríguez, ha mostrado su «preocupación» en este aspecto, y, en concreto, por «los problemas de gestión de personal del CSN», así como la falta de independencia del Consejo. «Seguimos reclamando que el nombramiento de los miembros se haga de otra manera y no a dedo por algunos partidos políticos«, ha denunciado. Finalmente, el dictamen exige también explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdonba), entre otras medidas.

La mayoría de los grupos han coincidido en criticar la falta de compromiso del CSN ya que, según han apuntado, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y no se llegaron a cumplir. Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador, quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Así ha mostrado su «decepción» con el presidente del Consejo. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal, para quien esta falta de rigor «pone en cuestión» al organismo; y el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, para quien «habría que distribuir responsabilidades» por esta actitud.

Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que la actualización del plan de residuos se produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo «no siempre haya atendido» a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.

Por parte del PP, su portavoz, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que su formación «jamás» va a poner en cuestión la objetividad del Consejo debido a la «enorme responsabilidad» y «sensibilidad social» que supone la seguridad nuclear. Por eso quiso separar la ponencia de «cuestiones ideológicas» y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.