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APPA advierte de que España no cumplirá los objetivos sobre clima y renovables para 2030 si no mejora la regulación

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Redacción / Agencias.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) advierte de que, de seguir con las políticas energéticas actuales, no se cumplirán los objetivos sobre clima y energía para 2030 a los que España se ha comprometido con las autoridades europeas, por lo que la asociación subrayó la necesidad de mejorar el marco regulatorio del sector.

A pesar de que el acuerdo alcanzado en la Cumbre de París para combatir el cambio climático les hace ser «optimistas», el presidente de APPA, José Miguel Villarig, ha denunciado que la legislación española «pone las cosas difíciles» a muchas de las empresas que apuestan por las renovables. En este sentido, Villarig ha puesto de manifiesto la «falta de estabilidad» en la normativa y la «confusión» que acarrea el diseño de las tarifas eléctricas, por lo que pide mejorar la regulación para corregir la «inseguridad jurídica» y que la retribución a las inversiones dure toda la vida del proyecto, o de lo contrario las empresas se ven «indefensas para actuar».

APPA hace referencia al «cambio cada 6 años» de la retribución a las inversiones. Ante la proximidad de 2020, que es el año límite en la Unión Europea para que el porcentaje de renovables cubra un 20% del consumo total de energía, el sector cree que España «no cumplirá sus compromisos» europeos vinculantes en materia medioambiental, excepto que «cambie sustancialmente» la política de energías renovables.

«Nos preocupa que las decisiones se tomen desde la improvisación y con un horizonte que no pase de la legislatura», ha lamentado Villarig, que también pide que se eliminen algunos costes regulados de las tarifas. Por ello, ha reclamado la necesidad de un Gobierno estable con el que negociar cambios en la legislación. «Este es un sector regulado que necesita un horizonte de certeza para desarrollarse, la inestabilidad nos perjudica», ha explicado. Villarig también ha sido crítico con las subastas para la instalación de nueva potencia renovable, en vista a que los resultados de la última «no fueron los deseados», y apuesta por dar un precio fijo al kilovatio hora.

El presidente de la patronal de las renovables ha admitido que algunas empresas del sector «lo están pasando regular o mal» en España. Ha criticado la reforma eléctrica emprendida por el último Gobierno. Villarig también ha comentado que «no es de recibo» que la rentabilidad razonable no se cumple «tal y como está planteada». Para explicarlo, ha señalado que, si no hay cambios, se ha dejado de pagar a las empresas de renovables en tres años casi unos 1.000 millones de euros, de los que espera recuperar casi 400 millones.

Iberdrola y otras 16 compañías abogan por acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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Europa Press.- Iberdrola y otras 16 compañías de diversos sectores presentaron en la Semana del Clima de Nueva York un informe en el que se pone de manifiesto la necesidad de reforzar el papel del sector privado para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos por Naciones Unidas para el horizonte 2015-2030.

El documento, denominado Future of Spaceship Earth, ha sido coordinado por la consultora internacional DNV GL e incluye predicciones sobre el estado del planeta en las próximas décadas. Ante los diversos retos a los que se enfrenta el mundo, el informe aboga por cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una llamada a todos los países y a todo tipo de organizaciones e instituciones para abordar los principales desafíos medioambientales, sociales y económicos que amenazan el futuro del planeta.

Las empresas juegan un papel esencial en el logro de las metas fijadas en los 17 objetivos. Por esta razón, cada una de las compañías participantes en el proyecto ha elaborado un capítulo dedicado a uno de ellos. El liderazgo de Iberdrola en la lucha contra el cambio climático se ha reflejado en el capítulo sobre Acción Climática (ODS 13).

Estas reflexiones incluidas en el informe muestran una parte importante de la aportación que las empresas pueden hacer para liderar este reto, poniéndose además de manifiesto que, mientras se ha avanzado para alcanzar muchos de estos objetivos, el progreso no es lo suficientemente rápido y tendrá un coste medioambiental inaceptable. Un año después del lanzamiento de los ODS, las empresas, gobiernos, organizaciones y la sociedad han comenzado a trabajar de forma conjunta para lograr estas metas. Sin embargo, la magnitud del reto es tan urgente que se precisan acciones inmediatas.

Para ello, 17 compañías globales que han hecho grandes progresos en el cumplimiento de las metas, explican en el documento cómo están implementando medidas a través de la innovación y los cambios en sus modelos de negocio. En el caso de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, ha incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su estrategia empresarial y a su política de sostenibilidad, y es un referente por su contribución directa a los objetivos globales, destacando sus aportaciones en el campo de la energía y el cambio climático.

El director de Cambio Climático de Iberdrola, Gonzalo Sáenz de Miera, abogó por trasladar al conjunto de la economía una señal fuerte del precio del carbono, la herramienta más eficiente para cumplir los objetivos climáticos y ambientales definidos en el Acuerdo de París. Asimismo, ha destacado que la lucha contra el cambio climático crea valor para sus accionistas y otros grupos de interés. Según Sáenz de Miera, «la receta es simple: más energía limpia, más capacidad de almacenamiento, suficiente capacidad energética de respaldo, más redes inteligentes y más digitalización». «A través de una mayor electrificación de la economía global, lograremos los objetivos de cambio climático a su debido tiempo«, concluyó.

Una docena de ciudades se comprometen con Greenpeace a reducir al 50% las emisiones del transporte para 2030

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Europa Press / Servimedia.– Una docena de grandes ciudades españolas se han comprometido con Greenpeace a reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero causados por la movilidad urbana y metropolitana para el año 2030, según comunicó Greenpeace en vísperas del comienzo de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre.

Este compromiso es el resultado de unas negociaciones llevadas a cabo con algunos Ayuntamientos y, de cumplirse, supondría un cambio radical en la forma de desplazarse en las urbes, según Greenpeace, que añade que, entre los firmantes de este acuerdo figuran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Bilbao, pero también otras como La Coruña, Oviedo, León y Santiago de Compostela. La organización ecologista también está en conversaciones con otras ciudades como Palma de Mallorca y Cádiz, y confía en que el resto de municipios de más de 50.000 habitantes se vayan sumando en las próximas semanas a esta iniciativa, que busca poner en marcha medidas encaminadas a que el vehículo privado deje de ser el dueño de las calles.

De este modo, las ciudades se comprometen a reorientar sus políticas de movilidad y los planes de urbanismo que se apliquen en los municipios ya que la iniciativa tiene por objetivo mejorar la situación detectada por Greenpeace y marcar el camino a seguir hasta 2030 para contribuir a los esfuerzos que se derivan del Acuerdo de París mediante un objetivo homogéneo y ambicioso, que sirva de referencia para los Planes de Movilidad, las Estrategias Climáticas, Planes de Calidad del Aire y todos los planes o estrategias que actúen sobre el transporte urbano y metropolitano. Greenpeace denuncia que los objetivos climáticos exigidos en la actualidad al transporte en las ciudades «o no existen o son insuficientes».

A juicio de la organización ecologista, este objetivo de reducción, respecto a los niveles de 2012, «es totalmente viable y alcanzable en un plazo de 14 años», tal y como demuestra el estudio El transporte en las ciudades: un motor sin freno del cambio climático, publicado por Greenpeace hace tres meses. Para lograrlo, considera que tan sólo se requeriría “orientar y dirigir las políticas de movilidad y urbanismo para que se reduzcan, al menos, en un tercio los desplazamientos que actualmente se realizan en coche, aumenten entre un 15 y un 30% la ocupación de todos los medios de transporte motorizados, y se mejore la eficiencia de los vehículos, en parte por una mayor electrificación”.

«Esta meta es relativamente sencilla de alcanzar si existe voluntad política para lograrlo», ha destacado el responsable de la Campaña de Transporte de Greenpeace, Mariano González, que señala que la movilidad urbana genera el 10% de las emisiones totales en España y subraya que, de reducir el tráfico, se aumentaría «significativamente la calidad de vida en las ciudades al disminuir las 33.000 personas que cada año fallecen prematuramente en España como consecuencia de la contaminación».

“Además más de 73.000 personas sufrieron un accidente de tráfico en vía urbana, y este número podría reducirse significativamente, además de reducir los impactos en causados por el ruido del tráfico. En definitiva, hacer de las ciudades lugares mucho más habitables y saludables», ha añadido González. Por otro lado, con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, Greenpeace llevará a cabo diferentes actividades en numerosas ciudades de España entre los que destacan los actos del día 16 de septiembre, cuando se celebrará el Park(ing) Day, y del día 22, cuando tendrá lugar el Día sin Coches.

Brasil ratifica el Acuerdo de París contra el cambio climático y compromete un 18% renovable en su mix para 2030

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Europa Press / EFE.- El presidente de Brasil, Michel Temer, firmó la ratificación del Acuerdo Mundial Sobre el Clima, conocido como Acuerdo de París, después de que la semana pasada se unieran dos de los principales contaminantes: Estados Unidos y China. Temer lamentó la alta contaminación de ríos como el Tieté, en Sao Paulo, recordando las aguas «cristalinas» que tenía cuando él era niño.

Temer afirmó que «el compromiso contra el cambio climático en Brasil no es de un gobierno, sino que es una cuestión de Estado». El presidente subrayó más de una vez «no se trata de una cuestión de voluntades de uno u otro Gobierno«, con lo que pareció aludir a la crisis que llevó a la destitución de la ahora expresidenta Dilma Rousseff, durante cuya gestión se prepararon los compromisos que Brasil adoptó en la COP21.

«Esperamos que el ejemplo de Brasil en la rapidez de la aprobación y ratificación del acuerdo sea seguido por todos los países, en particular aquéllos que tienen una dimensión económica más importante», apuntó el ministro de Medio Ambiente, Sarney Filho. Con la firma de este acuerdo, Brasil se compromete formalmente a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 37% para 2025 y en un 43% para 2030 en relación con las emisiones de 2005. Con la ratificación, Brasil también se compromete a incrementar el porcentaje de energía sostenible en su mix energético hasta el 18% hasta el 2030, a reforestar 12 millones de hectáreas y a frenar la deforestación de la Amazonía.

Durante la conferencia internacional de París, 200 países se comprometieron con el acuerdo sobre clima para reducir los gases de efecto invernadero y mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados Celsius. Unos 180 países lo han firmado, pero para que entre en vigor deben ratificarlo al menos 55 estados que sumen el 55% de las emisiones globales. Antes que China y Estados Unidos, ya lo habían confirmado otras 23 naciones, que representan un 1,08%.

Las grandes ciudades del G20 se comprometen contra el cambio climático

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EFE.- 30 de las mayores metrópolis del G20 se comprometen a luchar localmente contra el cambio climático y cumplir los objetivos fijados en la pasada cumbre de París (COP21), cuyo acuerdo sigue sin ser ratificado, en una tribuna firmada por los 30 alcaldes y publicada en el diario Le Monde.

Con motivo de la cumbre del G20 en la ciudad china de Hangzhou, 30 de las 85 urbes movilizadas por el clima bajo el nombre C40 urgen a los Gobiernos mundiales a comprometerse también a nivel nacional para «construir un mundo con bajas emisiones de CO2 y un futuro climático seguro». El texto aplaude el «despliegue sin precedentes de solidaridad mundial y de compromiso» de la COP21, aunque señala que «solo es el primer paso en el largo camino de reducción de emisiones de CO2, única garantía de la sostenibilidad del clima». Para limitar el calentamiento global a 1,5º C por encima de los niveles preindustriales, los gases de efecto invernadero deben alcanzar su máximo en 2020, afirma el artículo.

Los alcaldes piden a los dirigentes del G20 que cuenten con ellos como sus «aliados más poderosos» e indican que las grandes urbes a su cargo ya se enfrentan a los efectos del cambio climático en forma de inundaciones, olas de calor, sequías o contaminación del aire. Considerándose parte esencial de la solución al problema, algunos no han esperado a inaugurar flotas de autobuses públicos 100% eléctricos, cerrar los centros urbanos al tráfico de los vehículos más contaminantes o modernizar miles de edificios para hacerlos energéticamente eficientes. Los que han desarrollado estas iniciativas constatan ahora «importantes beneficios» como la mejora de la salud pública y de la calidad del aire, así como un mayor crecimiento económico y una «mayor igualdad».

Aseguran que cuanto antes se evolucione hacia una economía baja en CO2, mayor será el progreso en la calidad de vida de los ciudadanos, y más sólido y sostenible será el desarrollo económico que hace todo ello posible. Anne Hidalgo, alcaldesa de París y presidenta del C40 desde agosto, encabeza la larga lista de alcaldes signatarios, entre los que se encuentran los de Nueva York, Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro o Londres. Muchos de los firmantes son también miembros del Pacto de los Alcaldes y del nuevo Convenio mundial de alcaldes por el clima y la energía.

Teresa Ribera reclama que España recupere una agenda de descarbonización energética para cumplir los objetivos comunitarios de reducción de emisiones

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EFE.- La directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de Francia, Teresa Ribera, considera que «España debe recuperar la agenda de la descarbonización energética», ahora que la Comisión Europea anunció su propuesta de reducción de emisiones de CO2.

Ribera, ex secretaria de Estado de Cambio Climático con el PSOE, ha señalado que la propuesta de la Comisión Europea de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para España de un 26% es «seria», aunque está «por debajo de lo que se necesita y por debajo de lo que se esperaba«. Según Ribera, está por debajo de los que se necesita porque la Unión Europea ha asumido en París (COP21) una senda complicada en la que es importante ir marcando unos objetivos en el tiempo porque el mundo avanza a una «descarbonización de la economía» y la senda que propone la Comisión Europea es «como bien definía el comisario Arias Cañete en su intervención, realista más que ambiciosa«.

Para España, supone que hay que recuperar la agenda de un proceso de descarbonización del sistema energético en su conjunto, es decir, replantearse muy seriamente las opciones y propuesta de movilidad, el paquete de eficiencia energética y renovables y un sistema fiscal que incentive todo este cambio. Además, explicó, en la propuesta se introduce una referencia a las denominadas «actividades LULUCF» o posibilidad de descontar emisiones por actividad de cambios de uso del suelo, lo que facilita los procesos de descarbonización de los sistema agrarios, algo que en principio se había dejado fuera. Se trata, indicó, de «un incentivo interesante» en el contexto de la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se empezará a abordar en 2017.

La directora del IDDRI ha insistido en que se trata de una «propuesta seria», una declaración política y que «ahora, además de negociarse y aprobarse, necesita un papel legislativo importantísimo». «Las cifras que se han anunciado son las del reparto del esfuerzo en los sectores no incluidos en el sistema de comercio de derechos de emisión, que requiere una transformación de cuatro sectores: transporte y movilidad, vivienda (consumos de los ciudadanos y sector residencia), residuos y el sector agrario, donde habrá que poner en práctica cambios muy importantes», remarcó Ribera.

Para la Comisión Juncker, que calificó de «anodina», requerirá de un paquete normativo que debe marcar la agenda del curso 2016-17 y supone una oportunidad para el desarrollo de medidas regulatorias de gran calado que marcarán el perfil de la competitividad, de la innovación, del bienestar y la relación con la energía de los ciudadanos europeos en los próximos años.

Competencia defiende una transición energética hacia las renovables «ordenada» y no mediante su «introducción de golpe» que hundiría la competitividad

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Europa Press / EFE.- La vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández Pérez, confía en que el futuro energético «va a ser muchísimo mejor siempre y cuando» no se vuelva a repetir problemas del pasado, como el déficit tarifario, y ha abogado por aprovechar la transición en el sector hacia las energías renovables, pero advirtiendo de que ésta debe ser «ordenada» y no una «terapia de choque».

En un momento «crucial» en el ámbito energético, la vicepresidenta de la CNMC ha considerado «necesario» contar con un «programa de transición» para que este proceso se lleve a cabo de forma «ordenada» y en el que se garantice la «sostenibilidad» medioambiental del sistema, su «competitividad económica» y la «seguridad» del suministro. Y es que ha advertido que una integración de las renovables no transitoria, no ordenada y «de golpe» puede provocar un hundimiento de la competitividad debido a que su precio es aún «excesivo» y a que no tiene la flexibilidad o capacidad para asegurar la seguridad del suministro.

Además, aludiendo al «sobreprecio» que se paga a las renovables, apuntó que integrar todas las renovables ahora supondría pagar un precio de inversión «mucho más alto» que el que se podría pagar dentro de «cinco o seis años» e incluso no «incentivar la inversión». Por ello, abogó por «dejar que la propia tecnología vaya innovando«, como ha pasado con la fotovoltaica. Y es que, para Fernández, «lo que no puede hacer el regulador» es «paralizar la innovación» en desarrollar las tecnologías. La vicepresidenta de la CNMC resaltó la necesidad de realizar «análisis económicos», «normativos» y «presupuestarios» sobre el modo y las distintas medidas para llegar a cabo la transición energética.

A su juicio, va a haber «tres elementos cruciales» que van a condicionar lo que se vaya a hacer en el sector de cara al futuro: los acuerdos y compromisos alcanzados, como el COP21 aprobado a finales de 2015 en la Cumbre de París; las políticas en el sector que introduzca el nuevo Gobierno que se conforme, y el hecho de haber «conseguido», en su opinión, la «estabilidad económica» y «financiera» en el sistema español desde hace un par de años. Según reivindicó, este logro es «esencial para mirar el futuro», con expectativa incluso de superávits. «No se puede hacer absolutamente nada cuando uno tiene inestabilidad económica e inestabilidad financiera en el sistema», aseveró Fernández.

La vicepresidenta de la CNMC cree que, de cara al futuro, se debe «intentar bajar el precio de la tarifa regulada». «Hay que ir bajando la factura del consumidor final», apuntó Fernández, ya que de ello depende la competitividad de la economía. Precisamente, la directiva de la CNMC opina que en este futuro del sector energético el consumidor debe jugar un «papel activo» y sus necesidades deben ser atendidas. Fernández resaltó el papel del consumidor en el ahorro energético, que, según indicó, es la «principal vía» para ser «medioambientalmente sostenibles». También aludió a la importancia de ir introduciendo el vehículo eléctrico, algo que, a su juicio requerirá igualmente una transición.

En la clausura, la vicepresidenta de la CNMC también ha llamado la atención sobre la marcha de la evolución del sector energético respecto a otros, como el de las telecomunicaciones, y ha opinado que el primero va «un tanto atrás». De hecho, a su juicio, no ha sido hasta el pasado año o el actual cuando el sector energético, cuya importancia ha resaltado para el desarrollo económico del país, ha entrado en el siglo XXI. De cara al futuro, Fernández también calificó como «crucial» garantizar el acceso a la energía y hacer frente al problema de la pobreza energética, en el que, en su opinión, deben «involucrarse todas» las administraciones.

A ese asunto también se ha referido, en el mismo acto, el presidente y CEO de Viesgo, Miguel Antoñanzas, quien ha defendido que la energía es un «bien esencial» y ha opinado que la electricidad es, en estos momentos, la «puerta de entrada a la sociedad del bienestar». Respecto al futuro, el presidente de Viesgo ha opinado que puede estar, entre otros aspectos, en la descarbonización y en las energías renovables. Además, ha considerado que para este futuro, la regulación es «clave» y ha reconocido que el tema de la financiación de la energía va a ser una cuestión «difícil».

Por su parte, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, llamó la atención sobre la «nula» capacidad que tienen los ayuntamientos, a nivel nacional, en materia energética. Recordó que, además de no tener competencia en este ámbito, los ayuntamientos no tienen «voz» ni «ninguna interlocución» en «ningún órgano» o foro en este campo, limitándose solo al papel de consumidor.

El alcalde ha opinado que en el campo de la energía hay «mucho por hacer» y, al respecto, ha aludido al acuerdo del COP21 y también al proceso que hay abierto para que el acuerdo alcanzado por 7.000 alcaldes europeos de cumplir con unos compromisos «muy exigentes» de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 se «expanda a nivel global«. El resto de su intervención estuvo centrada, en gran parte, en explicar los pasos de la capital cántabra para convertirse en una ciudad inteligente en la gestión de sus servicios y también en qué medidas se están tomando en favor de la eficiencia energética.

Viesgo apuesta por las energías renovables, la electrificación de la economía y la innovación

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EFE / Europa Press.– El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha dicho que la transformación del modelo energético requiere la «electrificación» de la economía, con una apuesta por esta energía en detrimento del carbón, y el impulso de las renovables, de la innovación y del desarrollo de infraestructuras “inteligentes”. El presidente de Viesgo lo ve conveniente para que se puedan cumplir los compromisos de reducción de emisiones y renovables de la Cumbre del Clima de París (COP21) y asevera que las energías solar y eólica son “el camino del futuro”.

«Nos enfrentamos a un proceso de transformación del mercado energético. Y París marca el camino, y todos aceptamos que va en serio», ha afirmado Antoñanzas, en referencia a los compromisos de la Cumbre del Clima. A su juicio, la única forma «de descarbonizar el medioambiente» es con la electrificación de la economía, que «exige» más fuentes renovables y más almacenamiento. «Y creo que esta vez todos aceptamos que va en serio, como también iba en serio Kioto, a pesar de que los países firmantes sólo representaban el 15% de las emisiones totales», ha destacado Antoñanzas.

El presidente de Viesgo recalcó que es fundamental «tener unas redes cada vez más inteligentes» y, en este sentido, se refirió a algunos de los logros de su compañía, que tiene «la mayor penetración de renovables» de España y que tiene un 100% de red «digitalizada», con el despliegue de los contadores electrónicos. Antoñanzas cree que el futuro de España y de Europa pasa por la electrificación para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones e insistió en la importancia de la innovación, de las renovables y de las infraestructuras para hacer frente a la oferta y la demanda «con mayor protagonismo de los consumidores«.

Por otro lado, Antoñanzas considera que es «relativamente fácil» la labor de retirar «mucha capacidad convencional térmica y nuclear». «Lo difícil es que por cada megavatio que retiremos tendremos que instalar dos megavatios de renovables», precisó Antoñanzas, que ha añadido que en el proceso de electrificación de la economía y la «mayor» presencia de las renovables es «fundamental tener unas redes cada vez más inteligentes que den respuesta, también, a esa participación del consumidor». Finalmente, Antoñanzas señaló que la reforma energética «no ha sido fácil», pero que la «viabilidad» del futuro del sistema energético «está basada en el trabajo hecho».

Antoñanzas (Viesgo) apunta a la electricidad como la “única” solución energética para eliminar las emisiones

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EFE.- El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha abogado por «electrificar la economía» como la «única» manera de eliminar las emisiones de efecto invernadero, y reclama «más innovación» para dar una respuesta «inteligente» a la integración de toda la nueva demanda que está asumiendo el sistema.

Antoñanzas expuso los desafíos y oportunidades del panorama energético nacional e internacional y resaltó la importancia del acuerdo alcanzado en la cumbre de París a finales de 2015 por 195 países y que considera que tuvo «un resultado sin precedentes». Entre los logros destacó que se encuentran la adhesión al acuerdo de los dos grandes emisores de gases de efecto invernadero del mundo, Estados Unidos y China, y que el pacto cubre más del 95% de las emisiones globales, y no sólo el 15% que cubría Kioto, según apuntó Viesgo.

Antoñanzas señaló también que tras la Cumbre de París se ha emprendido con paso firme el camino hacia la descarbonización de la economía, lo que pasa «por una mayor electrificación». «El despliegue de las tecnologías renovables, la electrificación de la economía y el desarrollo de las redes e infraestructuras eléctricas son los retos principales a los que nos enfrentamos», indicó.

El presidente de Viesgo apostó, además, por «más» innovación y afirmó que los clientes «adquirirán cada vez un mayor protagonismo en la transformación del modelo energético», por lo que ha apuntado a una evolución en las empresas hacia el mundo digital. «Nos hemos adelantado a los requisitos regulatorios y ya somos 100% digitales», destacó Antoñanzas en referencia a los avances puestos en marcha por Viesgo. Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, abogó por que la Unión Europea ponga en marcha un programa de inversiones en renovables.

Bruselas abre convocatoria para invertir 600 millones de euros en proyectos de interconexión energética en la Unión Europea

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea lanza una nueva convocatoria hasta el 8 de noviembre para invertir hasta 600 millones de euros en proyectos de interconexiones energéticas transfronterizas en la Unión Europea para contribuir al objetivo de la creación de una Unión Energética. Bruselas ya ha avanzado que dará prioridad a los proyectos con interés común, que refuercen la seguridad de suministro europea en su conjunto, contribuyan a aumentar la competitividad y a la protección medioambiental. Los proyectos seleccionados se conocerán en marzo de 2017.

Bruselas espera que, una vez finalizados, los proyectos financiados contribuyan a la finalización del mercado energético interno de la Unión Europea y creen una Unión Energética resistente con políticas que aborden el cambio climático. Las propuestas seleccionadas serán, según la Comisión Europea, los pilares sobre los que se cimente la transformación energética, y ayudarán a conectar las infraestructuras vigentes mientras se aportan «beneficios significativos en la economía y el clima».

«Las interconexiones energéticas transfronterizas están en el centro de la Unión Energética. Nos hacen más fuertes en la Unión Europea», ha explicado el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la Unión Energética, Maros Sefcovic, que ha explicado que los fondos europeos también permitirán «nuevas oportunidades de inversión para infraestructuras energéticas más limpias e inteligentes». El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, agregó por su parte que «la Comisión está comprometida en apoyar» la transición hacia una energía limpia e invertir «donde es necesario». «El acuerdo de París envía una señal clara de que la transición hacia la energía limpia está aquí para quedarse», ha explicado, subrayando los beneficios «significativos» tanto para la economía como el clima.

Se trata de la segunda y última convocatoria que la Comisión Europea lanza durante este año para el sector energético en el marco de los fondos CEF, desde los que en total se destinarán 800 millones de euros en ayudas a iniciativas energéticas, recordó el Ejecutivo comunitario, que prevé destinar 5.350 millones de euros para proyectos energéticos de aquí al 2020. El CEF es un instrumento de la Unión Europea para proporcionar ayuda financiera a proyectos de interés común de las redes transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y energía. Está dirigido a potenciar las interconexiones y busca reducir la brecha de inversión en Europa para fomentar el crecimiento y el empleo.