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Un estudio universitario recuerda que el uso de aire acondicionado supone utilizar combustibles fósiles para enfriar los edificios

Europa Press.- A medida que el cambio climático continúa presionando las temperaturas del verano, el uso creciente de aire acondicionado en los edificios podría agravar los problemas de un mundo en calentamiento al degradar aún más la calidad del aire y agravar la contaminación del aire en la salud humana, según un nuevo estudio.

En un artículo publicado en un número especial sobre cambio climático de la revista Public Library of Science (PLOS) Medicine, un equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, pronostica hasta mil muertes adicionales por año en el este de Estados Unidos solo debido a los niveles elevados de contaminación del aire impulsados por el mayor uso de combustibles fósiles para enfriar los edificios donde los humanos viven y trabajan. «Lo que descubrimos es que la contaminación del aire empeorará», explica el autor principal del nuevo informe, David Abel, estudiante graduado de UW-Madison en el Centro para la Sustentabilidad y el Medio Ambiente del Instituto Nelson de Estudios Ambientales. «Hay consecuencias para adaptarse al futuro cambio climático».

El análisis combina proyecciones de 5 modelos diferentes para pronosticar un mayor uso de energía durante el verano en un mundo más cálido. Jonathan Patz, profesor de UW-Madison de estudios ambientales y ciencias de la salud, advierte que, si el uso creciente de aire acondicionado debido al cambio climático depende de la energía derivada de los combustibles fósiles, afectará a la calidad del aire. «Las olas de calor aumentan y suben en intensidad con el cambio climático. Tendremos más demanda de refrigeración que requerirá más electricidad. Pero si nuestra nación sigue dependiendo de algunas centrales eléctricas de carbón para obtener electricidad, cada vez que encendamos el aire acondicionado, ensuciaremos el aire, causando más enfermedades e incluso muertes», advierte Jonathan Patz.

La experta en calidad del aire, Tracey Holloway, profesora de Estudios Medioambientales y Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de UW-Madison, señala que el estudio contribuye a comprender los efectos de la adaptación al cambio climático simulando el alcance del uso de combustibles fósiles para enfriar edificios en futuros escenarios de cambio climático. Los edificios son los sumideros de energía más grandes en Estados Unidos, responsables de más del 60% de la demanda de energía en el este de Estados Unidos, el alcance geográfico del estudio. El aire acondicionado es un componente importante de esa demanda eléctrica.

«La calidad del aire es un gran problema para la salud pública», explica, y señala que los aumentos en el ozono a nivel del suelo y partículas finas en el aire (subproductos de la quema de combustibles fósiles y peligros conocidos para la salud humana) serán el resultado de consumo de energía con combustibles fósiles. El estudio pronostica 13.000 muertes humanas adicionales anuales causadas por niveles más altos de partículas finas en el verano y 3.000 causadas por el ozono en Estados Unidos a mediados de siglo. La mayoría de esas muertes serán atribuibles a procesos naturales como la química atmosférica y las emisiones naturales, que se ven afectadas por el incremento de las temperaturas.

Sin embargo, alrededor de 1.000 de esas muertes cada año ocurrirían debido a un mayor aire acondicionado impulsado por combustible fósil. «El cambio climático está aquí y tenemos que adaptarnos. Pero el aire acondicionado y la forma en que usamos la energía proporcionarán una retroalimentación que exacerbará la contaminación del aire a medida que las temperaturas continúen calentándose», apuntó Abel.

Los resultados del nuevo estudio, según el equipo de Wisconsin, subrayan la necesidad de cambiar a fuentes de energía más sostenibles, como la energía eólica y solar, y desplegar más equipos de aire acondicionado que ahorren energía. «La respuesta es energía limpia. Eso es algo que podemos controlar que ayudará tanto al cambio climático como a la contaminación del aire. Si no cambiamos nada, ambos van a empeorar», concluyó Abel.

La Confederación del Transporte y los autónomos de ATA califican de «imprudencia» la posible subida de los impuestos al diesel

Europa Press.- La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) califica de «imprudencia» la posible subida de los impuestos al diésel que estudia el Gobierno y manifestó su «hartazgo» de que desde el Ejecutivo se plantee «de forma periódica» la puesta en marcha de nuevos impuestos que afectan a la actividad del transporte de mercancías por carretera.

Tal como ha explicado la organización, el equiparamiento de la fiscalidad del gasóleo con la de la gasolina equivaldría a una subida de hasta 15 céntimos por litro, lo que repercutiría «de forma negativa» en el conjunto de la economía española, «con una ralentización del crecimiento en el segundo trimestre del año«. «Es difícil de entender por qué el Gobierno se empeña en poner en marcha políticas fiscales que se ceban sobre un sector de actividad, como es el del transporte de mercancías por carretera», han señalado desde la patronal.

Además, la Confederación ha subrayado que el sector no va a aceptar estas nuevas «barreras fiscales», ya que el transporte de mercancías por carretera es una de las actividades económicas que «mayores cargas impositivas soporta«. De esta manera, CETM ha reclamado al Gobierno un trato «equilibrado y justo» ya que el sector genera riqueza y empleo y juega un papel «estratégico como engranaje para el correcto funcionamiento de la industria, el turismo y el comercio».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha alertado de que la subida del impuesto que grava al gasóleo sería «un palo duro» para muchos autónomos que utilizan este carburante como principal materia prima de su actividad. En este sentido, Amor ha asegurado que más de 200.000 autónomos podrían verse afectados por esta medida, lo que preocupa «seriamente» a la asociación, ya que supondría un «importante aumento de los costes que en muchas ocasiones no pueden repercutir y terminan asumiendo». Asimismo, Amor ha pedido a las autoridades que se extienda el gasóleo profesional a otros colectivos como taxistas, repartidores, conductores de ambulancias, agentes comerciales, así como «a aquellos que tienen un vehículos profesional».

Confebus también hace sus reclamaciones

Asimismo, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha reclamado que no se aumente el impuesto sobre el diésel para el transporte profesional y, en especial, para el transporte público de pasajeros por carretera. El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, señaló que esta medida, que pretende impulsar una movilidad más sostenible y eficiente, penalizará al sector del autobús, que inyecta 1.000 millones de euros anuales de media a las arcas públicas. Asimismo, la Confederación recuerda que el autobús contribuye a la disminución de la contaminación causada por el tráfico en las ciudades y carreteras.

Según Confebus, cada autobús puede sustituir entre 14 y 30 vehículos, mientras las emisiones de este tipo de vehículos son seis veces menores que las del automóvil. «Si la promoción del autobús logrará una captación del 20% de los usuarios del coche, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se reducirían en 917.000 toneladas métricas», apunta. Asimismo, Confebus destaca que el uso del autobús ahorra 1.287 millones de litros de combustible. De este modo, concluye que incrementar los impuestos al diésel como estudia el Ejecutivo solo conseguiría incrementar su precio».

Fundación Alternativas pide medidas políticas para acelerar un «cambio histórico» en el sector energético hacia la descarbonización de la economía

Europa Press.- Fundación Alternativas pide medidas políticas para acelerar un «cambio histórico» en el sector energético y avisa de que el progreso tecnológico y económico «lo hacen inevitable». Así lo recoge en su Informe sobre Sostenibilidad en España 2018. Cómo anticiparse a la crisis del cambio climático. Este trabajo repasa la situación de la sostenibilidad en Europa y España y ofrece una serie de recomendaciones para alcanzar un mayor grado de sostenibilidad para combatir el cambio climático.

Mejorar la calidad del aire

«Otro motor importante de la transición puede estar en el lado de la demanda, en la actitud de los consumidores tanto en el uso de la energía como en la inversión en proyectos energéticos», sugiere el informe, que también advierte de que la demanda de energía en el mundo va a seguir creciendo en el futuro, pero según patrones diferentes. Asimismo, el informe pone de manifiesto que España aparece en los primeros puestos de emisiones de contaminantes como SOx, NH3, PM2.5 y COVNM, por lo que urge a la adopción de un plan para mejorar la calidad del aire y la necesidad de acelerar la transformación del sistema energético español.

Aunque señala que hay áreas en las que la Unión Europea está «en el buen camino», como la promoción de las energías renovables o la contaminación del aire, afirma que hay otros en los que está «muy lejos de conseguir sus propósitos«, como la preservación de la biodiversidad, que considera «uno de los grandes olvidados». En cuanto al empleo, el informe advierte de que en algunos sectores, como por ejemplo el del automóvil, las consecuencias de no desarrollar a tiempo políticas industriales de transición adecuadas, pueden tener impactos «significativamente negativos».

La comisión de expertos defiende una subida de impuestos en el sector energético para incluir el coste por daño medioambiental

Europa Press / EFE.- El presidente del grupo de expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, subraya que la fiscalidad es «muy relevante» para dar las señales adecuadas de precios al mercado y ha asegurado que en este momento los impuestos a la energía no internalizan correctamente los daños ambientales. Por ello los expertos defienden una subida de impuestos en el sector energético para que de este modo quede reflejado el coste por daño medioambiental.

El informe servirá de base para la discusión de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sanz ha destacado que la mayoría de los impuestos que gravan la energía no depende de su impacto ambiental. Según añadió Sanz, con esta nueva fiscalidad subirían los precios de la electricidad, el gas y la gasolina, entre otros, porque tal y como sostiene, actualmente la fiscalidad ambiental en estos sectores «es muy baja». El experto ha defendido la necesidad de que los precios sean «volátiles» y que esta subida de impuestos repercuta además en el usuario que consume «en las horas en las que hay una alta probabilidad de agotar las tecnologías de generación firmes disponibles».

«Aunque no guste, ordenará el debate tecnológico», apunta el presidente del Comité, ya que permitirá que surjan nuevas tecnologías más eficientes sin recurrir a decisiones políticas. «Es fundamental trasladar las señales de precio. Estas son las señales correctas», añade respecto a la fiscalidad y a los peajes de acceso. No obstante, advierte de que el aumento de los impuestos «es un problema para la política». «Cuando los precios bajan, ya se encargan los ministros de decirlo y hacerse fotos, pero cuando suben se ponen muy nerviosos, y lo que menos le gusta al Gobierno es que suban, pero en los mercados tienen que subir y bajar». Y añade: «Que haya precios altos es tan bueno como que haya precios bajos«.

Según ha expuesto el presidente de la Comisión, esta reforma fiscal ayudaría también a que se desarrollasen las energías renovables: «La energía renovable ha de ser valorada al coste de la energía fósil a la que sustituye; si la fósil internaliza el daño medioambiental, el valor será mayor y la inversión en renovables será mayor». Sanz ha pedido «prudencia» y «neutralidad» en las inversiones, ya que en el pasado los gobiernos se han equivocado al apostar por tecnologías concretas. En su opinión, con las señales adecuadas de precios, «muchas inversiones se harán solas». «Lo importante es que gane el mejor y el más barato en beneficio de los consumidores», recalcó.

La reforma fiscal que propone este Informe, entregado en abril al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, consiste en la fijación de un tipo impositivo por cada elemento contaminante, es decir, hacer pagar a cada tecnología en función de las emisiones generadas. El documento contempla exenciones a colectivos vulnerables, como aquellos que compiten a nivel internacional, transportistas, agricultores y pescadores, para los que se estudia compensaciones monetarias que sirvan para ir sustituyendo las energías sucias por limpias. El informe propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas y derivados del petróleo).

También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en la gasolina y el gasóleo A). «El principal mensaje del informe es que algunas tecnologías van a ganar y otras se quedarán por el camino», ha comentado el experto, que señala que «está claro que el futuro son las renovables», ya que son «las más eficientes», y para ello habrá que «cambiar hábitos y procedimientos«. El presidente del grupo de expertos ha resaltado que manipular los precios del mercado eléctrico mayorista «lleva a malgastar recursos».

Nadal se compromete a llevar las energías renovables a Baleares «a toda velocidad» a través del refuerzo de la interconexión

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se ha comprometido a «reforzar al máximo» la interconexión energética entre Baleares y la Península para que las islas puedan importar más energía renovable y eficiente y asegura que esto se realizará «a toda velocidad«.

Tras reunirse con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, Nadal explicó que el Ministerio ya trabaja en una «reprogramación» de fondos comunitarios, de manera similar a la que se está tramitando en Canarias, y ha insistido en que el departamento que dirige hará un «esfuerzo redoblado y acelerado» en esas interconexiones. El ministro no quiso hablar de calendarios pero sí de «hitos» y ha precisado que se trata de ir cumpliendo objetivos en la penetración de energías renovables, eliminando progresivamente la energía térmica que, hasta ahora, era el sistema de producción ordinario en Baleares, «empezando por el fuel, el carbón y por último el gas».

Nadal indicó que se irá eliminado, primero, los que tengan más impacto ambiental y sean, por tanto, más contaminantes. En este sentido, el ministro ha añadido que se trata de eliminar el sistema térmico que es medioambientalmente «pernicioso» y económicamente caro. Respecto al presupuesto de esta interconexión, Nadal no quiso hablar de cifras y se ha limitado a decir que se destinará «el máximo» dinero posible dentro de las limitaciones en la aplicación de fondos comunitarios. Asimismo, ha remarcado, que «los proyectos en Baleares son viables y si además se les da un impulso adicional, se estará compensando la insularidad».

Por su parte, la presidenta balear ha valorado el compromiso del Ministerio de Energía de «mejorar» las interconexiones y «acelerarlas de forma clara» a través de reuniones que permitan «lo mas rápido posible» cerrar la central Es Murterar (Mallorca), que funciona con fuel oil, y las de carbón. Armengol también ha presentado al ministro la ley de Cambio Climático que se tramita en las islas.

La futura normativa balear se marca el objetivo de llegar al 2050 con cero emisiones y prevé actuaciones como el cierre de Es Murterar en un plazo de 7 años. Además, la ley contempla la instalación de placas solares en los grandes aparcamientos de más de 1.000 metros cuadrados, nuevos edificios y naves industriales y la prohibición de entrada de vehículos diesel en Baleares a partir de 2025 y los de gasolina en 2035, en una apuesta por los coches eléctricos. Para ello se están invirtiendo 14 millones en puntos de recarga eléctrica, lo que sitúa a Baleares en el territorio español con más puntos de recarga de este tipo.

La presidenta balear también se ha referido a la decisión del Ministerio de ayudar a los productores de renovables en la comunidad balear tras la «reprogramación» de los fondos Feder. A su juicio, esto puede animar a los empresarios a apostar por las energías renovables, que son «muy bien vistas» por el Gobierno autonómico y tienen «todas las facilidades» para implantarse. En definitiva, Armengol ha considerado que la reunión ha sido «muy fructífera» con objetivos compartidos. Eso sí, Armengol ha insistido en la apuesta por emergías limpias y demanda que se haga de forma rápida pero también «segura y coordinada» en cooperación con el Ministerio.

Un 5,4% de la recaudación fiscal de España en 2016 provino de impuestos medioambientales, por debajo de la media europea

Europa Press.- España recaudó un 5,4% por impuestos medioambientales en 2016, por encima de Alemania (4,6%) y Francia (4,7%), pero por debajo del 6,1% que registra la media de los 28 países de la Unión Europea, según un análisis del IEE a partir de datos de Eurostat.

Entre los impuestos medioambientales destacan los impuestos sobre la energía, que suponen casi un 77% del total, mientras que los impuestos sobre el transporte aportan algo menos del 20% y los que gravan la contaminación y la utilización de recursos alcanzan en torno al 3,4%. En 2016 los impuestos medioambientales alcanzaron una recaudación media del 6,1% sobre el total de ingresos fiscales en la Unión Europea. No obstante, la Unión Europea pretende potenciar la recaudación de los impuestos medioambientales con el fin de lograr una utilización eficiente de los recursos.

De hecho, en 2016 la recaudación de los impuestos medioambientales superó en algunos países el 10% del total de ingresos fiscales. Letonia ocupa el primer lugar, con un 11,6%, y Eslovenia, el segundo, con un 10,5%. Bulgaria, Croacia, Grecia y Rumania se situaron en el entorno del 9%, en tanto que Chipre, Estonia, Países Bajos, Dinamarca, Malta e Italia superaron el 8%, De su lado, Polonia (7,9%) e Irlanda (7,7%) se quedaron levemente por debajo.

En Finlandia, Portugal, Hungría y el Reino Unido los impuestos medioambientales aportan un 7% de la recaudación, y por debajo del promedio comunitario se sitúan un total de 8 países: Eslovaquia (5,6%), Austria (5,5%), España (5,4%), Suecia (5%), Bélgica y Francia (4,7%), Alemania (4,6%) y Luxemburgo (4,4%). De esta forma, la recaudación por impuestos medioambientales en España se sitúa por debajo de la media europea, pero supera a 5 países.

Las furgonetas eléctricas comienzan a ser una alternativa en precios al vehículo convencional para avanzar hacia la descarbonización del transporte

Europa Press.- Las furgonetas son las responsables del 12% del total de las emisiones del transporte en carretera, según un estudio de la consultora CE Delft, que explica que el actual estándar para este tipo de vehículos de 147 gramos por kilómetros de Dióxido de Carbono (CO2) en 2020 es «poco ambicioso», en comparación con el establecido para coches de 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido.

La propuesta de la Comisión Europea propone reducir las emisiones de furgonetas en un 15% para 2025 y en un 30% para 2030, a pesar de quesu propio estudio de impacto concluye que una reducción de un 40% en 2030 «es mejor», teniendo en cuenta que las furgonetas se usan en negocios y recorren más kilómetros que los coches.

La compañía asegura que en 2018, las furgonetas diésel pequeñas, que constituyen el 40% de las ventas de este tipo de vehículo en la Unión Europea, tienen el mismo coste que las furgonetas eléctricas y libres de emisiones. El estudio muestra que la caída de los precios de las baterías, hasta un 24% en 2017, fue el factor principal que ha conseguido igualar los precios. «La electrificación de las furgonetas es particularmente atractiva porque son las utilizadas por negocios, que tienen en cuenta el precio total (compra y uso)», destacó Miriam Zaitegui, miembro de Ecodes.

«Hay capacidad para que 800.000 furgonetas eléctricas puedan ser conducidas en las carreteras europeas sin suponer un coste adicional a sus dueños respecto a las furgonetas diésel», ha asegurado la responsable de Vehículos Limpios de T&E, Julia Poliscanova. Por su parte, las furgonetas más pequeñas, además, juegan un papel «importantísimo» en la lucha contra la contaminación en las ciudades ya que son las más usadas en el transporte de mercancías.

Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos de las furgonetas eléctricas, la compañía asegura que no suponen ni un 1% del total de las nuevas matriculaciones en Europa, ya que no existe una capacidad de elección «real», al haber 10 modelos con batería eléctrica en el mercado frente a 200 modelos diésel. «El problema es que la industria no ofrece lo que el mercado ya demanda, así que, en favor de un aire limpio, nuestros políticos deben requerir a los fabricantes que inviertan esfuerzos en tecnologías limpias», añadió Poliscanova.

Greenpeace pide al Gobierno el fin de la pobreza energética en España

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama al Gobierno que ponga fin a la pobreza energética en España y, por ello, participó en la movilización contra esta situación que afecta al 11% de las familias españolas. La ONG pide que el Gobierno deje de boicotear los «intentos de que la nueva política energética europea ponga a las personas y el planeta en el epicentro del sistema». Durante la movilización se reclamaron medidas «urgentes y estructurales» para erradicar este problema que afecta a más de 5 millones de personas en España.

«A veces hemos dejado de comer para poder pagar los recibos de la luz», denuncia Víctor, un hombre de 62 años en paro y con una discapacidad del 45% que vive con la renta mínima de inserción de 320 euros y que sufre dificultades para pagar el recibo. En este sentido, Greenpeace denuncia que la pobreza energética es «una de las muchas caras de la pobreza y un síntoma de las disfunciones de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como el bien de primera necesidad que es”.

Críticas al nuevo bono social

En este contexto, considera que el bono social de electricidad puesto en marcha por el Gobierno es «muy insuficiente» para acabar con la pobreza energética, por lo que exige un cambio en el modelo energético para frenar la contaminación y el cambio climático e impedir que los gobiernos «sigan siendo cómplices de la injusticia que representa que las corporaciones eléctricas impongan prácticas contaminantes de generación eléctrica con el beneplácito del gobierno mientras los derechos de las personas se ven vulnerados». Por ello, Greenpeace participó en la manifestación-pasacalles que exigió la declaración del Día Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética.

La Comisión Europea quiere apoyar a los Estados miembros evaluando las medidas para atajar la contaminación en la Unión Europea

Europa Press.- La Comisión Europea espera de España y de otros 8 países del bloque comunitario medidas encaminadas combatir la contaminación atmosférica que eviten una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). «Tras debates constructivos, el colegio de comisarios acordó proceder con las últimas etapas del procedimiento de infracción a no ser que se presenten medidas adicionales, creíbles y efectivas por parte de los 9 Estados involucrados», insistió el portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Enrico Brivio.

Brivio ha recordado que el comisario del ramo, Karmenu Vella, se reunió con representantes de los 9 países. «Esa cumbre fue convocada como el último esfuerzo para encontrar soluciones para atajar el grave problema de la contaminación atmosférica en la Unión Europea», ha señalado. Bruselas, ha dicho, quiere «ayudar» a los países a «cumplir urgentemente» con los límites de emisiones «que han sido acordados pero no respetados por muchos años». Brivio ha apuntado que la Comisión Europea necesitará tiempo para evaluar las consideraciones «técnicas y legales» de las medidas presentadas antes de tomar una decisión sobre una posible denuncia por incumplimiento ante la Justicia europea.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, explicó que el Ministerio informaría a la Comisión Europa del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados. García defendió que no se trata de «un problema generalizado», sino que afecta a «determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, indicó que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y el extrarradio de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).