Redacción / Agencias.- Facua-Consumidores en Acción anunció acciones judiciales contra las compañías eléctricas por cobrar presuntamente el precio de alquiler de los nuevos contadores inteligentes, que son los digitales que están telegestionados y conectados a la red, a consumidores que, disponiendo de estos aparatos, no los tienen aún integrados en el sistema, lo que es necesario para el nuevo sistema de facturación eléctrica horaria.

La asociación califica esta supuesta práctica, en la que se aplica un precio un 50% superior, de «fraude» y asegura que las compañías están ingresando «varias decenas de millones de más» por aplicar «tarifas ilegales en el alquiler de contadores«. Facua explica que las compañías aplican una tarifa que sólo puede cobrarse si los contadores tienen habilitada la telegestión, «algo que todavía no ocurre en la mayoría de los nuevos equipos de medida instalados». Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), esta situación afecta al 14,44% de los nuevos contadores instalados.

En concreto, Facua calcula que el sector está cobrando a los usuarios por el alquiler de los nuevos contadores una cuota mensual de 0,9801 euros, o de 0,81 más IVA, que según la normativa sólo puede aplicarse si los equipos ofrecen las prestaciones propias de la telegestión. Esta cuota, indica la asociación, es un 50% más elevada que la establecida para las instalaciones que carezcan de dichas prestaciones, de 0,6534 euros, o de 0,54 más IVA. De esta forma, «cada afectado paga anualmente 3,92 euros de más, o 0,3267 euros al mes, por el alquiler de contadores inteligentes que no lo son en absoluto», señala.

El Ministerio y la CNMC

La decisión de acudir a los tribunales responde a la «pasividad» del Ministerio de Industria ante «este fraude masivo y la negativa a actuar ante sus denuncias que han mostrado tanto las autoridades de protección al consumidor de las 17 comunidades autónomas como la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad». «La irresponsabilidad de las administraciones obliga a judicializar una vez más un fraude masivo contra los consumidores», señala Facua, antes de recordar que la propia CNMC ha instado a Industria a garantizar que las compañías facturen a los usuarios la tarifa establecida en la legislación del sector. «El Ministerio hace oídos sordos», señala.

Facua presentó en noviembre de 2014 una batería de denuncias ante las administraciones competentes contra las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON). En sus denuncias, reclamó que se impusiese a las compañías la devolución de decenas de millones de euros «cobrados de más» a los usuarios al aplicarles tarifas que la normativa limita a equipos de medida integrados en un sistema de telegestión y telemedida.

Facua advierte de que en los hogares donde se han instalado los nuevos equipos de medida los usuarios están sufriendo un trato «discriminatorio» con respecto a los que siguen contando con los antiguos, al pagar una tarifa muy superior sin que ello implique el acceso a servicios adicionales. Entre estas, discriminación horaria, la lectura remota y la información sobre su consumo, algo que «les facilitaría adoptar medidas para un gasto más eficiente y derivarían en una reducción de sus facturas».