Europa Press.- Relatores de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han lamentado la «criminalización» en Guatemala del líder indígena Bernardo Caal Xol, condenado en noviembre a 7 años y 4 meses de cárcel por oponerse a la construcción de una presa hidroeléctrica.

Los expertos de la ONU han relacionado el dictamen judicial con el papel de Caal Xol como representante de las comunidades qeqchí del municipio de Santa María Cahabón en sus acciones legales contra la empresa Oxec para frenar este proyecto energético. La ONU denuncia que «el proyecto comenzó sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas y ha tenido un impacto perjudicial sobre el medio ambiente, los recursos naturales, el acceso al agua y la salud de las comunidades qeqchí».

En enero de 2017, el Tribunal Supremo suspendió el proyecto y, en mayo de ese 2017, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho al consentimiento libre, previo e informado del pueblo qeqchí. Entretanto, una empresa subsidiaria de Oxec empezó a presentar cargos penales contra Caal Xol, en prisión preventiva desde enero de 2018. «La criminalización del señor Caal Xol ha estado precedida por virulentas campañas de difamación en los medios de comunicación, describiéndolo como un criminal violento que actúa en contra de los intereses de la nación», ha recordado la relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Una condena “desmesurada” por robo

Tauli-Corpuz y otros relatores especiales han considerado que «la condena de Caal Xol a más de 7 años de prisión por cargos de detención ilegal y robo agravado de un taladro, una caja de herramientas y fibra óptica parece desmesurada y se basó principalmente en testimonios de afiliados de Oxec». «Es un aparente intento de silenciar y desacreditar el ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad indígena», han afirmado.

Los relatores han alertado de que «no es un caso aislado», sino que «hay numerosos miembros de comunidades indígenas que están siendo criminalizados en Guatemala por defender sus tierras tradicionales y recursos contra proyectos de desarrollo a gran escala que causan daños ambientales«. En este contexto, han instado al Gobierno «a garantizar la protección efectiva de los indígenas defensores de Derechos Humanos», han recordado a las empresas que «tienen que respetar los Derechos Humanos» y subrayan que «las investigaciones criminales deben ser independientes e imparciales».