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El agua contaminada pone bajo cuestión la limpieza de la central nuclear de Fukushima 8 años después de la catástrofe

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Europa Press.- Un millón de toneladas de agua contaminada deberán ser almacenadas, posiblemente durante años, en la planta nuclear de Fukushima, lo que supone un nuevo obstáculo para la limpieza de las instalaciones cuando se cumple el octavo aniversario de la catástrofe en la región japonesa. El año pasado, la compañía Tokyo Electric Power (Tepco) reconoció que el sistema que debía purificar el agua contaminada había fallado en eliminar las partículas radiactivas.

Esto supone que la mayor parte del agua, que actualmente está almacenada en 1.000 tanques alrededor de la planta, tendrá que volver a ser procesada antes de ser devuelta al océano, en lo que es el escenario más probable ahora mismo. Este proceso podría llevar cerca de 2 años, además de acarrear el desvío de personal y recursos que actualmente se utilizan para desmantelar los reactores dañados por el tsunami, operación que según las previsiones costará hasta 40 años finalizar.

No está claro cómo afectará este nuevo retraso al desmantelamiento. El Gobierno japonés calculó en 2016 que el coste total de este proceso, la descontaminación de las áreas afectadas y las compensaciones podrían llegar a los 21,5 billones de yenes (unos 170.000 millones de euros), casi el 20% del presupuesto anual del país. Tepco ha reconocido que se está quedando sin espacio para almacenar el agua. Además, algunos expertos advierten de que si hay otro terremoto importante, los tanques podrían romperse provocando el vertido ál océano de líquidos altamente radiactivos.

Los pescadores, en su apuesta por recuperar la confianza de los consumidores, están vehementemente en contra de verter el agua procesada, que la Autoridad Nuclear Japonesa (NRA) ha calificado como mayormente inofensiva. «Esto destruiría lo que hemos estado haciendo desde 2011», aseguró el líder de la Federación de Cooperativas de Pescadores de Fukushima. Las capturas del año pasado apenas llegaron al 15% de los niveles anteriores a la crisis, principalmente por la reticencia a consumir pescado procedente de estas aguas.

En la mayoría de zonas de la planta nuclear ya no es necesario que los trabajadores lleven máscaras ni que lleven trajes de protección contra la radiación. Solamente los edificios del reactor y otras áreas requieren este equipamiento especial. Alrededor de la planta hay tanques para llenar hasta 400 piscinas de tamaño olímpico, donde unas máquinas llamadas ALPS han estado tratando el agua contaminada. Tepco reivindicó que este sistema puede eliminar todos los radionucleidos excepto el tritio, un isótopo del hidrógeno relativamente inofensivo y que es muy difícil de separar del agua. Líquidos con esta sustancia son vertidos al medio ambiente en otras áreas nucleares en otras partes del planeta.

No obstante, un periódico japonés cuestionó el año pasado la calidad de las aguas procesadas con los ALPS, lo que llevó a Tepco a reconocer que había estroncio 90 y otros elementos radiactivos en muchos de los tanques. Tepco ha afirmado que estos problemas han ocurrido porque algunos materiales absorbentes del equipamiento no se han sustituido con la frecuencia adecuada. La compañía se comprometió a volver a purificar el agua si el Gobierno decide que verterla al océano es la mejor solución. Según un equipo gubernamental que realizó estudios en 2016, es la opción más barata de las cinco analizadas, que incluyen la evaporación, el entierro y mandarla al espacio.

El Gobierno y Tepco están ahora estudiando la creación de otro panel de expertos, pero no se ha fijado una fecha. El director del NRA, Toyoshi Fuketa, considera que verter el agua tras la dilución es la única manera accesible de lidiar con el problema. Además, advierte de que posponer esta decisión indefinidamente podría hacer fracasar el proyecto de desmantelamiento.

Otra opción es almacenar el agua durante décadas en tanques normalmente destinados al petróleo. La idoneidad de estos recipientes ya ha sido analizada, según el ingeniero de la planta y miembro de la Comisión de Ciudadanos sobre Energía Nuclear, Yasuro Kawai. Esta comisión propone almacenar el agua con tritio, que tiene una vida media de 12 años y medio, durante 123 años, tras los que sería una milésima parte de lo radiactiva que era cuando se guardó en los tanques.

CCOO insta al Gobierno a aprobar «de forma inmediata» el Estatuto de la Industria Electrointensiva para acabar con la incertidumbre

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Europa Press.- CCOO de Industria ha instado al Gobierno a aprobar «de forma inmediata» el Estatuto de la Industria Electrointensiva, con el fin de «acabar con una incertidumbre que ya dura demasiados años». El sindicato presentó sus aportaciones durante su consulta pública al decreto por el que se pretende regular el denominado Estatuto de los Consumidores Electrointensivos.

CCOO espera que la normativa se convierta «en una herramienta real y con contenido que permita mejorar la competitividad de los sectores intensivos en consumo eléctrico». Entre sus peticiones, el sindicato pide una dotación de partidas presupuestarias para compensar los derechos de emisión de gases invernadero «de similar cuantía a las que tienen Francia y Alemania», así como la definición de un marco estable, y «adecuadamente retribuido», para el servicio de interrumpibilidad, con periodicidad al menos anual y preferiblemente bianual.

Además, el sindicato reclama establecer una regulación que permita y favorezca el establecimiento de contratos bilaterales entre suministradores y consumidores, como ocurre en el resto de Europa, y la exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución y del 95% del impuesto eléctrico. También considera «necesario definir con claridad qué es una empresa electrointensiva, para que las soluciones se apliquen donde realmente se necesitan». Además, subraya que los beneficiarios del Estatuto para la Industria Electrointensiva deberán comprometerse a mantener el empleo y la producción para evitar deslocalizaciones.

Maroto alega que concedió ayudas a Alcoa «por responsabilidad» pese a saber que iba a cerrar varias plantas en España

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Europa Press.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha justificado en el Congreso que el Gobierno concedió «por responsabilidad» ayudas a la empresa Alcoa pese a conocer en ese momento que tenía intención de cerrar dos de sus plantas, con el fin de facilitar la búsqueda de un inversor.

Así, durante su comparecencia ante la comisión de Industria, a la que ha acudido a informar sobre esta crisis industrial, Maroto ha señalado que las tres plantas de esta empresa se beneficiaron de las ayudas correspondientes al mecanismo de compensación de costes indirectos a las emisiones de CO2 para compensar los costes eléctricos. La ministra ha señalado que el Gobierno concedió estas ayudas «para garantizar la búsqueda de inversor» y así no poner ningún «impedimento» para encontrar una empresa que se hiciera cargo de las plantas amenazadas por el cierre.

Además de estos mecanismos de compensación, Maroto destaca que el Gobierno puso «a disposición» otras ayudas, como los programas de apoyo a la inversión industrial para el fomento de la competitividad o el programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+i. A renglón seguido, la ministra ha incidido en que el decreto ley aprobado por el Gobierno con varias medidas para el sector, entre ellas la creación del estatuto para las empresas electrointensivas, incluye la garantía para que las empresas que reciban este tipo de ayudas mantengan la producción y el empleo durante 3 años.

Durante su intervención ante la Comisión de Industria, Maroto celebró que ya cuenta con varias ofertas para dar un futuro a las plantas y que en las mesas de seguimiento en las que participa el propio Gobierno se evaluará «de forma conjunta» el plan de inversión de «los distintos agentes que han manifestado interés». En este sentido, subrayó que tendrá prioridad la presentación de un plan de futuro. «No vale cualquier plan de inversión, necesitamos uno que garantice la viabilidad en el corto, pero también en el medio y largo plazo en ambas instalaciones», señaló.

“No nos vale cualquier inversión”

Así, Maroto ha manifestado la importancia de que el inversor que presente una oferta por las plantas «venga para quedarse» ya que, optar por una opción sin contar con el largo plazo tendría el riesgo de convertirse en «pan para hoy, hambre para mañana». Maroto destacó el papel jugado por el Gobierno a la hora de actuar en esta crisis, subrayando que con Alcoa «el acompañamiento ha sido total, diario» y reivindicando la dificultad en alcanzar el acuerdo para dar más margen en la búsqueda de un nuevo inversor, que garantiza que no haya ni un solo despido hasta junio.

«Ha sido muy difícil que Alcoa revirtiera una decisión que había tomado, algo que no está suficientemente reconocido», ha aseverado la ministra. Si bien en un principio la propia Alcoa se posicionó como «muy distante» a la hora de buscar alternativas a las plantas, una búsqueda en la que, ha asegurado, «era impensable» que participara al inicio de la crisis, ha celebrado que ahora exista «un compromiso escrito» para ser «actor activo en la búsqueda de soluciones y las inversiones que necesita para seguir funcionando«.

La ministra ha recordado que la empresa ya planteó hace 5 años un ERE para su plantilla en España, y ha mencionado los «problemas estructurales» de los que adolece, pero ha pedido también no poner el foco únicamente en el coste de la energía. «No solamente es por un coste de pérdida de competitividad. También, pero no solamente», ha manifestado.

Respecto a la puesta en marcha del estatuto para la industria electrointensiva, ha justificado la aminoración en las partidas por compensación por emisiones en que será este estatuto el que defina con qué recursos contará, y también ha avanzado que su departamento trabaja en acelerar la presentación del mismo. Así, ha avanzado que buscan que este mismo mes de febrero puedan presentar a los grupos un borrador sobre un texto que, actualmente, se encuentra en período de consultas en el que la Xunta de Galicia y el propio comité de empresa de Alcoa en A Coruña ya han trasladado propuestas.

El Gobierno aprueba el pago de 84 millones en ayudas a la industria para la compensación de costes de CO2

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Europa Press.- El Ministerio de Industria ha firmado las autorizaciones para el abono de 83,7 millones de euros a las empresas industriales por las ayudas para la compensación de costes de CO2 correspondientes a 2016 y 2017. Estas ayudas se dividen en las correspondientes a la convocatoria ordinaria de concesión de 5,99 millones de euros para costes de 2017 y en la concesión directa de 77,7 millones para complementar hasta el 100% de la ayuda máxima establecida de los costes del 2016.

El objeto de estas ayudas es la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, que soporta el consumidor industrial. Están dirigidas a aquellas instalaciones pertenecientes a determinados sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, es decir, que puedan decidir trasladar su producción a otros países debido a los costes de las políticas climáticas en la Unión Europea.

Ayudas a Galicia, Asturias, Cataluña

Los 151 beneficiarios de las ayudas de la convocatoria ordinaria desarrollan su actividad mayoritariamente en Galicia, con el 25% del total de las ayudas concedidas, seguida de Asturias con el 18% y de Cataluña con el 16%. Por sectores, la mayor cuantía corresponde al sector siderúrgico del acero, con el 38% de las ayudas recibido, seguido del aluminio con el 22%, el sector químico con el 16% y el papel con el 11%, según el gabinete dirigido por Reyes Maroto.

Con respecto a la concesión directa de 77,7 millones de euros, los 136 beneficiarios de las ayudas se encuentran de nuevo mayoritariamente en Galicia, con un porcentaje del 26% del total de las ayudas, seguida de Asturias con el 18% y Cataluña con el 16%. Por sectores, el sector del acero recibe el 32% del total, seguido del aluminio con un 23% y el sector químico con un 18%. A estas ayudas se han acogido sociedades mercantiles del sector privado, incluidas o no en régimen de comercio de emisiones, que realizan una o varias actividades.

El Gobierno estudia condicionar al mantenimiento del empleo las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste energético

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Europa Press.- El Gobierno estudia condicionar las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste de la energía al mantenimiento del empleo, según ha afirmado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. «Estamos valorando condicionar estas medidas al mantenimiento del empleo», ha señalado la ministra.

Maroto anunció el pasado noviembre que el Gobierno lanzará antes de final de año un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía. La ministra indicó entonces que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros Ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en España». El Gobierno ha puesto sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva, antes de finales de este año.

Costes indirectos de emitir CO2

De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó en noviembre que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria del país en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que se va a trabajar por este sector».

La Comisión Europea avala compensar a las compañías operadoras de 3 reactores nucleares en Bélgica en caso de cierre anticipado

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Europa Press.- La Comisión Europea ha avalado el plan del Gobierno belga para compensar a las empresas Engie-Electrabel y EDF por los potenciales riesgos financieros ligados a la prolongación de la vida operativa de 3 reactores nucleares en Bélgica, los de Tihange 1 y Doel 1 y 2, en caso de que se cierre de forma anticipada.

Las autoridades belgas concluyeron en 2014 y 2015 dos acuerdos con las operadoras Engie-Electrabel y la filial belga de EDF para prolongar la vida útil de estos tres reactores otros 10 años, a cambio de una inversión de alrededor de 1.300 millones de euros que aportarán ambas empresas. Estas recibirán una compensación financiera no obstante si el Gobierno belga decide cerrar los reactores antes de los 10 años, en caso de que se modifique el impuesto fiscal que pagan las operadoras o en caso de cambios en los parámetros económicos de los acuerdos. Bélgica argumentó que las garantías públicas eran necesarias para garantizar la inversión a largo plazo en la energía nuclear por las empresas.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que las garantías suponen «una ventaja económica» para las operadoras, pero «evitan distorsiones indebidas en el mercado energético belga» dado que la principal empresa eléctrica en el mercado belga, Engie-Electrabel, estará obligada a vender un volumen equivalente a su cuota de producción anual en los tres reactores al año en los mercados de electricidad regulados. Ello garantizará que haya liquidez en el mercado de electricidad en Bélgica y ayudará a aumentar la competencia entre diferentes proveedores. Por ello, la Comisión Europea ha aprobado el plan belga tras comprobar que respeta las normas europeas sobre ayudas públicas, que deben ser «limitadas» y «proporcionales» a sus objetivos.