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Greenpeace lamenta que Iberdrola y Endesa no sepan aún qué hacer con Garoña mientras el alcalde de Vitoria pide desmantelar

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Europa Press / EFE.- El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), está convencido de que a Endesa «no le importa nada» la seguridad y ha pedido al Gobierno central que «desmantele» de manera «definitiva» la central nuclear de Garoña. Por su parte Greenpeace ha lamentado que Iberdrola y Endesa, que comparten al 50% la planta, no hayan llegado a una postura común respecto a su solicitud de renovación hasta 2031, cinco años después de que ésta parase por motivos económicos, en diciembre de 2012.

«Parece mentira que estas decisiones no se tomen con mayor claridad y transparencia», señaló la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que recomienda a ambas empresas, «una vez creado el cisma», que sean capaces de llegar a un acuerdo después de que el consejo de administración y la junta de accionistas de Nuclenor no consiguieron acordar si seguir adelante con la solicitud de renovación o bien desistir de la misma, pues Endesa tiene voluntad de seguir adelante frente a Iberdrola, que quiere echar el cierre al reactor.

«Respecto a la central nuclear más vieja de Europa es inaceptable que la empresa no llegue a un acuerdo ni tenga claro lo que quieren hacer cuando está cerrada por razones económicas desde hace cinco años y antes de reabrir debería acometer inversiones superiores a 200 millones de euros», ha valorado. Montón ha reiterado su petición a ambas empresas de «respeto» a los ciudadanos y al medio ambiente por considerar que «están jugando» y, por ello, extiende su petición al Gobierno para que «ponga orden».

El alcalde Urtaran contra Endesa

Por su parte, el alcalde de Vitoria considera que el «riesgo» para la población y el medio ambiente de reabrir Garoña es «inasumible para el Estado» y por ello ha lamentado la postura de Endesa. «Ya conocemos la postura de Endesa y sabemos que no le importa nada nuestra seguridad», aseveró respecto a las explicaciones del presidente de la compañía eléctrica, Borja Prado. Por ello, indicó que «ahora la decisión» sobre la continuidad de la central burgalesa «la tendrá que tomar el Gobierno español». «Esperemos que desmantele de manera definitiva la central de Garoña», concluyó.

El alcalde de Vitoria se ha mostrado «indignado» por la postura del presidente de Endesa de esperar a que se pronuncie el Gobierno sobre la reapertura de la central burgalesa. Ha considerado que con este asunto ha habido un juego de pasarse «la patata caliente» del Consejo de Seguridad Nuclear a las empresas y ahora éstas al Gobierno, al que ha pedido que sea «valiente», no espere a agosto y anuncie el cierre definitivo de Garoña. Por ello insiste en reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que anuncie el desmantelamiento de la central nuclear.

Urtaran ha reconocido que el objetivo legítimo de cualquier empresa, como Endesa, es obtener el «mayor rendimiento» a su actividad, pero ha aclarado que esto no puede estar «por encima del interés general, de la seguridad de la ciudadanía y del respeto al medio ambiente». Por último, ha considerado que la postura de Endesa «desprecia» la opinión de la mayoría de los vascos, así como de otros ciudadanos, que han exigido en innumerables ocasiones el cierre de esta central nuclear.

Galán pide reducir de 3 a 1 año el plazo de antelación requerido para solicitar la prórroga de las nucleares

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Servimedia / EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al Gobierno que reduzca de 3 a 1 año el plazo de antelación con que se debe pedir la ampliación de explotación de las centrales nucleares, ante la situación de incertidumbre que vive este energía en España. Sánchez Galán considera que antes de tomar este tipo de decisiones se necesita que el Ejecutivo defina claramente cuál será el papel que deben jugar las nucleares en el mix energético de los próximos años.

Esta demanda de Iberdrola no se relaciona con Garoña, ya que aboga por desistir de su solicitud de reapertura, y sí por las de Almaraz y Vandellós II, de las que debe solicitar su renovación este verano, tres años antes de 2020, cuando vencen los 40 años de concesión. En cuanto a las nucleares en su conjunto, Galán dijo que su filial en España sufre pérdidas desde hace varios años como consecuencia de los impuestos que gravan la energía nuclear y las obligaciones aplicadas a estas instalaciones. Ha indicado que «esto ha modificado el plan de negocio original», y considera que, al no saber cuándo desaparecerán las pérdidas, es complicado pedir permisos que se dan para plazos largos de tiempo.

Disposición a ampliar sus renovables

Por ello, en referencia a Almaraz y Vandellós II, Galán sostiene que es necesario que se defina la política energética para poder tomar una decisión que puede tener un impacto importante en la cuenta de resultados. «Hay que saber cómo se va a pagar para ver si se pueden cubrir costes y obtener algunos beneficios», apuntó. Por otro lado, mostró la disposición de la compañía a participar en la próxima subasta de renovables en España si las condiciones «son interesantes», ya que tiene «más que suficientes» proyectos en el país.

Posible fusión de participadas brasileñas

Por otro lado, Sánchez Galán ha indicado que la fusión de las empresas brasileñas Elektro y Neoenergía, en las que participa, es solo una de las alternativas que está analizando Iberdrola dentro de su estrategia en Brasil, pero «solo es una posibilidad«. Sánchez Galán ha confirmado que hay conversaciones, como ha habido en el pasado, pero «no se ha llegado a ningún acuerdo ni se ha firmado ningún documento vinculante».

«Es una de las posibilidades que venimos debatiendo desde hace tiempo con nuestros compañeros en Brasil», ha añadido Sánchez Galán, quien ha afirmado que el interés de Iberdrola por ese país «sigue estando vivo» y ha recordado que la compañía ha resultado adjudicataria, a través de su filial Elektro, de proyectos por valor de alrededor de 250 millones de euros.

Iberdrola gana 827,6 millones de euros en el primer trimestre, un 4,7% menos, manteniendo su calificación crediticia con perspectiva estable

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Redacción / Agencias.- La agencia de medición de riesgos Standard&Poor’s (S&P) ha decidido mantener en BBB+, equivalente a un aprobado alto, la calificación crediticia de Iberdrola por su menor exposición a las actividades liberalizadas y el mayor peso de los negocios regulados en Estados Unidos y Reino Unido. La compañía registró un beneficio neto de 827,6 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al mismo periodo del 2016.

La compañía ha explicado que los resultados se han visto afectados por las condiciones meteorológicas, con una baja pluviosidad que ha supuesto una menor producción hidroeléctrica y con una menor producción eólica, así como por el cierre de la central térmica de Longannet en Reino Unido en marzo de 2016 que afecta a la comparativa del trimestre, y por la situación competitiva en el mercado de clientes en este país.

El beneficio neto del grupo en el periodo se vio así salvado por los resultados de activos no corrientes en el periodo, que se dispararon a 256,2 millones de euros, frente a los 29,1 millones de euros en el primer trimestre del año pasado, gracias a la operación de fusión de Gamesa con Siemens Wind, que ha aportado a la energética 255 millones de euros, tras la dilución de su participación del 20% al 8% en la compañía fusionada, incluidos los 198 millones de euros correspondientes al dividendo extraordinario cobrado el 11 de abril por el cierre de la fusión.

No obstante, Iberdrola prevé que las cifras se recuperen a lo largo del año y mantiene sus previsiones de crecimiento para el final del ejercicio. A este respecto, señaló que a lo largo del año varios de los efectos que lastraron los resultados del trimestre, como el cierre de Longannet o la comparativa con un primer trimestre eólico «excepcionalmente fuerte» en 2016, se irán laminando y, además, se producirán otros impactos, como la subida de tarifas en Reino Unido a partir de abril y la nueva capacidad que se pondrá en operación tanto en renovables (1.393 MW) como en generación regulada en México (129 MW).

La filial americana Avangrid, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y de la que Iberdrola controla el 81,5%, registró un beneficio neto de 239 millones de dólares (218,4 millones de euros), un 13% más. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 1.862 millones de euros, un 8,2% menos, impulsado por la contribución del negocio de redes, principalmente de Estados Unidos. Asimismo, las inversiones de Iberdrola en el primer trimestre totalizaron 1.016,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,4%, y se concentraron en los negocios de redes y renovables, que representan el 81,4% de la inversión total en el trimestre.

La deuda financiera neta del grupo a cierre del pasado marzo se situaba en 29.760 millones de euros, con un incremento de 346 millones de euros respecto a diciembre de 2016, como consecuencia del proceso inversor. La compañía cuenta con cerca de 6.500 megavatios (MW) en construcción en energías renovables y generación contratada, lo que permitirá poner en marcha más de 2.000 MW durante 2017. En España, el periodo se caracterizó para el grupo por la fuerte disminución de la producción hidroeléctrica (-44%) y por una menor producción del resto de tecnologías renovables (-12%) derivadas de las condiciones climatológicas. La producción de centrales de carbón y gas cubrió la caída de estas, con aumentos del 70% y del 27%, respectivamente.

La cifra de negocios del grupo creció un 1,3% con respecto al primer trimestre de 2016 y alcanzó los 8.289,5 millones de euros. Por áreas de actividad, redes obtuvo un ebitda de 1.020,9 millones, un 9,1% más, y las ventas se incrementaron un 5,2%, hasta los 2.522,4 millones de euros. En el negocio de generación y clientes, el ebitda cayó un 32%, hasta los 436,3 millones de euros, y las ventas un 0,4%, hasta los 5.329,1 millones, debido al débil comportamiento del negocio británico. El ebitda del área de renovables, que estuvo afectado por las condiciones climatológicas, también cayó un 5% y fue de 434 millones, mientras que las ventas se incrementaron un 0,8%, hasta los 719,5 millones de euros.

Por otro lado, el consejo de administración de Iberdrola ha aprobado la ejecución el próximo mes de julio de una nueva edición del programa Iberdrola Dividendo Flexible, con un precio de compra garantizado de, al menos, 0,145 euros brutos por acción, un 16,9% más que en julio de 2016, más 0,03 euros brutos en efectivo. Este importe, sumado a los 0,135 euros brutos por acción ya abonados el pasado enero, supone que la retribución anual alcance los 0,31 euros brutos por acción, casi un 11% más que el año anterior.

S&P mantiene nota a Iberdrola

S&P, que subió la nota a Iberdrola desde BBB a BBB+ en 2016, mantiene en estable su perspectiva sobre la eléctrica. Según la agencia de calificación, Iberdrola continúa mejorando su perfil de riesgo mediante la reducción de su exposición a las actividades liberalizadas y al mercado español. En contrapartida, la eléctrica aumenta la contribución de las actividades reguladas y a largo plazo en Reino Unido y Estados Unidos. A juicio de S&P, la perspectiva estable es reflejo de un negocio altamente diversificado, con un peso mayoritario de las actividades reguladas.

Endesa ve necesario prorrogar las nucleares para poder descarbonizar la economía española y cree que su cierre incrementaría las tarifas

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Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, asegura que anticipar «innecesariamente» el cierre de las centrales nucleares daría lugar a «un importante aumento» de las tarifas eléctricas, «lo que agravaría el problema de la pobreza energética, reduciría la competitividad de la economía y limitaría la electrificación de la demanda energética». Por ello ve «necesario el alargamiento de la utilización de las centrales nucleares» para que España pueda ejecutar la transición energética hacia la descarbonización total de la economía en 2050.

En este sentido, Bogas pidió un pacto de Estado por la energía que evite decisiones cortoplacistas y establezca un plan de transición hacia un sistema descarbonizado “en condiciones de seguridad energética y competitividad económica”. «Esta travesía va a durar más de 30 años», indicó Bogas, quien añadió que «exigirá un enorme esfuerzo inversor» para incorporar 30.000 megavatios de renovables antes de 2030 y 70.000 antes de 2050. En esta línea, defendió que «para no poner en riesgo el objetivo final ni el abastecimiento durante ese largo camino, es imprescindible aprovechar todos los recursos que poseemos«.

En cuanto a las nucleares, advirtió de que «anticipar innecesariamente» su cierre exigiría construir nuevas centrales de gas para no sufrir problemas de abastecimiento, lo que incrementaría las emisiones totales de CO2 del sistema eléctrico, haciendo «imposible» conseguir los objetivos de la Cumbre del Clima (COP21). Asimismo, alertó de que el cierre nuclear provocaría también un incremento significativo de las tarifas en 10 euros el megavatio hora (MWh), lo que afectaría a la competitividad de la economía, además de hacer aumentar la pobreza energética. En la misma línea, defendió que el cierre de las centrales térmicas debe ser “gradual y acompasado con los avances tecnológicos”.

Por otro lado, apuntó que, en el proceso de descarbonización, la aportación de sectores como el transporte, la industria o la electrificación es tan importante como la del sector eléctrico. De hecho, denunció que el transporte aporta el 24% de las emisiones, frente al 19% de la generación de electricidad. Además, pidió un plan nacional de eficiencia energética e impulsar el despliegue de redes eléctricas inteligentes. Bogas recalcó que la transición hacia un sistema energético descarbonizado «no es una opción para tomar o dejar», aunque afirmó que para que sea posible es «imprescindible» abordar «cuanto antes» las medidas regulatorias necesarias.

A este respecto, el presidente de Endesa, Borja Prado que afirmó el compromiso «muy exigente y ambicioso» del grupo de que en el horizonte de 2050 su sistema energético sea neutro en materia de emisiones, consideró que todos los agentes del sector tienen «la obligación» de sentar las bases del futuro energético. Prado calificó de «comprensible» que las necesidades políticas y fiscales a corto plazo hayan presionado «en uno u otro sentido», pero subrayó que los «intereses cortoplacistas» en la transición energética que se está llevando a cabo pueden poner «en riesgo la estabilidad futura del sistema» y “no son aceptables«. Ha reconocido que puede haber cuestiones que requieran soluciones inmediatas, pero éstas «no deben comprometer los objetivos del futuro».

Carga fiscal de las nucleares

En cuanto a las centrales de Almaraz (Cáceres) y Vandellós (Tarragona), que serán las próximas centrales nucleares que tendrán que renovar sus permisos, ha señalado que no van a tomar decisiones antes de tiempo y que lo harán cuando lleguen las fechas. Prado ha negado que las nucleares sean «negocios inviables», aunque admite que soportan «cargas fiscales importantes, pero lo que no vamos a ser nosotros es los precursores de cargarnos el sistema«. Respecto al coste al que puede ascender la reapertura de Garoña, ha manifestado que lo evaluarán después de que el Gobierno decida si puede volver a operar.

Prado ha dicho que «continúan pendientes algunos desarrollos regulatorios en las distintas áreas de la actividad eléctrica, que son muy necesarios». Entre ellos, ha citado un planteamiento «claro y responsable» del futuro de las fuentes de generación térmicas, que, ha precisado, serán claves para la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico y para hacer posible la transición a cero emisiones en 2050. También ha insistido en que hay que luchar contra el fraude eléctrico, que pone en riesgo la seguridad de los que viven próximos a instalaciones manipuladas e incrementa los costes que asumen los usuarios. Asimismo, reclama un marco regulatorio «adecuado y sostenible» que permita «una clara protección a todos los consumidores en una situación de vulnerabilidad económica».

Por otra parte, Bogas destacó el esfuerzo inversor de la compañía en España, con alrededor de 8.000 millones de euros desde el año 2010. «Ninguna empresa eléctrica invierte más que Endesa en este país», dijo. A este respecto, valoró la adquisición de hasta el 100% de Enel Green Power España, una operación que «tiene gran sentido económico y estratégico» y que sitúa a la compañía en una situación para aprovechar la oportunidades de crecimiento en energías renovables, «que son el futuro de nuestro sistema energético».

Endesa compra Eléctrica de Jafre

Finalmente, Endesa notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la toma del control exclusivo de la distribuidora de electricidad Eléctrica de Jafre. Esta pequeña empresa, con sede en Girona, desarrolla su actividad en el área de distribución, así como en el negocio del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. El año pasado, la eléctrica, a través de Endesa Red, ya se hizo con otra pequeña empresa de este perfil, Eléctrica del Ebro, por 24,7 millones de euros. Esta última empresa, cuya compra también requirió el análisis de la CNMC, tiene sede en Tarragona y se dedica a la distribución y comercialización de energía eléctrica en esta provincia.

El consejo de Nuclenor confirma el distanciamiento de Endesa e Iberdrola sobre el futuro de Garoña y esperará al Gobierno

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Redacción / Agencias.- Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, celebró un consejo de administración y una junta de accionistas en las que no se alcanzó un acuerdo entre sus dos socios, Endesa e Iberdrola, sobre la propuesta de Iberdrola de desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, informó la sociedad, lo que supone de momento mantener la petición de reapertura de la central aunque mantiene las incógnitas respecto a su futuro.

La reunión de los órganos rectores de la sociedad propietaria de Garoña confirmó el distanciamiento entre Endesa e Iberdrola, sus dos coproprietarios, respecto al futuro de la planta. La convocatoria llegaba a petición de Iberdrola para solicitar a Endesa, como su socio en Garoña, el respaldo a la presentación de un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. El resultado final rubricó la situación total de bloqueo ante las posiciones antagónicas sobre el futuro de Garoña, según indicaron fuentes conocedoras.

Iberdrola defendió su petición de presentar el escrito de desistimiento de la renovación de la autorización de Garoña con informes, tanto internos como externos, que demuestran la inviabilidad de la central nuclear, señalaron las mismas fuentes. Sin embargo, los consejeros de Endesa rechazaron la propuesta y defendieron la opción de esperar a conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, para decantarse sobre la continuidad o no de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de Garoña.

Fuentes próximas a Nuclenor han señalado que la razón de la falta de acuerdo es que varios de los participantes en la Junta de Accionistas han abogado por esperar a que se clarifique la situación del sector eléctrico. Además, aunque ya hay un informe favorable a la petición de prórroga de Garoña hasta los 60 años de funcionamiento, condicionado a una serie de inversiones de mejora en la planta, el Gobierno tiene de plazo hasta agosto para decidir si autoriza esa prórroga, ya que tiene la última decisión tras el informe técnico. Mientras, el Ministerio de Energía afirmó que mantenía abierto el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de la central nuclear.

La reunión del órgano rector de Nuclenor no hizo más que certificar el distanciamiento que ya habían demostrado Iberdrola y Endesa en las figuras de sus presidentes, Ignacio Sánchez Galán y Borja Prado, respectivamente. En la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Galán ya había subrayado que el negocio nuclear del grupo sufre «graves pérdidas» debido a los impuestos y obligaciones que afectan a esta tecnología. «La situación es muy clara, nuestra filial Iberdrola Generación Nuclear tiene graves pérdidas debido a los nuevos impuestos y obligaciones que han modificado el modelo original y el plan de negocio original. Lo que no podemos saber es cuándo van a desaparecer estas pérdidas», añadió.

Por su parte, Prado había dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva sobre la central nuclear. «La posición nuestra no va a ser de tomar una decisión, sino de esperar a que haga las consultas el Gobierno», afirmó Prado, subrayando que Endesa tiene respecto a este asunto «la misma posición que tenía el año pasado». «Respeto mucho los comentarios y las opiniones del señor Galán, como espero que él respete las mías», ha puntualizado Prado.

La central nuclear de Garoña (Burgos) es la más antigua del parque nuclear español desde que se clausuró la de Zorita (Guadalajara), en 2006. Garoña operó durante 42 años (1970-2012) con un reactor de agua en ebullición (BWR)diseñado por General Electric y similar al de la accidentada central de Fukushima, en Japón, y desde diciembre de 2012 está en situación de parada segura por decisión de Nuclenor. El aval otorgado por el CSN para operar hasta 2031 está condicionado a cuantiosas inversiones en seguridad, que podrían superar los 100 millones de euros, y deberá de ser revalidado por el Ministerio de Energía, que es quien debe determinar el plazo de la autorización, si la concede.

Si Nuclenor decide cerrar Garoña o si el Gobierno no autoriza la reapertura, las eléctricas tendrían que pedir la autorización de desmantelamiento de la planta, que según expertos consultados podría superar los 300 millones de euros. Ese proceso lo llevaría a cabo la empresa pública Enresa, y sería financiado en parte con las tasas que pagan las nucleares y en parte con el dinero de los contribuyentes. Ante el retraso del ATC de Villar de Cañas (Cuenca), Nuclenor inició la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos nucleares (ATI), que está prácticamente concluido y al que irían las miles de toneladas de residuos que generaría el desmantelamiento, un proceso que incluirá desmontaje y descontaminación, y podría demorarse diez años.

Endesa defiende que la mejor medida contra la pobreza energética es eliminar de la tarifa los costes ajenos al suministro

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Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que «la medida que más puede contribuir» a la solución del problema de la pobreza energética es “eliminar de la tarifa eléctrica todos los costes ajenos al suministro de la energía eléctrica«. Así se expresó Bogas en la junta de accionistas de la compañía, en la que recordó que dichos costes proceden de decisiones de política energética.

Bogas considera que una tarifa eléctrica más baja además de reducir el problema de la pobreza energética incrementaría la competitividad y supondría un empuje a la descarbonización del sistema energético. Además, defendió que Endesa «está firmemente comprometida en la lucha contra la pobreza energética» y destacó que es la eléctrica que ratificó más convenios con autonomías y ayuntamientos para afrontarla, un total de 220. Como consecuencia, aseguró que «todos los clientes vulnerables conectados a nuestra red se encuentran protegidos y no se les corta el suministro«. Por último, afirmó que «nuestra disposición a colaborar en la solución del problema está fuera de toda duda y la vamos a mantener con el fin de encontrar nuevas medidas justas, asumibles y eficaces».

Dotar de estabilidad al Parlamento

Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, ve “preciso” dotar de estabilidad al actual Parlamento, en el que ya no hay mayorías absolutas, y ha dicho que la nueva situación parlamentaria «exige nuevas formas de hacer política». Prado considera que esas nuevas maneras de hacer política, «si son gestionadas con inteligencia y con altura de miras, pueden dar lugar a una etapa fructífera y de progreso«, como demuestran desde hace décadas «muchos» Gobiernos de los países del entorno.

Ha señalado que «lo complicado» va a ser el tránsito «desde la mayoría absoluta hacia los necesarios equilibrios parlamentarios», pues «pasar de la cultura de mayorías absolutas a la de pactos no es sencillo, ni para quienes dispusieron de esa posición dominante ni para quienes estuvieron en el lado contrario». No obstante, cree que ahora es momento para que los que lideran la actividad política demuestren «su visión de Estado«.

Respecto al actual Gobierno, ha dicho que su altura de miras y su capacidad de gestión «permitirán a España mantener el rumbo de la recuperación económica que, con el sacrificado esfuerzo de tantos», se inició en la pasada legislatura. También ha dicho que confía en el «saber hacer e inteligencia» de los que integran la oposición política y ha dicho que su responsabilidad será «determinante».

En cuanto a la economía, destacó que «aunque quedan rémoras indeseables tras una larga y profunda crisis, también estamos en el camino de superarlas». «Hay un buen puñado de síntomas para considerarlo así», apostilló. Entre ellos, se refirió a que España está liderando el crecimiento en la Unión Europea y a que redujo el desempleo en casi 400.000 personas el año pasado. «Aunque es una cifra aún insuficiente, señala que hay salida al mayor problema al que nos enfrentamos», concluyó.

Todo el beneficio en dividendos

La junta de accionistas de Endesa, en la que estuvo representado un 85,6% del capital, ha aprobado el pago de un dividendo de 1,33 euros por acción con cargo a los resultados de 2016, que supondrá la distribución de 1.411 millones de euros.Este dividendo implica el reparto del 100% del beneficio neto generado en 2016, un 30% más que en 2015, cumpliendo con el compromiso que la compañía adquirió en la oferta pública de venta (OPV) de 2014.Además, Endesa anunció en la actualización de su plan industrial que su objetivo era aplicar entre 2017-2019 una política de dividendos consistente en el reparto con cargo a estos ejercicios del 100% del beneficio ordinario neto.

En concreto, para 2017 el dividendo ordinario será como mínimo de 1,32 euros brutos por acción y hasta 2019 espera repartir 6.000 millones de euros. Del dividendo de 2016, de 1,33 euros, Endesa ya pagó a cuenta 70 céntimos brutos por acción el pasado 2 de enero y el próximo 3 de julio abonará un dividendo complementario de 63 céntimos.

Además, la junta de accionistas otorgó su visto bueno a la reelección de Miquel Roca, padre de la Constitución, y de Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset, como consejeros independientes. También aprobó el plan de retribución variable a largo plazo Plan de Fidelización Programa 2017-2019, que incluye entre sus beneficiarios a los consejeros ejecutivos de Endesa, y el informe anual de remuneraciones de los consejeros, además de reelegir a Ernst&Young como auditor de la compañía. Por su parte, el consejo de administración de Endesa acordó nombrar vocal del mismo a Patrizia Greco, presidenta de Enel, el grupo italiano que es el accionista mayoritario de Endesa, como consejera externa dominical, en sustitución de Livio Gallo, que dimitió.

Energía asegura que no dedicará el superávit tarifario a la indemnización a las compañías eléctricas por financiar el bono social

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Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, asegura que la disposición adicional incluida en el proyecto de Presupuestos para 2017, en la que se recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar indemnizaciones por fallos judiciales en ejecución de sentencias derivadas de la normativa del sector eléctrico, no tiene por objetivo cubrir los cerca de 500 millones de euros de compensación a las eléctricas por haber sufragado el bono social en los últimos años.

«Es una previsión genérica y no tiene en cuenta que sea para una sentencia u otra», afirmó Navia en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Energía para explicar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, añadiendo que, en el caso del bono social, a pesar de la sentencia firme del Tribunal Supremo que da la razón a las compañías, el Gobierno «va a pelear donde corresponde, en los tribunales».

Así, el secretario de Estado subrayó que la finalidad de esta medida es corregir el hecho, «que se da con relativa frecuencia», de sentencias derivadas de distintos periodos regulatorios que representan costes transcurridos unos años para los Presupuestos. En este sentido, subrayó que si las indemnizaciones por sentencias atrasadas se pagaran siempre con cargo a los Presupuestos, «se generaría un incentivo perverso» a hacer «regulaciones agresivas», que, de ser rechazadas, luego la pagarían otros Presupuestos dentro de varios años. Eso es contrario a un principio fundamental, que el sistema eléctrico tiene que ser sostenible por sí mismo», añadió al respecto.

Ambición en fomentar eficiencia energética

Además, Navia destacó también la convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley, con una cuantía de hasta 60 millones de euros. «Su finalidad es permitir acelerar el despliegue de renovables por vías adicionales a la subasta que ya está en tramitación», indicó. En materia de eficiencia energética, Navia afirmó que el Gobierno es «claramente ambicioso», como lo demuestran los esfuerzos desde el IDAE, aunque advirtió que se tiene que procurar que ese nivel de ambición «vaya acompasado con los otros agentes implicados».

Por lo que respecta a la reducción de la deuda del sistema eléctrico, que es a lo que, según la Ley del Sistema Eléctrico de 2013, era a lo que debía destinarse los superávits que el sistema español alcanzó desde entonces, ha señalado que desde que se introdujo la reforma el déficit se ha ido reduciendo cada año en 2.000 millones de euros, corrigiendo los «costes acumulados en el pasado». Navia considera que «sin esa losa» podrían ser más ambiciosos.

Respecto al carbón, apeló al resto de grupos políticos a pronunciarse respecto a si apoyan o no la presencia de la generación de las térmicas en el mix energético español. «Pensamos que hay un espacio necesario para que sigan estando, como se vio en el episodio de enero «, reconoció. Así, afirmó que la primera decisión que se debe tomar es ponerse de acuerdo en si se quiere seguir teniendo una parte de térmica en el mix eléctrico. «Es lo lógico y lo razonable», añadió.

El Supremo obliga a cambiar la carta que explica la refacturación de la luz por dañar a las compañías eléctricas

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Europa Press.- La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha adoptado medidas cautelares consistentes en obligar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a modificar la redacción de la carta que las comercializadoras de electricidad deben remitir a los usuarios acerca de la próxima refacturación de la luz al considerar que su redacción implica un «daño reputacional» para las eléctricas.

A finales del 2016, el Gobierno aprobó una revisión del margen que obtienen las comercializadoras de referencia de electricidad por el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Las principales empresas encargadas de ofrecer este suministro regulado son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. En este sentido, Energía obligó a las eléctricas a informar por carta a los consumidores de esta revisión, que se realiza como consecuencia de una sentencia del Supremo favorable a las empresas en la que se concluía que estas últimas no obtenían una retribución suficiente. La revisión conlleva una refacturación cercana a los 8 euros por 2014, 2015 y 2016, así como una subida del recibo de 2 céntimos de euro mensuales.

“Daño reputacional” a las eléctricas

En un auto, el tribunal acepta en parte las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola y ordena modificar la carta informativa que las empresas deben remitir a los consumidores, cuyo modelo aparece recogido en el anexo del real decreto 469/2016. Al abordar el «daño reputacional» que Iberdrola denuncia en el contenido de la carta, el Supremo considera que la empresa «tiene razón», ya que «se presenta tanto a esta Sala como a las sociedades que interpusieron dichos recursos como aparentes responsables de las cantidades suplementarias que tales usuarios hubieren de pagar».

Sin embargo, «lo cierto es que, tal como reclama la recurrente, la responsabilidad de la necesaria regularización deriva de una previa actuación contraria a derecho de la Administración, como declaró esta Sala en las citadas sentencias», afirma el auto. De esta forma, la carta que reciban los consumidores no incluirá referencias a los recursos que interpusieron en su día las eléctricas y se limitará a indicar que «el Gobierno ha aprobado una nueva metodología para determinar la cuantía de los costes de comercialización», así como «una regularización de las cuantías correspondientes para cualquiera de los años 2014, 2015 0 2016″.

Endesa invierte 250 millones en la central térmica Litoral (Almería) mientras Livio Gallo deja el consejo de administración

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EFE.- El consejero dominical Livio Gallo, que formaba parte del consejo de administración de Endesa en representación del grupo italiano Enel, presentó su dimisión por motivos personales, según comunicó la eléctrica española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, Endesa invertirá 250 millones de euros en un proyecto industrial que persigue reducir el impacto medioambiental de su planta de generación eléctrica en Carboneras (Almería) para cumplir con la Directiva Europea de Emisiones Industriales.

Para el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, esta inversión demuestra el «compromiso de la compañía por la provincia de Almería», y subraya su «impacto positivo en el empleo» con 500 puestos de trabajo «altamente cualificados». Sánchez Maldonado señaló que este proyecto permitirá reducir el impacto medioambiental de la planta con el descenso de un 60% en las emisiones de dióxido de azufre y de un 80% en las de oxígeno de nitrógeno. El consejero considera que esta iniciativa «garantiza la continuidad de la planta otros 20 años» y apuntó que el sector energético es «uno de los que más contribuye al crecimiento económico y al empleo».

Maldonado también visitó la planta experimental de microalgas de Endesa en las instalaciones de Carboneras, un proyecto en el que la compañía eléctrica desarrolla varias líneas de investigación. Entre ellas se encuentran los estudios de captura y fijación de CO2 de estos organismos marinos y el proyecto Algae for Healthy World (A4HW), al frente del cual está un consorcio de 7 socios, entre empresas e instituciones públicas, liderado por Endesa y cuyo objetivo es investigar la producción industrial de microalgas marinas para crear biocompuestos alimentarios.

Livio Gallo deja el consejo

Por su parte, el consejero dominical Livio Gallo presentó su dimisión por motivos personales, según comunicó la eléctrica española a la CNMV. Gallo fue nombrado consejero dominical en la junta general extraordinaria de accionistas de Endesa celebrada en octubre de 2014. El consejo de administración de Endesa nombró vocal del mismo a Patrizia Greco, presidenta de Enel, el grupo italiano que es el accionista mayoritario de Endesa, como consejera externa dominical, en sustitución de Livio Gallo. Además, la junta de accionistas ha dado su visto bueno a la reelección de Miquel Roca Junyent y de Alejandro Echevarría como consejeros independientes.

Villaseca (Gas Natural Fenosa), sobre la comercializadora eléctrica municipal del Ayuntamiento de Barcelona: «Bienvenida sea la competencia»

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Europa Press.- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha recibido con un «bienvenida sea la competencia» la creación de una comercializadora eléctrica por parte del Ayuntamiento de Barcelona, y no contempla ningún inconveniente en que el consistorio barcelonés entre en la comercialización de energía si lo hace «de acuerdo con las normas del sector y la regulación vigente«, ya que en España ya hay unas 300 comercializadoras.

Villaseca también aprovechó su intervención en la junta de accionistas de la compañía para hacer hincapié en el compromiso de la empresa con la vulnerabilidad energética, reiterando su voluntad de hacer las cosas mejor y formar parte de la solución, aunque ha descartado ser «la solución en singular» y tampoco el problema, apelando a la responsabilidad de las administraciones públicas.

El consejero delegado ha recordado el caso de la anciana que murió en un incendio de su domicilio en Reus (Tarragona), provocado por una vela después de que Gas Natural Fenosa le hubiera cortado la electricidad, accidente que considera que «no es aceptable» en un país con capacidad y medios y en el que administraciones y empresas quieren ser ejemplo de calidad y buen servicio. Por ello, instó a las administraciones a solucionar la inseguridad normativa para abordar la pobreza energética y ha criticado que algunas «pretenden aplicar nuevas soluciones operativas y económicas que hasta la fecha no se aplican en ningún país de Europa».