Europa Press / EFE.- Ecologistas en Acción y Greenpeace, organizaciones ecologistas personadas en la audiencia abierta por el Ministerio de Energía, sobre la posible renovación del permiso de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegarán en contra de esa posibilidad “la edad avanzada de la planta, su falta de cultura de seguridad, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental o la tendencia mundial contraria a la energía nuclear”.
El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, considera que tanto en España como en el resto del mundo hay «una división en la industria» sobre la energía nuclear y ha recordado que Iberdrola, propietaria al 50% con Endesa de Nuclenor (el titular de Garoña), se ha mostrado partidaria de «desistir» de la continuidad de ese reactor, mientras Endesa espera la decisión del Gobierno.
«Iberdrola lanza muchas señales a favor del cierre nuclear pero el retraso en Garoña tiene que ver con el pulso de las elites industriales, entre los que están a favor y los que están en contra de ir prescindiendo de la nuclear a distintos ritmos. A nivel mundial, las empresas ven el futuro sin energía nuclear, frente al Gobierno, que no es independiente en este pulso y se ha mostrado a favor de la energía nuclear en el futuro», reflexionó.
En este contexto, ha expuesto que alegarán que hay «suficientes indicios» que apuntan a que Garoña «no está en condiciones de continuar, por seguridad y porque Nuclenor tiene una cultura muy baja de seguridad, con bidones de residuos que se corrompen o megafonías clave que no funcionan». «La apertura de Garoña es una temeridad», ha sentenciado Castejón, a su vez físico experto en fusión termonuclear en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Por ese motivo, la organización presentará alegaciones para poner de manifiesto el estado de la central y denunciar la forma en la que se está desarrollando el proceso de estudio de su reapertura. Castejón ha recordado que en el último acta trimestral del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se apreciaba la «absoluta dejadez» de la propietaria, Nuclenor, en el mantenimiento de la central. Había piezas caducadas o con fechas de caducidad «falseadas«, y la gestión del almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja intensidad es «pésima», con rotura de bidones y esparcimiento de residuos.
Además, Ecologistas en Acción ha calificado de «irregular» el proceso administrativo que se ha seguido hasta llegar al actual punto, en el que el Gobierno central debe decidir si autoriza o no la renovación del permiso de explotación. A su juicio, el CSN emitió un informe favorable a pesar de que Garoña no ha introducido las mejoras exigidas y sin estar aprobada la última guía de seguridad, ha apuntado Castejón.
Por otro lado, Ecologistas en Acción ha denunciado la «falta de democracia» que en su opinión implica la ausencia de un debate «real» sobre Garoña, comprometido por el Gobierno central y sustituido por un «corto» plazo de alegaciones. Ecologistas en Acción ha insistido en que el Gobierno central anunció un debate público previo a la decisión, pero ese debate «ha sido inexistente». A su juicio, esta situación evidencia una «falta de democracia» en torno a las decisiones sobre energía nuclear, pues el Gobierno y el sector eléctrico desean prologar la vida útil del parque nuclear «sin que se produzca un debate sobre el futuro energético».
En la misma línea, la portavoz de energía de Greenpeace, Raquel Montón, califica de «inédito» este «plazo de 6 meses que se han sacado de la manga», en el que no han podido consultar el expediente técnico completo de Garoña. «Dicen que hemos tenido 5 meses para evaluarlo, pero solo nos han trasladado el informe favorable del CSN que está publicado en su web», criticó.
En todo caso, ha indicado que Greenpeace expresará en sus alegaciones lo que reclama «desde siempre»: la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, algo que considera que es necesario en base a la legislación española e internacional y que, de no haberse modificado el Reglamento de Instalaciones Nucleares (RINI) para permitir que Garoña pudiera solicitar la renovación de su licencia, que expiró en julio de 2013, el titular debería haber «empezado de cero», lo que conllevaría pedir una nueva solicitud de autorización que incluiría una evaluación de impacto ambiental.
Montón ha detallado que en sus alegaciones añadirán «todos» los requisitos que se han dejado de pedir a Garoña por los cambios de normativa, los últimos sucesos de «la central más vieja de Europa» y, sobre todo, insistirá en que aumentar la actividad de la central por la mitad de su vida útil inicial es aumentar por un 50% los riesgos asociados a una planta nuclear, así como sus residuos. «Son argumentos como para plantearse tanto los estudios económicos como de impacto ambiental», ha comentado.
A su juicio, ni el Gobierno ni las empresas saben «como salir del entuerto en el que se han metido» porque considera que si estas claramente no quisieran poner en marcha la central no se habrían esforzado en cambiar la normativa y que ahora que cuenta con los parabienes del CSN están «estirando y alargando la decisión» con un ficticio proceso de participación pública. «Esto es una evidencia de que no hay una auténtica voluntad ni participación pública. No tiene lógica que se dilate el proceso todo este tiempo», opina Montón, que sin embargo, no ve sentido dar una autorización y dejar a criterio de la empresa la decisión final, porque abriría la puerta a una indemnización por lucro cesante.
Entre las entidades con posibilidad de alegar está también el Gobierno autonómico de La Rioja, que ha adelantado que no va a presentar ninguna pero sí que trasladará al Ministerio que dirige Álvaro Nadal el mandato del Parlamento de La Rioja que votó por que se instara al Gobierno central al desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña.
