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El Congreso pide aumentar las primas a la cogeneración eléctrica y un plan para la renovación de las actuales plantas

Europa Press.– La Comisión de Transición Ecológica del Congreso ha aprobado una iniciativa que reclama al Gobierno el aumento de las retribuciones a la cogeneración, así como la puesta en marcha de un plan de renovación de las actuales plantas que permita mejorar su eficiencia. Este sistema de producción de energía permite obtener, al mismo tiempo, energía eléctrica y energía térmica, aprovechando el calor generado, y normalmente se suele obtener mediante la combustión de combustibles fósiles, como el gas o el petróleo.

Solo el PP se abstuvo

La iniciativa, defendida por Compromís y finalmente acordada con PSOE y Unidos Podemos, ha sido respaldada también por Ciudadanos y Esquerra Republicana, mientras que el PP optó por abstenerse. El texto aprobado por el Congreso reclama concretamente «revertir los recortes en la retribución» incluidos en los decretos y órdenes donde se regula la producción de energía eléctrica a partir de energía renovables, cogeneración y residuos, y «recuperar un régimen retributivo razonable que prime la eficiencia».

Asimismo, insta a «poner en marcha un plan de renovación de las actuales plantas de cogeneración para fomentar la alta eficiencia» para evitar su paralización, y que este plan incluya un informe que analice el potencial de la cogeneración, proponga retribuciones que la fomente e indique las necesidades de renovación de las centrales, así como procedimientos que incentiven sustituir combustibles y generar el menor impacto posible en el medio ambiente.

El Gobierno aprobará próximamente ayudas a vehículos alternativos mientras el Congreso acuerda una hoja de ruta para renovar el transporte

Europa Press.- Después de que el Congreso haya acordado una hoja de ruta dirigida a la renovación del transporte privado y de mercancías, tanto terrestre como marítimo, de cara a la transición ecológica, con objetivos a 2030, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno aprobará de manera «inminente» un nuevo plan de incentivos a la compra de vehículos alternativos, con hasta 15.000 euros para vehículos pesados.

En la actualidad, los Presupuestos 2018, aprobados por el PP, recogen 66,6 millones de euros de apoyo a la movilidad energéticamente sostenible y eficiente. Ribera ha destacado también en el Senado la necesidad de que se adopten en España políticas de reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero más eficaces en el sector transportes, que supone el 25% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2).

«Actuar sobre este sector es prioritario. Para cumplir con los objetivos de descarbonización hay que tomar medidas de mitigación«, respondió Ribera en el Senado a la interpelación del senador del PNV, José María Cazalis, sobre medidas para avanzar en la reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero de los vehículos de transporte e industriales. La titular para la Transición Ecológica ha considerado fundamental el que se promueva el uso de combustibles alternativos, incluyendo en su caso la electrificación parcial y siempre y cuando el origen de la electricidad sea de bajas emisiones.

Ribera también ha hablado del hidrógeno como una posible solución a futuro para reducir las emisiones del sector transporte por carretera y ha subrayado la necesidad de que se impulsen medidas para el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, empezando por la propia Administración central. No obstante, Ribera ha reconocido que sustituir los motores diésel por otros alternativos en camiones es más «difícil».

Según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), los camiones transportan 14.000 millones de toneladas de mercancías al año. «El Parlamento Europeo impulsó reducir las emisiones en este tipo de vehículos y ahora los Estados miembro tenemos que acelerar los acuerdos. Hay que pedir a los fabricantes y acompañarlos en este proceso de reconversión», apuntó Ribera, que recordó que los vehículos pesados emitieron aproximadamente 23 millones de toneladas de CO2 equivalente en España en 2016; las furgonetas alrededor de 4 millones, y entre ambos coparon el 30% de emisiones totales del transporte por carretera.

«En España, la senda de emisiones efecto invernadero ha aumentado muy notablemente, sobre todo las del transporte, y deben quedar eliminadas antes de 2050 para cumplir los objetivos de descarbonización de Europa», ha resaltado. Los niveles de reducción de emisiones propuestos por la Comisión Europea en mayo, del 15% en 2025 y del 30% en 2030, establecen un camino para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima.

Hoja de ruta del transporte

Por otro lado, la iniciativa presentada por el PSOE en la Comisión de Transición Ecológica fue pactada finalmente con el PP, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís, que ha salido adelante por unanimidad en la comisión.Concretamente, el Congreso reclama el desarrollo «de forma especial y urgente» de un plan de ayudas dirigido a automóviles y furgonetas más antiguos que considere el nivel de renta, y acordar con comunidades autónomas, sindicatos y patronal «una estrategia para la transformación de la industria automovilística y sus industrias auxiliares».

Asimismo, pide incentivos para fomentar una infraestructura de recarga de acceso público, mecanismos para que la Administración Pública «asuma un papel ejemplarizante en la adopción y compra de coches eléctricos», un plan específico para el desarrollo del autobús eléctrico en centros urbanos y campañas de promoción de la movilidad eléctrica en flotas y asociaciones gremiales.Por otro lado, pide facilitar proyectos de I+D+i en desarrollo de baterías eléctricas y de su reciclaje y fijar unos estándares comunes para los puntos de recarga, que incluya elementos como el tipo de enchufe o la forma de pago.

La hoja de ruta para la transición ecológica en el transporte también propone otras medidas dirigidas a la descarbonización del transporte terrestre de mercancías, y reclama la planificación de las infraestructuras ferroviarias y un plan de implantación del camión ligero eléctrico.En este sentido, pide desarrollar un sistema de incentivos a la adquisición y un modelo propio de despliegue para la infraestructura de recarga asociada, y también facilitar proyectos de I+D+i de otras tecnologías de transporte pesado de mercancías «que permitan descarbonizar completamente el transporte».

Por otro lado, pide también la adopción de medidas en los puertos españoles, donde pide garantizar la energía eléctrica de los buques, pero también facilitar la transformación del transporte de mercancías marítima al gas natural licuado.Así, pide planificar las inversiones para instalar en los puertos, priorizando aquellos localizados en grandes rutas internacionales, sistemas de suministro de gas natural licuado a buques, e incentivar a través de exenciones fiscales o ayudas directas, las inversiones de los armadores para la adaptación de los buques al GNL.

Respecto al suministro eléctrico, el Congreso ha acordado posibilitar que las autoridades portuarias puedan distribuir energía eléctrica a los concesionarios, incluso a través de redes de distribución de energía eléctrica cerrada, y que estos puedan dar suministro a buques atracados. Asimismo, las empresas distribuidoras podrían ser titulares de último recurso de la infraestructura necesaria para el suministro a buques en atranque, una vez que se haya celebrado un concurso y no haya pujado por esta titularidad nadie. En este sentido, pide que las tasas devengadas por la ocupación privativa de la zona portuaria por parte de las empresas de distribución sean consideradas como costes retribuibles.

El Congreso también pide un peaje específico para el suministro eléctrico de los buques, estudiar medidas para facilitar su adaptación al consumo eléctrico, como reducir el impuesto especial de electricidad o incentivos fiscales a la inversión, planificar las inversiones en infraestructura y un calendario para su instalación. Asimismo, pide que esta reforma esté «guiada por el principio de que quien contamina paga» y sea «neutral a la recaudación», incluir a los puertos de interés general en las zonas de distribución eléctrica y reordenar y «simplificar con criterios de eficacia y eficiencia la elevada proliferación de normas y tributos ambientales entre comunidades autónomas y Administración central».

El Congreso reclama adoptar medidas para limitar el dominio de los grupos energéticos en distintas áreas del mercado donde operan

Europa Press.- El Congreso ha reclamado al Gobierno la adopción de medidas para limitar el dominio de los grupos energéticos en las distintas áreas del mercado en las que operan estas empresas. Así, la Comisión para la Transición Ecológica ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Unidos Podemos que pedía «garantizar la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sistema eléctrico».

El texto aprobado por el Congreso pide que, a través de esta separación, «se garantice la libre competencia y la protección de las personas consumidoras, y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector energético nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad». En su propuesta, En Comú Podem señalaba que la «posición dominante» de una empresa en una actividad del sistema eléctrico como la generación, transporte, distribución y comercialización, entraña un riesgo a la competencia para el resto de actividades, al participar también en ellas una empresa del mismo grupo. Asimismo, señalaban que la CNMC «viene advirtiendo reiteradamente» de esta situación en sus informes.

El Congreso pide impulsar una hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en sectores difusos hasta 2030

Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, con los votos favorables de PP y Cs y la abstención del resto de grupos, que pide al Gobierno que impulse una Hoja de ruta 2030 para la reducción de los gases de efecto invernadero en los sectores difusos.

La iniciativa, planteada por el PP incorpora una enmienda de Ciudadanos, de modo que se pide al Gobierno que esa hoja de ruta con horizonte en 2030 establezca una estrategia para cumplir con las obligaciones internacionales para reducir los gases invernadero y que desarrolle políticas de energías renovables y de eficiencia energética. Además, la proposición reclama una participación activa y constructiva en las políticas de energía y cambio climático que se aplicarán en la Unión Europea en el periodo 2021-2030 así como en los procesos de negociaciones de Naciones Unidas.

En 2008 la Unión Europea estableció objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases invernadero, en el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020, que fija una reducción de emisiones de CO2 del 20% respeto a 1990. El Gobierno presentó en 2014 la Hoja de Ruta de Sectores difusos hasta 2020 que incluía 43 medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el residencial, transporte, agrícola, gases fluorados e industria no sujeta al sistema de comercio de derechos de emisión.

Según la propuesta, las medidas de la Hoja de Ruta adicionales a las ya existentes permiten a España desacoplar el crecimiento y las emisiones y cumplir con los objetivos adquiridos en materia de mitigación de emisiones de gases invernadero a 2020 y avanzar en las alternativas para futuros objetivos a 2030. En la actualidad se estima que aplicar acciones tiene beneficios ambientales más allá de 2020, con una inversión pública de 8.000 millones y otros 19.000 millones de inversión privada, que generarían un ahorro acumulado de 21.000 millones de euros.