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La CNMC prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético para que entren en vigor en 2020

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético, con el objetivo de que entren en vigor a partir del 2020. En concreto, la CNMC prevé aprobar un total de 13 circulares, que tienen rango de vinculantes, que afectarán a la regulación del sector eléctrico y gasista. La intención del organismo es someter al trámite de audiencia pública esta batería de circulares antes del verano.

En el sector eléctrico, las circulares que prevé sacar adelante el regulador se refieren a cómo se establecen las metodologías de retribución del operador del sistema eléctrico, así como a los cálculos de los peajes y retribución del transporte y distribución de electricidad. También se incluyen la metodología relativa al funcionamiento del mercado mayorista de producción de energía eléctrica y la que establece las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones eléctricas.

En lo que respecta al sector gasista, se abordará una circular por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de gas y regasificación, transporte y distribución de gas natural y otra por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.

Además, también figura una circular por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución de gas natural, así como otras para las retribuciones de las actividades reguladas de transporte y de regasificación de gas; de la actividad regulada de distribución de gas natural; o las normas de balance de gas natural y los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema gasista.

Con la convalidación por el Congreso de los Diputados del real decreto de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias del derecho comunitario, el regulador consigue nuevas competencias en el ámbito económico, en materia de acceso y conexión, supervisión de los mercados organizados y de planes de inversión, inspección y sanciones. En concreto, le corresponderá a la CNMC aprobar la metodología de peajes, los valores de los peajes, los parámetros retributivos del transporte y la distribución, salvo los almacenamientos subterráneos de gas natural, y la remuneración anual de estas actividades.

Asimismo, se le atribuye la competencia para aprobar la retribución, y su correspondiente metodología, del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista. Con carácter transitorio, la aprobación de los peajes se realizará por la CNMC una vez que se aprueben sus metodologías, que no serán de aplicación antes del 1 de enero de 2020. En el caso de las metodologías de retribución serán aplicables una vez finalice el primer periodo regulatorio previsto respectivamente para gas y electricidad, mientras que la fijación de la retribución la realizará a partir del próximo enero.

Izquierda Unida pide investigar si es habitual que las compañías eléctricas cambien contratos de sus clientes sin tener su consentimiento

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Europa Press.– Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno que inicie una investigación para comprobar si es «una práctica sistemática» que las empresas comercializadoras eléctricas cambien de contrato a sus clientes, aun sin contar con su consentimiento. Así lo plantea su portavoz energética parlamentaria, Eva García Sempere, que pide conocer si el Ejecutivo tiene constancia de traspasos de contratos del mercado regulado libre «de forma fraudulenta» por parte de estas compañías y «si existe alguna investigación en curso«.

En este sentido, García Sempere señala que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de sancionar a Endesa Energía, comercializadora de Endesa en el mercado libre, por dar de alta sin consentimiento a un particular que denunció este hecho ya que perdió su bono social, únicamente disponible en el mercado regulado donde tenía contratado su suministro. Sin embargo, la instrucción de este caso calificó como leve este hecho que la CNMC consideró probado, todo ello pese a haber identificado previamente los mismos hechos como constitutivos de infracción grave. Finalmente, Endesa recibió una multa de 30.000 euros.

Para García Sempere, la reiteración de estos casos «refuerza la idea de que las sanciones que se imponen a las eléctricas son meramente cosméticas». «Las sanciones que reciben no significan nada para sus cuentas», abunda, recordando que en caso de Endesa estas ganancias ascendieron a 752 millones de euros. Por ello, pregunta en su iniciativa al Gobierno si «considera que una multa de 30.000 euros es seria para sancionar este tipo de conductas», pide medidas para «garantizar que quien ponga en riesgo las protecciones a consumidores vulnerables reciba sanciones disuasorias» y que, en caso de ser recurrentes, «conlleven la extinción de la licencia de comercialización».

El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.815 millones de euros hasta junio, 554 millones menos de lo previsto

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Europa Press / EFE.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.815 millones de euros hasta junio, 554 millones menos de lo previsto, según la sexta liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señaló que este resultado se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 287 millones de euros, a la menor retribución del sistema peninsular en 55 millones de euros, y a la menor retribución de la actividad de distribución en 147 millones de euros, así como a una mayor facturación por peajes de acceso con 30 millones de euros más. Los ingresos por peajes de acceso ascendieron a 6.045,8 millones, mientras los costes regulados se elevaron a 8.119,6 millones.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada (103.914 GWh) fue un 2,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Asimismo, la CNMC advierte de «la escasa relevancia» de esta liquidación debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste. En cuanto a las energías renovables, se liquidaron 63.611 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada hasta junio ascendió a 3.553 millones de euros antes de impuestos.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, con lo que los ingresos no son suficientes para cubrir los costes reconocidos, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 74,69% a cada coste a pagar con cargo a la liquidación, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 425 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ascendió a 36,455 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Según la CNMC, a la fecha del cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,3 millones de euros, antes de impuestos.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional del sistema fue de 78 millones de euros, frente a los 175 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la liquidación, se ha calculado un índice de cobertura del 94,6% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados fue de 1.505 millones de euros, un 5,1% superior a los ingresos previstos para la liquidación, y un 8,6% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.

En esta sexta liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas ascendió a 1.444 millones de euros, que es un 0,6% superior a la del año anterior. Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden ETU/1283/2017, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

ERC cree que el euskopeaje, que reduce la factura eléctrica para las industrias vascas, puede ser una ayuda ilegal

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Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) cree que la reducción de la factura de la luz a empresas en determinados territorios, consecuencia de la diferenciación en tarifas con similares tramos de tensión, puede constituir una ayuda de Estado ilegal. Así consta en las preguntas registradas por su portavoz de Energía en el Congreso, Joan Capdevila, con las que esta formación reclama corregir unas diferencias que considera discriminatorias. Tiene además efectos en los Presupuestos de 40 millones de euros para compensar esta reducción de ingresos.

El diputado se refiere a los peajes de acceso a la red, diferentes entre los tramos de tensión entre 1kV a 30kV y 30kV a 36kV. Una distinción que, argumenta Capdevila, «responde a la decisión discrecional del Gobierno para establecer políticas que favorezcan más a determinados territorios». De hecho, los valores unitarios fijados para retribuir a las compañías eléctricas distribuidoras son los mismos en el tramo 24kV y 36kV, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avala que la diferenciación «no está justificada por motivos técnicos».

Pacto entre PP y PNV

Esta distinción, relata Capdevila, se acentuó además con el abaratamiento de la tarifa para el tramo de 30kV a 36kV, en virtud del acuerdo entre el PP y el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2017, lo que benefició a 1.250 empresas de 6 comunidades, la gran mayoría del País Vasco. Todasellas se beneficiaron de un ahorro estimado en unos 50 millones de euros anuales, reduciendo el coste del MWh en un 43%, reduciendo aún más una tarifa que ya les era más favorable por la distinción realizada a partir del acceso a la red en la tensión a partir de 30kV.

Esquerra denuncia que los efectos de esta medida «son selectivos territorialmente» y, además, pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario, pero es que además tiene un coste para las arcas públicas, en la medida en que los propios Presupuestos dotan con 40 millones las cuentas de la CNMC en concepto de compensación por la reducción de ingresos en el sistema eléctrico.

De las aproximadamente 4.450 compañías que no se beneficiaron por el peaje, al estar conectadas a un tramo inferior de tensión, 3.277 están ubicadas en Cataluña, y según ERC deben afrontar un sobrecoste en su factura por la distinción de unos 300 millones de euros. Por todo ello, Capdevila reclama al Gobierno a «aplicar medidas correctoras» para que las empresas conectadas a redes de distribución de entre 25kV y 30kV cuenten con las mismas tarifas.

Varias empresas recurrirán al Tribunal Supremo la subasta de interrumpibilidad

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EFE / Europa Press. – El Grupo Gallardo Balboa (Extremadura), Sidenor (País Vasco) y Siderúrgica Sevillana (Andalucía) recurrirán ante del Tribunal Supremo la nueva orden ministerial que regula la próxima subasta de interrumpibilidad, por considerar que se trata de un mecanismo «no competitivo» que sólo beneficia a unos pocos.

La interrumpibilidad es un sistema por el que las empresas que más electricidad consumen están dispuestas a reducir o suspender su consumo energético en momentos de mayor demanda eléctrica, o para aportar una reducción puntual del coste de la electricidad.

Según un comunicado conjunto, la nueva orden, ETU/362/2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de abril, sustituye los bloques de 90 MW por otros de 40 MW, «en teoría accesibles para un mayor número de empresas«.  Sin embargo, al mantener la misma exigencia de disponibilidad de dicha potencia interrumpible durante al menos el 91 % de las horas de cada mes, a juicio de estas siderúrgicas «sigue beneficiando» a las empresas que antes optaban a los bloques de 90 MW (cinco en la última subasta), ya que prácticamente ninguna otra compañía podrá cumplir esa exigencia.

Finalmente, por ello, han asegurado que el requerimiento de la Comisión Europea de aumentar la competitividad de la subasta seguirá sin cumplirse.

Para las empresas, «Esta nueva regulación daña seriamente los intereses de las siderúrgicas de Extremadura, Andalucía y País Vasco denunciantes que, fabricando los mismos productos, no pueden competir con industrias del mismo sector que estarán incentivadas por este servicio de interrumpibilidad«.

Por este motivo, han reclamado al Ministerio de Energía y a Red Eléctrica de España (REE) reducir la exigencia de disponibilidad en los bloques de 40 MW, suavizar el régimen sancionador y, para los bloques de 5 MW, aumentar el volumen de potencia interrumpible comprada, aproximándola a la ofertada.

La nueva subasta hará más difícil que las siderúrgicas denunciantes puedan acceder a los bloques que les permitan seguir siendo competitivas en los mercados nacionales, europeos e internacionales, por lo que han anunciado que se están planteando no participar.

El Grupo Gallardo Balboa, Sidenor y Siderúrgica Sevillana también elevarán su denuncia ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa esta subasta y que ya ha exigido al Gobierno de España en reiteradas ocasiones, según han destacado estas empresas, la mejora en la competitividad del sistema de subasta de los bloques de 90 MW.

 

UGT también muestra su oposición

UGT Fica ha manifestado «su total oposición» al informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la propuesta de orden que regula el mecanismo de interrumpibilidad, por entender que «soslaya las partes del actual sistema que garantizan la libre competencia del sistema de asignación».

Así, en un comunicado, el sindicato manifiesta «su preocupación» por las consideraciones y conclusiones emitidas por el regulador y afirma desconocer «las razones por las que se ha elegido este momento para verter y publicitar este informe, en el que se cuestiona un modelo vigente desde hace cuatro años que, siendo imperfecto, como se ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones al no garantizar la competitividad de las empresas españolas, es la única medida compensatoria de las empresas electrointensivas del país».

UGT Fica recuerda que «importantes empresas» del sector no han podido acceder a esta tarifa desde su primera subasta por no ofertarse todos los paquetes de megavatios (MW) necesarios para cubrir todas las demandas y necesidades o por no poder cumplir «los fuertes requisitos de consumo mínimo mensual marcados por la administración publica».