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Los expertos proponen subir la fiscalidad sobre los carburantes, frente al rechazo de los transportistas, para fomentar la movilidad sostenible

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Europa Press / EFE.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) rechaza «de forma rotunda» la reforma fiscal planteada por el grupo de expertos sobre transición energética y califica como «brutal» la subida que propone en los impuestos a los carburantes. Los expertos proponen fiscalidad vinculada al CO2, con un incremento del tipo aplicable al gasóleo y extender «ese refuerzo de la señal medioambiental a los impuestos locales afectados», entre los que se encuentra el impuesto de circulación de los ayuntamientos.

Este informe, entregado al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, apunta que el transporte ha sido el «principal responsable» del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en España en el período comprendido entre 1990 y 2015, por lo que apuesta por la expansión de los vehículos eléctricos para reducir este impacto negativo. No obstante, indica que la penetración en el mercado de este tipo de vehículos, aún reducida, estará condicionada «de modo muy destacado» por el coste de dichos vehículos y por la evolución que experimenten las baterías y, por lo tanto, la autonomía.

La comisión de sabios considera que la política regulatoria debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia vehículos de energías alternativas, «sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan conducir a generar costes no recuperables», y prestando «especial atención» al cambio de fiscalidad como instrumento «imprescindible» para facilitar la transición a una movilidad sostenible. Por ello, dicho grupo de expertos, con el fin de facilitar la transición a una movilidad baja en emisiones, se muestra a favor de establecer una estructura de peajes de acceso que favorezca un uso eficiente de la red eléctrica.

En esta línea, defiende avanzar en una exploración de medidas proactivas por parte de las administraciones locales que, además de fomentar el transporte colectivo como estrategia para reducir las emisiones, también incentiven la movilidad no contaminante. El informe recomienda, a su vez, vincular los apoyos a los vehículos con energías alternativas a las emisiones de CO2 evitadas y considerar, en tanto que se procede a la creación de una fiscalidad vinculada al CO2, un incremento del tipo aplicable al gasóleo.

Igualmente, los expertos proponen garantizar un entorno adecuado para la I+D+i del coche eléctrico en España ya que “sería vital”, aseguran, debido especialmente a la relevancia que tiene el sector del automóvil. También proponen proporcionar un entorno «adecuado y prudente» para la expansión de los puntos de recarga de coches eléctricos. En cuanto a los biocarburantes, el informe apunta que la medida más eficiente «sería financiar renovables eléctricas más que mezclar biocombustibles», por lo que apuesta por contribuir a un Fondo de energías renovables, con el fin de profundizar en la neutralidad ecológica y lograr una descarbonización al mínimo coste.

Además, resalta que la descabornización del transporte de mercancías tiene su máximo potencial con el uso de camiones eléctricos para el tráfico ligero de mercancías y de vehículos industriales de gas para tráfico más pesado y el traspaso de parte del transporte al tren. Para ello, advierten de que hace falta un mayor impulso para superar barreras que frenan su desarrollo, como la falta de capilaridad de la red ferroviaria, la necesidad de invertir para eliminar cuellos de botella, el desdoblamiento de vías y su electrificación, así como el incremento del parque de máquinas eléctricas.

Fenadismer rechaza la presión fiscal

Según Fenadismer, el informe del grupo de expertos «supone desconocer la realidad del sector del transporte por carretera», tanto en materia fiscal como en su contribución al medio ambiente. Fenadismer ha subrayado que las cargas fiscales del transporte por carretera «contrastan con los beneficios fiscales de los que disfrutan» otros medios, como el transporte aéreo, el marítimo o el ferroviario.

Además, los expertos proponen crear un recargo al consumo de carburantes o un sistema de «viñetas«, que pagarían los propietarios de vehículos, para financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias. No obstante, este comité de sabios precisa que las infraestructuras, tanto las viarias como las energéticas, pueden tener un impacto positivo en la economía y en la equidad interterritorial, lo que justificaría que una parte de la inversión se financie con cargo a los presupuestos generales del Estado. Los expertos consideran que los consumidores de los distintos productos energéticos deberían financiar las infraestructuras asociadas a su consumo, tal y como ocurre actualmente con las redes eléctricas y gasistas.

En el caso de las infraestructuras viarias, el informe plantea tres opciones: crear un recargo al consumo de gasolina y gasóleo de automoción que permita recuperar las inversiones en la red de carreteras; establecer un sistema de «viñetas», como ocurre en otros países europeos, que deberían pagar los propietarios de vehículos por el uso de las vías; o una combinación de ambas. Según los expertos, la introducción de las «viñetas» sería «imprescindible» a medida que se extiendan los vehículos de combustibles alternativos, como el coche eléctrico, que no consumirán ni gasolina ni gasóleo. El informe cifra en 12.520 millones de euros la inversión anual en construcción y mantenimiento de carreteras.

En todos los casos, el informe aconseja exenciones fiscales para mitigar el impacto de estos impuestos y recargos en colectivos sensibles como los profesionales del transporte o los agricultores. El documento elaborado por el grupo de expertos aboga por sustituir los actuales impuestos energéticos por otros que internalicen los daños medioambientales derivados de la generación y el consumo de energía. Concretamente, plantea 2 nuevos impuestos, uno para las emisiones de CO2 y otro para otras emisiones contaminantes (SO2, NOx y partículas). Estos nuevos gravámenes recaerían sobre las instalaciones de generación de electricidad y sobre los consumidores finales de carbón, gas natural y derivados del petróleo.

Además, los expertos proponen cambiar el mecanismo de financiación de las renovables, que ahora recae en la tarifa eléctrica, y sustituirlo por un recargo a todas las fuentes de energía final. Según los cálculos del comité de sabios, estas medidas abaratarían la factura eléctrica pero encarecerían el gas natural, el butano, la gasolina y, sobre todo, el gasóleo. En el caso de la electricidad, disminuirían los peajes aunque subiría algo el precio mayorista por el impacto del impuesto al CO2.

El director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), Ramón Valdivia, advirtió del efecto negativo que tendría para el sector y para las exportaciones españolas una eventual subida de los impuestos que gravan los carburantes. Valdivia recordó que la mayoría de las exportaciones hacia Europa «viaja por carretera». Valdivia avanzó que, si la subida fuera inevitable, el sector exigiría que se aplicase la figura del «gasóleo profesional» para compensar los efectos negativos.

El director general de Astic subrayó que el sector ya soporta bastantes impuestos, más de 10.000 millones al año, y se quejó de que regularmente «se vuelve la vista hacia la carretera» cuando se necesita aumentar la recaudación. Valdivia ha criticado la tentación de «escudarse» en las emisiones de CO2 para justificar una subida impositiva a los carburantes. En este sentido, ha explicado que los camiones y los autocares sólo representan el 6% de las emisiones de CO2 de Europa, muy lejos de otras actividades.

Los expertos calculan que cerrar las nucleares duplicaría el CO2 de la generación eléctrica y subiría un 20% su precio

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética estima que el cierre adelantado de las centrales nucleares duplicaría las emisiones de CO2 en el sector eléctrico y elevaría el precio de la electricidad en un 20%. La comisión ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno y recomiendan aplicar, entre otras medidas, impuestos verdes a los vuelos domésticos y a los buques contaminantes que atraquen en puertos, y que parte de su recaudación vaya a los ayuntamientos.

El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Álvaro Nadal, cuenta con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático. En este sentido, los expertos consideran que alargando la vida de las centrales nucleares en 10 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales. También señalan que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) determinar la capacidad técnica de cada instalación para continuar su operación en condiciones de seguridad.

Los expertos advierten de que el cierre de las centrales nucleares supondría un incremento de las emisiones de CO2 del sector eléctrico entre 9,6 y 15 MtCO2, lo que equivaldría a duplicar sus niveles respecto del año base; además, se incrementaría el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% (entre 2.000 y 3.000 millones al año); no incrementaría la cuota de renovables de forma significativa (del 29,7% actual a 30,6%) y el índice de cobertura de la demanda máxima de potencia, en ciertas condiciones extremas, podría caer hasta 0,86 (cuando el objetivo es 1,1), lo que exigiría acometer inversiones en potencia firme adicional.

La Comisión de Expertos propone, además, que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del Fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos. Además, recuerda que el valor de la tasa que nutre el fondo con el que se financia el plan no se ha modificado desde su entrada en vigor en el 2010.

Por ello, considera que resulta necesaria una revisión del valor de la misma para evitar la generación de déficits y, en consecuencia, disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las responsabilidades futuras. «Su valor actual (6,69€/MWh) resulta insuficiente y, por tanto, da lugar a la generación de un déficit para el escenario de vida de 40 años contemplado en el vigente PGRR», aseguran. Los 7 reactores en operación, que representan aproximadamente el 7% de la potencia eléctrica instalada, generaron en 2016 el 21,39% de la producción eléctrica total, resultando la primera fuente de generación en España. Esta participación fue del 11,5% a nivel mundial y del 27,7% a nivel de la Unión Europea.

En definitiva, la Comisión considera que, en relación con los distintos desmantelamientos de centrales nucleares que haya que acometer, resulta necesaria una planificación adecuada, y con la suficiente antelación, para optimizar técnica y económicamente los recursos disponibles para llevar a cabo, tanto la gestión del combustible gastado, como la ejecución de dichos desmantelamientos. Por ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación del vigente Plan General de Residuos Radioactivos, se considera procedente la aprobación de un nuevo Plan al objeto de actualizar las actuaciones y soluciones técnicas a desarrollar en el futuro, así como las previsiones económico-financieras correspondientes.

Por último, al tratarse de un sector con un elevado nivel tecnológico y con experiencia y conocimientos adquiridos durante más de 50 años, esta Comisión cree que cualquier decisión que pudiera adoptarse en relación con el parque nuclear debería ir acompañada de un análisis sobre el impacto que tendría para la industria nuclear, con el objeto de tratar de preservar, al menos, el empleo altamente cualificado y las capacidades básicas con las que resulte conveniente seguir contando en el futuro.

Impuestos ambientales en el transporte

Por otro lado, la recomendación de abordar la incidencia de los buques en la calidad del aire de las ciudades donde atracan, incluida en el capítulo dedicado al transporte del documento de 500 páginas, se hace pública a dos semanas de que la Organización Marítima Internacional (OMI) se reúna para decidir cómo atajar este problema. Además, proponen acelerar el cambio de los combustibles marítimos tradicionales hacia el gas licuado, así como un diseño tarifario que tenga en cuenta las características del atraque y suministro a buques y dirija las inversiones necesarias hacia la electrificación y suministro de gas en puerto.

Los expertos concluyen que la fiscalidad ambiental es la vía para descarbonizar todas las modalidades de transporte, la principal fuente de emisiones contaminantes en España, y subrayan que mientras se instaura el impuesto al CO2 que sugieren, se debe incrementar notablemente el tipo impositivo aplicable al gasóleo. Prevén que en 2030 habrá 2,4 millones de coches eléctricos e híbridos enchufables (un 10% del parque) pero matizan que el dato, muy por debajo de las previsiones de los países del entorno, es mejorable si bajan los costes, o se apoya el despliegue de puntos de recarga.

Respecto al ahorro y eficiencia energética, los expertos destacan el papel decisivo del parque de 25 millones de viviendas de España (dos tercios de ellas construidas antes de 1990), que representan el 31% del consumo final de la energía y alrededor del 11% de las emisiones. En ese sentido, recomiendan la pronta elaboración de una nueva estrategia de rehabilitación energética para 2020-2030, la revisión del Código Técnico de la Edificación, el apoyo al autoconsumo eléctrico (suprimiendo el llamado impuesto al sol) y de renovables térmicas in situ, o la promoción de sistemas centralizados de redes de calor de alto rendimiento.

Los expertos reconocen que habrá sectores y empresas que no podrán adaptarse a una economía libre de emisiones, y urgen medidas de reactivación económica, capacitación y protección social. En el caso de las empresas susceptibles de cierre o reconversión, hablan de elaborar planes específicos con medidas de formación y recolocación de los trabajadores afectados. Otra de las claves será la evolución hacia redes inteligentes que faciliten la transición energética contribuyendo a la penetración de las renovables, del vehículo eléctrico y de la gestión del consumo por parte de los hogares.

Respecto a la gobernanza, los expertos advierten de que las decisiones que se tomen ahora en energía y clima «pueden acarrear cambios irreversibles en el futuro», por lo que los intereses generacionales y la solidaridad deben estar en el núcleo de las mismas. Concluyen que la transición debe ser inclusiva y participativa, y que para ello se requiere de una mayor colaboración entre administraciones y de un alto grado de transparencia. En esa línea, plantean la creación de un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, integrado por expertos en las materias y dotado de presupuesto y medios, para llevar a cabo una evaluación rigurosa, independiente y continuada del cumplimiento de los objetivos.

Más renovables y un nuevo impuesto al CO2 para aligerar la factura eléctrica, claves del informe del comité de expertos

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EFE.- El comité de sabios creado por el Gobierno para asesorar la estrategia española de energía en la próxima década ya ha puesto sobre la mesa las claves para cumplir los objetivos climáticos: una apuesta decidida por las energías renovables y un nuevo impuesto al CO2, que financiaría los actuales sobrecostes en el recibo de la luz. Ahora toca desarrollar la estrategia de descarbonización de la economía española mediante la Ley de Cambio Climático y el Plan de Energía y Clima.

El informe Análisis y Propuestas para la Descarbonización, es fruto de 8 meses de trabajo de 14 expertos nombrados por el Gobierno a propuesta de los grupos parlamentarios, sindicatos y patronal. Plantea escenarios para que España cumpla sus compromisos del Acuerdo de París y contra el cambio climático en 2030: una reducción de emisiones del 26% respecto a 2005 en sectores no industriales, un 27% de energía final consumida procedente de renovables y un 30% de ahorro energético. Los expertos consideran que para alcanzar ese objetivo es necesaria una reforma de la fiscalidad energética, sustituyendo los impuestos actuales por otros que interioricen los costes ambientales y cuya recaudación financie sobrecostes que actualmente soporta el consumidor.

De este modo, plantean crear un impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas (PM) y los óxidos de azufre (SOx). El precio del CO2 debe fijarlo el Gobierno, aunque los expertos recomiendan valores entre los 15 y 30 euros por tonelada emitida, de los cuales la industria ya sometida al comercio europeo de derechos de emisión sólo pagaría la diferencia para llegar a la cifra fijada en España respecto a Europa (donde actualmente se paga 12 euros por tonelada), al igual que en Reino Unido.

Asimismo proponen eliminar del recibo de la luz todos los sobrecostes incluidos en los peajes actuales (deuda acumulada por el déficit de tarifa o las antiguas primas a las renovables) y la supresión de dos impuestos, el de generación eléctrica (7%) y el de electricidad finalista (en torno a un 4,5%). Esos sobrecostes se pagarían vía presupuestos generales, con los ingresos recaudados por los nuevos impuestos ambientales. La reordenación fiscal y de los peajes beneficiará el autoconsumo porque se suprime el impuesto al sol. En la mayoría de los escenarios abarataría la factura, si bien los nuevos impuestos ambientales se acompañarían de una subida de los impuestos del gasóleo y la gasolina, que aumentarían un 29% y un 2%, respectivamente.

Otra recomendación clave del informe es que España debe avanzar en renovables tan lejos como técnicamente sea viable hasta 2030, dejando claro que la fotovoltaica será la tecnología de la próxima década. Su escenario energético base para 2030 propone un 62% de generación eléctrica renovable: 10% hidráulica, 20% eólica (con 31.000 megavatios instalados, MW), 27% fotovoltaica (47.150 MW), 1% termosolar y 4% otras renovables. Además, España se convertiría en exportador de energía a Francia y Portugal, pudiendo abastecer, en este último caso, hasta el 7% de su demanda con renovables.

Este 62% de generación equivale a un 29,7% de energía final total consumida de fuentes renovables, dado el relevante peso que tiene el consumo de petróleo y sus derivados en la factura energética final de España, muy dependiente de los combustibles fósiles en el transporte, los usos residenciales y la industria, porque los hogares y la movilidad seguirían dependiendo del petróleo y el gas. Un 29,7% que situaría a España por encima del 27% del objetivo que marca la Unión Europea pero por debajo del 35% que está planteando el Parlamento Europeo, cuya consecución, de acordarse a nivel comunitario, requeriría de mayores esfuerzos en electrificación del transporte y la edificación.

Nuclear o gas como respaldo

Aunque el informe no es vinculante, sí debe inspirar el debate para el desarrollo de políticas que, por ser de gran calado y a largo plazo, requieren un amplio consenso. Ante las incertidumbres asociadas al desarrollo de las tecnologías de aquí a 2030, sobre todo en almacenamiento renovable, los expertos dejan en manos del Parlamento y del Gobierno decidir qué energía, si nuclear o gas o una combinación de ambas, garantizará un respaldo firme que asegure el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico en caso de menos recurso solar o viento. Su escenario base no contempla el carbón en 2030, al considerarlo inviable con los precios de CO2 esperados.

Advierten de que cerrar las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, a partir de 2023, incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.200 millones anuales según el escenario, y las emisiones contaminantes aumentarían por el mayor uso de gas. Manteniendo las nucleares en 2030, el 76% de generación eléctrica sería libre de emisiones, pero seguiría haciendo falta un 11% de generación por ciclo combinado y un 12% de cogeneración. Los expertos también proponen sustituir los actuales pagos por capacidad regulados (aproximadamente 1.000 millones anuales para que los ciclos combinados estén disponibles) por un mecanismo de subastas de capacidad.

El Congreso cuenta con una Comisión de Cambio Climático que lleva una década escuchando a ponentes de los ámbitos más diversos relacionados con la transición y todos coinciden en la misma petición a los partidos: pacten una regulación estable para cumplir los objetivos climáticos para que todos puedan saber a qué atenerse en sus decisiones. Además, en la transición hacia una economía descarbonizada, habrá perdedores a los que hay que anticipar soluciones económicas y sociales.

El reto de la descarbonización es «colosal», según reconocen los expertos, porque requiere poner patas arriba el modelo de producción y consumo imperante, pero si se aborda bien y a tiempo presenta grandes oportunidades para la competitividad y el empleo dado el buen posicionamiento de partida de España en las energías del futuro, con sol y viento. De las dos normas que asesorará este documento, la más avanzada es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador se cerrará, previsiblemente, en las próximas semanas tras pasar por la comisión interministerial que lo estudia.

Según fuentes consultadas, la ley pasará en breve por el Consejo de Ministros y, tras el informe del Consejo de Estado y un periodo de información pública, llegará al Parlamento antes del cierre estival, para su debate en otoño. Dadas las diferentes velocidades en los Ministerios de Medio Ambiente y Energía, la futura ley hablará de la obligatoriedad de ir desarrollando planes nacionales integrados de energía y clima, marcará los contenidos de los mismos, e incorporará el primero en cuanto esté acabado pero sin necesidad de esperarlo para su aprobación.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que no presentará el plan (2021-2030) hasta que no concluyan las negociaciones europeas para cerrar los objetivos a 2030, ya que está en liza pasar de un 27% de renovables a un 35%, si bien no podrá dilatarlo más allá de 2018, cuando la Unión Europea exige el primer borrador. El Gobierno lleva años anunciado una Ley de Cambio Climático y la oposición años reclamándola; se acerca el momento de ponerse de acuerdo.

El carbón nacional vincula su futuro más allá de 2019 a la continuidad de las centrales térmicas

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Europa Press / EFE.- El sector del carbón ha vinculado «directamente» su futuro más allá de 2019, fecha en la que está previsto el cierre de las minas o la permanencia de solamente aquellas viables mediante la devolución de las ayudas recibidas, a la continuidad de las centrales térmicas propiedad de las eléctricas. «Si las centrales de carbón no tienen la proyección suficiente para continuar, no tiene mucho sentido que sigamos con un combustible que no va a ser utilizado», afirmó el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia.

Con el debate abierto respecto al futuro de las centrales de carbón, después de que Iberdrola haya pedido el cierre de sus plantas de Lada y Velilla y con la continuidad de otras centrales en el aire más allá de 2020, Iglesia señaló que el sector pide al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que retome la posibilidad de aplicar unos pagos por capacidad para la desnitrificación de las centrales térmicas que permitiría a las compañías abordar esas inversiones necesarias para alargar su futuro por encima de ese horizonte.

«Fue una iniciativa tomada desde la Secretaría de Estado de Energía en 2015, pero en la que la CNMC encontró problemas serios y en aquellos momentos se abandonó. Todos y cada uno de los días que hablamos con el Ministerio, gobiernos autonómicos o cualquier administración, lo solicitamos. No pedimos nada para nosotros, tenemos firmado que las ayudas se han acabado, pero creemos que se podrían establecer los mecanismos adecuados para que las centrales puedan seguir generando electricidad con carbón», apuntó.

Con la garantía de esta continuidad de las centrales, Carbunión considera que las empresas mineras podrían planificar su actividad productiva a partir de 2019, con el objetivo de aportar entre 4 y 6 millones de toneladas anuales de combustible autóctono. Actualmente sobreviven 8 empresas del sector en España, 2 menos que en 2016 y lejos de las 21 que existían en 2011. Las ayudas recibidas por el sector, que ya van tocando a su fin, superan los 520 millones de euros en estos 7 años, aunque se redujeron a apenas 25,7 millones de euros en 2016 y cayeron drásticamente en 2017 con 1,3 millones, que, además, según Iglesia, incluyen la ayuda de 10 euros por tonelada dada por el Ministerio.

Iglesia, que reconoció estar «expectante» por conocer las conclusiones que presentará este mes la Comisión de Expertos sobre la transición energética respecto al mix energético necesario, defendió el «importante» papel del carbón como respaldo para la generación renovable, tal y como se vio el año pasado debido a unas condiciones climáticas en las que se registró la ausencia de viento y precipitaciones. «Si en 2016 o 2017 hubiésemos estado cerrados, los volúmenes de carbón importado habrían sido mayores», añadió Iglesia, quien valoró que gracias al carbón autóctono España no depende «exclusivamente de unos precios internacionales que pueden perjudicar al país».

El presidente de Carbunión ha recordado que el carbón supone un 23% de la generación de electricidad en Europa y un 15% en España, lo que demuestra que el país que tiene carbón lo utiliza para generar energía y ha animado a que España siga esa senda de los países europeos. Respecto a la cuantía de ayudas que tendrán que devolver las empresas que continúen con su actividad a partir de 2019, Iglesias ha dicho que es difícil cuantificarlo, pues para eso habría que saber cuántas y cuáles van a seguir, al tiempo que ha demandado que las ayudas se puedan devolver de forma escalonada para que no interfiera en la actividad de las empresas.

Desde Carbunión, califican 2017 de un año «esperanzador», con unos números que prácticamente recuperaron los niveles de 2015, tras los malos datos de 2016, aunque esperan que 2018 sea un ejercicio de «transición y diálogo» de cara a 2019. Entre 2011 y 2017, el sector redujo la producción y el empleo en un 58% y en un 62%, respectivamente, a pesar de la recuperación del año pasado. La producción con carbón nacional se incrementó en casi un 60%, hasta los 2,78 millones de toneladas, lejos de los más de 6 millones de 2011 y 2012 y frente a los 17,4 millones de toneladas de importación.

Del total de la producción del 2017 en España, más del 60% procedió de explotaciones a cielo abierto, mientras que la de las subterráneas no pasó del medio millón de toneladas. En 2017 la producción de carbón se vio favorecida por la caída de la producción hidráulica, que obligó a utilizar las centrales térmicas que utilizan carbón y gas. Sin embargo, en los dos primeros meses de 2018 ha bajado, aunque Iglesias espera que la producción se mantenga en el entorno de la de 2017, aunque dependerá de la meteorología.

Iglesias apuntó que la producción de carbón autóctono, con excepción de 2017, viene decreciendo desde 2011, mientras que las importaciones oscilan según la necesidad para generación eléctrica. El grueso de las importaciones de carbón que se hacen en España, en concreto el 87% en 2017, proceden de 4 países (Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica), naciones con las que, según Iglesias, es difícil competir por los menores costes con que producen. En lo que se refiere a la participación del carbón nacional en el carbón térmico consumido, se limitó al 14%.

En lo que se respecta al empleo, el número total de trabajadores se situaba a cierre de 2017 en 2.197 personas, frente a los más de 5.800 trabajadores de 2011. En 2017 se registró un ligero repunte del 7% con respecto a 2016, incremento que no ocurría desde 2011 aunque fue debido, principalmente, al aumento de las contratas, ya que el número en plantilla sigue descendiendo, según Carbunión. En este sentido, la plantilla de las empresas disminuyó desde los 1.675 trabajadores que tenían en 2016 a 1.592 en 2017, en torno a un 5%, mientras que la de las contratas aumentó un 60%, al pasar de 379 trabajadores a 605.

La deuda acumulada del sistema eléctrico se ha reducido en 8.000 millones y el saldo pendiente asciende a 21.000 millones

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha destacado que España haya sido capaz de reducir en cerca de 8.000 millones la deuda acumulada del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar los 28.700 millones y que actualmente es de 21.000 millones. Navia, que intervino en la presentación del Balance Energético de 2017 y Perspectivas para 2018, del Club Español de la Energía, subrayó que España está siendo capaz de reducir los desequilibrios acumulados por sus sistemas eléctrico y gasista.

De esta manera, la deuda del sistema eléctrico, que después de 14 años consecutivos de generación de déficit en 2014 registró su primer ejercicio con superávit, se redujo en torno a otros 2.000 millones de euros el año pasado, desde los niveles de los 23.070 millones de euros en que cerró en 2016. Navia destacó la política de «contención de costes y rigurosidad» aplicada por el Gobierno y subrayó que la sostenibilidad financiera sigue siendo «el elemento fundamental» para que las decisiones que se adopten en materia energética en el corto plazo sean «coherentes con los objetivo a largo plazo«.

Ha manifestado que, aunque no están cerrados los datos de 2017, los dos sistemas mantendrán el equilibrio financiero que les ha caracterizado desde la reforma que se hizo en la legislatura pasada. Navia ha dicho que la postura del Ministerio será mantener el rigor a la hora de asignar nuevos costes al sistema, porque esto se puede convertir en un problema macroeconómico, al afectar a la competitividad. Ha subrayado que el equilibrio alcanzado en los sistemas ha permitido mantener sus costes (peajes) congelados, 5 años en el caso de la electricidad y 4 en gas, con el consiguiente beneficio para los consumidores domésticos e industriales.

En cuanto a los precios, ha indicado que, pese a las dificultades habidas en 2017, con fuertes tensiones en los mercados de electricidad y gas, y unas condiciones climáticas excepcionales, marcadas por la sequía y olas de frío en Europa, el año se superó con «cierto éxito«. Daniel Navia explicó que en 2017 la factura para un hogar medio fue de 835 euros, más alta que la de 2016, por la escasez de lluvias y unos precios de las materias primas algo más altos, aunque 16 euros más barata (un 1,8%) respecto a un año más normalizado como fue 2015.

Por eso, considera que España está en una fase de estabilización de precios de la energía y con tendencia a la baja, como prueba que se mantiene entre 21 y 22 céntimos el kilovatio hora (KWh) para un consumidor doméstico, similar a 2012, y de 11 céntimos/KWh para un consumidor industrial, un céntimo menos que el que había en 2012.

Ha señalado que para mitigar el elemento que puntualmente rompe la tendencia, la volatilidad de los precios en el mercado, el Ministerio ha introducido medidas, como las reformas que ha hecho de la interrumpibilidad (pagos que se dan por la disposición de empresas a desconectarse cuando sea necesario para el sistema, que ahora se podrá utilizar también para estabilizar precios) y del mercado del gas. Además, destacó que en el inicio de 2018 se está viendo una reducción de la factura de electricidad en los hogares, que ha bajado un 8% en los dos primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2017.

Por otra parte, ha destacado que España está en una posición favorable para cumplir sus objetivos medioambientales, al haber reducido de 2005 a 2015 las emisiones un 22%, más que Alemania, que lo ha hecho en un 9% o Francia, donde han disminuido un 17%. De cara a 2018, asegura que en breve se contará con el informe de la Comisión de Expertos sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, respecto a los planes nacionales de Energía y Clima, ha indicado que la intención es tenerlos elaborados, aunque no aprobados, y disponibles para consulta pública a lo largo de este año. Por último, ha reiterado la postura del Ministerio favorable a una neutralidad entre las diferentes tecnologías.

A este respecto, indicó que el input que dará el informe de la comisión de expertos creada por el Gobierno para abordar esta transición energética, que se conocerá «en breve», va ser «una orientación fundamental». Así, consideró que debe existir un debate «muy intenso» respecto a cómo abordar la transición energética entre todas las fuerzas políticas y todos los actores del sectores, aunque subrayó que es «factible» lograr acompasar el cumplimiento de los objetivos medioambientales con la competitividad de la economía. «Partimos de una posición razonable para tomar medidas razonables. Habrá gente que quiera avanzar más rápido y otros más lentos, pero lo importante es buscar el punto común«, concluyó.

El PSOE plantea recuperar las concesiones hidroeléctricas y pregunta a Tejerina sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las actuaciones que pretende realizar en materia de lucha contra el cambio climático y en particular sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la calidad del aire. Asimismo, los socialistas han presentado las bases que consideran esenciales para lograr un acuerdo sobre un Pacto de Estado sobre agua.

El responsable del área de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, subrayó la necesidad de avanzar en una norma que prohíba la privatización de las infraestructuras de captación y distribución y de las entidades o empresas públicas que tengan encomendadas su gestión. «Se abre una oportunidad para recuperar las concesiones hidroeléctricas para su gestión pública», concluye. Estructurado en 10 ámbitos, la primera iniciativa que plantea el PSOE es la necesidad de realizar una profunda revisión del diagnóstico en cuanto a recursos disponibles y usos eficientes del agua a través de una auditoría hidrológica, un análisis asociado al que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética realice.

Cambio Climático y Transición Energética

Por su parte, el diputado del grupo socialista, Ricardo García Mira, planteó varias preguntas escritas al Gobierno y, entre ellas, el PSOE quiere saber cómo integrará el Gobierno las conclusiones realizadas por el grupo de expertos de Energía y Clima en el texto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, interroga por el calendario de actuaciones del grupo de expertos y de negociaciones y debates a seguir desde una perspectiva institucional y política, en interacción con otros actores políticos y ambientales.

Entre otras cuestiones, García Mira quiere saber cuál será el procedimiento que se seguirá para seleccionar, discutir e integrar las más de 350 aportaciones que se registraron en la fase de información pública así como por la metodología y procedimientos que se emplearán para incorporarlas o no al texto. También pide conocer las medidas que adoptará el Gobierno para cumplir con la legislación europea sobre la calidad del aire después de las «reiteradas advertencias» de la Comisión Europea por los altos índices de contaminación en las dos grandes ciudades españolas.

Otra de las cuestiones quiere indagar si el Gobierno puede proporcionar las dimensiones más importantes y previsiones sobre las que desarrollar la acción política en relación y le pide que defina de forma «concreta y precisa» hojas de ruta de descarbonización para el horizonte de 2030 y 2050 en materia de emisiones del transporte, la industria, la agricultura, la ganadería y quema de combustibles fósiles, con una «apuesta decidida por la eficiencia energética«. A su juicio, esto es el «modo más rápido y seguro» de reducir emisiones y de facilitar una mayor competitividad en la producción industrial y generar efectos sociales positivos en los hogares.

En esa línea, el diputado quiere saber para cuándo proporcionará el Gobierno a los partidos políticos y resto de las organizaciones de la sociedad civil una propuesta de desarrollo de una estructura de Economía Circular así como la cuantificación de las emisiones que tendrán que reducirse por sectores de cara al cumplimiento de objetivos de la Unión Europea y de los Acuerdos de París, a consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«El proceso de ralentización en el que ha entrado España, después de la firma del Acuerdo de París, ha hecho que dos años después no exista avance alguno y España sea un ejemplo de inacción, un Estado que incumple los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea con la comunidad internacional», lamenta García Mira. La última de las cuestiones en esta batería pregunta por las propuestas relativas a la fiscalidad que resultarán afectadas por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El diputado considera que España está «entre los países que menos hace para combatir el calentamiento de la Tierra» y ha exigido a García Tejerina una política climática «con garantías» porque «no hay fórmulas mágicas», de modo que es preciso cambiar el modelo energético y los modelos de crecimiento, negocio y desarrollo. Del mismo modo, opina que es preciso generalizar el empleo de tecnologías renovables y eliminar «toda barrera» a su potencial a través del impuesto al sol.  Asimismo, el diputado ve necesario introducir los cambios precisos en la fiscalidad.

El Consejo Nacional del Clima conocerá un primer borrador de la Ley de Cambio Climático en este primer trimestre

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano asesor del Gobierno en esta materia, en el que se ha dado a conocer que el Gobierno trabaja en la preparación de un borrador de anteproyecto de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, que se prevé que esté listo en el primer trimestre de 2018 y se presentará en el Consejo Nacional del Clima.

Durante el Consejo, la ministra ha puesto el acento en la «clara voluntad» del Ejecutivo por dialogar con todas las partes y conseguir que sea «una ley de todos«, por lo que se está elaborando tras lanzar un proceso abierto y participativo con numerosos hitos para asentar las bases de este consenso y asegurar la máxima participación social, según indicó el Ministerio de Medio Ambiente.

García Tejerina ha detallado estos hitos desde la creación de un grupo de trabajo interministerial que asegure la coherencia de las actuaciones contempladas en la futura Ley, la creación de una Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética a una economía baja en carbono, las jornadas de debate en las que más de 400 expertos aportaron su conocimiento, o la consulta pública llevada a cabo. Se trabaja, además, para implicar a todos los grupos políticos en la elaboración de la Ley para que se elabore con el máximo consenso.

La consulta pública para la Ley de Cambio Climático suma ya 170 propuestas, pero varios sectores la tildan de insuficiente

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Europa Press.- La consulta pública abierta por el Gobierno desde el pasado julio para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha recibido ya más de 170 propuesta, según ha indicado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), mientras que otros sectores, como ONG ambientales, expertos y organizaciones políticas de la oposición, tildan el proceso participativo de «insuficiente» y de ir «con retraso».

El próximo 10 de octubre finaliza el plazo de la consulta para la elaboración del texto, que tiene como objetivo construir una Ley «con la mayor implicación social», según ha señalado el MAPAMA, que ha añadido que la futura normativa es «un compromiso del presidente del Gobierno para cumplir con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París y en el marco de la Unión Europea«. Sin embargo, diferentes sectores de la sociedad, como ONG ambientales, partidos políticos de la oposición y expertos que han participado en la comisión del Congreso para su puesta en marcha, han criticado el proceso.

Insuficiente valor de la participación

En el caso de Ecologistas en Acción, lamentan que la participación ciudadana para elaborar la normativa está siendo «insuficiente» porque la consulta pública abierta ahora «sólo implica preguntas cerradas de orden jurídico». En la misma línea, la ONG Greenpeace España ha expresado su malestar, junto a otras organizaciones ecologistas, por no haber sido invitada a la comisión de expertos creada por el Gobierno para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, y que estará formada por 14 miembros.

Mientras tanto, para el partido socialista, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «una obligación del Estado» con la que el Gobierno de España «va muy por detrás de la mayoría de países». Por su parte, el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Arnau Queralt, expresó durante su intervención en la comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso, «que la participación pública no se debe reducir a colgar un texto en la web para que la gente opine».

Pese a las críticas, según fuentes ministeriales, este procedimiento es «novedoso» porque deja a la ciudadanía realizar todas sus aportaciones y contestar a preguntas abiertas sin la base de un borrador, al tiempo que han señalado que es la «primera vez» que el MAPAMA lo pone en marcha para atender a una ley «de esta envergadura, que necesita un proceso participativo amplio». Asimismo, el Gobierno ha creado un grupo interministerial para la elaboración de la Ley, que se reunió por primera vez el pasado abril.

Reflexiones y apuntes entre líneas

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Del comienzo del curso energético se sugieren distintos apuntes y elementos derivados. Resulta evidente que las empresas del sector valoran positivamente que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea precisamente eso, una ley, alcanzando el máximo rango legal y proporcionando mayor seguridad jurídica, con el añadido de que para su elaboración se consiga el necesario consenso de una norma tan importante para el futuro del modelo energético español.

Cabe esperar que los goznes que articulan su proceso de elaboración, la definición de los escenarios, así como las medidas correlacionadas y adyacentes sean coherentes, alineados y coordinados, incluyendo en este mecanismo a la Comisión de Expertos. Precisamente la apertura del proceso de participación para la regulación del cierre de centrales es un síntoma de fuga del engranaje puesto en marcha por el propio Gobierno, una regulación por tanto que debería ser reconducida e incardinada a los trabajos de estos expertos, algo que además debería percibirse con claridad para que la labor de esta Comisión no quede en papel mojado a las primeras de cambio.

Por otra parte, el Gobierno asegura que considera importante mantener la energía nuclear en el mix de generación en la medida que contribuye al cumplimiento de los objetivos de emisiones. Esta afirmación debería conducir a una revisión del modelo de fiscalidad que recae sobre esta tecnología, convertida en un objeto tributario en sí mismo en nuestro país. Fiscalidad que debe ser revisada en el conjunto de un modelo de fiscalidad verde, coherente con los objetivos de la política energética y medioambiental, más allá de los criterios recaudadores, y con la necesaria contribución de otros sectores como el transporte. Las recientes recomendaciones de la Comisión Europea sobre el modelo de fiscalidad verde español definen el espacio de carencias y mejoras necesarias.

Por otro lado, empieza a existir un cierto disenso en el proceso compulsivo de lanzamiento de subastas de potencia renovable que ha determinado dos subastas en tres meses y 8.000 MW incorporados para cumplir los objetivos de la Unión Europea ante el parón de estos últimos años. Las críticas al mismo han hecho mella incluso en la propia Administración energética, que reconoce que el procedimiento no habría sido el mejor.

Finalmente, en lo que se refiere a la política del Ministerio de Energía, empieza a evidenciar fatiga de materiales el afán de dotarse de espacios de discrecionalidad (para promover subastas inesperadas de potencia renovable sin un modelo de planificación, para tratar de impedir el cierre de centrales, para aplicar los superávit contables a la política tarifaria) o para autopermitirse fórmulas indulgentes con la inseguridad jurídica o a la retroactividad retributiva, con justificaciones tan espurias como la escasa interconexión energética con Europa, el nuevo mantra ministerial.

Este debate necesariamente se va a hacer cada vez más sofisticado y menos maniqueo. La necesidad de confianza (seguridad jurídica) y de previsión van a requerir otra forma y de otras formas en la regulación del sector. Los procesos abiertos en el ámbito europeo (Parlamento, Comisión Europea y Dirección General de Competencia) van a ser escenarios a tener muy en cuenta en todo este proceso.

La consulta pública para el cierre de las centrales

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El Ministerio de Energía tiene abierta hasta el día 15 una consulta pública (conforme a lo que establece el procedimiento de elaboración regulatoria español) dirigida a una eventual y futura regulación del procedimiento de cierre de las centrales eléctricas. La consulta pregunta a los que quieran personarse si ¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio? y ¿Qué procedimiento debería seguirse en el supuesto de que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?

Dado que la legislación española ya prevé los mecanismos para el cierre de centrales, la principal cuestión global que se deriva de la pretensión de establecer una regulación expresa para fijar límites a la salida de instalaciones en un mercado de generación liberalizado como el español es conocer la motivación del Ministerio para forzar a que exista esta regulación y someter a pública demagogia las propias directrices de la Unión Europea, fijadas en el cuarto paquete legislativo, sobre la participación de operadores en las actividades liberalizadas. El hecho de que se haya planteado el cierre de algunas plantas y retirar potencia del sistema seguramente ha sido determinante para que el Ejecutivo acuda a la regulación.

El Ministerio de Energía de la Administración Rajoy sigue con una política basada en la búsqueda de espacios de discrecionalidad. Discrecionalidad que se instrumenta de muchas formas: desde convocando subastas de nueva potencia renovable ad libitum y con letra pequeña para ir distribuyendo potencia (equilibrando agravios), pasando por arañar las finalidades de los excedentes de liquidación según convenga electoralmente, realizar intervenciones tarifarías para determinados ámbitos geográficos, hasta buscar dotarse de fórmulas para sortear las legítimas peticiones de cierre y/o hibernación de centrales que se suceden por sus titulares a la vista de su inviabilidad económica.

Esta discrecionalidad también le permite no definir los escenarios de la denominada y todavía vaporosa transición energética en el caso español, término que es un significante vacío de comunicación política, en donde confluyen el impulso a la Ley de Cambio Climático con la creación del Comité de Expertos para su definición.  Escenarios que, con una importante sobrecapacidad en la generación (otro de los mantras de esta Administración, agudizado con el pase de Nadal a ministro), deberían determinar en cada momento el mix de generación, las fórmulas de mercado mayorista resultantes, el procedimiento de despacho y los mecanismos de retribución de cada tecnología según su papel.

Por eso, el Ministerio busca apelar a fórmulas inespecíficas e inconcretas que le permitan actuar de forma discrecional en cada momento sin la necesidad de definir una política energética, sin organizar y hacer coherente una política de fiscalidad verde energética más allá del actual esperpento regulatorio, sin explicitar una política medioambiental más allá de la retórica (y que concierna a todos los sectores)  y, lógicamente, sin basarse en el modelo de gobernanza empresarial según se trate de las actividades liberalizadas o reguladas en cada caso.

Por eso Energía apela en esta consulta, emocionalmente, al cambio climático (sin abordar el proceso de descarbonización y el futuro de las térmicas), a la seguridad de suministro (con un nivel de sobrecapacidad como el existente) o al precio; ahí sí que está la madre del cordero de todas las justificaciones del Ministerio, la utilización de los precios de la energía como argumento electoral a toda costa. Eso sí, sin liberalización completa y sin detraer de la tarifa las cuestiones no relacionadas con el suministro, con una política de sobrecapacidad inducida que mantenga a todas las tecnologías subyugadas y enfrentadas por no perder su hueco.

En consecuencia, de una cuestión global como es la motivación del Ejecutivo para intentar promulgar esta norma se derivan otras muchas más: ¿Qué papel tiene la normativa comunitaria y, en consecuencia, la Dirección General de Competencia de la Unión Europea en los límites, barreras o prohibiciones de salida del mercado, en su intervención ya sea vía instrumentación legal o de facto? ¿Se coordinará la iniciativa regulatoria con el calendario de elaboración normativa para la futura Ley y los trabajos de la Comisión de Expertos? ¿Cuáles son los aspectos colaterales (mercado, pool, tecnologías, escenarios) de dicho proceso? ¿Se respetarán el carácter liberalizado con todas sus consecuencias de la actividad de generación?

¿Qué mejor que una consulta aparentemente beatífica  sobre una regulación para exonerar de responsabilidad la ausencia de una política energética y legitimar una posible intervención a los mercados? Ya estamos otra vez con la melé.