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El Gobierno crea una comisión de expertos para estudiar si es relevante el ahorro energético que aporta el cambio horario

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EFE.- El Consejo de Ministros ha creado una «comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial», tras el anuncio hecho en agosto por la Comisión Europea de proponer el fin del movimiento estacional horario, según indicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

La comisión se encargará de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en nuestro país la hora de Europa central, ha informado el Gobierno.

El informe se remitirá a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

La comisión estará formada por un máximo de 14 personas, y tiene como objetivo la presentación de propuestas orientadas la protección y mejora de la salud, sobre todo de las personas más vulnerables, potenciar la sostenibilidad social, ambiental y económica, y favorecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, la comisión evaluará los costes y beneficios en relación a diferentes actividades.

En relación con los costes hará una evaluación sobre la eficiencia energética y económica de las distintas actividades productivas.

En cuanto beneficios, se valorarán especialmente los posibles impactos positivos sobre la salud de las personas y sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

Esta modificación se hará en el marco del proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE solicitada por el Parlamento Europeo a la Comisión.

Los Estados miembros están distribuidos en tres husos horarios diferentes, que comprenden la hora de Europa occidental (UTC), hora de Europa central (UTC +1) y hora de Europa oriental (UTC+2).

Aunque geográficamente España se halla en el área correspondiente a la hora de Europa occidental, nuestro país adoptó el huso horario correspondiente a Europa central mediante una Orden de Presidencia del Gobierno de 7 de marzo de 1940.

Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó en su sesión de 13 de septiembre de 2012 la creación, en la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad.

La subida de la luz reabre el debate sobre el mercado y la factura eléctrica

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EFE.- El crecimiento ininterrumpido del precio de la luz en los últimos cuatro meses y los altos precios fijados en el mercado mayorista han vuelto a reabrir el debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación del precio de la factura eléctrica.

En agosto el recibo de la luz encadenó su cuarta subida consecutiva y alcanzó su precio más alto en todo el año, al encarecerse un 12% respecto al mismo mes de 2017, lo que supuso pagar 8,05 euros más que en la factura que un año antes. No parece que septiembre vaya a ser mejor pues, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 11 días de septiembre el coste del recibo es un 16,7% más caro que un año antes.

En agosto el recibo de la luz para el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada por el Gobierno, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, alcanzó los 75,21 euros, frente a los 67,16 euros de hace un año y los 73,1 euros a los que llegó en julio pasado.

A pesar de que al comenzar 2018 las circunstancias meteorológicas fueron más favorables para la producción de energía hidráulica y eólica (fuentes de generación más baratas) que en 2017, marcado por la escasez de lluvia y viento, tan sólo en los primeros meses de este año la factura eléctrica bajó, para empezar en mayo a encadenar subidas. La actual subida, según expertos del sector, se debe al encarecimiento de los derechos de emisiones de carbono, cuyo precio se triplicó entre mayo y agosto frente a 2017, y de los precios del gas y el carbón, que se emplean para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado y las térmicas.

En agosto el precio medio en el mercado mayorista fue de 64,33 euros, el más alto en un mes este año, y en septiembre se ha situado varios días por encima de los 70, alcanzando un máximo diario de 75,39 euros este miércoles 12. Las subidas del CO2 y del gas han elevado en 21 euros/MWh el coste del ciclo combinado y en 12 euros/MWh el del carbón, unas subidas que se han unido en los últimos meses a la menor producción hidráulica y eólica en verano, que obliga a usar más el respaldo térmico.

Un 35% de la factura

El incremento de los precios en el pool, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al PVPC al suponer un 35% del total de su factura, de la que el resto son peajes fijados por el Gobierno e impuestos.

En España hay 11 millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW), mientras que más de 16 millones (cerca del 60% del total de los consumidores eléctricos) tienen contratos en el mercado libre. Estos, a diferencia de los acogidos a la PVPC, tienen garantizado el precio de la electricidad durante al menos un año y, por tanto, son ajenos a las variaciones de su valor en el pool.

Generadores y comercializadores fijan en este mercado el precio de toda la energía que se va a consumir al día siguiente y funciona bajo un criterio económico marginalista, por el que todas las tecnologías de generación cobran en cada hora lo que marca la más cara que entra. Las compañías eléctricas afirman que no se están beneficiando de estas últimas subidas y recuerdan que la mayor parte de la factura regulada no lo constituye el coste de la electricidad, sino los peajes y los impuestos.

El grupo de expertos que hizo el informe de cara a la elaboración de la de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya planteó trasladar los costes actuales de la factura eléctrica a los Presupuestos del Estado, financiándolos con nuevos impuestos medioambientales. Según sus cálculos, con esas medidas la luz bajaría un 6,8% pero subirían el gasóleo (un 28,6%), la gasolina (1,8%) y el gas natural (5,8%). El recibo de la luz soporta ahora un 21% de IVA y el impuesto especial de electricidad, del 5%, a lo que hay que sumar los peajes, que el gobierno del PP mantuvo congelados durante 4 años.

El comité de expertos espera que su informe sea tenido en cuenta por el Gobierno para impulsar la transición energética

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EFE.- Jorge Sanz, que presidió el comité de expertos sobre transición energética, reivindica que el informe que elaboró ese grupo, que se aprobó con 11 votos a favor y 3 abstenciones, tiene que ser un documento de referencia de cara a la transición energética. Sanz ha manifestado que el documento de los expertos, que fueron designados por los grupos parlamentarios y agentes sociales, «no es el documento de un partido», y ha añadido que «es un documento que hay que leer».

Ha señalado que los mix energéticos (fuentes de energía que cubren la demanda) que vaya a haber en un futuro dependerán de muchas cosas, como de los precios de los combustibles y de los precios de los derechos de emisión de CO2. En este sentido, resaltó que una de las conclusiones del comité de expertos fue que el grado de cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones era muy sensible a la bajada de los precios del petróleo. De esta manera, señaló que los objetivos para 2030 se cumplirán con mayor holgura si los precios de los combustibles son caros y menos si están baratos.

Ha señalado que, no obstante, el informe concluyó que era factible alcanzar ese objetivo, así como el de eficiencia energética, y que el único en el que aparecían problemas era en el de renovables, que entonces se contemplaba en un 27% del total de la energía suministrada y que ahora Europa ha fijado en el 32%, pese a que los precios de los combustibles ayudan. Ha añadido que, pese a que las renovables han demostrado ser competitivas, las que más las eléctricas, hay un «cuello de botella» en la electrificación.

También ha señalado que, aunque el estudio concluyó que España cumplirá los objetivos de eficiencia energética a 2030, se puede hacer más en este ámbito, lo que puede contribuir a mejorar más en otros objetivos. También ha destacado la importancia que tiene reformar la fiscalidad, sustituyendo impuestos recaudatorios, como la tasa especial a la electricidad y el que pagan los generadores, por ambientales. Ha señalado que esos impuestos recaudatorios afectan al precio, lo que influye en la elección que haga el consumidor sobre la energía que consume, e indicó que la propuesta del comité de expertos «no sube la presión fiscal» sino que la «reequilibra» de forma que contribuyan más los consumidores de tecnologías emisoras.

Sanz manifestó que también hay que discutir cómo se financian las renovables, pues el sistema actual penaliza al consumidor de electricidad, ya que ahora el 90% de la financiación de esas energías proviene del consumo eléctrico. Se mostró a favor de repartir la financiación de las renovables entre todos los consumidores de energía y en proporción a lo que representan, un 25% en el consumo eléctrico y alrededor del 50% en el de combustibles fósiles, a fin de «equilibrar el esfuerzo para que cada uno pague lo que le toca».

Ciudadanos pide un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración para ampliar su potencia y su vida útil regulatoria

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Europa Press.- Ciudadanos ha propuesto en el Congreso un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración, con el fin de ampliar la potencia que aportan al sistema eléctrico y salvar la conclusión de su vida útil. Así, la portavoz de Energía en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha registrado una proposición no de ley en la que advierte de que la longevidad de muchas instalaciones anticipa, por ejemplo en cogeneración, una pérdida de la potencia instalada de unos 2.000 megavatios hasta 2020.

Todo ello a pesar de que todos los compromisos y objetivos futuros pasan por un aumento del peso de la energía renovable y de la cogeneración. En el caso de esta última, el informe del Comité de Expertos de Transición Energética planteaba una potencia instalada de unos 8.500 megavatios. A 31 de diciembre de 2017, explica Rodríguez, este proceso que aprovecha el calor útil en el ámbito de la producción industrial para también generar electricidad aportaba cerca de 6.500 megavatios al conjunto del sistema eléctrico, un 6,4% de la capacidad instalada. Sin embargo, asegura que su capacidad de producción cubrió el pasado año hasta el 11% de la demanda peninsular.

Ante esta situación que califica de «incertidumbre», la diputada de Ciudadanos critica la «inacción del Ejecutivo» de Mariano Rajoy pues cree que por ello se han paralizado inversiones de modernización y de nuevos proyectos, los cuales también considera necesarios para alcanzar los objetivos del 30% de eficiencia renovable planteados por Bruselas para 2030. Rodríguez ve similar la situación de las instalaciones eólicas, y señala que la vida útil regulatoria de varios aerogeneradores instalados desde hace dos décadas está próxima a su final, lo que entiende como una oportunidad para acometer un plan de renovación con el que maximizar su potencial.

Según las estimaciones de Rodríguez, la modernización podría duplicar su producción, entre un 60% y un 100% más sobre los actuales valores. Por ello, considera «conveniente fomentar la posibilidad de repotenciar los parques eólicos existentes más antiguos, con el objetivo de incrementar la producción de energía limpia», incorporando aerogeneradores más eficientes y de mayor tamaño. En todo caso, Ciudadanos subraya que esta «repotenciación» debe ser «una libre elección empresarial», y recuerdan que, con el fin de favorecer estas inversiones se necesita «un marco regulatorio estable que fortalezca la confianza de los inversores y las entidades financiadoras, y que de esta forma se puedan abaratar los costes de capital para los propietarios de instalaciones a repotenciar».

Por todo ello, reclama un plan Renove e instalación de nuevas cogeneraciones, en línea de las recomendaciones del informe de expertos para la transición energética, que «prime criterios medioambientales, económicos y de seguridad de suministro». Asimismo, insta a impulsar la renovación de las infraestructuras eólicas de mayor antigüedad a través de un plan que potencie la industria española en renovables, y que atienda a las necesidades específicas del sector «del modo más eficiente y competitivo».

La comisión de expertos defiende una subida de impuestos en el sector energético para incluir el coste por daño medioambiental

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Europa Press / EFE.- El presidente del grupo de expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, subraya que la fiscalidad es «muy relevante» para dar las señales adecuadas de precios al mercado y ha asegurado que en este momento los impuestos a la energía no internalizan correctamente los daños ambientales. Por ello los expertos defienden una subida de impuestos en el sector energético para que de este modo quede reflejado el coste por daño medioambiental.

El informe servirá de base para la discusión de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sanz ha destacado que la mayoría de los impuestos que gravan la energía no depende de su impacto ambiental. Según añadió Sanz, con esta nueva fiscalidad subirían los precios de la electricidad, el gas y la gasolina, entre otros, porque tal y como sostiene, actualmente la fiscalidad ambiental en estos sectores «es muy baja». El experto ha defendido la necesidad de que los precios sean «volátiles» y que esta subida de impuestos repercuta además en el usuario que consume «en las horas en las que hay una alta probabilidad de agotar las tecnologías de generación firmes disponibles».

«Aunque no guste, ordenará el debate tecnológico», apunta el presidente del Comité, ya que permitirá que surjan nuevas tecnologías más eficientes sin recurrir a decisiones políticas. «Es fundamental trasladar las señales de precio. Estas son las señales correctas», añade respecto a la fiscalidad y a los peajes de acceso. No obstante, advierte de que el aumento de los impuestos «es un problema para la política». «Cuando los precios bajan, ya se encargan los ministros de decirlo y hacerse fotos, pero cuando suben se ponen muy nerviosos, y lo que menos le gusta al Gobierno es que suban, pero en los mercados tienen que subir y bajar». Y añade: «Que haya precios altos es tan bueno como que haya precios bajos«.

Según ha expuesto el presidente de la Comisión, esta reforma fiscal ayudaría también a que se desarrollasen las energías renovables: «La energía renovable ha de ser valorada al coste de la energía fósil a la que sustituye; si la fósil internaliza el daño medioambiental, el valor será mayor y la inversión en renovables será mayor». Sanz ha pedido «prudencia» y «neutralidad» en las inversiones, ya que en el pasado los gobiernos se han equivocado al apostar por tecnologías concretas. En su opinión, con las señales adecuadas de precios, «muchas inversiones se harán solas». «Lo importante es que gane el mejor y el más barato en beneficio de los consumidores», recalcó.

La reforma fiscal que propone este Informe, entregado en abril al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, consiste en la fijación de un tipo impositivo por cada elemento contaminante, es decir, hacer pagar a cada tecnología en función de las emisiones generadas. El documento contempla exenciones a colectivos vulnerables, como aquellos que compiten a nivel internacional, transportistas, agricultores y pescadores, para los que se estudia compensaciones monetarias que sirvan para ir sustituyendo las energías sucias por limpias. El informe propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas y derivados del petróleo).

También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en la gasolina y el gasóleo A). «El principal mensaje del informe es que algunas tecnologías van a ganar y otras se quedarán por el camino», ha comentado el experto, que señala que «está claro que el futuro son las renovables», ya que son «las más eficientes», y para ello habrá que «cambiar hábitos y procedimientos«. El presidente del grupo de expertos ha resaltado que manipular los precios del mercado eléctrico mayorista «lleva a malgastar recursos».

Brufau (Repsol) ve “regresiva” la propuesta de la comisión de expertos de costear la transición energética subiendo los impuestos indirectos

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EFE.- El presidente de Repsol, Antonio Brufau, critica las propuestas del comité de expertos que pretenden que la reducción de emisiones de CO2 y la transición energética se pague a través de impuestos indirectos que soportan los ciudadanos porque eso «no es justicia progresiva», sino «regresiva».

Brufau ha demandado «buenas políticas regulatorias que no impacten en el individuo» y ha recordado que en el pasado se hicieron legislaciones para extender determinadas tecnologías renovables que favorecieron a compañías eléctricas, pero que generaron «déficits de tarifa enormes» que se van a tener que pagar durante bastantes años. Brufau, que recordó la factura pendiente de pagar de 25.000 millones de euros por este motivo, ha manifestado que la mejor regulación energética para el desarrollo del país es la que piense en el ciudadano y no en la empresa energética.

El presidente de Repsol considera que la «factura» de la transición energética no la debe pagar nadie, sino que lo que hay que conseguir es acertar en la ruta para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Brufau cree que en este momento hay que apostar por la tecnología que ya hay en el mercado para mejorar en eficiencia energética, pues otras como el vehículo eléctrico, la sustitución del carbón por el gas o la captura de carbono, tendrán efecto sólo a largo plazo.

Nuevos motores reducirían las emisiones

Además, ha señalado que los costes de la transición hacia un modelo en el que se reduzcan las emisiones de gases invernadero no pueden perjudicar a la competitividad, especialmente a la de la industria, pues un país sin industria es un «país pobre». También ha manifestado que la investigación en tecnología no debe recaer en los ciudadanos, sino en las empresas, que deben invertir con cargo a su cuenta de resultados y no esperar a que se invierta dinero público, que, en su opinión, deber destinarse a que los ciudadanos tengan mejores prácticas energéticas. Apuntó, en este sentido, que si los vehículos actuales emplearán nuevos motores de combustión, se reducirían las emisiones en un 26%.

Brufau, que ha pedido también apoyo regulatorio a la generación distribuida en España, ha manifestado que el vehículo eléctrico es una «gran oportunidad» y Repsol va a estar en este campo, pero «cuanto toque estar», pues actualmente «presenta grandes dudas e incertidumbres». Ha apuntado que el coche eléctrico no será competitivo hasta 2025 y siempre que se solucionen temas básicos, como la geopolítica de los metales para producir sus baterías ya que en el caso del cobalto se va a producir una dependencia de los pocos países que lo producen.

Por eso, ha señalado que es necesario poner el peso donde sea más eficiente para la sociedad y ahora lo es, a su juicio, en la renovación de la flota actual de los vehículos de combustión más que en el vehículo eléctrico. Además, pidió tener cuidado con las subvenciones a los vehículos eléctricos por las transferencias de recursos que pueden suponer en el corto plazo de las clases medias a las de alto nivel adquisitivo. También se pregunta «por qué tenemos que pagar la investigación de las compañías de automóviles alemanas», que asegura que reciben toda la subvención de I+D+I.

Endesa pide que el esfuerzo de la descarbonización recaiga en otros sectores como el transporte más allá del sistema eléctrico

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido repartir el esfuerzo de la descarbonización entre otros sectores, como el transporte o la climatización de edificios, y que no se cargue solo sobre el sector eléctrico, lo que ha contribuido «de manera decisiva» a que la tarifa española se encuentre entre las más caras de Europa «cuando los costes de generación y distribución de España están entre los más baratos«.

Bogas pidió «una mayor implicación» de estos sectores en la transición energética para alcanzar los objetivos fijados de reducción de emisiones. Así, señaló que estos sectores, que representaron el 58% de las emisiones de CO2 en el año 2015, son dos ámbitos en los que «la electricidad puede reducir drásticamente las emisiones no solo de CO2, sino también de otros contaminantes, mejorando así la calidad del aire de nuestras ciudades«.

Asimismo, Bogas señaló que el reciente informe sobre transición energética presentado por la Comisión de Expertos constituye «un importante punto de referencia» y destacó que varios de los ejes esenciales del documento «muestran una amplia coincidencia con las posiciones de Endesa«. A este respecto, Bogas se refirió a la importancia de «compartir entre todos los sectores» los costes de la política energética, unos costes que, actualmente, «recaen mayoritariamente en el sector eléctrico, a pesar de que solo representa el 19% de las emisiones de CO2».

«La meta es conseguir un futuro sostenible. Y lo primero que hemos de hacer sostenible es la propia transición energética. Creo que es posible la implantación progresiva de las medidas adecuadas para hacerla realidad a través de un calendario razonable, conocido y sostenible», indicó. Dentro de la transición energética, Bogas apuntó que es «importante» que todas las tecnologías de generación necesarias «tengan una rentabilidad razonable», ya que en caso contrario, se podría crear «un grave problema de seguridad de suministro a corto y medio plazo».

Además, indicó que la descarbonización de la economía requiere la sustitución «progresiva» de las centrales térmicas por instalaciones de renovables aunque señaló que, para evitar situaciones de riesgo de suministro y presiones sobre los precios, esta sustitución se debe realizar de «manera ordenada». De esta manera, pidió «replantearse la elevada carga fiscal» que existe sobre la actividad de generación eléctrica desde 2013, una vez solucionado el problema del déficit de tarifa eléctrico. «Es momento de desarrollar una reforma fiscal energética que permita equilibrar las cargas sobre las distintas fuentes de energía y reduzca la carga impositiva que penaliza a las centrales eléctricas«, añadió al respecto.

Además, defendió la extensión de la operación de las nucleares hasta los 50 o 60 años, «al igual que han hecho diversos países de nuestro entorno», y pidió una reforma de las tarifas, «a fin de que el sistema muestre las necesarias señales económicas a consumidores y productores para la utilización óptima de la red y para ofrecer un terreno de juego equilibrado a nuevos consumos, como el vehículo eléctrico, a los sistemas de almacenamiento y a la generación distribuida». «Estamos convencidos de que el impacto de este conjunto de medidas permitiría una reducción importante de la tarifa eléctrica», añadió.

Por otra parte, Bogas recordó el esfuerzo inversor de Endesa, que con más de 11.000 millones de euros invertidos en el sistema eléctrico español desde 2010 es «la empresa eléctrica que más invierte en España». «También somos los que más invertimos en la red de distribución, con unas inversiones brutas de más de 5.700 millones de euros en estas infraestructuras durante el mismo periodo», subrayó.

El sistema gasista acabará con su déficit acumulado en 2023, 8 años antes de lo previsto, según la consultora PwC

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Europa Press / EFE.- El sistema gasista español alcanzará este año el superávit y, con la evolución prevista de la demanda, absorberá todo el déficit de tarifa que tiene acumulado en 2023, 8 años antes de lo previsto, según indica el informe Retos y oportunidades del sector gasista en el contexto de la transición energética de la consultora PwC.

Según el estudio, tras la reforma regulatoria de 2014 el sistema gasista se encuentra ya en equilibrio, a pesar de los pequeños desajustes que existieron en 2015 y 2016 debido al efecto sobre la demanda doméstica por el hecho de que ambos años fueron cálidos. Así, en 2018 se generará ya superávit. Esto será debido, principalmente, al comportamiento positivo de la demanda, que creció un 6,5% en el primer trimestre del año, a lo que se une que el sistema está ahora pagando unos costes menores ya que hay 90 millones menos de coste al año después de que el Tribunal Constitucional anulara varios puntos del decreto para pagar la indemnización por el almacén Castor, que se cargaba al sistema.

Según PwC, la sostenibilidad económica del sistema gasista ha permitido al regulador congelar los peajes de acceso desde 2014, o lo que es lo mismo, reducir los peajes un 2% en términos reales si consideramos la inflación. De esta manera, en 2023, con la generación de un superávit anual del entorno de 300 millones de euros una vez se haya repagado la deuda histórica pendiente, se podrían reducir los peajes hasta un 10% o mejorar la retribución de las actividades reguladas como se ha producido en otros países de nuestro entorno, según considera el informe.

La firma considera también que en una próxima revisión de peajes se debería contemplar una rebaja de los costes para el cliente doméstico, ya que la proporción que soporta frente a la media europea es muy superior. Además, defiende un mayor porcentaje de peajes fijos frente a los variables, pues en España los fijos son inferiores a la media europea, donde tienen gran importancia en caso de una coyuntura de demanda adversa, ya que generan mayor estabilidad en los ingresos.

A este respecto, el documento destaca que la reforma del sector gasista y la consiguiente contención de costes aparejó consigo que las retribuciones de las actividades de redes sean de las más bajas de Europa. Así, señala que, tanto en transporte como en distribución, la retribución media por punto de suministro en España se sitúa sensiblemente por debajo de la media europea, siendo un 11% y 20% inferior, respectivamente. Aún así, el informe también destaca que el gas natural ha sido capaz de atraer recursos de fondos de inversión de primer nivel, como prueba que en los últimos 15 años se han invertido 15.400 millones, entre otras cuestiones por haber gozado de bastante estabilidad regulatoria.

Además, el documento identifica al gas natural como un vector «indispensable» para abordar de forma eficiente el necesario cambio de modelo energético en España, ya que contribuye a los objetivos medioambientales de reducción de gases de efecto invernadero, a la vez que puede ser una vía para reducir la factura energética. «Nos enfrentamos al reto de transformar nuestro modelo energético para cumplir los objetivos medioambientales sin comprometer el crecimiento económico y la garantía de suministro. En este contexto, el gas natural se presenta como la alternativa más madura para atajar el problema de la contaminación, ya que puede sustituir a otras fuentes más contaminantes sin desarrollar infraestructuras adicionales», indicó el socio líder del sector energético en PwC, Carlos Fernández Landa.

A este respecto, el documento señala que el último informe sobre transición energética de la Comisión de Expertos designada por el Gobierno espera para el gas natural el mayor crecimiento en consumo de energía final, duplicándose desde los 150 teravatios hora (TWh) en 2015 a más de 300 TWh en 2030 y pasando a ser el principal consumo de 2030, por delante de la electricidad y de los productos derivados del petróleo. Según el estudio de PwC, las compañías del sector invierten unos 600 millones de euros al año en infraestructuras, lo cual ha permitido disponer de capacidad suficiente para absorber incrementos de demanda futuros.

El crecimiento se dará en todos los segmentos de consumo, aunque prevé que en la transición energética el rol de los ciclos combinados va a ser estable, suponiendo en torno al 17% o el 18% de la producción eléctrica entre 2020 y 2030. No obstante, la firma discrepa con la relevancia que en el informe de la comisión de expertos se da al gas en el transporte, apenas 13 TWh concentrados en el sector marítimo.

PwC considera que el gas es una solución con capacidad inmediata para tener penetración en el sector del transporte, que representa el 27% de las emisiones de CO2, sobre todo por su coste, y cree que su rol será importante en el segmento de transporte profesional y de pasajeros. En España en la actualidad sólo hay 6.000 vehículos, con un consumo de 2 TWh, frente a un potencial de 200 TWh que contempla la consultora.

De esta manera, el estudio valora que en España el gas natural cuenta aún con recorrido en el segmento doméstico, debido a su gran competitividad frente a otros productos petrolíferos, especialmente en zonas frías, ya que su penetración se sitúa en el 30%, muy por debajo de países con climatología comparable como Italia (88%) o Francia (39%). En lo que respecta a la industria, el gas natural es también insustituible, ya que nutre el 30% de la demanda energética de los segmentos industriales más intensivos en consumo energético, que representan un 6% del PIB nacional.

PwC es optimista con respecto al futuro del gas, entre otras cuestiones porque la factura, de una media de 98 euros por megavatio hora (MWh) en España, está por debajo de la de Alemania, Italia o Francia. Una ventaja competitiva que el informe recuerda que es aún mayor en el caso del segmento industrial, con un precio de 33 euros/MWh, si bien para un 15% de la demanda industrial, constituida por las grandes industrias consumidoras, es superior. Además, apunta que esta ventaja competitiva “no ocurre con otros productos energéticos como la electricidad o los hidrocarburos”.

Enagás asegura que el gas natural será útil en la transición energética y seguirá consumiéndose junto a otros gases renovables

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EFE.- El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, ha reivindicado que el gas natural no es sólo una fuente de energía para la transición energética, sino que será consumido durante muchos años en combinación con otros gases renovables. En este sentido, Oreja ha indicado que el gas renovable es una oportunidad para una compañía como Enagás.

Oreja señaló que tiene sentido descarbonizar la economía con gas renovable, cuyo uso promueven los reguladores europeos, y aseveró que ese tipo de gas será en el futuro inyectado en la red. Según el consejero delegado de Enagás, el biogás y el biometano contribuyen a la seguridad del suministro y, además, en el caso del último, al proceder de residuos, contribuye a la generación distribuida y a la economía circular. Por otra parte, Marcelino Oreja ha augurado que la demanda de gas en España, que ha aumentado un 6% en lo que va de este año, seguirá creciendo en el futuro y su utilización en la movilidad contribuirá a ello.

Oreja ha destacado el futuro que se abre al gas natural en el transporte y no sólo por carretera, sino también en el marítimo e, incluso, en el ferrocarril. En el caso del transporte marítimo, Marcelino Oreja ha pedido a la secretaria general de Industria y Pyme, Begoña Cristeto, que les ayude ante el Ministerio de Energía para establecer un peaje de bunkering (repostaje de gas natural licuado de barco a barco), que está sin establecer, lo que está impidiendo que se desarrolle esta práctica.

Ha recordado que España tiene muchas plantas de gas, 7 terminales de gas natural licuado (GNL), 6 de las cuales son de Enagás, y considera que podría aprovechar su situación geográfica para convertirse en centro de almacenamiento y distribución de ese combustible. El consejero delegado de la compañía ha indicado que, por eso, están invirtiendo en sus plantas de GNL marítimo y ha señalado que la futura que habrá en el puerto de Granadilla, en Tenerife, también suministrará a buques.

En el caso del transporte ferroviario, Marcelino Oreja ha recordado que el reciente informe de la comisión de expertos para la transición energética contempla el uso del gas para acelerar la reducción de emisiones en el transporte ferroviario. Ha recordado que en enero se presentó en Asturias la primera prueba piloto de un tren de viajeros, un antiguo tren de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), y, entre las ventajas del gas en este medio de transporte, ha citado que es más eficiente, más limpio y menos ruidoso, ya que reduce en un 50% el ruido.

Además, ha explicado que el uso del gas en el ferrocarril puede ser una alternativa a la electrificación en las líneas que no es rentable electrificar por pasar pocos trenes por ellas. Asimismo, ha manifestado su confianza en que el resultado de las pruebas será positivo, tras lo cual se podrán establecer puntos de suministro de gas para ferrocarriles. Además, avanzó que el éxito de estas pruebas también abre una puerta a que compañías ferroviarias españolas puedan adaptar ese modelo de tren a gas a otras economías y que desde España se pueda promover el uso de GNL para el transporte de viajeros por ferrocarril.

GasIndustrial advierte de que algunos escenarios contemplados por el comité de expertos pueden generar nuevos costes en el gas natural

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EFE / Europa Press.- GasIndustrial ha advertido de que algunos de los escenarios del informe del comité de expertos sobre transición energética “pueden entrañar riesgos de que se incorporen nuevos cargos en los costes del gas natural para los consumidores industriales”. En este sentido, GasIndustrial ha recordado que, como consecuencia de las decisiones políticas y de una planificación errada de la demanda en el pasado, en España se está pagando uno de los costes regulados más altos de Europa.

GasIndustrial pide tener presente que cualquier intervención en la actualidad puede acarrear cambios irreversibles en el futuro y lamenta que el informe no evalúe el impacto de los distintos escenarios propuestos sobre la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista. Además, GasIndustrial ve riesgos en algunos de los escenarios de 2050, concretamente en los que dejan de tener cabida las energías fósiles, “lo que requeriría evaluar, con extremo cuidado, las necesidades de inversión a 2030”.

Asimismo, valora que se considere que el sistema gasista peninsular actual es «suficientemente robusto» para los escenarios analizados y que en principio no necesita de más inversiones. De esta manera, destaca que el aumento de la demanda de gas aumenta para 2030 previsiblemente hará que se haga un mayor uso de las infraestructuras hasta ahora infrautilizadas del sistema gasista español. También considera un riesgo la construcción de nuevas infraestructuras y regasificadoras en Canarias, “cuya viabilidad económica y financiera ya fue analizada en un informe por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que pidió más información y cuestionó su viabilidad”.

Pasar costes energéticos a Presupuestos

GasIndustrial coincide con la propuesta de los expertos de traspasar costes energéticos de la factura del cliente a los Presupuestos Generales del Estado, pero no con que, si no es posible, se aplique en su lugar un recargo inversamente proporcional a la elasticidad o grado de respuesta de la demanda a los cambios en el precio. La asociación explica que el consumidor doméstico consume mayoritariamente gas en invierno, mientras que los ciclos combinados, una tecnología de respaldo, funcionan intermitentemente y con poco consumo, con lo que, de aplicarse esa fórmula, el consumidor industrial cargaría con el grueso de los costes, lo que sería perjudicial para conseguir un gas industrial competitivo.

No obstante, GasIndustrial ve positivo que el informe observe y reconozca la dificultad para descarbonizar los consumos energéticos de la industria, pues actualmente tiene una necesidad de demanda térmica que sólo le puede ser suministrada por el gas. También valora que contemple mecanismos de compensación para las industrias más expuestas a competencia internacional, con exenciones para mitigar el impacto y recomendaciones para que las industrias más intensivas sometidas a competencia internacional dispongan de unos precios energéticos competitivos, además de medidas temporales durante la transición energética.

Además, la asociación comparte queel informe recoja que los costes de políticas pasadas se trasladen con cargo a los Presupuestos, lo que facilitará que la deuda acumulada por el sistema gasista disminuya y supondría que los peajes que pagan los consumidores industriales descendieran «pudiendo equipararse antes, al menos en parte, con los de los homólogos europeos lo que sin duda revertería en un impulso a la competitividad de las industrias españolas consumidoras de gas».