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Fomentar la electrificación de la economía y la fiscalidad ambiental son “claves” según el comité de expertos sobre transición energética

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Europa Press.- El presidente del Comité de Expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, considera que promover la electrificación es la forma más barata de descarbonizar la economía y que para garantizar la seguridad energética en España es preciso reducir la demanda o «evitar que las centrales, sean las que sean» cierren, así como otras medidas que pasan por modificar la fiscalidad para que sea verdaderamente ambiental y no enfocada a la recaudación.

En la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del documento, que analiza los distintos escenarios de cara al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París, Sanz indicó que promover la electrificación es «la forma más barata» de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que asegura que son mucho más caras y son «a costa» de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advierte de que será «difícil» alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel «suficiente» de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad es el 23% de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una «nueva definición» de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación, y ve la generación «muy importante» para la eficiencia energética. Por otro lado, Sanz ha añadido que el comité de expertos, creado en julio de 2017 a instancias del Ejecutivo del PP, ha denunciado que los impuestos «distorsionadores» son los que hacen que la energía en España sea más cara que en Francia, ya que «lo único» que hacen es subir el precio de la luz y no por motivos ambientales.

De ese modo, Sanz no ve tan «necesario» fomentar las interconexiones con Francia cuando la verdadera razón de ese alto coste de la electricidad son los impuestos, salvo que sea por razones de seguridad. Así, ha dicho que para garantizar la seguridad energética «lo interesante» es que las centrales españolas «sean las que sean, no cierren», porque se corre el riesgo de cerrar las plantas e importar electricidad de Francia.

Respecto a la energía nuclear, ha recordado su capacidad para garantizar la seguridad del suministro porque es una energía «síncrona», con inercia, que se mueve a 50 vueltas por segundo, cosa que en el caso de las renovables como la eólica o la fotovoltaica no ocurre y en caso de parada, una tarda mucho en dejar de producir electricidad frente a la segunda. Esto, según ha explicado, significa que no es lo mismo sustituir los 7.000 megavatios nucleares por una energía con inercia que sin ella. De modo que insiste en que «va a haber cambios» en la energía y que hay que tomar decisiones.

A ese respecto, ha añadido que sería bueno fomentar el fondo de eficiencia energética que gestiona el IDAE que, a su juicio, debe analizar dónde consigue sus objetivos con el mínimo coste porque ese «lo pagan los ciudadanos». En todo caso, recuerda que «hay que hacer cambios» pero es preciso conocer las consecuencias del escenario elegido porque «las decisiones no son gratuitas» y la sociedad ha de saberlo. «Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos», comenta.

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la Unión Europea de aranceles al CO2 de los productos que se importen. Esto pasaría por eliminar algunos impuestos, como a los hidrocarburos, y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que «todo el mundo» pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que «quien contamina paga«.

Sanz admite la incertidumbre pero señala que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será «importante» en el transporte marítimo. En todo caso, asegura que se producirán cambios y que corresponde al Gobierno tomar decisiones pero estas, en su opinión, deben ser trasladadas a la sociedad, que debe saber el coste que conllevan. «Va a haber cambios y al final ganará el más barato. Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor», ha advertido.

Durante la comisión, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha valorado el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que «va más allá de una legislatura» e incluso de una generación. A este respecto, destaca que el informe advierte de que la supresión «inmediata» de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio y de las emisiones contaminantes. Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, subraya que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global pero hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Desde Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde tiene «coincidencias sustanciales» con el informe del equipo de expertos en cuanto a que es «imprescindible reducir la demanda», introducir más renovables y establecer la electrificación de la demanda final para obtener un sistema energético flexible y porque deja claro que el carbón «no tiene un papel en un sistema sostenible y va a desaparecer en un periodo bastante corto». Eso sí, discrepa del respaldo al sistema de la energía nuclear durante la transición porque asegura que es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea.

El comité de expertos espera que su informe sea tenido en cuenta por el Gobierno para impulsar la transición energética

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EFE.- Jorge Sanz, que presidió el comité de expertos sobre transición energética, reivindica que el informe que elaboró ese grupo, que se aprobó con 11 votos a favor y 3 abstenciones, tiene que ser un documento de referencia de cara a la transición energética. Sanz ha manifestado que el documento de los expertos, que fueron designados por los grupos parlamentarios y agentes sociales, «no es el documento de un partido», y ha añadido que «es un documento que hay que leer».

Ha señalado que los mix energéticos (fuentes de energía que cubren la demanda) que vaya a haber en un futuro dependerán de muchas cosas, como de los precios de los combustibles y de los precios de los derechos de emisión de CO2. En este sentido, resaltó que una de las conclusiones del comité de expertos fue que el grado de cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones era muy sensible a la bajada de los precios del petróleo. De esta manera, señaló que los objetivos para 2030 se cumplirán con mayor holgura si los precios de los combustibles son caros y menos si están baratos.

Ha señalado que, no obstante, el informe concluyó que era factible alcanzar ese objetivo, así como el de eficiencia energética, y que el único en el que aparecían problemas era en el de renovables, que entonces se contemplaba en un 27% del total de la energía suministrada y que ahora Europa ha fijado en el 32%, pese a que los precios de los combustibles ayudan. Ha añadido que, pese a que las renovables han demostrado ser competitivas, las que más las eléctricas, hay un «cuello de botella» en la electrificación.

También ha señalado que, aunque el estudio concluyó que España cumplirá los objetivos de eficiencia energética a 2030, se puede hacer más en este ámbito, lo que puede contribuir a mejorar más en otros objetivos. También ha destacado la importancia que tiene reformar la fiscalidad, sustituyendo impuestos recaudatorios, como la tasa especial a la electricidad y el que pagan los generadores, por ambientales. Ha señalado que esos impuestos recaudatorios afectan al precio, lo que influye en la elección que haga el consumidor sobre la energía que consume, e indicó que la propuesta del comité de expertos «no sube la presión fiscal» sino que la «reequilibra» de forma que contribuyan más los consumidores de tecnologías emisoras.

Sanz manifestó que también hay que discutir cómo se financian las renovables, pues el sistema actual penaliza al consumidor de electricidad, ya que ahora el 90% de la financiación de esas energías proviene del consumo eléctrico. Se mostró a favor de repartir la financiación de las renovables entre todos los consumidores de energía y en proporción a lo que representan, un 25% en el consumo eléctrico y alrededor del 50% en el de combustibles fósiles, a fin de «equilibrar el esfuerzo para que cada uno pague lo que le toca».

Ciudadanos pide un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración para ampliar su potencia y su vida útil regulatoria

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Europa Press.- Ciudadanos ha propuesto en el Congreso un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración, con el fin de ampliar la potencia que aportan al sistema eléctrico y salvar la conclusión de su vida útil. Así, la portavoz de Energía en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha registrado una proposición no de ley en la que advierte de que la longevidad de muchas instalaciones anticipa, por ejemplo en cogeneración, una pérdida de la potencia instalada de unos 2.000 megavatios hasta 2020.

Todo ello a pesar de que todos los compromisos y objetivos futuros pasan por un aumento del peso de la energía renovable y de la cogeneración. En el caso de esta última, el informe del Comité de Expertos de Transición Energética planteaba una potencia instalada de unos 8.500 megavatios. A 31 de diciembre de 2017, explica Rodríguez, este proceso que aprovecha el calor útil en el ámbito de la producción industrial para también generar electricidad aportaba cerca de 6.500 megavatios al conjunto del sistema eléctrico, un 6,4% de la capacidad instalada. Sin embargo, asegura que su capacidad de producción cubrió el pasado año hasta el 11% de la demanda peninsular.

Ante esta situación que califica de «incertidumbre», la diputada de Ciudadanos critica la «inacción del Ejecutivo» de Mariano Rajoy pues cree que por ello se han paralizado inversiones de modernización y de nuevos proyectos, los cuales también considera necesarios para alcanzar los objetivos del 30% de eficiencia renovable planteados por Bruselas para 2030. Rodríguez ve similar la situación de las instalaciones eólicas, y señala que la vida útil regulatoria de varios aerogeneradores instalados desde hace dos décadas está próxima a su final, lo que entiende como una oportunidad para acometer un plan de renovación con el que maximizar su potencial.

Según las estimaciones de Rodríguez, la modernización podría duplicar su producción, entre un 60% y un 100% más sobre los actuales valores. Por ello, considera «conveniente fomentar la posibilidad de repotenciar los parques eólicos existentes más antiguos, con el objetivo de incrementar la producción de energía limpia», incorporando aerogeneradores más eficientes y de mayor tamaño. En todo caso, Ciudadanos subraya que esta «repotenciación» debe ser «una libre elección empresarial», y recuerdan que, con el fin de favorecer estas inversiones se necesita «un marco regulatorio estable que fortalezca la confianza de los inversores y las entidades financiadoras, y que de esta forma se puedan abaratar los costes de capital para los propietarios de instalaciones a repotenciar».

Por todo ello, reclama un plan Renove e instalación de nuevas cogeneraciones, en línea de las recomendaciones del informe de expertos para la transición energética, que «prime criterios medioambientales, económicos y de seguridad de suministro». Asimismo, insta a impulsar la renovación de las infraestructuras eólicas de mayor antigüedad a través de un plan que potencie la industria española en renovables, y que atienda a las necesidades específicas del sector «del modo más eficiente y competitivo».

La comisión de expertos defiende una subida de impuestos en el sector energético para incluir el coste por daño medioambiental

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Europa Press / EFE.- El presidente del grupo de expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, subraya que la fiscalidad es «muy relevante» para dar las señales adecuadas de precios al mercado y ha asegurado que en este momento los impuestos a la energía no internalizan correctamente los daños ambientales. Por ello los expertos defienden una subida de impuestos en el sector energético para que de este modo quede reflejado el coste por daño medioambiental.

El informe servirá de base para la discusión de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sanz ha destacado que la mayoría de los impuestos que gravan la energía no depende de su impacto ambiental. Según añadió Sanz, con esta nueva fiscalidad subirían los precios de la electricidad, el gas y la gasolina, entre otros, porque tal y como sostiene, actualmente la fiscalidad ambiental en estos sectores «es muy baja». El experto ha defendido la necesidad de que los precios sean «volátiles» y que esta subida de impuestos repercuta además en el usuario que consume «en las horas en las que hay una alta probabilidad de agotar las tecnologías de generación firmes disponibles».

«Aunque no guste, ordenará el debate tecnológico», apunta el presidente del Comité, ya que permitirá que surjan nuevas tecnologías más eficientes sin recurrir a decisiones políticas. «Es fundamental trasladar las señales de precio. Estas son las señales correctas», añade respecto a la fiscalidad y a los peajes de acceso. No obstante, advierte de que el aumento de los impuestos «es un problema para la política». «Cuando los precios bajan, ya se encargan los ministros de decirlo y hacerse fotos, pero cuando suben se ponen muy nerviosos, y lo que menos le gusta al Gobierno es que suban, pero en los mercados tienen que subir y bajar». Y añade: «Que haya precios altos es tan bueno como que haya precios bajos«.

Según ha expuesto el presidente de la Comisión, esta reforma fiscal ayudaría también a que se desarrollasen las energías renovables: «La energía renovable ha de ser valorada al coste de la energía fósil a la que sustituye; si la fósil internaliza el daño medioambiental, el valor será mayor y la inversión en renovables será mayor». Sanz ha pedido «prudencia» y «neutralidad» en las inversiones, ya que en el pasado los gobiernos se han equivocado al apostar por tecnologías concretas. En su opinión, con las señales adecuadas de precios, «muchas inversiones se harán solas». «Lo importante es que gane el mejor y el más barato en beneficio de los consumidores», recalcó.

La reforma fiscal que propone este Informe, entregado en abril al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, consiste en la fijación de un tipo impositivo por cada elemento contaminante, es decir, hacer pagar a cada tecnología en función de las emisiones generadas. El documento contempla exenciones a colectivos vulnerables, como aquellos que compiten a nivel internacional, transportistas, agricultores y pescadores, para los que se estudia compensaciones monetarias que sirvan para ir sustituyendo las energías sucias por limpias. El informe propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas y derivados del petróleo).

También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en la gasolina y el gasóleo A). «El principal mensaje del informe es que algunas tecnologías van a ganar y otras se quedarán por el camino», ha comentado el experto, que señala que «está claro que el futuro son las renovables», ya que son «las más eficientes», y para ello habrá que «cambiar hábitos y procedimientos«. El presidente del grupo de expertos ha resaltado que manipular los precios del mercado eléctrico mayorista «lleva a malgastar recursos».

El sistema gasista acabará con su déficit acumulado en 2023, 8 años antes de lo previsto, según la consultora PwC

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Europa Press / EFE.- El sistema gasista español alcanzará este año el superávit y, con la evolución prevista de la demanda, absorberá todo el déficit de tarifa que tiene acumulado en 2023, 8 años antes de lo previsto, según indica el informe Retos y oportunidades del sector gasista en el contexto de la transición energética de la consultora PwC.

Según el estudio, tras la reforma regulatoria de 2014 el sistema gasista se encuentra ya en equilibrio, a pesar de los pequeños desajustes que existieron en 2015 y 2016 debido al efecto sobre la demanda doméstica por el hecho de que ambos años fueron cálidos. Así, en 2018 se generará ya superávit. Esto será debido, principalmente, al comportamiento positivo de la demanda, que creció un 6,5% en el primer trimestre del año, a lo que se une que el sistema está ahora pagando unos costes menores ya que hay 90 millones menos de coste al año después de que el Tribunal Constitucional anulara varios puntos del decreto para pagar la indemnización por el almacén Castor, que se cargaba al sistema.

Según PwC, la sostenibilidad económica del sistema gasista ha permitido al regulador congelar los peajes de acceso desde 2014, o lo que es lo mismo, reducir los peajes un 2% en términos reales si consideramos la inflación. De esta manera, en 2023, con la generación de un superávit anual del entorno de 300 millones de euros una vez se haya repagado la deuda histórica pendiente, se podrían reducir los peajes hasta un 10% o mejorar la retribución de las actividades reguladas como se ha producido en otros países de nuestro entorno, según considera el informe.

La firma considera también que en una próxima revisión de peajes se debería contemplar una rebaja de los costes para el cliente doméstico, ya que la proporción que soporta frente a la media europea es muy superior. Además, defiende un mayor porcentaje de peajes fijos frente a los variables, pues en España los fijos son inferiores a la media europea, donde tienen gran importancia en caso de una coyuntura de demanda adversa, ya que generan mayor estabilidad en los ingresos.

A este respecto, el documento destaca que la reforma del sector gasista y la consiguiente contención de costes aparejó consigo que las retribuciones de las actividades de redes sean de las más bajas de Europa. Así, señala que, tanto en transporte como en distribución, la retribución media por punto de suministro en España se sitúa sensiblemente por debajo de la media europea, siendo un 11% y 20% inferior, respectivamente. Aún así, el informe también destaca que el gas natural ha sido capaz de atraer recursos de fondos de inversión de primer nivel, como prueba que en los últimos 15 años se han invertido 15.400 millones, entre otras cuestiones por haber gozado de bastante estabilidad regulatoria.

Además, el documento identifica al gas natural como un vector «indispensable» para abordar de forma eficiente el necesario cambio de modelo energético en España, ya que contribuye a los objetivos medioambientales de reducción de gases de efecto invernadero, a la vez que puede ser una vía para reducir la factura energética. «Nos enfrentamos al reto de transformar nuestro modelo energético para cumplir los objetivos medioambientales sin comprometer el crecimiento económico y la garantía de suministro. En este contexto, el gas natural se presenta como la alternativa más madura para atajar el problema de la contaminación, ya que puede sustituir a otras fuentes más contaminantes sin desarrollar infraestructuras adicionales», indicó el socio líder del sector energético en PwC, Carlos Fernández Landa.

A este respecto, el documento señala que el último informe sobre transición energética de la Comisión de Expertos designada por el Gobierno espera para el gas natural el mayor crecimiento en consumo de energía final, duplicándose desde los 150 teravatios hora (TWh) en 2015 a más de 300 TWh en 2030 y pasando a ser el principal consumo de 2030, por delante de la electricidad y de los productos derivados del petróleo. Según el estudio de PwC, las compañías del sector invierten unos 600 millones de euros al año en infraestructuras, lo cual ha permitido disponer de capacidad suficiente para absorber incrementos de demanda futuros.

El crecimiento se dará en todos los segmentos de consumo, aunque prevé que en la transición energética el rol de los ciclos combinados va a ser estable, suponiendo en torno al 17% o el 18% de la producción eléctrica entre 2020 y 2030. No obstante, la firma discrepa con la relevancia que en el informe de la comisión de expertos se da al gas en el transporte, apenas 13 TWh concentrados en el sector marítimo.

PwC considera que el gas es una solución con capacidad inmediata para tener penetración en el sector del transporte, que representa el 27% de las emisiones de CO2, sobre todo por su coste, y cree que su rol será importante en el segmento de transporte profesional y de pasajeros. En España en la actualidad sólo hay 6.000 vehículos, con un consumo de 2 TWh, frente a un potencial de 200 TWh que contempla la consultora.

De esta manera, el estudio valora que en España el gas natural cuenta aún con recorrido en el segmento doméstico, debido a su gran competitividad frente a otros productos petrolíferos, especialmente en zonas frías, ya que su penetración se sitúa en el 30%, muy por debajo de países con climatología comparable como Italia (88%) o Francia (39%). En lo que respecta a la industria, el gas natural es también insustituible, ya que nutre el 30% de la demanda energética de los segmentos industriales más intensivos en consumo energético, que representan un 6% del PIB nacional.

PwC es optimista con respecto al futuro del gas, entre otras cuestiones porque la factura, de una media de 98 euros por megavatio hora (MWh) en España, está por debajo de la de Alemania, Italia o Francia. Una ventaja competitiva que el informe recuerda que es aún mayor en el caso del segmento industrial, con un precio de 33 euros/MWh, si bien para un 15% de la demanda industrial, constituida por las grandes industrias consumidoras, es superior. Además, apunta que esta ventaja competitiva “no ocurre con otros productos energéticos como la electricidad o los hidrocarburos”.

Enagás asegura que el gas natural será útil en la transición energética y seguirá consumiéndose junto a otros gases renovables

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EFE.- El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, ha reivindicado que el gas natural no es sólo una fuente de energía para la transición energética, sino que será consumido durante muchos años en combinación con otros gases renovables. En este sentido, Oreja ha indicado que el gas renovable es una oportunidad para una compañía como Enagás.

Oreja señaló que tiene sentido descarbonizar la economía con gas renovable, cuyo uso promueven los reguladores europeos, y aseveró que ese tipo de gas será en el futuro inyectado en la red. Según el consejero delegado de Enagás, el biogás y el biometano contribuyen a la seguridad del suministro y, además, en el caso del último, al proceder de residuos, contribuye a la generación distribuida y a la economía circular. Por otra parte, Marcelino Oreja ha augurado que la demanda de gas en España, que ha aumentado un 6% en lo que va de este año, seguirá creciendo en el futuro y su utilización en la movilidad contribuirá a ello.

Oreja ha destacado el futuro que se abre al gas natural en el transporte y no sólo por carretera, sino también en el marítimo e, incluso, en el ferrocarril. En el caso del transporte marítimo, Marcelino Oreja ha pedido a la secretaria general de Industria y Pyme, Begoña Cristeto, que les ayude ante el Ministerio de Energía para establecer un peaje de bunkering (repostaje de gas natural licuado de barco a barco), que está sin establecer, lo que está impidiendo que se desarrolle esta práctica.

Ha recordado que España tiene muchas plantas de gas, 7 terminales de gas natural licuado (GNL), 6 de las cuales son de Enagás, y considera que podría aprovechar su situación geográfica para convertirse en centro de almacenamiento y distribución de ese combustible. El consejero delegado de la compañía ha indicado que, por eso, están invirtiendo en sus plantas de GNL marítimo y ha señalado que la futura que habrá en el puerto de Granadilla, en Tenerife, también suministrará a buques.

En el caso del transporte ferroviario, Marcelino Oreja ha recordado que el reciente informe de la comisión de expertos para la transición energética contempla el uso del gas para acelerar la reducción de emisiones en el transporte ferroviario. Ha recordado que en enero se presentó en Asturias la primera prueba piloto de un tren de viajeros, un antiguo tren de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), y, entre las ventajas del gas en este medio de transporte, ha citado que es más eficiente, más limpio y menos ruidoso, ya que reduce en un 50% el ruido.

Además, ha explicado que el uso del gas en el ferrocarril puede ser una alternativa a la electrificación en las líneas que no es rentable electrificar por pasar pocos trenes por ellas. Asimismo, ha manifestado su confianza en que el resultado de las pruebas será positivo, tras lo cual se podrán establecer puntos de suministro de gas para ferrocarriles. Además, avanzó que el éxito de estas pruebas también abre una puerta a que compañías ferroviarias españolas puedan adaptar ese modelo de tren a gas a otras economías y que desde España se pueda promover el uso de GNL para el transporte de viajeros por ferrocarril.

La Fundación Renovables asegura que el informe del Comité de Expertos para la Transición Energética «carece de ambición» en los objetivos a 2030

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EFE / Europa Press. – La Fundación Renovables considera que el informe que la Comisión de Expertos para la Transición Energética «carece de ambición» en los objetivos a 2030 que deben marcar la senda de las descarbonización de la energía en 2050.

En un comunicado, la fundación señala que el documento «no aporta ni compromisos ni medidas concretas como requieren los retos planteados para nuestro país y que fruto del esfuerzo por lograr un consenso, en cualquier caso limitado, se diluyen las propuestas con demasiadas alternativas planteadas, con excesivos condicionantes que lo descartan como guía para afrontar la Transición Energética».

Sin embargo,  la fundación ve positivo la importancia que el informe da a la fiscalidad como herramienta del proceso de transición energética, la fijación de un precio mínimo para el CO2, el incremento de la fiscalidad de los carburantes y la corrección de los desequilibrios existentes, aunque afirma que tampoco este caso detalla concreta las medidas y deja abiertas demasiadas puertas.

Además, destaca que se pida la supresión del ‘impuesto al sol’ que «dificulta, junto con otros elementos restrictivos, el desarrollo del autoconsumo en nuestro país».

En este sentido, la Fundación Renovables considera que lo más sorprendente del documento es la afirmación de que «no se han tenido en cuenta cambios en el comportamiento de consumidores» a la hora de fijar los escenarios, aunque en varias ocasiones se hable del papel de los ciudadanos «si reciben las señales de precio y regulatorias oportunas para reducir la demanda».

La Fundación Renovables también cuestiona los objetivos de renovables que contiene el documento, en el que los expertos consideran complicado llegar al 27% de cobertura de la demanda final y que no pase del 28,4% en el escenario de transición sostenible ni del 29,7% en generación distribuida, lejos del 35% que propone el Parlamento Europeo.

Critica que la apuesta renovable de los expertos se circunscriba a la fotovoltaica y dice que no tiene sentido que la eólica sólo vaya a contar con 3.323 megavatios (MW) adicionales diez años después de las subastas cuando sólo la repotenciación de parques existentes puede multiplicar por tres esa cantidad.

A juicio de la fundación, el informe asume las tesis del ministro de Energía, Álvaro Nadal, al decir que el cierre de las nucleares incrementaría el coste de la tarifa eléctrica de 2.000 millones a 3.000 millones de euros, pero no justifica la tasa que se debe poner a sus residuos ni los costes que tendría mantener a la nuclear competitiva con respecto a las renovables.

Para finalizar en el tema nuclear, la entidad no comparte la propuesta del informe de prorrogar la vida útil de estas centrales y la fundación defiende el cierre al término de la vigencia de las actuales licencias de funcionamiento.