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El Gobierno asigna 5,3 millones de derechos de emisión de CO2 a nuevas instalaciones para los años 2013-2020

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación individual de 5,3 millones de derechos de emisión a 12 proyectos, que constituyen el cuarto conjunto de nuevas instalaciones y ampliaciones de las existentes para el periodo 2013-2020. La aprobación del Ejecutivo se produce a propuesta de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, Energía, Turismo y Agenda Digital y Economía, Industria y Competitividad.

Así, se asignan derechos de emisión a instalaciones incluidas en la Ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Las asignaciones se distribuyen en los 12 proyectos que constituyen este cuarto grupo de nuevos entrantes del período 2013-2020, de los que 8 corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes y 4 a nuevas instalaciones. Las asignaciones propuestas totalizan unos 5,30 millones de derechos, de los que 0,94 se toman de la reserva de nuevos entrantes. El resto, unos 4,35 millones, es lo que ya tenían asignado las instalaciones existentes que ahora amplían su capacidad.

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión es la principal herramienta de la Unión Europea para fomentar la reducción de emisiones de gases invernadero en la industria y sector de generación eléctrica. La normativa establece que una parte de los derechos de emisión que se inyectan en el mercado se han de asignar gratuitamente a las entidades reguladas, de forma que sus costes por participar no sean excesivos. Las reglas de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la reserva de nuevos entrantes son comunes en toda la Unión Europea. Esta reserva, común a toda la Unión Europea, asciende a unos 480 millones de derechos para el periodo 2013-2020.

En el Consejo de Ministros de abril de 2014, el Gobierno aprobó la asignación individualizada de derechos de emisión al primer conjunto de nuevos entrantes del periodo 2013-2020. Esta asignación ascendió a 13,5 millones de derechos. En su reunión de abril de 2015 aprobó la asignación individualizada de derechos de emisión a un segundo conjunto de nuevos entrantes. Esta asignación ascendió a 2,0 millones de derechos. Finalmente, en su reunión de 22 de abril de 2016 aprobó la asignación individualizada de derechos de emisión a un tercer conjunto de nuevos entrantes, por una cuantía de 1,2 de derechos de emisión.

La Eurocámara apoya que se reforme el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea

Europa Press.- El Parlamento Europeo ha apoyado la reforma del sistema de comercio de emisiones (ETS) de la Unión Europea, cuyos cambios se aplicarán a partir de 2021 con el objetivo de contribuir al recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 40% para 2030, en comparación con los niveles de 1990. El informe ha sido aprobado con 379 votos a favor, 263 en contra y 57 abstenciones. La Eurocámara y los Estados miembros comenzarán ahora las negociaciones para aprobar definitivamente la reforma.

El sistema europeo de comercio de emisiones abarca aproximadamente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. En concreto, limita las emisiones contaminantes de 11.000 instalaciones de elevado uso energético y de las compañías aéreas que operan entre los socios del bloque comunitario, Noruega, Islandia y Liechtenstein. En virtud del mecanismo ETS, se establece un límite sobre la cantidad total de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir instalaciones incluidas en el régimen. El límite se reduce paulatinamente con el tiempo de forma que las emisiones totales desciendan.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó que el recorte anual de los créditos subastados sea del 2,2%, a pesar de que la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara había abogado por aumentar este factor al 2,4%. Los eurodiputados propusieron, no obstante, incrementar la reducción a partir de 2024 en línea con la propuesta de la comisión europarlamentaria. Los eurodiputados también abogaron por duplicar la capacidad del programa de estabilidad de mercado (MSR) para absorber el exceso de derechos de emisión en circulación y retirar 800 millones de derechos a partir de enero de 2021.

Los cambios con respecto a los acuerdos alcanzados en el seno de la comisión de Medio Ambiente han provocado las críticas de socialistas y ecologistas al Partido Popular Europeo (PPE). La eurodiputada socialdemócrata Jytte Gutelan denunció que los populares europeos han «saboteado y diluido» la propuesta. «Obviamente, el PPE se preocupa más por complacer a algunos sectores industriales que por combatir el cambio climático», denunció la política sueca socialdemócrata. Sin embargo, el eurodiputado del PPE, Ivo Belet, ha defendido que la posición aprobada por la Eurocámara es «equilibrada» y «garantiza la implementación del Acuerdo de París» al mismo tiempo que asegura el empleo y la competitividad de la industria europea».

Bruselas exige a España reducir un 26% sus emisiones de CO2 para 2030, lo que supondrá “triplicar los esfuerzos”

Europa Press / EFE.- España necesita «casi triplicar los esfuerzos» para «cumplir con los nuevos objetivos» de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030 a partir de la base que se está llevando a cabo «pero que sin lugar a dudas necesita reforzarse« según indicó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente después de que la Comisión Europea haya exigido a España que reduzca un 26% sus emisiones de CO2 respecto a sus niveles de 2005 para 2030.

Así lo hizo Bruselas en el marco de su propuesta para repartir el esfuerzo entre los Estados miembro de cara a cumplir la meta colectiva del reducir un 40% las emisiones para 2030. El Ejecutivo comunitario sólo ha pedido a 12 países un esfuerzo mayor que a España en términos del porcentaje de sus emisiones que les ha exigido recortar entre 2021 y 2030. Se trata de Luxemburgo y Suecia son los únicos a los que les ha exigido reducir un 40% sus emisiones, Dinamarca y Finlandia deberán recortarlas un 39%, Alemania un 38% Francia y Reino Unido un 37% cada uno, Países Bajos y Austria deberán recortarlas un 36%, Bélgica un 35%, Italia un 33% e Irlanda un 30%.

Las metas nacionales exigidas, que van desde el 0% exigido a Bulgaria al 40% que se pide a Luxemburgo y Suecia, se fijaron atendiendo a criterios de «justifica, eficacia desde el punto de vista del coste y la solidaridad» entre países, según el Ejecutivo comunitario. El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, argumentó que el reparto es justo entre países porque se basa en «el PIB relativo per cápita de cada Estado», algo que garantiza «la justicia» porque los países con mayor ingreso tendrán que reducir más las emisiones aunque se contempla también un ajuste.

La propuesta cubre las emisiones de los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de emisiones, es decir, vivienda, transporte, la agricultura y la gestión de residuos, responsables del cerca del 60% de las emisiones totales en la Unión Europea en 2014. Cañete explicó que una de las vías de flexibilidad permitirá a algunos Estados, entre los que no está España, cubrir algunas de sus emisiones en estos sectores con permisos de emisiones que normalmente se habrían subastado en el mercado de emisiones. Eso sí, ha dejado claro que habrá un máximo de 100 millones de toneladas de CO2 que se podrán utilizar con permisos entre 2021 y 2030.

La otra vía de flexibilidad propuesta permitirá a los países acreditar hasta 280 millones de toneladas de C02 de ciertas categorías de usos de tierra. Cañete ha explicado que el único criterio válido en este caso será «el peso de las emisiones agrícolas» en los países y ha justificado esta vía de apoyo porque el sector agrícola es el que «más dificultades» tiene para reducir sus emisiones y los países con un sector agrícola «muy intensivo» necesitan «algo de flexibilidad». En este caso, España tendrá una flexibilidad máxima anual del 1,3% respecto a su porcentaje de emisiones en 2005, según consta en la propuesta presentada.

«Esta es una propuesta equilibrada y justa» y tiene en cuenta «las dificultades de cada país»; ha defendido Cañete, que ha asegurado que la propuesta contribuirá al cumplimiento de la meta global europea de reducir un 40% las emisiones de CO2 para 2030 respecto a los niveles de 1990. El Ejecutivo comunitario ha propuesto por primera vez incluir la gestión forestal y el uso de las tierras en los esfuerzos para reducir las emisiones en 2030 por su potencial para capturar carbono. De hecho, los bosques en la Unión Europea absorben el 10% de las emisiones anuales en la actualidad.

España deberá “triplicar sus esfuerzos”

Según el Ministerio de Medio Ambiente, España necesita «casi triplicar los esfuerzos» para «cumplir con los nuevos objetivos» de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030, que a juicio del Ministerio «da una señal muy positiva al resto del mundo» de cara a acelerar la transición hacia un desarrollo bajo en carbono y dar cumplimiento al Acuerdo de la Cumbre de París (COP21). En el caso de España, según el Ministerio, se confirma «la necesidad de casi triplicar sus esfuerzos para cumplir con los nuevos objetivos a 2030 sobre la base de una acción temprana que ya estamos llevando a cabo en el marco actual, pero que sin lugar a dudas necesita reforzarse».

El Ministerio de Medio Ambiente confirma que las emisiones de CO2 aumentaron un 0,5% en 2014 frente al año anterior

Redacción / Agencias.- Las emisiones de CO2 aumentaron un 0,5% en 2014 respecto al año anterior, según los datos del último Inventario Nacional de Emisiones de gases de efecto invernadero, que incorpora la serie 1990-2014. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, informó en el Consejo Nacional del Clima de estos datos que remitirá a Naciones Unidas el 15 de marzo próximo.

Además, precisó que las emisiones en 2014 alcanzaron los 333 millones de toneladas de CO2-equivalente, lo que representa un «ligero» incremento del 0,5% respecto al año 2013. En este sentido, Tejerina ha subrayado que «se ha conseguido desacoplar el ritmo de crecimiento económico y de emisiones», ya que el incremento es inferior a la variación interanual del PIB para el mismo periodo, que se sitúa en un aumento del 1,4%.

De estos datos, explicó que las emisiones de los sectores sujetos al Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión aumentaron un 1,7% respecto a 2013, mientras que los sectores difusos disminuyeron en un 0,14% en el mismo periodo. «Es en estos sectores difusos (agricultura, los transportes y los residuos, entre otros) donde tenemos un objetivo nacional de reducción de emisiones y donde se puede valorar el efecto de las medidas nacionales puesta en marcha en el marco de la Hoja de ruta 2020», precisó.

Respecto a la Hoja de Ruta de Sectores difusos 2020, ha apuntado que incluye 43 medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el de la vivienda, los transportes y los residuos, entre otros. García Tejerina destacó que la activación de las medidas de la actual hoja de ruta se encuentra aproximadamente en un 80% de lo planificado y que es importante implantar al 100% para conseguir una senda descendente de emisiones a 2020. A este respecto, anunció que la Oficina Española de Cambio Climático está revisando la hoja de ruta para identificar nuevas políticas de mitigación tempranas que permitan cumplir con lo establecido de una forma «costoeficiente» en 2030.

Del mismo modo, aplaudió el papel «clave» de la Unión Europea en la Cumbre de París, y aseguró que seguirá trabajando para mantener ese liderazgo en la nueva fase de implantación a nivel nacional que se abre tras el acuerdo, que lanza una “señal clara y unánime” de avanzar hacia un modelo de desarrollo económico, social y medioambiental. Al respecto, calificó la cita de «éxito» de la comunidad internacional por establecer un «marco que responde a las realidades geopolíticas y económicas actuales e intuye las futuras». A su juicio, este marco refuerza la cooperación internacional.

La OCDE pide elevar el precio del carbono y los impuestos de las energías contaminantes

Redacción / Agencias.- El 90% de las emisiones contaminantes por el uso de la energía en los países ricos y las economías emergentes tienen un precio inferior al daño que causan al clima, según un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), coincidiendo con la segunda y definitiva semana de la Cumbre del Clima de París (COP21).

Esta organización analiza las tasas de carbono efectivas (la suma de impuestos al carbono, impuestos específicos sobre el consumo de energía y sistemas del comercio de emisiones) de sus 34 países miembro (que son los países desarrollados) y 7 economías asociadas del G-20 (Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica). Por tanto, evalúa cuánto pagan los usuarios por las emisiones contaminantes procedentes de la energía. El estudio concluye que el 90% de las emisiones en estos 41 países, que representan el 80% del consumo energético mundial, están tasadas en menos de 30 euros por tonelada equivalente de CO2, que la OCDE cifra como coste mínimo por sus repercusiones climáticas, y el 70% cuestan menos de 5 euros por tonelada.

Impuestos o comercio de emisiones

A juicio de la organización, estos datos muestran la necesidad que existe de poner precio al carbono, a través de impuestos o a través de los sistemas de comercio de emisiones, «como una de las herramientas más eficaces para reducir las emisiones de CO2 por el uso de la energía». «Los precios pueden reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia energética, e impulsar un cambio hacia formas menos dañinas de energía», apunta la OCDE.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, indica en el estudio presentado que es necesario «un precio efectivo de las emisiones de carbono si queremos hacer frente al cambio climático». «La aplicación del principio de que quien contamina paga es insuficiente lamentablemente«, señala, antes de añadir: «No podemos seguir así si la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de manera efectiva es un verdadero objetivo político».

Sólo un 10% funciona correctamente

El informe indica que, en los 41 países analizados, el 60% de las emisiones de CO2 equivalente por el uso de la energía no están sujetas a ningún precio, un 30% cuestan hasta 30 euros por tonelada y sólo un 10% supera los 30 euros fijados como coste mínimo por sus daños al clima. Excluyendo el transporte por carretera, la tasa es cero para el 70% de las emisiones contaminantes y el 96% valen menos de 30 euros por tonelada equivalente de CO2. Un 46% de las emisiones del transporte por carretera tienen un precio superior a 30 euros, por lo que es el sector con los precios más altos.

La OCDE constata, además, que en casi todos los países se tasan las emisiones con impuestos relacionados con el sector energético, no con una tasa al carbono en sí. «Ese informe evidencia que las políticas de precios de carbono no están utilizando todo su potencial», indica el documento, que subraya que hace falta «un precio del carbono más elevado y de cumplimiento más estricto para conseguir los objetivos climáticos». Ese precio traería beneficios colaterales como «la reducción de la contaminación del aire o la elevación de los ingresos públicos», subrayaron.