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La Comisión Europea autoriza a España a destinar 200 millones de euros en ayudas a las empresas electrointensivas hasta 2020

Europa Press.- La Comisión Europea autorizó el esquema de ayudas de España a las empresas con un consumo intensivo de electricidad, que contará con un presupuesto de 200 millones de euros hasta 2020, al concluir que cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado.

Este esquema, aprobado originalmente por la Unión Europea en 2013, está dirigido a compañías que se enfrentan a costes «significativos» relacionados con el consumo eléctrico y que cuentan con una exposición «particular» a la competencia internacional. La compensación tiene forma de reembolso parcial de los costes de electricidad bajo el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas).

«El incremento del presupuesto está justificado por los mayores precios de la electricidad resultantes de los costes indirectos de emisión bajo el sistema europeo de comercio de emisiones», argumenta Bruselas, que ha evaluado la adecuación del plan a las normas europeas sobre ayudas de Estado, en particular con las directrices sobre ayudas relativas a la energía y la protección medioambiental. Los servicios comunitarios de Competencia han concluido que dicho esquema cumple con las reglas comunitarias.

Bruselas invertirá 10.000 millones de euros en impulsar las tecnologías verdes entre 2020 y 2030

Europa Press.– La Comisión Europea ha anunciado que invertirá más de 10.000 millones de euros entre 2020 y 2030 para impulsar el desarrollo de tecnologías verdes en varios sectores económicos con el objetivo de impulsar su competitividad global y asegurar que la Unión Europea está «en lo más alto de la liga» de patentes ecológicas. «Este liderazgo da una ventaja competitiva global que permite a Europa recoger los primeros beneficios incrementando las exportaciones de productos y tecnología sostenibles y modelos de negocio», ha destacado el Ejecutivo comunitario.

Estas inversiones estarán gestionadas por el Fondo de Innovación y Bruselas tienen la intención de convocar las primeras ayudas en 2020. El Fondo de Innovación será la continuación del programa NER 300, que actualmente apoya el desarrollo de tecnologías para la captura y almacenamiento de carbono, así como de energías renovables. Su sucesor ampliará sus inversiones para cubrir también el almacenamiento de energía y las industrias de energía intensiva. Concretamente, concederá subvenciones que cubran hasta el 69% del capital adicional y los costes operacionales. Los fondos se desembolsarán de forma flexible sobre la base de las necesidades de cada proyecto.

Su presupuesto se alimentará, principalmente, de la venta derechos en el marco del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés). Bruselas calcula que entre 2020 y 2030 se venderán unos 450 millones de permisos de emisiones, cuyo precio actual ronda los 20 euros. A esta suma se añadirá el dinero no reembolsado del programa NER 300. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que el objetivo de la UE es «seguir construyendo una economía moderna, competitiva y socialmente justa», que al mismo tiempo esté «alineada» con el Acuerdo de París.

El primer Barómetro de Transición Energética en España revela la necesidad de impulsar las energías renovables

Europa Press.- El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta basada en un análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías renovables tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha resaltado que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética de España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior al de la Unión Europea, que ha de acelerarse significativamente para alcanzar los objetivos marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación, que devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se acrecentó por una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía, especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21% con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la Unión Europea, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico, y un 10% para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Hay una ligera reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización de la economía. Sin embargo, es inferior a la experimentada en el conjunto de la Unión Europea, un factor que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

En lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial. A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la asequibilidad de la energía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010. La evolución es similar a la experimentada en la Unión Europea.

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, que cae un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron a 2010, lo que refleja una mejora en términos de ajuste de la economía. El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido «bandazos» importantes pero que ha descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en valores similares a 2010.

España aumentó un 4,4% sus emisiones de CO2 en 2017 al usar más carbón y menos hidráulica para generar electricidad

Europa Press.– Las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) aumentaron en un 4,4% en 2017 en España respecto a 2016, lo que supone el mayor incremento interanual desde 2002, según datos del Avance del Inventario de Emisiones de GEI del Ministerio para la Transición Ecológica, que señala que España emitió 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente.

El inventario, que será remitido a la Comisión Europea, expone que la principal razón de este aumento se encuentra en las emisiones procedentes de la generación de electricidad, que suponen un 21% del total de emisiones y crecieron un 18,8% durante 2017 ya que hubo una mayor producción de las centrales térmicas de carbón, en un 20,6%, y de los ciclos combinados de gas, en un 27,5%, al mismo tiempo que la producción de las centrales hidroeléctricas cayó un 49% a consecuencia de la pertinaz sequía en un año hidrológicamente muy seco y que tuvo unos niveles similares de producción eólica, que aumentó un 0,4%..

Para el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el balance es «negativo» y por ello ve necesaria una mayor penetración de las fuentes renovables en el mix energético ya que considera que «España no puede seguir fiando los buenos o malos resultados de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas«. “Es preciso definir una hoja de ruta para mantener unos resultados óptimos, aun cuando las condiciones climatológicas sean adversas, y desacoplar cuanto antes el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero», afirma Hugo Morán.

Los datos apuntan que todos los sectores emisores experimentaron un aumento de las emisiones, en un año en el que el Producto Interior Bruto (PIB) en España creció un 3,1% y que fue hidrológicamente «malo» ya que fue «el más cálido y el segundo más seco desde 1965». Así, la principal subida se debió a la generación de electricidad, cuyas emisiones aumentaron un 18,8%; el sector industrial, 3,2%; transporte por carretera, 2,5% o de la agricultura, 2,9%. También se han registrado descensos, especialmente en los gases fluorados, cuyas emisiones cayeron un 17,2% y el sector residencial, con un 2,8% menos.

De este modo, con datos preliminares de 2017, el nivel de emisiones globales se situaría un 17,8% por encima del año 1990 y un 23% por debajo de las emisiones de 2005. Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica, el objetivo es elevar la ambición en la lucha contra el cambio climático de España, planteando una reducción de alrededor de un 20% sobre el nivel de 1990 para 2030, que traducido a las cifras actuales significaría un descenso de algo más de un 45%.

El Ministerio pretende plasmar esta ambición en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que espera someter a información pública antes del mes de agosto y que fijará la senda para cumplir con los objetivos de recorte de emisiones marcada por el Acuerdo de París. Las emisiones procedentes de los sectores sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS), un 40% del total, aumentaron un 10,3%, mientras que las emisiones de los sectores difusos (residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gases fluorados, e industria no sujeta al comercio de emisiones) lo hicieron un 0,6%.

El sector con más peso es el transporte (26%), seguido de la generación de electricidad (21%), las actividades industriales (19%) y la agricultura (10%). Por gases, el CO2 supone el 81% de las emisiones totales de GEI, seguido del metano (11%). En cuanto a los sumideros de carbono, las emisiones absorbidas han descendido un 4,8%, en gran parte debido a la disminución del efecto de las repoblaciones sobre el incremento de biomasa forestal y a un notable aumento en las emisiones derivadas de incendios forestales.

Los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 2017 expone que las emisiones del transporte aumentaron un 2,6% respecto a 2016, sobre todo por el transporte en carretera (25% del total con un aumento del 2,5%) y del transporte aéreo nacional (0,8% del total de las emisiones con un crecimiento interanual del 6,2%). Por su parte, aunque con un menor peso en el global del sector, el transporte por ferrocarril y la navegación doméstica aumentaron sus emisiones (+3,9% y +0,6% respectivamente).

En cuanto a la industria, se estima que en 2017 las emisiones de la combustión en los sectores industriales creció un 4,2%, ligado al incremento de estas emisiones en el régimen ETS. Asimismo, las emisiones de los procesos industriales registraron variaciones interanuales al alza, del 1,4% en el conjunto de minerales no metálicos (cemento, cal, vidrio y cerámica); del 0,3% en la industria química; y del 1,2% en la metalurgia.

Unidos Podemos propone que el 50% de lo recaudado en la subasta de emisiones se dedique a desarrollar las renovables

Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos propone que, al menos, el 50% de la recaudación de la subasta de emisiones de gases de efecto invernadero se destine por ley al desarrollo de las energías renovables. Así lo recoge una de sus enmiendas al proyecto de ley aprobado por el PP que modifica hasta tres leyes: la de Evaluación Ambiental, la de Montes y la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Según explicó en su momento el Ejecutivo popular, este texto propone reforzar el carácter preventivo ante las amenazas y los nuevos desafíos ambientales y presta una atención especial a la eficiencia de los recursos y a la prevención de riesgos que a partir de ahora estarán «mejor reflejados en el proceso de evaluación». De este modo, la Ley de Evaluación Ambiental modificará la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos y también se espera la integración o coordinación de la evaluación de impacto ambiental con otros procedimientos ambientales.

PNV y Ciudadanos piden, en sus enmiendas, que la norma recoja una nueva disposición final en la que se determine que, cuando un procedimiento judicial afecte a la ejecución de un proyecto y ya cuente con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, el plazo de vigencia de la misma se quedará en suspenso hasta el momento de la sentencia firme. «Se pretende evitar que el promotor tenga que tramitar nuevamente una evaluación ambiental del proyecto desde cero», indican los nacionalistas.

El proyecto de ley también busca potenciar la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental y priorizar el uso de los medios electrónicos, para poder garantizar así la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento. En este sentido, Unidos Podemos ha incluido enmiendas para que esta información sea accesible a la población, a través de las webs de los ayuntamientos.

El Gobierno asigna derechos de emisión de gases de efecto invernadero a 17 instalaciones hasta 2020

Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hasta 2020 por un total de 1,3 millones de derechos de emisión a 17 instalaciones afectadas por el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS).

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) es la principal herramienta de la Unión Europea para fomentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria y sector de generación eléctrica, y afecta a más de 11.000 instalaciones. En el acuerdo han participado los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; de Economía, Industria y Competitividad; y de Energía. De estas 17 instalaciones, que constituyen el quinto grupo de nuevos entrantes del período 2013-2020, 9 corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes y otras 8 a nuevas instalaciones.

La cuantía acordada asciende a 1,3 millones de derechos de emisión otorgados, que se tomarán de la reserva constituida para nuevos entrantes del periodo 2013-2020 común a todas las instalaciones de Europa. La disponibilidad actual de derechos en la reserva es de 335,9 millones. El cálculo de las asignaciones se ha realizado aplicando la metodología de asignación establecida en la Decisión 2011/278/UE, así como las guías interpretativas elaboradas por Bruselas.

Asimismo, se siguió el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este procedimiento incluye la consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el trámite de información pública, la aprobación de las asignaciones preliminares por parte de la Comisión Europea y la elevación al Consejo de Ministros.

La Eurocámara respalda la reforma para reducir las emisiones industriales de la Unión Europea a partir de 2021

Europa Press.- El Parlamento Europeo ha respaldado la reforma del sistema de comercio de emisiones de CO2 (ETS), que se aplicará a partir de 2021 y que tienen el objetivo de reducir las emisiones de centrales eléctricas y plantas industriales. Los eurodiputados han avalado con 555 votos a favor, 104 en contra y 39 abstenciones el acuerdo alcanzado en noviembre con el Consejo de la Unión Europea, que son los Estados miembros y que ahora deben formalizar la reforma.

El sistema ETS funciona desde 2005 y limita las emisiones de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales a través de un nivel máximo que se reduce cada año y abarca aproximadamente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Ahora se incrementará el recorte que se aplica todos los años a la cuota anual de derechos de emisión colocados en el mercado, hasta el 2,2% a partir de 2021 frente al 1,74% que se aplica actualmente. Este porcentaje será revisado con la intención de aumentarlo en 2024.

Además, se duplicará la capacidad de la reserva de estabilidad del sistema ETS para absorber el exceso de derechos de emisión en el mercado. Una vez activada, esta reserva absorbería hasta un 24% de los derechos de emisión en exceso en cada ejercicio durante los cuatro primeros años, con lo que aumentaría el precio de los derechos y se incentivaría el recorte de las emisiones.

Por otro lado, el texto prevé la creación de un fondo de modernización para ayudar a actualizar los sistemas energéticos, así como un fondo de innovación para apoyar las energías renovables, la captura y el almacenamiento de carbono y los proyectos de innovación de baja emisión de carbono. Asimismo, para evitar que las empresas trasladen su producción fuera de la Unión Europea por las exigencias de reducción de emisiones, las llamadas fugas de carbono, los sectores con mayor riesgo recibirán sus derechos gratuitamente, mientras que otros menos afectados recibirán gratis el 30% de los créditos.

Los países de la Unión Europea aprueban la reforma para reducir las emisiones de centrales eléctricas y plantas industriales

Europa Press.- Los Gobiernos nacionales de los 28 Estados comunitarios han dado su visto bueno a la reforma que busca reducir las emisiones contaminantes de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales de la Unión Europea y que forma parte del conjunto de medidas para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo del Clima de París.

Se pretende reformar el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS), cuyos cambios se aplicarán a partir de 2021.Tras este paso, la reforma debe recibir ahora luz verde por parte del Parlamento Europeo. El sistema ETS funciona desde 2005 y limita las emisiones de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales a través de un nivel máximo que se reduce anualmente. En conjunto, abarca el 45% de las emisiones invernadero de la Unión Europea y el objetivo para 2030 es conseguir un recorte del 43% en las incluidas en este sistema.

Así, el acuerdo recoge que el recorte anual de créditos subastados en este sistema, llamado «factor de reducción lineal», será del 2,2% cada año, frente al 1,74% actual. Este factor podrá revisarse con vistas a incrementar el recorte, pero siempre a partir de 2024. Además, se duplicará temporalmente, hasta finales de 2023, el número de permisos incluidos en el mecanismo de estabilidad de mercado (MSR). A partir de ese año se pondrá en marcha un nuevo mecanismo que limitará la validez de los permisos que se encuentran en esta reserva.

Por otro lado, la reforma del sistema ETS incluye una serie de provisiones para proteger a la industria europea del riesgo de fugas de carbono, que se dan cuando, por motivos de costes derivados de políticas climáticas, las empresas trasladan su producción a otros países con límites de emisión menos estrictos. Finalmente, el acuerdo prevé la creación de una serie de mecanismos de financiación para ayudar a los sectores industrial y energético a enfrentarse a los desafíos de «innovación e inversión» en la transición hacia una economía baja en carbón.

Las plantas térmicas y los ciclos combinados, pendientes de los límites de emisiones para acceder a los pagos por capacidad

Javier Angulo / Bruselas.- InnovaEl comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha indicado que las mayores dificultades en las negociaciones para fijar los objetivos europeos para el horizonte 2030 se están dando en los mercados de carbono, donde la Comisión Europea y el Parlamento Europeo proponen fijar límites para poder acceder a apoyos económicos como los pagos por capacidad, para ejercer de respaldo de las fuentes renovables, o también a los fondos de modernización.

En este sentido, Arias Cañete ha señalado que la enmienda del Parlamento Europeo de establecer en 450 gramos kilovatio hora el límite de emisiones para las instalaciones que pretendan acceder al fondo de innovación y al de modernización perjudica a muchos países del Este, especialmente a Polonia, que tendría que hacer grandes inversiones para acceder a los fondos. Asimismo, reconoció también que el Parlamento Europeo está dividido en cuanto al límite de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora establecido por la Comisión Europea para que las instalaciones de energía puedan acceder a pagos por capacidad, con un periodo de 5 años de adaptación para las existentes actualmente desde que entre en vigor la norma.

En lo que respecta al sector gasista, el presidente de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, se mostró partidario de apoyarse en el gas y los ciclos combinados en el proceso de transición energética en detrimento del carbón. “El gas es un combustible fósil pero es dos veces mejor que el lignito”, aseveró el expresidente del Parlamento Europeo. Cañete fue más comedido en este ámbito y llamó a escoger certeramente las inversiones para no poner en riesgo en ningún momento a la seguridad de suministro.

Unesid cree que la reforma del comercio de emisiones representa «un importante sobrecoste» y pide recibir compensaciones de las eléctricas

Europa Press.- La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) asegura que la reforma del Comercio de Emisiones Europeo (ETSEU) tal como está diseñada representa «un importante sobrecoste incluso para la mejor de las mejores siderúrgicas europeas». Además, pide que los países apliquen una compensación completa por los beneficios que obtienen las compañías eléctricas al facturar un CO2 en todos los kilovatios (kW) eléctricos, que solo se emite parcialmente.

El director general de Unesid, Andrés Barceló, respalda así la iniciativa de la patronal europea (Eurofer), y considera esta reforma «algo conceptualmente inadmisible y claramente en contra de lo acordado por los primeros ministros de la Unión Europea en octubre de 2014». Eurofer pedía a todos los gobiernos de la Unión Europea que garanticen la existencia de un sector comunitario «sostenible y globalmente competitivo» y advertía sobre los efectos negativos que podría tener una reforma del sistema europeo de comercio de emisiones que no proteja los intereses de la industria.

Para Unesid, la propuesta comunitaria actual supone favorecer la producción en terceros países, «con aceros que generan más emisiones de CO2 y con nula innovación, a la vez, que propicia la reducción de actividad industrial y de puestos de trabajo en Europa y en España, que apenas está saliendo de una crisis que ha durado ya una década». Asimismo, el dirigente de Unesid considera que la carencia de CO2 en el sector siderúrgico, «es un hecho desde el presente año 2017». De esta manera, Barceló subraya que el sector ha consumido ya los excedentes de CO2, que se acumularon como fruto de la crisis y la reducción de actividad aparejada.

Además, pide que los países apliquen una compensación completa por los beneficios que obtienen las compañías eléctricas al facturar un CO2 en todos los kilovatios (kW) eléctricos, que solo se emite parcialmente, siendo esta posibilidad opcional para cada Estado. Barceló recalca la importancia de esta petición ya que en España el acero se produce en gran medida reciclando residuos férricos, «un proceso intensivo en electricidad».