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REE empieza a publicar el precio con el que compensar a los autoconsumidores por verter su excedente a la red

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Redacción.- Red Eléctrica de España, como operador del sistema eléctrico nacional, ha iniciado en la web del operador del sistema eSios la publicación diaria del precio por megavatio-hora (MWh) con el que se compensará a los autoconsumidores que viertan a la red la energía excedentaria. En este sentido, la energía excedentaria hoy se vería en la factura a 0,05372 €/kWh mientras que el término de energía se cobraría a 0,11583 €/kWh.

Para ello, el usuario ha de tener un contrato de tarifa regulada PVPC con una comercializadora de referencia y estar acogido al mecanismo de compensación simplificada definida en el Real Decreto 244/2019 por el cual se recompensa con una reducción de su factura de electricidad al autoconsumidor que integre su energía generada y no consumida en la red. Ésta es una de las medidas aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica que pretende impulsar las tecnologías de autoconsumo y de generación distribuida de origen renovable y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera asociadas a la generación eléctrica.

Este precio, con el que se compensará a los autoconsumidores, es el resultado de restar al precio medio horario (basado en el resultado del mercado diario e intradiario para cada hora del día) el coste de los desvíos. Para el cálculo de este valor no se tienen en cuenta los peajes de acceso. De esta manera, los autoconsumidores que viertan el excedente de generación renovable en la red, obtendrán una reducción sobre su factura eléctrica. La web eSios publica diariamente a las 20:20 horas los precios para el día siguiente.

Red Eléctrica destaca que, con esta nueva herramienta, “el usuario toma cada vez más fuerza como consumidor activo y se abre así a una nueva relación bidireccional entre los diferentes actores del sistema eléctrico”. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, el autoconsumo es una herramienta relevante para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y lucha contra el cambio climático.

Iberdrola ahonda en su campaña informativa sobre el nuevo bono social a entidades sociales y de consumidores

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Europa Press.- Iberdrola ha ahondado en su campaña informativa sobre el nuevo bono social eléctrico, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, mediante la remisión de información actualizada de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales. Así, la compañía envió información a estas organizaciones sobre las últimas novedades en la gestión del bono social y las acciones realizadas para facilitar la información y la gestión a sus clientes.

En concreto, el grupo energético remitió un correo electrónico en el que informa de la reciente puesta en marcha de la aplicación telemática desarrollada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que permite a los comercializadores de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos de renta para ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo.

En la información recuerda que esta aplicación telemática funciona para todo el territorio nacional, salvo en País Vasco y Navarra, y señala que, no obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a las comercializadoras de la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. En País Vasco y Navarra los clientes deben seguir aportando a los comercializadores de referencia la declaración de la renta hasta que esté finalizada la aplicación telemática específica para estos territorios.

La compañía también recuerda a sus clientes beneficiarios actualmente del bono social que seguirán disfrutándolo, como mínimo, hasta abril de 2018. Eso sí, todos aquellos que reúnan las condiciones para beneficiarse del nuevo bono social tienen que solicitarlo, aunque sean beneficiarios actualmente. El grupo energético ha remitido esta información a un total de 1.240 responsables de organismos de consumo y organizaciones de consumidores, a 236 miembros de servicios sociales de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de zonas de alto ratio para la compañía, así como a unos 56 responsables de las entidades con las que la empresa tiene suscritos convenios de vulnerabilidad, entre otros.

Además, la compañía puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria. Asimismo, la compañía presidida por Ignacio Galán ya procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social.

El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.

El sistema eléctrico cerró 2016 con un superávit de 421,45 millones de euros

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Europa Press.- El sistema eléctrico arrojó en el ejercicio 2016 un superávit de 421,45 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este excedente se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos, señala el organismo en su informe.

En concreto, en la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se han ingresado 696,3 millones de euros por aplicación de la Ley 15/2012, de los cuales 196,1 millones de euros se corresponden con el canon por utilización de aguas continentales. De este modo, el superávit definitivo en el ejercicio es superior en 396,6 millones de euros al previsto en la Orden IET/2735/2015 (24,9 millones de euros) y en 310,6 millones de euros al de la Orden ETU/1976/2016 (110,9 millones de euros).

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo. Concretamente, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros. De esta manera, acumula más de 1.440 millones de euros de superávit. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

De todas maneras, el Gobierno acordó el pasado mes de octubre devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ejecutaba así las sentencias y autos que habían dado la razón a las eléctricas respecto al anterior sistema de financiación el bono social. Estas indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros.

Por otra parte, Gas Natural Fenosa presentó alegaciones para la incorporación en esta liquidación definitiva de 2016 de la devolución del bono social descontado por las comercializadoras de referencia en el periodo del 1 de septiembre al 24 de diciembre de ese año, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de que tumbaba el anterior esquema de bono social y hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre.

No obstante, la CNMC señala que en cumplimiento, entre otras, de la sentencia del Supremo, así como de su auto de ejecución de septiembre, se dictó la Orden ETU/929/2017 y, como consecuencia de ésta, el organismo aprobó la resolución de devolución de las cantidades financiadas por las sociedades o grupo de sociedades en concepto de bono social correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes.

Así, indica que no cabe en absoluto lugar a confundir los descuentos que las comercializadoras de referencia efectúan a sus clientes en cumplimiento de la obligación legal establecida en el artículo 45.3 de la Ley 24/2013, con las cantidades satisfechas por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollasen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización, en virtud de su obligación de financiación. Por ello, la CNMC considera que no se puede concluir la incorporación en la liquidación de 2016, como coste del sistema eléctrico, de estas cantidades descontadas por las comercializadoras a sus clientes en concepto de bono social en ese periodo.

El Ministerio de Energía inhabilita a las comercializadoras eléctricas Unic Global Logistic, Gestiona Energía y Export Innovation Group

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EFE.- El Ministerio de Energía dictaminó la inhabilitación de 3 comercializadoras de electricidad por incumplir los requisitos legales para el ejercicio de su actividad. Según el BOE, las comercializadoras inhabilitadas son Unic Global Logistic, Gestiona Energía y Export Innovation Group y ahora sus clientes serán traspasados a un comercializador de referencia. Las resoluciones de Energía detallan que estas empresas incumplieron, entre otras cuestiones, su obligación de prestar garantías para dar cobertura a sus obligaciones derivadas de la compra de electricidad en el mercado.

Facua denuncia a Gas Natural ante la CNMC por presuntas irregularidades en el uso de datos de usuarios

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Europa Press.- Facua denunció a Gas Natural Fenosa ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Catalana de Consumo por presuntas irregularidades en el uso de los datos de los usuarios de su comercializadora de tarifa regulada para el trasvase al mercado libre.

Facua señala que, a través de una carta, la energética comunica a sus clientes que les hará el cambio de tarifa, a otra que «en realidad es un 15% más cara», e indica que si no quieren este trasvase de tarifa al mercado libre deberán comunicárselo a la compañía. Así, Facua pide a la CNMC que abra expediente sancionador a Gas Natural Fenosa por haberse usado ilícitamente la base de datos de clientes con tarifa regulada para publicitar las tarifas de otra comercializadora del grupo.

Los consumidores de luz que regresan al comercializador de referencia y a la tarifa regulada PVPC aumentaron en 2016

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Europa Press.– El número de consumidores domésticos de electricidad que pasaron en 2016 del mercado libre al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) aumentó en 2016 por primera vez desde la puesta en marcha del precio regulado. Este dato aparece en el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que se aprecia además que la mayor parte de los cambios de comercializador se producen entre empresas en el mercado libre.

El número de consumidores que solicitó regresar al comercializador de referencia, que es el que suministra el PVPC, ascendió a 270.000 en 2016, frente a 160.000 en 2014, que fue el primer año de implantación del precio regulado. En todo caso, este tipo de cambio solo equivale al 8,5% del total, frente a los cambios entre comercializadoras de mercado, que acaparan alrededor del 60% del total y son los predominantes.

El aumento en los consumidores que regresan al PVPC coincide con una pérdida de peso relativo entre los que pasan del precio regulado al mercado libre. Este grupo ha pasado de suponer un 51,3% del total en 2014 a un 29% en 2016. El informe también muestra que la mayoría de los cambios del comercializador de referencia al mercado libre en el sector eléctrico tienen como destino comercializadores perteneciente al mismo grupo empresarial. De los cambios de este grupo, el 74,6% responde a este patrón.

Durante 2016, el número de cambios de comercializador activados fue de 3,2 millones en el sector eléctrico y de casi un millón en el sector gasista, lo que supone unas tasas de cambio, o switching, elevadas en ambos sectores, del 11,1% y de 12,5%, respectivamente. En el sector eléctrico, cerca del 86% de las altas se activaron a favor de comercializadores verticalmente integrados con el distribuidor, y en torno al 16% fueron a favor de comercializadores de referencia, entre los que figuran Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP.

A finales del 2016, el mercado eléctrico estaba compuesto por 29 millones de puntos de suministro. De ellos, un 58%, o 16,9 millones de puntos, estaba suministrado por un comercializador en el mercado libre, mientras que al resto lo suministraba un comercializador de referencia mediante el denominado PVPC. En el mercado libre, las comercializadores independientes de los cinco grandes grupos energéticos suministraban únicamente al 10,2% de los puntos de suministro.

Por su parte, en el mercado gasista, que estaba compuesto por 7,7 millones de puntos de suministro, el 78% de ellos eran suministrados en el mercado libre (6 millones), y de ellos, los comercializadores independientes únicamente suministraban al 0,7%. El 22% restante de los puntos eran suministrados a tarifa regulada. El número de solicitudes de cambio de comercializador de electricidad y de gas recibidas por los distribuidores durante el año 2016 fue de 4,8 millones. De estas solicitudes, 3,6 millones pertenecen al sector eléctrico y 1,2 millones al sector gasista.

Energía impedirá a las comercializadoras eléctricas sacar a un usuario del bono social hacia el mercado libre sin advertírselo expresamente

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Europa Press.– El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prohibirá a las comercializadoras de electricidad suscribir un contrato en el mercado libre con un beneficiario del bono social sin advertirle expresamente de que la firma implicará la pérdida de la ayuda. Esta novedad forma parte de las medidas recogidas en el borrador de reglamento de desarrollo del bono social de electricidad, que fue remitido por Energía a las distintas comunidades autónomas.

El borrador recoge tres novedades normativas encaminadas al refuerzo de la protección de los consumidores de electricidad, especialmente de los vulnerables. Entre ellas figura la de que el nuevo comercializador «deberá informar expresamente» al consumidor con bono social de que «la suscripción del nuevo contrato en mercado libre implicará que no resulte aplicable la percepción del bono social». Otra de las novedades es que las comercializadoras deberán incluir en sus reclamaciones a los consumidores con impagos en su factura que estén en el mercado libre la posibilidad de acogerse al precio regulado, el PVPC, y de solicitar el bono social.

Junto a esto, Energía anulará expresamente las cláusulas que contemplen penalizaciones o costes adicionales para los consumidores que tengan un contrato en el mercado libre y que soliciten acogerse al PVPC acreditando los requisitos para ser consumidor vulnerable. El borrador también obliga a las comercializadoras eléctricas a actualizar al menos una vez a la semana el listado con los consumidores a los que ha remitido la primera o, en su caso, segunda notificación de impago.

Esta lista se remitirá a las comunidades autónomas, que designarán por su parte un centro directivo para recibir esta información e informar a las distintas administraciones del territorio. De esta forma, «las autoridades competentes en materia de servicios sociales dispondrán permanentemente de un listado actualizado de los impagos en su territorio». Las comunidades autónomas podrán usar la información del listado para incluir a los consumidores en sus distintos programas de asistencia social. También estarán obligadas a notificar a las comercializadoras de referencia los nombres de los usuarios que están siendo atendidos por sus servicios sociales.

Al abordar el nuevo principio de asignación del bono social, Energía reconoce que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta«, lo que justifica, según sus consideraciones, vincular la ayuda a un indicador como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En este sentido, reconoce que con la actual definición «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo», así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

Gas Natural Fenosa inyecta 10 millones de euros a su comercializadora regulada de luz para compensar sus pérdidas en 2016

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Europa Press.- Gas Natural Fenosa ha inyectado 10 millones de euros en 2016 a su comercializadora de referencia encargada del suministro regulado de electricidad al consumidor doméstico, conocida como Gas Natural SUR SDG, con el objeto de compensar las pérdidas registradas por la filial. Esta aportación aparece recogida en la auditoría de la compañía correspondiente a 2016, junto a otra dotación por importe de 30 millones de euros para reajustar el balance de la filial Gas Natural Exploración, que también registró pérdidas.

Las pérdidas en la comercializadora del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) de electricidad se suman a las registradas en ejercicios anteriores. En 2015, las sociedades con las que Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa ofrecen este servicio regulado declararon números rojos por importe de 28,9 millones de euros. Este desfase fue precisamente objeto de diversos recursos de las empresas ante el Tribunal Supremo, que les dio la razón y obligó al Gobierno a diseñar una nueva metodología con el objeto de reconocer un margen de comercialización de electricidad suficiente.

El Gobierno revisó al alza este margen mediante una nueva metodología en la que no solo se recoge un importe fijo en función de los kilovatios (kW) contratados, sino también otro variable asociado al consumo realizado. Esta revisión, que implica una subida del recibo doméstico cercana al 0,004%, es más limitada que la propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que abogaba por elevar el margen de las comercializadoras de referencia un 31%, hasta 5,24 euros por kW. Tanto Gas Natural como Iberdrola, EDP o Viesgo han recurrido ante el Supremo la nueva metodología al considerar que sigue sin cubrir suficientemente los costes de comercialización.

La OCU denuncia prácticas irregulares de los servicios de atención al cliente de las compañías eléctricas promocionando el mercado libre

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que los servicios de atención al cliente de las comercializadoras de referencia eléctricas ofrecen por defecto las ofertas de su filial en el mercado libre, «sin advertir al consumidor de esta circunstancia».

La asociación señala que ha realizado varias consultas telefónicas a los servicios de atención al cliente de las compañías, en las que ha constatado «la facilidad con la que un consumidor que contacte con una comercializadora de referencia puede acabar con un contrato en el mercado libre sin que la compañía le informe de que en realidad está contratando con otra compañía diferente». Así, OCU, que señala a las comercializadoras de referencia de Iberdrola, Endesa, Viesgo y EDP, critica que, a través de estos servicios de atención al cliente de las eléctricas, no se respeta la separación de actividades a la que obliga la ley.

Además, denuncia la existencia de varias irregularidades adicionales, como negarse a ofrecer la tarifa regulada (PVPC) con discriminación horaria a nuevos clientes, en el caso de EDP Comercialización de Último Recurso, o no hacer contratos fuera de su área de distribución, en el caso de Viesgo Comercializadora de Referencia. Gas Natural fue la única compañía que hace «una clara separación de su actividad» y, por lo tanto, se limitó a ofrecer exclusivamente los productos reservados a su condición de comercializadora de referencia, señala la asociación.

Para la OCU, estas prácticas no dejan de ser un claro de ejemplo de slamming, como son denominadas estas prácticas en el mundo anglosajón, por parte de las compañías que aprovechan «el grave desconocimiento sobre el mercado de la electricidad para contratar con una tarifa y compañía diferente de la que se corresponde con el servicio de información con la que el futuro cliente está contactando«. La asociación, que recuerda que estas compañías son las únicas que por Ley pueden ofrecer la tarifa regulada o el bono social, subraya la necesidad de la separación de actividades para garantizar la competencia.

El Gobierno deberá permitir a las eléctricas que repercutan al cliente el bono social, según expertos

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Europa Press.- El Gobierno se verá obligado a permitir que las comercializadoras de las compañías eléctricas encargadas de suministrar el precio regulado de la luz puedan repercutir el bono social al consumidor final si quiere que el nuevo mecanismo de financiación sea legal, según indicaron desde fuentes jurídicas y del sector.

El nuevo mecanismo de financiación del bono social pactado entre el Gobierno y el PSOE carga el coste de esta ayuda, de unos 250 millones de euros anuales, sobre el conjunto de las comercializadoras de electricidad, y lo hace en función del número de clientes de cada empresa, según el decreto ley aprobado por el Ejecutivo. Dentro de las comercializadoras, existen dos grupos, las de mercado y las de referencia. Estas últimas suministran a los clientes domésticos el precio regulado, conocido como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), y son en su mayor parte filiales de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo.

Las fuentes explican que las comercializadoras de mercado repercutirán sin cortapisas el bono social al consumidor final, cosa que no podrán hacer las de referencia, ya que el PVPC se configura con la adición por el Gobierno de diversos costes reconocidos, ya sean los de mercado, los regulados y los de comercialización. Si durante el desarrollo normativo del decreto a las comercializadoras de referencia no se les reconoce la posibilidad de repercutir al cliente el coste adicional del bono social, podrán recurrir ante los tribunales al sentirse discriminadas con respecto a las comercializadoras de mercado. Muy probablemente ganarán. La jurisprudencia acumula numerosos ejemplos de empresas con actividades reguladas que denuncian una insuficiencia de ingresos y que ganan en los tribunales.

Las propias comercializadoras de referencia han logrado recientemente que el Tribunal Supremo les dé la razón y obligue al Gobierno a reconocerles un margen de comercialización suficiente. Precisamente, el decreto del margen de comercialización eléctrica también reconoce a estas comercializadoras reguladas su capacidad para repercutir al cliente el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyo coste, como el bono social, también había cargado el Gobierno a las empresas. Las fuentes consideran que lo ocurrido con este fondo de eficiencia es un caso análogo al bono social. Las empresas denunciaron ante los tribunales la obligación de costearlo y el Gobierno les ha reconocido la posibilidad de trasladar este coste al consumidor final, sin esperar la resolución judicial.

Las comercializadoras de mercado también dispondrán de margen para recurrir, ya que al repercutir el coste del bono social al consumidor verán cómo sus ofertas pierden atractivo con respecto a un PVPC que no incorpora este importe y que se convertirá en una «tarifa subsidiada» en la que no se reconocen todos los costes. «El PVPC es un agente recaudador del sistema que se calcula recogiendo todos los costes. Que no recoja un coste nuevo para la comercializadora, en este caso el bono social, plantea un debate jurídico serio», asegura un abogado especializado en Energía.