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Faes cree que el problema de la electricidad no es el mercado mayorista, sino el precio que paga el consumidor

Europa Press.- Faes considera que el problema del precio de la electricidad, agudizado por la espiral alcista vivida en las últimas semanas en plena ola de frío, no radica en el mercado mayorista, punto de encuentro entre generadores y comercializadores, «donde se compra y vende hora a hora la electricidad», sino en el precio que «recibe y paga el consumidor», que incluye «todos los elementos que no son energía ni transporte y que repercuten en la factura».

En un informe, la fundación señala que, en medio de «un clima de alarma social aderezado por la habitual demagogia política y la consecuente reclamación en caliente de modificaciones normativas», conviene diferenciar entre el precio resultante del pool y la factura que paga el consumidor. Así, Faes afirma que esta situación no debería llevar a «conclusiones precipitadas» sobre la regulación del mercado mayorista. «El problema es que los consumidores finales en España reciben un precio artificialmente más alto que el de nuestros socios de referencia y, además, la mitad de ellos están sometidos a una volatilidad incontrolable«, añade al respecto.

Volatilidad derivada de las renovables

De esta manera, la fundación presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar destaca que el problema que se ha manifestado en las últimas semanas con el precio de la electricidad es «un problema de volatilidad«, que, a su vez, tiene que ver con decisiones políticas tomadas sobre la participación de las renovables en el mix de generación. «La volatilidad en el mercado mayorista no puede eliminarse con una reforma regulatoria. Y, de hecho, hay que prever que tenderá a aumentar a medida que nuestro mix de generación sea cada vez más renovable«, señala.

Para Faes, «el verdadero problema» es afrontar un recibo eléctrico «artificialmente alto» que, además, está expuesto, para prácticamente la mitad de los consumidores, a la volatilidad del mercado mayorista cuando estos consumidores, en todo caso, «carecen de herramientas para poder optimizar esas señales de precio y, en muchos casos, están sometidos a una vulnerabilidad económica que los aboca en estos meses a situaciones de estrés financiero que se podrían evitar».

El pool cae a mínimos

Mientras tanto, el precio de la electricidad cayó a 49,02 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 46,64% menos que el máximo de 91,88 euros alcanzado este año, según datos recogidos a partir del operador del mercado ibérico, Omie. Este precio representa el nivel más bajo desde que arrancó el 2017, después de que la segunda quincena del mes de enero haya estado marcada por los picos en el precio de la electricidad.

La ola de frío de la segunda quincena de enero llevó a marcar, uno tras otro, los precios más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el mercado mayorista llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio en el mercado horario.

En enero, el mercado se ha visto afectado por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre las que figuran, además del aumento de la demanda y la ola de frío, la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear, y una reducción en las aportaciones de agua, cuya participación se ha visto reducida y se realiza a un coste mayor, afectando al precio. Además, la tendencia alcista del precio de los combustibles fósiles incrementó los costes de producción de las centrales de carbón y gas. El mercado mayorista, conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores ‘inteligentes’ y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.

La comercializadora municipal de Cádiz, gobernada por Podemos, no quiere pagar el bono social de electricidad al consumidor vulnerable

Redacción / EFE.- La empresa Eléctrica de Cádiz denuncia que el Gobierno central le «obliga» a dedicar la mitad de su margen de beneficios «a financiar un bono» que no puede ofrecer, y anuncia que prepara un recurso colectivo por si finalmente el Real Decreto Ley 7/2016 es convalidado en el Congreso. Así lo indica el Ayuntamiento de Cádiz, que señala que el Gobierno plantea obligar a la financiación del bono social a todas las comercializadoras de electricidad, en base al número de clientes.

Desde la empresa se explica que el porcentaje de reparto asignado a Comercializadora Eléctrica de Cádiz S.A. es del 0,217154%, y que se trata de «un porcentaje mucho más alto al de otras comercializadoras a nivel nacional con un volumen de energía comercializada muy superior al nuestro». Para Eléctrica de Cádiz, «hacer pagar el bono social a las comercializadoras en base al número de clientes es un disparate y un atropello para las comercializadoras como nosotros, que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos».

El Consistorio gaditano detalla que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cifra el coste anual actual de la cobertura del bono social en 250 millones de euros. En base a estos datos, el importe anual a asumir por comercializadora Eléctrica de Cádiz sería de 542.885 euros (250.000.000 x 0,217154%). De acuerdo con el histórico de resultados de esta comercializadora, esta cifra supondría, de no poder repercutirse en el precio final del cliente, una caída de los resultados, antes de impuestos, del 55% aproximadamente. «Ello obligaría, a medio plazo, a la subida de las tarifas y la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras», señala Eléctrica de Cádiz.

Además, Eléctrica de Cádiz expone que no podría ofrecer a sus propios clientes el bono social estatal, «porque sólo pueden hacerlo las comercializadoras de referencia», y añade que esta medida es «completamente desproporcionada e injusta y supone un claro perjuicio para los gaditanos, que van a financiar el bono social de las grandes comercializadoras de electricidad». Así, solicitará a todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados que no convaliden este Decreto Ley, «pues perjudica de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico, y en el caso de Cádiz, al 80% de las familias que verán subir su factura».

La OCU ve posible ahorrar entre 60 y 300 euros al año en el recibo de la luz

Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que es posible ahorrar entre 60 y 300 euros anuales en el recibo eléctrico y aconseja la discriminación horaria como una de las fórmulas más eficaces para rebajar la factura. Cambiar a la modalidad de discriminación horaria tiene un coste de 11 euros y el usuario ahorraría como mínimo 70 euros al año sin modificar sus hábitos de consumo.

La organización considera que, de cara a elegir la mejor tarifa, es necesario que el consumidor identifique además si dispone del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Para descubrirlo, puede identificar el nombre de las comercializadoras que prestan este servicio, entre las que figuran Endesa Energía XXI, Iberdrola Comercialización de Último Recurso, Gas Natural SUR, EDP Comercialización de Último Recurso o Viesgo Comercializadora de Referencia.

OCU comparó el ahorro que ha supuesto tener contratada la tarifa PVPC frente a las mejores ofertas del mercado y concluyó que, durante 2014 y 2015, fue posible encontrar en el mercado libre ofertas que mejoraron la tarifa PVPC, si bien desde 2015 hasta ahora el PVPC permitió ahorros adicionales sobre las mejores ofertas en el mercado libre. Sin embargo, la volatilidad del PVPC, con subidas de precios como las actuales, hace que sea un buen momento para mirar otras alternativas que ofrezcan una factura más estable, señala la OCU.

Por este motivo, la organización aconseja optar por tarifas cuyas condiciones no sean revisables al menos durante un año y descartar las que incluyan servicios adicionales no deseados, como las revisiones de la instalación eléctrica o seguros de pago. También insiste en la importancia de optar siempre por discriminación horaria y recomienda al usuario revisar si cumple los requisitos del bono social y solicitarlo si puede. La OCU también dice que, por normal general, las ofertas ligadas a facturación online suelen ser las más económicas.

La OCU afirma que la forma más inmediata y sencilla de ahorrar, se tenga una tarifa regulada o se esté en el mercado libre, es optar por la discriminación horaria. Conforme a la OCU, en media los hogares concentran un 50% de su consumo en el horario valle (aquellas horas del día donde el consumo es más económico) y bastaría con tener un consumo de un 30% en ese horario valle para empezar a ahorrar.

La Junta de Castilla-La Mancha desatiende su responsabilidad criticando la «mala gestión» del Gobierno ante la refacturación de la luz

EFE.- La consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, criticó la «mala gestión» del Gobierno central que ha provocado que los castellanomanchegos tengan que pagar 5,86 euros en 2017 o 0,489 euros mensuales en su factura de luz para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

Franco se ha pronunciado así sobre la orden que prepara el Ministerio de Energía para que las comercializadoras refacturen la energía eléctrica consumida en 2013 por los clientes de Castilla-La Mancha, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña a fin de incluir los gravámenes impuestos por estas comunidades. Con esta orden ministerial, actualmente en tramitación, el departamento que encabeza Álvaro Nadal cumple los requerimientos del Tribunal Supremo, que ha determinado que los consumidores de cada comunidad autónoma deben costear los tributos que graven la tarifa eléctrica.

«No estamos de acuerdo en cómo se ha actuado en este tema por parte del Gobierno de la nación», ha afirmado la consejera, quien ha reconocido que «a la sociedad le enfada ser paganini de esta historia por la mala gestión por parte del Gobierno central». Ha argumentado que «fue un decreto que puso en marcha Rajoy en 2012 por el que había que equiparar de alguna forma en la facturación eléctrica las medidas tributarias en diferentes comunidades autónomas». Franco explicó que lo que se produjo en 2013 fue «un arrastre del reparto de 2012 sin equipararlo a la situación de 2013» y las eléctricas recurrieron ante el Tribunal Supremo «porque no estaban de acuerdo».

«Hay que preguntar a Rajoy, al Ministerio, quizá no lo hicieran en su día porque eso gravaba y repercutía en las personas que son los paganinis de una mala gestión del Ministerio en aquel momento», ha aseverado Franco. Con ello, ha recalcado que no son la administración competente en esta materia y «lo que sí hacen las administraciones autonómicas, Castilla-La Mancha entre otras, es gravar con tributos a las empresas energéticas para que el impacto medioambiental de las actividades que desarrollan sea el menor posible».

El nuevo bono social establecerá distintos niveles de descuento en la factura de la luz en función de la renta

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que el bono social va a establecer distintos niveles de protección y de descuento a los consumidores vulnerables, que se definirán en función de su renta, y también indicó que los actuales perceptores de la ayuda seguirán recibiéndola. Habrá al menos cuatro tipos de consumidores: el ordinario, dos categorías de consumidores vulnerables con distintos niveles de descuentos en la tarifa y otro más grave, al que no se le podrá cortar la luz.

Esto supone que los 2,4 millones de hogares que pertenecen a familias con todos sus miembros en desempleo, a perceptores de pensiones mínimas, a familias numerosas y a consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios seguirán contando con el descuento del 25% en la factura. Además, en función de la renta, habrá algunos de estos hogares que podrán contar con mayor protección, ya sea a través de mayores descuentos o de la ampliación de dos a cuatro meses del plazo para que se produzca el corte del suministro. Asimismo, la norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas.

Nadal ha subrayado que hay una mayor conciencia de las empresas eléctricas en este tema y que espera «generosidad» de todas las partes para que se haga de la forma más rápida posible. El decreto fija el nuevo sistema de financiación del bono que, según el Gobierno, corrige los elementos que provocaron su anulación por parte del Tribunal Supremo en octubre. El decreto establece que la financiación de esta ayuda social será asumida por todas las comercializadoras eléctricas y no solo por las que tienen además actividades de producción y distribución como ocurría hasta ahora.

Adicionalmente, contempla que el Gobierno desarrolle un reglamento, en el plazo de tres meses, que establezca otros aspectos como la prohibición del corte a los hogares vulnerables o la definición de las distintas categorías de beneficiarios. Por otro lado, el decreto habilita al Gobierno a introducir mejores condiciones de comercialización para los consumidores a través de determinadas prácticas que den mayor grado de trasparencia como la implantación de un indicador que permita comparar distintas ofertas, similar al TAE que se emplea en el sector financiero.

El ministro ha explicado que todo este desarrollo reglamentario llevará tiempo porque requiere pasar por la Comisión Europea, informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. «Queremos ir a la mayor velocidad posible y necesitamos generosidad de todas las partes», ha pedido. Tanto el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, como Nadal han destacado que todos estos cambios son fruto de acuerdos con los distintos grupos y recogen sus aportaciones.

Habrá que esperar a primavera

Aunque el decreto que establece la prohibición de cortar el suministro eléctrico a los consumidores que tengan la condición de vulnerables severos está ya en vigor, todavía no es una prohibición efectiva ya que debe esperarse a la aprobación del reglamento que la desarrolla a través de otro decreto, algo que no se producirá previsiblemente hasta que llegue la primavera. Estas prohibiciones de corte de suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y el cumplimiento de los requisitos indicados deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones.

Para poder llegar a todo esto, el decreto aprobado supondrá incluir al consumidor «vulnerable severo» en el epígrafe de «suministros esenciales» que fija la ley eléctrica, es decir, aquellos a los no se les puede suspender el suministro, como cárceles u hospitales. El decreto da un plazo de tres meses, tras su convalidación en el Congreso, para que el Gobierno desarrolle su reglamento, lo que supone que todas estas novedades no sean aplicables hasta entonces. Las eléctricas tendrán obligación de comunicar la situación de impago a los consumidores y contactar con los servicios sociales para ver si es extremadamente vulnerable.

Asimismo, la asunción parcial del coste que pueda derivarse del suministro de energía eléctrica a este nuevo colectivo de suministros esenciales se configura como una nueva obligación de servicio público, lo que supone que tendrá aportaciones de las comercializadoras eléctricas, que tendrán carácter parcial o de cofinanciación, complementando las que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores vulnerables severos. Hasta ahora, este coste solo lo cubrían las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Las aportaciones que deban realizarse por este concepto estarán diferenciadas de las que correspondan al bono social y tendrán un límite máximo a fijar por parte del Ministerio de Energía.

Por otro lado, el decreto modifica la definición de consumidores vulnerables para incluir distintos colectivos de vulnerables atendiendo a sus características sociales y poder adquisitivo, y a los umbrales de renta. Así, la definición de estas categorías de hogares vulnerables responderá también a otros en atención a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podrán referirse al número de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo o discapacitados. En consecuencia, el valor base sobre el que se aplique el bono social podrá ser distinto según las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, y, aunque seguirá denominándose tarifa de último recurso, podrá haber más de una.

Esfera Luz quiere llegar en un año a los 15.000 clientes en toda España

EFE.- La compañía Esfera Luz, la comercializadora online del Grupo Nexus Energía, se ha marcado como objetivo llegar a 15.000 clientes en España en el primer año y a 20.000 más en el segundo con su oferta de energía verde procedente de productores solares. Con estas pretensiones, la firma, con sede en Barcelona, se expandiría en el sector de los consumidores domésticos y pequeños negocios, según indicó.

El director de Marketing Corporativo de Esfera Luz, Alberto de Alvarado, ha destacado que la compañía ofrece al consumidor escoger el productor del que quiere que proceda su electricidad, «con lo que se garantiza el origen de la energía y se promueve un mercado de energía renovable de proximidad». Esfera Luz ofrecerá electricidad y gas, así como servicios de optimización del consumo. «El consumidor podrá escoger la planta de suministro de energía verde en nuestra web, a la vez que podrá realizar todos los trámites para optimizar su consumo eléctrico y realizar cambios en su cuenta de cliente», explicó Alvarado. Esfera Luz, que defiende un cambio en el modelo energético actual, pretende ser una alternativa a las grandes comercializadoras convencionales.

Facua denuncia que ninguna tarifa eléctrica de las comercializadoras del mercado libre es más barata que la tarifa regulada PVPC

Redacción / Agencias.- Un estudio comparativo realizado por la Federación de Consumidores en Acción (Facua) revela que ninguna de las tarifas del mercado libre ofrecidas por las comercializadoras eléctricas ha resultado más barata que el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que se situó en 65,9 euros mensuales para un consumidor medio entre enero y octubre de 2016. Facua advierte de que alguna de estas ofertas puede encarecer el recibo hasta un 26,2%.

En el estudio, Facua comparó el PVPC, la tarifa regulada, con tarifas ofertadas por 8 comercializadoras eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo, Holaluz, Podo, Som Energía y EDP Energía. Asimismo, denuncia que los usuarios con derecho al bono social sufren un incremento muchísimo mayor en sus recibos al contratar las ofertas del mercado libre, que llega hasta el 68,2%. Para Facua, las comercializadoras realizan «trampas» con el fin de «hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que la tarifa regulada PVPC, cuando en todos los casos analizados encarecen el recibo del usuario medio».

Facua asegura que la oferta de mercado más cara de su análisis es la Tarifa Estable Luz de Gas Natural Fenosa, en la que un usuario medio (4,4 kW de potencia contratada y 366 kWh de consumo mensual) paga 83,15 euros al mes, lo que supone un 26,2% más que el PVPC. Endesa One Luz supone según Facua un encarecimiento sobre el PVPC del 14,4% para el usuario medio, que pasa a pagar 75,38 euros mensuales. Con Conect@ Luz, de Iberdrola, la factura mensual asciende a 75,78 euros, un 15% más cara que el PVPC.

En torno a 75 euros

La oferta de Viesgo (Tarifa de luz 100% online) representa un recibo de 71,96 euros para el usuario medio, un 9,2% más caro que con el PVPC, mientras que la de Holaluz (Tarifa de Luz Un Precio Pago Sin Sorpresas) supone 75 euros, un 13,8% más. La tarifa de Podo (Fijo) asciende a 72,62 euros, un 10,2% más, mientras que la de Som Energía (Tarifa 2.0A sin discriminación horaria), tiene un coste de 77,79 euros, un 18% más. En cuanto a EDP Energía (Fórmula luz con factura electrónica), supone 74,44 euros mensuales, un 13% más.

La asociación advierte de que la mayoría de usuarios abandonan el PVPC «engañados por las campañas publicitarias de las comercializadoras eléctricas y las mentiras de las comerciales”, sufriendo un incremento mayor en sus recibos al contratar las ofertas. Además denuncia que en muchas ofertas las compañías confunden a los usuarios anunciando descuentos que no se aplican sobre el PVPC sino sobre tarifas mucho más caras o que están condicionados a la contratación de otros productos. También denuncian tarifas que se limitan al primer año y que hinchan los recibos a partir del segundo, además de que las tarifas que se ofertan como planas no existen sino que son “un fraude”.

Facua alerta también de las prácticas «fraudulentas» en las que incurren los comerciales de las grandes eléctricas, que «acuden a los domicilios de los usuarios para ofrecerles descuentos de forma engañosa o hacerles creer que vienen de su misma compañía para una simple comprobación de datos». «Cada vez son más los casos de falsificaciones de contratos recibidos en Facua, donde el sector eléctrico es ya el tercero más denunciado por los consumidores», afirma. Por ello, Facua pide al Gobierno que cambie la legislación, además de insistir en reclamar a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue “este fraude masivo y aplique multas contundentes a las compañías”.

El presidente de La Rioja resalta la apuesta por la comunidad autónoma de la Comercializadora Riojana de Energía

EFE.- El presidente del Gobierno autonómico, José Ignacio Ceniceros, resaltó la apuesta que han realizado por La Rioja los responsables de Comercializadora Riojana de Energía, cuyo capital es riojano en su totalidad. Así se manifestó en la inauguración de las nuevas oficinas en Logroño de esta empresa, cuya facturación alcanza los 12,6 millones de euros, aunque su expectativa para el ejercicio 2016-2017 es la de incrementarla, como mínimo, un 50% y, a medio plazo, alcanzar en La Rioja una cuota de mercado «sustancial».

«Esta empresa está mostrando un crecimiento sostenido de clientes en toda España debido a su sólido planteamiento empresarial», según el presidente, quien ha deseado a Comercializadora Riojana de Energía (CR Energía) «un futuro de crecimiento y satisfacción para todos sus clientes, que redundará en bienestar para todos«. CR Energía es una empresa riojana de energía de ámbito nacional, creada a comienzos de 2014 por profesionales con experiencia en el sector de las telecomunicaciones y energía. En la actualidad cuenta con una plantilla estable de 8 personas, aunque con sus servicios externalizados (marketing, software y comercial) y su red comercial en toda España alcanzaría las 80, según detalló el Gobierno riojano.

Las instalaciones inauguradas en Logroño tienen una superficie de más de 200 metros cuadrados, que se completa con otra sede en Logroño destinada al área comercial. Esta empresa está especializada en baja tensión y en el pequeño consumidor, pequeñas y medianas empresas (pymes) y hogares, a los que ofrece una serie de tarifas en función de su estructura de consumo. La compañía tiene un 22% de sus clientes en La Rioja y el 78% restante en el resto de España. Dentro de la comunidad, el 58% de los contratos pertenecen a Logroño. En el caso de La Rioja, el pequeño consumidor supone un 53% de los clientes de CR Energía, mientras que las pymes constituyen el 47% de los contratos.

Al cierre del pasado ejercicio, que en esta compañía finaliza el 30 de junio, la empresa alcanzó una facturación de 12,6 millones de euros, con un crecimiento del 190% y unos beneficios de 200.000 euros. El consejero-director comercial de la compañía, Moisés Antolín, indicó que, en el ejercicio anterior, CR Energía incrementó ya su cifra de negocio en un 600%. «Y ello con uno de los porcentajes más bajos en el desvío de compras en el mercado ibérico de la energía, por debajo de algunas competidoras con más envergadura», añadió.

CR culminó también en el ejercicio una ampliación de capital de un millón de euros, a la que acudieron todos los socios fundadores de la compañía; y se consiguió financiación externa de varias entidades financieras. Para Antolín, la clave de este éxito es «una red comercial madura y experimentada, con un marcado perfil de empresa de base tecnológica», lo que proporciona «confianza» a su red comercial, que encuentra en CR Energía un buen partner por su «seriedad, solvencia y profesionalidad».

La comercializadora Nexus y la asociación Fenie piden al nuevo Gobierno mayor apoyo al autoconsumo y a las renovables

EFE / Europa Press.- La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie) solicitará una reunión con el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, para presentarle su propuesta de modificación del decreto de autoconsumo. Asimismo, el director general de Nexus Energía, Joan Canela, pidió al Gobierno que «apoye el autoconsumo eléctrico y las energías renovables» y que promueva un marco regulatorio del sector energético «más estable».

Canela, que presentó el plan estratégico 2017-2020 de su compañía, ha subrayado que «el Gobierno tiene unos objetivos que cumplir en relación a las energías renovables» y ha dicho que espera que lo haga en esta legislatura que acaba de comenzar. Para ello, ha pedido un mayor apoyo institucional para las fuentes de energías renovables, en las que «España era referente en el pasado y ahora parece que no se fían de ellas», y a los sistemas de autoconsumo eléctrico.

Según Canela, Nexus «rema a favor del autoconsumo», un área de negocio a la que ven futuro. Canela considera que «en el medio plazo el autoconsumo va a despegar, a caballo del desarrollo y consolidación de mejores baterías donde poder almacenar la energía producida, como son las nuevos modelos presentados por Tesla«. Además de comercializar electricidad y gas, Nexus ofrece servicios relacionados con el autoconsumo y no ve en ello un «enemigo» para la sostenibilidad a futuro de la compañía.

La comercializadora ha pedido también al ministro Nadal que garantice un marco regulatorio «más estable», en el que las principales eléctricas y los comercializadores más pequeños puedan operar en igualdad de condiciones. Nexus Energía facturó 931,5 millones de euros y comercializó 10.453 GWh en 2015, incluyendo electricidad, gas y representación de 18.342 plantas solares, a un total aproximado de 35.000 clientes, la mayoría de ellos pequeñas y medianas empresas nacionales.

Fenie quiere reunirse con Nadal

La asociación Fenie quiere presentar a Nadal una propuesta de regulación del autoconsumo que está siendo promovida en colaboración con otros organismos como Confemetal y la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético, por lo que cuenta con la representación de la mayor parte del sector industrial. La asociación destaca que la generación distribuida con autoconsumo «es un vector que podría contribuir al nuevo modelo de ciudad mucho más eficiente, medio ambiental y responsable energéticamente».

El Tribunal Supremo duda sobre si el Fondo de Eficiencia Energética es compatible con la directiva comunitaria

Redacción / Agencias.- El Tribunal Supremo acordó plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley que establece las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al tener dudas sobre su compatibilidad con la directiva comunitaria de eficiencia energética. En concreto, el Supremo lleva a cabo esta cuestión sobre la Ley 18/2014, en el marco del recurso contencioso-administrativo presentado por Saras Energía contra la orden que establece las obligaciones de aportación de las empresas al Fondo en 2015.

El fondo fue creado a finales de 2014 y fija una aportación económica obligatoria de las compañías en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida. El importe total del fondo asciende a unos 350 millones de euros, de los cuales la mayor contribución procede de las empresas, con más de 210 millones de euros al año. Desde su entrada en vigor en 2015, el aluvión de recursos ante el Tribunal Supremo por las empresas contra el esquema de reparto de las aportaciones al fondo ha sido constante.

Por eso, antes de resolver este recurso, el Supremo dicta un auto en el que plantea la cuestión prejudicial porque «tiene dudas de que la regulación española que se impugna en este procedimiento, sea compatible con una directiva de 2012». El Supremo ya tumbó recientemente el régimen de financiación del bono social de la luz al considerarlo incompatible con la directiva europea, estimando que no debía ser financiado por las compañías eléctricas, como ocurre desde 2014. En ese fallo, el Supremo ya consideró determinante la jurisprudencia del TJUE respecto a una consulta del Gobierno francés acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida a la del bono español.

En esta cuestión sobre el Fondo de Eficiencia Energética, el Supremo plantea 5 preguntas al TJUE, entre ellas si es compatible con la Directiva comunitaria un sistema nacional que considera partes sujetas a las obligaciones de ahorro energético sólo a las empresas minoristas de venta de energía, como las comercializadoras, y no a los distribuidores. Asimismo, pregunta si es compatible con el artículo 7.1 y 7.9 de la Directiva 2012/27/UE una regulación de un Estado miembro que establece un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética cuyo cumplimiento consiste en una contribución financiera anual a un Fondo Nacional creado al amparo de la previsión del artículo 20.4 de dicha Directiva.

También plantea si es compatible con los artículos 7.1 y 20.6 de la Directiva 2012/27/UE una regulación nacional que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energético mediante la acreditación del ahorro conseguido como una alternativa a la contribución financiera a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética. De contestarse afirmativamente esta pregunta, el Supremo cuestiona entonces si es compatible con los citados artículos 7.1 y 20.6 de la Directiva la previsión de dicha posibilidad alternativa de cumplimiento de las obligaciones de ahorro energético cuando su efectiva existencia depende de que el Gobierno la desarrolle discrecionalmente por vía reglamentaria.

Según el esquema de aportaciones para este año, que asciende a unos 218 millones de euros, las empresas de Repsol, incluida la filial de Butano, deberán dedicar este año 42,8 millones de euros al fondo, frente a los 30,1 millones de Endesa o los cerca de 28 millones de Gas Natural Fenosa. Cepsa, con un 10,9% de las ventas, deberá aportar unos 22,74 millones, y la petrolera BP debe aportar 19,64 millones, frente a los cerca de 15 millones de las sociedades de Iberdrola, a las que Industria atribuye el 7,2% de la energía vendida al consumidor final. A Galp le corresponden otros 11,76 millones.