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Las tres principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, costearán el 88% del bono social de este año

EFE.- Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán el 88% del coste del nuevo bono social, según la propuesta de orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo en 2018, abierta a trámite de audiencia. El nuevo bono social, después de la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el mecanismo de financiación del anterior, es costeado por todas las comercializadoras y no sólo por las que desarrollan actividades de generación y distribución como ocurría antes.

Según la regulación, el bono social, así como la cofinanciación del suministro de energía de los consumidores en riesgo de exclusión social, debe ser asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica y por las sociedades que no formen parte de ningún grupo. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calcula para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica.

El 72%, Endesa e Iberdrola

Endesa es la compañía a la que corresponde un mayor porcentaje en la financiación del bono social, con un 37,15%; seguida de Iberdrola, con un 35,05%, y Gas Natural, con un 15,82%. Ya a más distancia se sitúa EDP España, a la que la propuesta de orden de reparto le asigna un porcentaje del 3,69%, y Viesgo, a la que corresponde un 2,2%. La orden podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y también puede interponerse recurso de reposición contra la misma ante el Ministerio de Energía en el periodo de un mes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre un decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Supremo. El coste del nuevo modelo, según los datos que facilitó el Ministerio de Energía, estará entre 230 y 235 millones de euros al año, superior al anterior, que era de entre 180 y 200 millones.

El acceso a los descuentos en la factura de la luz establecidos en el nuevo bono social oscilan en función de la renta de un 25% al 40%; aunque en el caso de personas atendidas por los servicios sociales un 50% de su factura lo abona su comunidad autónoma y la otra mitad su compañía comercializadora. En diciembre, las cinco grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.

Holaluz prevé crear 50 empleos este año vinculados al área tecnológica y se propone favorecer la presencia de la mujer

EFE.- La comercializadora eléctrica Holaluz tiene previsto incrementar su plantilla este año con 50 nuevos empleos vinculados al área de tecnología y se propone promover la presencia de la mujer en este departamento. Así, la comercializadora, cuyo equipo tecnológico está actualmente formado por 25 personas, de las cuales 7 son mujeres, tiene la intención de incrementar la presencia femenina en el área tecnológica, ahora del 28%.

«La incorporación de profesionales con este perfil técnico es constante, pero la presencia de la mujer en estos puestos no crece al mismo ritmo», asegura una de las fundadoras de Holaluz, Carlota Pi. «Aunque esta cifra es relevante teniendo en cuenta la presencia del talento femenino en el sector, en Holaluz nos gustaría hacer que la brecha fuese cada vez menor«, ha añadido. La compañía patrocinca el IWD Women Techmakers Barcelona, iniciativa que está liderada por Google y que tiene por objetivo dar visibilidad a las mujeres en la tecnología. Holaluz es una empresa fundada en 2010 que actualmente está formada por 140 profesionales, de los cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres.

Las nuevas comercializadoras eléctricas elevaron al 6,7% su cuota de mercado en 2017, según Fintonic, frente al 4,8% de 2016

Europa Press.- Las nuevas compañías comercializadoras cerraron 2017 con una cuota del 6,7% del mercado eléctrico, lo que supone un incremento de 1,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior, según concluye un estudio de Fintonic sobre el consumo de energía en España durante el último año. El informe, elaborado a partir de datos anónimos de 40.000 usuarios de la aplicación, también recoge que estas comercializadoras facturaron un 5,2% del mercado eléctrico, frente al 3,9% del 2016.

Holaluz y Podo, con aumentos de 0,5 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente, fueron las que más crecieron. Iberdrola, Endesa y Gas Natural se mantienen como líderes, con una cuota de mercado del 84,5%. No obstante, estas registraron un descenso respecto al año anterior de 2,3 puntos porcentuales. En el caso de las nuevas comercializadoras de energía, su presencia fue especialmente significativa en regiones como Navarra, donde alcanzaron una cuota de mercado de hasta el 10%. Cataluña y Galicia registraron una presencia con cuotas cercanas al 7%. Finalmente, según datos de los usuarios de Fintonic, el consumo de electricidad en 2017 supuso de media 1.262 euros.

Galán asegura que cambiar un modelo de fuentes contaminantes por energías limpias es «la única solución» contra el cambio climático

Europa Press.- Mientras Iberdrola seguirá remitiendo información a sus clientes sobre cómo acogerse al nuevo bono social hasta el final del período transitorio que concluye en abril, para que los antiguos beneficiarios se mantengan en el nuevo sistema, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, asegura que la transición energética hacia un modelo sostenible con energías limpias «es la única solución capaz de conciliar la satisfacción del fuerte crecimiento de la demanda energética con el cumplimiento de los objetivos climáticos globales«.

Galán defiende «acelerar» la transición energética hacia ese modelo estableciendo la planificación «adecuada para impulsar definitivamente la descarbonización de la economía y procurando un reparto justo de los costes climáticos entre los diferentes sectores, de acuerdo con el principio quien contamina paga«. A este respecto, el presidente de la energética considera que la Unión Europea parte de «un diagnóstico acertado» y avanza «en la dirección correcta» con iniciativas como el paquete Energía limpia para todos los europeos o la Plataforma de las regiones mineras en transición, «a la que se han sumado nuestras comunidades de Castilla y León y Asturias» para abordar su transformación hacia una economía sostenible y sólida».

Galán señala que la «tendencia imparable» hacia las renovables exige aprovechar «el enorme potencial transformador de las soluciones con las que cuenta el sector eléctrico». No obstante, subraya que para ello es preciso contar con «una política energética clara, y con una regulación estable y predecible, capaz de atraer los capitales necesarios para acometer fuertes inversiones que se requieren en energías renovables y redes». A este respecto, Galán apunta que la seguridad del sistema estaría «siempre garantizada» con un diseño de mercado que permita disponer de potencia firme y flexible para respaldar a las energías renovables, «intermitentes por naturaleza, cuyos costes se han abaratado enormemente».

Respecto a los sistemas tarifarios, pide que reflejen «adecuadamente» los costes reales de producir, distribuir y suministrar electricidad a los clientes, «liberándolos de las actuales cargas no relacionadas con el servicio, que en la actualidad alcanzan el 50% de las tarifas pagadas por muchos europeos«. El directivo reitera que Iberdrola continuará «invirtiendo en energías renovables, en las redes necesarias para integrarlas y en almacenamiento, actividades a las que destinará 25.000 millones de euros hasta 2020.

Seguirá informando del bono social

El Gobierno aprobó en octubre el decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz. La energética, de acuerdo con todos los cambios normativos, sigue adaptando sus procesos de gestión de solicitudes de bono social a la evolución de la normativa y, en concreto, a los más recientes sobre la presentación de certificados por parte de familias numerosas (renta) y pensionista del sistema de la Seguridad Social.

De esta manera, la compañía ha remitido la carta informativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con información actualizada al respecto del bono social eléctrico a todos sus clientes y seguirá remitiéndola junto a la factura hasta que acabe el periodo transitorio establecido de 6 meses. Con motivo de la aprobación del nuevo bono social eléctrico, la compañía eléctrica lanzó una campaña informativa al respecto mediante la remisión de información de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales.

Además, Iberdrola, que también procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social, puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia.

Asimismo, lanzó una web (www.iberdrolacur.es) para sus clientes regulados, los acogidos al conocido como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y entre los que figuran los beneficiarios del bono social, con el fin de reforzar la diferenciación y la separación entre las dos comercializadoras de energía del grupo en España. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el anterior fuera tumbado por el Tribunal Supremo al declarar inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria.

La CNMC pide no facilitar el dato de la comercializadora eléctrica vigente, ya que da ventaja a las principales compañías

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Ministerio de Energía que las comercializadoras eléctricas no tengan acceso al dato que revela la comercializadora vigente del consumidor ya que «existe un riesgo» de que su conocimiento beneficie a las grandes comercializadoras y tenga «efectos anticompetitivos«.

La CNMC considera que el conocimiento de este dato puede plantear problemas para «la dinámica competitiva del mercado» puesto que se trata de una información que es más útil para las grandes comercializadoras, que pertenecen a los 5 grandes grupos de compañías distribuidoras de España (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo), que para las pequeñas. De hecho, el organismo señala que las comercializadoras alternativas ya saben por defecto que su principal rival en una zona es la comercializadora del grupo distribuidor eléctrico que opera en dicho lugar.

Rectifica su criterio la CNMC

Así, la CNMC subraya que publicar el dato del comercializador vigente del usuario perjudica a los nuevos entrantes que no pueden hacer ofertas concretas. Sin embargo, sus estrategias de expansión quedan reveladas ante otras empresas ya instaladas. De esta manera, el organismo, que había planteado anteriormente que se incluyera el dato del comercializador vigente considerando que el sistema era así más transparente y facilitaba su supervisión, cree ahora que «únicamente» la CNMC debería tener acceso a este dato. De esta manera, el regulador da respuesta a la consulta que realizó la Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE), en la que solicitaba cambios en la información sobre la compañía comercializadora del usuario para que no se pusiera en riesgo su posición competitiva.

Las compañías comercializadoras de electricidad utilizan una base de datos conjunta que se conoce como SIPS (Sistema de información de puntos de suministro de gas natural y electricidad). A través de ella, pueden acceder a información sobre los clientes del mercado eléctrico para elaborar sus ofertas y atraer clientes mediante condiciones más ventajosas. De hecho, esta base de datos ha jugado un papel muy relevante en la introducción de competencia en el mercado minorista de electricidad en España, destaca la CNMC. Las características de esta base de datos (SIPS) quedaron establecidas a través del Real Decreto 1074/2015, en el que ya se modificaron determinadas disposiciones en el sector eléctrico elaborado por el Ministerio de Energía.

Izquierda Unida reclama al Congreso que deje de contratar con las principales compañías eléctricas y busque un suministro «100% renovable»

Europa Press.- Izquierda Unida ha planteado en el Congreso que la Cámara Baja deje de contratar con comercializadoras «del oligopolio» y apueste por compañías pequeñas, basadas en la economía social y que suministren energía «100% verde«. Así, registró una proposición con la que buscan que el Congreso declare «su compromiso de primar la electricidad ecológica cuando adjudique el contrato de suministro de energía eléctrica para sus edificios».

Esta actuación se encuadra dentro de la campaña lanzada por esta formación bajo el nombre de Cambia de Bando, con la que anunció que daría de baja sus contratos con grandes compañías en sus 262 sedes, y animaba a sus militantes y simpatizantes a hacer lo mismo. La iniciativa, firmada por el portavoz de esta formación en el Congreso, Alberto Garzón, también busca que el Congreso reconozca «el carácter de servicio público del modelo energético y la necesidad de cambiarlo para superar la dependencia energética, favorecer el interés general y contribuir a la sostenibilidad ambiental».

Para Garzón, «el cambio de modelo energético es condición necesaria para avanzar hacia un nuevo modelo productivo» que, a su juicio, «ha de ser incompatible con el capitalismo neoliberal, causa de la agudización de las injusticias y las desigualdades en y con el planeta». En el caso de España, critica que el modelo se apoye en el uso de combustibles fósiles, a pesar de no ser un territorio productor, y «el control» del mercado eléctrico «por parte de un oligopolio».

Aun reconociendo que el cambio a comercializadoras más pequeñas y de la economía social «sería un gesto» que no supondría «un cambio del modelo en su conjunto», Izquierda Unida destaca que «desconectarse de las comercializadoras del oligopolio» permitiría «introducir en el debate público el papel que juega el oligopolio energético». Por su parte, la responsable federal de Estrategias para el Conflicto, Sira Rego, impulsora de Cambia de Bando, señala que tratan de «promover una migración desde las grandes comercializadoras del oligopolio hacia aquellas más pequeñas basadas en la economía social».

Bruselas autoriza a Repsol, EDP, CGE, DGE y Trustwind a adquirir la productora eólica y comercializadora eléctrica portuguesa Windplus

Europa Press.- La Comisión Europea autorizó a Repsol Nuevas Energías, filial de renovables de Repsol, la filial de renovables de la portuguesa EDP, las británicas CGE y DGE y la holandesa Trustwind a explotar conjuntamente la portuguesa Windplus tras comprobar que la adquisición propuesta no tendrá un impacto negativo para la competencia en el mercado europeo. Windplus desarrollará un proyecto de parque eólico en alta mar y se centrará en la producción y comercialización de electricidad en Portugal.

El Ejecutivo comunitario ha autorizado a estas compañías a explotar conjuntamente Windplus tras concluir que la operación «no planteará problemas de competencia dadas las actividades actuales insignificantes y previstas de Windplus en el Área Económica Europea». Todos los socios operan en el sector energético: las británicas CGE y DGE producen electricidad en Europa respectivamente para la empresa de ingeniería Chiyoda y Mitsubishi, mientras que EDP Renovables es la filial de la energética portuguesa EDP, que suministra electricidad en Portugal y España y, por su parte, Trustwind gestiona los activos de energía eólica de una empresa de participación conjunta entre Engie y el grupo japonés Marubeni.

Factorenergía entrará en 2018 en la comercialización de gas natural licuado

Europa Press.- Factorenergía entrará en la comercialización de gas natural licuado (GNL) y servicios energéticos asociados al gas natural en 2018, según anunció la compañía eléctrica. La comercializadora ha puesto en marcha un plan de crecimiento de su negocio de gas natural en el próximo lustro, que pasa por aumentar el número de clientes domésticos y del segmento empresarial, y por potenciar el suministro de gas natural vehicular para el transporte en gasineras del territorio español.

En concreto, el plan de negocio de gas natural de la compañía prevé llegar a los 100.000 clientes en los próximos dos años, añadió la energética. En enero de 2017 Factorenergía sumó a su negocio de comercialización de electricidad el de suministrar gas natural al mercado doméstico y al empresarial, actividad para la que nombró a Raúl Fernández, director de negocio de Gas Natural. El número de clientes a los que la compañía suministra gas ha crecido exponencialmente, llegando a más de 5.000 hogares y empresas. Otro de los segmentos estratégicos del grupo es el segmento de grandes consumidores, para el que la compañía ofrece también precios muy competitivos, tanto indexados como a precios fijos.

Cae una red de empresas piratas por un fraude con descuentos en la luz de hasta el 30% para pymes

Europa Press.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al menos a 18 personas en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana por formar parte de una organización criminal liderada por una única persona que, con ayuda de una amplia red de testaferros, defraudó 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como otros 14 millones a la Hacienda Pública y 20 millones en peajes no recaudados.

La organización desmantelada en este operativo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que mantiene abierto y en secreto las diligencias, sobre todo en lo que afecta al entramado internacional, hacía negocio con el desfase entre la energía contratada y pagada y la que posteriormente consumían 4.000 clientes, entre los que destacan grandes pymes y algunos de alta tensión y clientes domésticos.

De la operación Ámbar informaron el teniente coronel responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Francisco Almansa, y la subdirectora adjunta de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Paloma Espeja. Fue este último organismo el que alertó de un fraude al detectar el desfase entre la energía contratada y la finalmente comercializada. La UCO investigaba el fraude desde 2012, con un primer expediente en 2014 remitido a la Fiscalía. La red la lideraba una única persona con vínculos en el sector energético desde que se liberalizó, permitiéndose que las empresas pudieran ofertar energía directamente a una cartera de clientes. Se detuvo a 18 personas en Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.

«El movimiento es lo que caracteriza a esta organización, todo tenía que hacerse muy rápido«, explicó el teniente coronel de la UCO, que puso en valor que por primera vez se haya conseguido acusar penalmente a unas empresas que, hasta ahora, eran sancionadas administrativamente, por lo que podían seguir defraudando a las generadoras y a Hacienda. La organización criminal ofrecía descuentos de entre el 20% y el 30% con respecto a la comercialización habitual, según detalló la subdirectora de Energía de la CNMC. «Buscaban una red de clientes y una vez consolidada, accedían al mercado mayorista para ofrecerles la electricidad con precios muy competitivos para, inmediatamente, dejar de comprar energía, desapareciendo tras detectarse por los reguladores el desfase», explicó Espeja.

La red se aprovechaba de los 4 meses que transcurren hasta que la CNMC abre investigaciones por los desfases entre la demanda contratada y la finalmente consumida. Disponía de 2 centros operativos con oficinas en Madrid y Barcelona, que fueron registradas en la operación, cuando se detuvo a los primeros 14 integrantes de la organización. Desde Madrid gestionaban la relación con las comercializadoras eléctricas, principales perjudicadas de un fraude que también tenía un «coste indirecto en el aumento del precio de la luz que paga el usuario final». En Barcelona se canalizaban todos los fondos, con un canal de blanqueo aún pendiente de investigación, a semejanza de lo que ocurre con otros fraudes parecidos en sectores como el de hidrocarburos.

Los responsables de la investigación han subrayado que en la CNMC existe un comparador de precios con tarifas máximas y mínimas, por lo que una tarifa con descuentos por debajo de esta horquilla resulta para los supervisores «sospechoso». El teniente coronel de la UCO se mostró convencido de que, tras la operación Ámbar (electricidad en griego), «bajarán el número de empresas piratas» en un mercado en el que compiten 450 comercializadoras, un número elevado en comparación con otros países, según los responsables de la CNMC.

Unidos Podemos exige una reforma eléctrica para prohibir la concentración de actividades del sector en grandes grupos empresariales

Europa Press.- En Comú Podem quiere prohibir por ley la concentración de actividades empresariales en el sector eléctrico, de manera que se garantice «la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados» en este sector. Así figura en la proposición no de ley que la formación catalana, integrada en el grupo confederal de Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso a través de su portavoz energético Josep Vendrell.

Con ella, quieren que la Cámara Baja inste al Gobierno a aprobar iniciativas legislativas que permitan esta separación de actividad con el fin de que «se garantice la libre competencia y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector eléctrico nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad». La formación catalana recuerda las diferentes directivas comunitarias en las que se impone «la separación efectiva de las empresas integradas», que realizan actividades como la generación, el transporte, la distribución y comercialización.

«Tener una posición dominante en una actividad puede suponer, si se trata de empresas del mismo grupo empresarial, una ventaja competitiva clara para el resto de actividades», argumenta Vendrell. Así, señala que el control de actividades relacionadas con las redes, que suponen «monopolios naturales», supone «información privilegiada» para el resto de actividades, como conocer en qué puntos de conexión existe capacidad para conectar nuevas instalaciones, proporcionando la capacidad de ejecutar altas y cambios de comercializadoras.

En España, asegura que las instalaciones de generación de las empresas de grupos integrados «tienden a ubicarse en zonas en que ese grupo empresarial tiene el monopolio de la distribución». «Los cambios de cliente en favor de comercializadoras del grupo de la distribuidora se producen sistemáticamente más deprisa y con menor tasa de rechazo que los que son en favor de una comercializadoras que no forme parte del mismo grupo empresarial», apostilla. En este sentido, recuerda que la propia Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia «viene advirtiendo reiteradamente» esta situación en sus informes sobre cambio de empresa comercializadoras.