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Unidos Podemos propone que la Administración sólo contrate energía de origen 100% renovable

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Europa Press.- Unidos Podemos quiere que la Administración General del Estado y su sector público sólo contrate para el suministro eléctrico de sus edificios, sedes, equipamientos y otras instalaciones energía de origen 100% renovable. Su propuesta pasa por no tramitar prórrogas de los contratos de suministro eléctrico vigentes, salvo en supuestos de no concurrencia, y contratar exclusivamente el suministro con comercializadoras de Etiquetado A. Esto es, que tengan certificada su producción como limpia por el sistema de garantía de origen del organismo regulador CNMC.

Así consta en la proposición no de ley que sus diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú Podem) han registrado en el Congreso para su debate y votación ante el Pleno. Según recuerdan en su propuesta, ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante o Cádiz ya han abordado una contratación de suministro eléctrico 100% renovable, y creen que «resulta imperativo aprovechar al máximo» un potencial de ahorro energético en un inventario que en 2016 sumaba 2.142 edificios de más de 250 m2 útiles.

Es más, consideran que además de una compra verde, la Administración también puede aprovechar las cubiertas de sus edificios para generar energía renovable, con el fin de satisfacer en todo o en parte sus necesidades energéticas, y también verter a la red energía limpia. Así, piden poner en marcha medidas en estas instalaciones e instalar de forma progresiva sistemas de generación renovable. Actualmente, critican, sólo 4 de los 15 edificios ministeriales cuentan con energía solar. Según los estudios de Greenpeace, citados por Luis Bail y Vendrell, la Administración podría producir 93.457 GWh/año en sólo 917 de sus edificios, lo que supondría un ahorro de más de 320 millones de euros en una estimación a 25 años para las cuentas públicas.

La CNMC multa a Endesa con 120.000 euros por pasar clientes de la tarifa regulada al mercado libre sin consentimiento

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió 4 procedimientos sancionadores contra Endesa Energía que acumulan multas por valor de 120.000 euros por haber activado contratos de varios clientes sin su consentimiento. En varios casos, implicó que el cliente dejase de tener su contrato con la tarifa eléctrica regulada (PVPC) para ser suministrado en el mercado libre, donde la comercializadora fija libremente el precio de la energía y puede incluir otros servicios y seguros de mantenimiento adicionales.

En uno de los casos, según ha explicado la CNMC, activó un nuevo contrato con suministros de gas y electricidad sin consentimiento del cliente, al que cambió la tarifa regulada de gas a un suministro a mercado libre. La CNMC tuvo conocimiento de estos hechos tras recibir varias denuncias de la Consejería de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, de los escritos de FACUA y de un particular.

No son los únicos multados

En las resoluciones aprobadas, la CNMC considera acreditado que Endesa Energía no respetó los requisitos que deben seguir las comercializadoras de electricidad y de gas para contratar un nuevo cliente ni, en particular, contó con su consentimiento. El organismo multó en 2017 a cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural (Endesa Energía, Iberdrola Clientes, Gas Natural Servicios y Viesgo Energía) con un total de 155.000 euros por las mismas prácticas.

La CNMC insiste en que las comercializadoras deben respetar la Ley a la hora de realizar o modificar los contratos con sus clientes y en la importancia de que sean muy cuidadosas a la hora de captar clientes a través de canales de venta, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y de personas mayores. Además, el pasado mes de septiembre obligó a los principales grupos energéticos a cambiar su imagen de marca para que los clientes puedan distinguir entre la empresa comercializadora que ofrece la tarifa regulada (PVPC), en electricidad, y (TUR), en gas, y la que lo hace a través del mercado libre.

El déficit provisional del sistema eléctrico en 2018 asciende a 1.530 millones hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.530 millones de euros hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto, según la décima liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No obstante, el organismo regulador presidido por José María Marín Quemada señaló que esta cifra de déficit del sector eléctrico a octubre es un 1% superior a los 1.443 millones de euros del mismo periodo del año pasado. La CNMC indicó que este resultado se debió, fundamentalmente, a una menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 399 millones de euros y de la actividad de distribución en 245 millones de euros.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta décima liquidación alcanzó los 187.787 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 77% de la total prevista para el ejercicio 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de 2015 a 2017 (76,6%). Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 87,33% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar ahora con cargo a la liquidación.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.614 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el pasado octubre asciende a 6.010 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 605,843 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 363 millones de euros, frente a una cifra negativa de 466 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 22%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.188 millones de euros, un 5,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior debido al incremento de los peajes de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la Orden ETU/1283/2017 por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de Castor afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional. En esta liquidación, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.320 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del 2017.

El sistema eléctrico cerró 2017 con un superávit de 150,5 millones mientras el déficit del sistema gasista alcanzó 24,7 millones

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Europa Press.– El sistema eléctrico arrojó en el 2017 un superávit de 150,5 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mientras que el sector del gas cerró con un déficit de 24,7 millones de euros.

Este excedente en el sistema eléctrico se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución de la distribución, de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos. De esta manera, el sistema eléctrico acumula cuatro años consecutivos en superávit, desde 2014, en que sumó un excedente de 550,3 millones de euros. En 2015, el superávit del sistema eléctrico alcanzó los 469,3 millones de euros, mientras que en 2016 ascendió a 421,45 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

1.440 millones de superávit acumulado

De esta manera, acumulaba más de 1.440 millones de euros de superávit en esos tres ejercicios, aunque el año pasado el Gobierno ya acordó devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en 2015 y 2016, importe que ascendía a unos 500 millones de euros, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Esa no es la única vez que se ha recurrido a este excedente de los últimos años, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica decidió traspasar 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Además, también el actual Gobierno, en el decreto de medidas urgentes aprobado en octubre para combatir la subida del precio de la luz, aprobó, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, introducir la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en 2018 y 2019.

En el caso del sector gasista, el déficit en 2017 fue de 24,78 millones de euros, lo que supuso una desviación negativa del 0,91% sobre la retribución acreditada del sistema. En esta liquidación definitiva se incluyen los pagos con origen en la compensación por la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, realizados con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2017 que anulaba estos pagos. Por otro lado, en la liquidación definitiva del 2017 están incluidos los 9 pagos ya realizados a los titulares del derecho de cobro de la deuda de Castor (Banco Santander, Bankia, Caixabank) hasta la publicación de la sentencia del Constitucional, que ascienden a un total de 60,49 millones de euros.

La CNMC advierte de abusos de las comercializadoras al incrementar los precios para los consumidores reflejando la subida del pool

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de abusos por parte de varias comercializadoras energéticas en las relaciones contractuales con sus clientes debido al escenario de precios elevados en el mercado mayorista registrado este 2018.

Según el informe de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad para consumidores domésticos y pymes de 2017, que recoge un avance de 2018, ante el repunte del mercado mayorista en este año, hay varias comercializadores que han rescindido o modificado sus contratos con sus clientes sin mantener las condiciones pactadas inicialmente con ellos. Así, la CNMC considera que estas prácticas podrían no adecuarse a derecho, al dejar la interpretación del contrato a la voluntad de una de las partes y, asimismo, podrían no reflejar las medidas de protección del consumidor.

En su informe, el regulador señala que resulta «destacable» el incremento registrado en términos medios en las ofertas disponibles, especialmente a partir de mayo de este año, coincidiendo con el repunte de precios de gas y electricidad en los mercados mayoristas. En el caso concreto del gas, la CNMC indica que los precios han experimentado variaciones «importantes», con una subida de la tarifa regulada (conocida como TUR) de un 6% para un consumidor con un consumo anual de 6.000 kilovatios hora (kWh) en el primer trimestre del año; y en torno a un 8% para el último trimestre del año.

En el caso de la electricidad, desde mayo hasta septiembre, el organismo presidido por José María Marín Quemada destaca que se ha producido un incremento de las ofertas en el mercado libre. En concreto, esta subida ha sido de un 3% en el mercado libre, mientras que en el caso de la tarifa regulada (el llamado PVPC y que recoge directamente las variaciones del mercado mayorista) se ha incrementado un 10% en el mismo periodo.

En concreto, la diferencia entre la oferta más cara y la más barata disponible en 2017, según el comparador de precios de la CNMC, supuso un diferencial para un consumidor con derecho a la TUR de gas de unos 80-180 euros/año. En los consumidores de gas sin derecho a TUR, el diferencial entre ofertas puede variar entre 600 y 3.000 euros/año. En el caso de la electricidad, la contratación de la oferta más cara o la más barata supuso una diferencia para los consumidores eléctricos con derecho a la tarifa regulada de entre 150/200 euros en la facturación anual. En los consumidores eléctricos sin derecho a PVPC, el diferencial osciló entre 1.000 y 3.000 euros/año.

En lo que se refiere a las diferencias entre el precio libre y regulado, en gas pasar de ser suministrado con el precio regulado (TUR) a ser suministrado eligiendo la oferta más barata del mercado supuso un ahorro para el consumidor doméstico de entre 31 y 76 euros/año según el consumo anual, entre un 4% y un 22,6 % de su factura anual con precios de diciembre de 2017. En el caso de la electricidad, al contrario que en 2016, durante 2017 han existido opciones en el mercado libre algo más baratas que el PVPC, equivalentes a un ahorro de 31 euros/año en la facturación, un 6% de la facturación.

Por otra parte, el informe destaca que a cierre de 2017 había 22 comercializadores en el comparador con ofertas de electricidad verdes, frente a las 14 a junio de 2016. La CNMC indica que, en general, no se aprecia que las ofertas verdes sean más caras frente a las que no lo son. De acuerdo con el sistema de garantías de origen y etiquetado de la CNMC, este tipo de ofertas atrajo a 1,9 millones de consumidores (1,2 millones en 2016), lo que refleja el mayor éxito en la comercialización de estos productos, añade Competencia.

En Comú Podem solicita al Gobierno que realice una consulta pública que verifique la aceptación del gasoducto MidCat

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Europa Press. – En Comú Podem ha planteado al Gobierno de España la realización de una consulta pública para comprobar la aceptación de la ciudadanía al proyecto MidCat, que uniría Cataluña y el sur de Francia a través de una interconexión gasística.

De esta manera lo ha solicitado la formación de Unidos Podemos, a través de una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados. Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, plantea al Ejecutivo la realización de esta consulta, considerando que existen «evidentes contradicciones» entre «las buenas intenciones que promueven en materia medioambiental los cercanos acuerdos de París» y la apuesta de la Comisión Europea por este tipo de infraestructuras, que permitiría importar combustible fósil y contaminante.

En el mismo sentido, asegura que las importaciones de gas a la Unión Europea «son fundamentalmente de países con serios o graves déficits en materia de respeto a los derechos humanos», por lo que pregunta si apuesta el Gobierno por este tipo de importaciones o por generar mayoritariamente electricidad a partir de fuentes de energía renovable.

En relación al proyecto MidCat, el diputado de En Comú quiere saber si ha habido reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y si dispone de estudios que acrediten que el proyecto no afectaría al medioambiente y a los trabajadores del campo.

El Gobierno reintegra en la orden de peajes de 2019 los derechos de cobro de Enagás por el almacén Castor

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Europa Press.- El Gobierno ha reintegrado en la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 los derechos de cobro de Enagás por los costes de mantenimiento y operación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, que fueron paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de este año tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En su propuesta de orden para el próximo año se reconoce a Enagás Transporte la cantidad de 8,73 millones de euros en concepto de costes de mantenimiento y operatividad del Castor. Asimismo, se da el visto bueno para que el operador del sistema gasista recupere las cantidades que no fueron abonadas como consecuencia de la sentencia del Constitucional. En concreto, se reconoce a Enagás los costes por Castor correspondientes a 2017 y 2018, «al haber sido detraídos y no haberse abonado respectivamente». En ambos ejercicios, la cantidad asciende a 8,73 millones de euros, el mismo importe por este concepto recogido en la orden para 2019.

«Al objeto de evitar el abandono incontrolado de la instalación, se considera perentorio dotar a la empresa responsable de la administración de las instalaciones de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente», señala el Ministerio para la Transición Ecológica en su propuesta de orden.

Lo que no se incluye en la orden de peajes y cánones del sistema gasista para el próximo año son los costes de unos 80 millones de euros anuales para hacer frente al pago de la deuda por Castor, paralizada en enero por la CNMC tras la sentencia del Constitucional. En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

Esa deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. En su sentencia de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en su aprobación como un Real Decreto de urgencia.

En consecuencia, la CNMC paralizó en enero los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que están en manos de los tres bancos. El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban «de ser sujetos del sistema de liquidaciones».

Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé en su la memoria de su propuesta de orden un superávit de más de 5 millones de euros del sistema gasista para 2019. En concreto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera estima unos ingresos previstos del sistema vía peajes y cánones de 3.022,67 millones de euros, frente a unos costes de 3.017,31 millones de euros.

La factura de la luz se mantuvo el pasado noviembre en el mismo nivel de 2017

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 71,93 euros en su factura de la luz de noviembre, por lo que esta factura se incrementó en un 0,33% respecto a los 71,69 euros de noviembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 0,24 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 71,93 euros abonados en los 30 días de noviembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de noviembre, 41,68 euros obedecen al consumo, 2,89 euros al impuesto eléctrico y 12,48 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Eso sí, la factura de la luz de noviembre bajó un 1,03% respecto al mes anterior, octubre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,40 euros en noviembre respecto a los 2,42 euros de octubre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico baja por segundo mes consecutivo después de cortar la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en noviembre, el recibo de la luz cerró los primeros once meses del año con una subida del 2,32% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en noviembre contribuyó a que el recibo de los once primeros meses del año se sitúe en 773,07 euros, 17,5 euros más frente a los 755,57 euros en el 2017. En los primeros once meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 165,71 euros por el término fijo, de 442,11 euros por el consumo, de 31,08 euros por el impuesto de electricidad y 134,17 euros por el IVA.

Abascal asegura que la CNMC ultima el expediente que abrió a Naturgy y Endesa por posible alteración del mercado eléctrico

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está «culminando» la instrucción del expediente sancionador que abrió a Naturgy y Endesa por indicios de alteración de precios en las ofertas del pool entre octubre de 2016 y enero de 2017, un periodo en el que los precios de la electricidad escalaron hasta tocar máximos históricos en enero, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal.

En comparecencia en la Comisión del Senado, Domínguez señaló que, cuando la CNMC incoa el expediente a las dos compañías energéticas, «indica claramente que ha observado indicios de alteración de precios en las ofertas del mercado de generación» en ese periodo. El secretario de Estado de Energía afirmó que si se mira la lista de ciclos combinados que no estuvieron disponibles en el periodo investigado por la CNMC, «es muy llamativo el número de centrales que no están disponibles por pequeños problemas técnicos sobrevenidos aparentemente».

En 2017, la CNMC abrió este expediente sancionador a Gas Natural Fenosa Generación y a Endesa Generación tras observar esos indicios de alteración de precios en ese periodo. A la vista de los precios registrados en el pool, se requirió información a Endesa y Gas Natural sobre sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, de suministro a centrales de ciclo combinado y a otros clientes, así como operaciones de compra y venta dentro del sistema gasista en el mercado OTC, previsiones de consumo y desviaciones entre previsiones y consumo real.

Sobre apunta la información reservada realizada, la Dirección de Energía de la CNMC observó indicios de posible alteración del llamado despacho de generación del pool para obtener ingresos superiores en mercados de restricciones (ajustes que se realizan por motivos de seguridad en el suministro). Es decir, según la CNMC, habrían realizado una oferta «anormalmente elevada» para que dichas centrales participaran en el mercado de restricciones y obtener así mayores ingresos.

De esta manera, habrían llegado a impedir su programación durante varios días, a pesar de que el contexto generalizado de precios elevados debería haber conducido justo a la situación contraria. Dicha conducta podría haberse producido por Gas Natural Fenosa Generación en 5 centrales (Sagunto, San Roque, Málaga; puerto de Barcelona y Besós) y por parte de Endesa en la central de ciclo combinado de Besós.

El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto, según la novena liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador indicó que este resultado de la liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 393,9 millones de euros y de la actividad de la distribución en 220,9 millones de euros. Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta liquidación alcanzó los 167.541 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 69,4% de la demanda prevista para 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (68,2%).

Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 85,83% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.622 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el 31 de septiembre asciende a 5.414,5 millones de euros (antes de impuestos).

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 614,026 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,177 millones de euros, antes de IVA o equivalente.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 326 millones de euros, frente a un déficit de 396 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 17,8%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.012 millones de euros, un 5,8% superior al 2017 debido al incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución.

En esta novena liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.122 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del año anterior. Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 31 de septiembre ha ascendido a 7,88 millones, con un aumento interanual de 103.366 consumidores (+1,3%), de los que 1,6 millones se suministran con tarifa de último recurso.