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La Diputación de León aprueba una moción para evitar el cierre de las centrales térmicas

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Europa Press.- El Pleno de la Diputación de León ha aprobado, con la abstención de Ciudadanos, la moción por la que se instará al Ministerio de Energía a que «adopte las medidas necesarias para evitar el cierre de las centrales térmicas» de la provincia, «esenciales para la supervivencia de las cuencas mineras».

La moción también recoge la necesidad de «aprobar urgentemente el marco legal de garantía de suministro a través del despacho preferente que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos» a través de un mecanismo que contempla la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que utilizan países como Eslovenia y Eslovaquia. El vicepresidente para el Bierzo, Ángel Calvo, ha recordado que «la minería del carbón está en una situación dramática, por lo que hay que adoptar una solución ya o no habrá solución».

Las compañías eléctricas defienden la libertad empresarial para cerrar centrales y piden pagos por capacidad para respaldar a las renovables

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EFE / Europa Press.- El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, ha reclamado al Gobierno que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado. En el mismo sentido, las propias compañías eléctricas reclaman mantener su libertad para cerrar centrales de generación y demandan pagos por capacidad para seguir teniendo abiertas aquellas que no resulten rentables, pero que son necesarias para dar respaldo al sistema cuando baja la producción de origen renovable.

Responsables de regulación de las cinco grandes eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, se han pronunciado así durante una mesa redonda celebrada dentro del Encuentro del Sector Eléctrico, organizado por Expansión. El director de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha indicado que el problema de centrales como las de carbón o los ciclos combinados es que, al funcionar según la intermitencia de la producción eléctrica de las tecnologías renovables, en el mercado no recuperan los costes que tienen, por lo que necesitarían de unos pagos por capacidad complementarios.

En cuanto al decreto que prepara el Gobierno para regular el cierre de centrales por sus propietarios, a fin de garantizar el suministro, José Casas indicó que cree que el Ejecutivo podría evitar un cierre aduciendo motivos de seguridad del suministro o para contribuir a los objetivos de cambio climático, pero no por su influencia en la formación de precios porque la Comisión Europea es contraria a intervenir en ello.

Piden garantizar la rentabilidad razonable

El sector eléctrico también reclama que «se garantice lo que la ley denomina la rentabilidad razonable» en la revisión que llevará a cabo el Gobierno para la retribución correspondiente a las actividades reguladas para el periodo 2020-2025, que deberá aprobarse dentro de dos años. José Casas señaló que el informe de la pasada semana de Goldman Sachs sobre el sector, que provocó la caída en Bolsa de las grandes eléctricas, constata que «el mercado ha tomado como que no es una rentabilidad razonable» la revisión a la baja prevista. Casas, que estuvo respaldado en su petición por los representantes de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, pidió que esta rentabilidad para las actividades del sector «al menos se mantenga».

El director de Regulación de Iberdrola España, Rafael del Río, señaló que hay que abordar el papel del carbón o de la nuclear, sobre la que hay «serías dudas» sobre su rentabilidad, y que en el caso de los ciclos combinados el mercado sólo cubre costes variables, pero no los fijos de operación e inversión. Por ello invitó a mirar a otros países, como el Reino Unido, que convoca subastas en las que los operadores que acuden reciben una retribución por estar disponibles y, los que no, cierran la planta o hacen una hibernación, una posibilidad esta última que también hay prevista en España pero que no se ha desarrollado.

Asimismo, las compañías eléctricas consideran que la «ambiciosa» hoja de ruta para la descarbonización de la economía, con los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, pasa por una «electrificación» de la economía. A este respecto, Rafael del Río señaló que la planificación final para esa transición tiene que ser «responsabilidad del Estado» y que las empresas deberán «acatar esas decisiones y cumplirlas”. No obstante, el directivo de Iberdrola pidió una senda «razonable» que permita cumplir los objetivos.

Barreras a la libertad empresarial

Por su parte, el director de regulación de Gas Natural Fenosa, José Antonio Guillén, ha dicho que prohibir el cierre de una central es la mayor barrera que se puede poner a la libertad de empresa y ha señalado que la única manera de mantener ciertas instalaciones es tener mecanismos de capacidad. En su opinión, los dos grandes retos regulatorios para el sector actualmente son que se permita el cierre de centrales sin restricciones administrativas y el establecimiento de un mecanismo de pagos por capacidad. También se mostró a favor de eliminar tarifas como la regulada si se quiere que la demanda participe en la formación de precios de mercado.

El director de Regulación y Relaciones Institucionales de EDP, Santiago Bordiú, apuntó que el denominado Paquete de Invierno de la Comisión Europea «no reconoce para nada los mecanismos de capacidad», quizá porque «la visión de Bruselas no es la del mercado ibérico», caracterizado por un bajo nivel de interconexión. Asimismo defendió el papel «vital» del sector eléctrico en la descarbonización debido a que se producirá un incremento de la demanda eléctrica que debe ser atendido por el mix de generación.

El director de Regulación de Viesgo, Francisco Rodríguez, señaló que el borrador del decreto del Gobierno le ha sorprendido mucho, pues el procedimiento para cerrar centrales ya está “perfectamente” regulado y, de hecho, su compañía ha cerrado 3 de carbón en los últimos 5 años. Además, ha señalado, en alusión a mecanismos compensatorios para mantener abiertas instalaciones no rentables, que «la seguridad de suministro es un bien y, en general, los bienes tienen un precio».

Por otro lado, los directivos de las eléctricas se han mostrado a favor de eliminar los impuestos y cargas ajenos al sistema que soporta la factura eléctrica y de repartirlo entre otros sectores para que todos contribuyan ya que el sector eléctrico está pagando «buena parte de la transición energética y de los objetivos de renovables». Otra propuesta fue que se constituya un fondo de transición energética que se financie con una fiscalidad medioambiental, como propuso el representante de Endesa.

Unesa reclama libertad para decidir

Por su parte, el presidente de la patronal eléctrica, Unesa, Eduardo Montes, ha indicado que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado.  Montes, que también intervino en el Encuentro del Sector Eléctrico, considera que en el proceso de transición energética la sostenibilidad “no debe cegar respecto a la necesidad absoluta de la seguridad de suministro y la competitividad de los precios«. Por otro lado, volvió a reclamar que impuestos y cargas ajenos al suministro eléctrico, que entre 2005 y 2016 han aumentado al doble, salgan de la factura.

El presidente de Unesa también ha considerado necesario que exista certidumbre regulatoria en la transición energética hacia una economía descarbonizada, ya que la entrada de renovables va a suponer la llegada de inversores. De hecho, Montes señaló que esta certidumbre será importante, ya que «los mercados van a ser muy sensibles a todo ello». Montes subrayó que la electricidad con bajas emisiones será «clave» en ese camino para la descarbonización en otros sectores y destacó que es «imprescindible» una transformación «inteligente, racional y sin pausa».

El papel de las redes

Por su parte, el presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, defendió el importante papel que jugarán las redes en la transición energética, ya que «hacen compatible» el nuevo modelo con la seguridad de suministro. En su intervención, el presidente del operador del sistema eléctrico subrayó que las redes serán las «facilitadoras» de la transición energética, ya que las energías renovables no son gestionables, lo que supone «un problema que hay que resolver».

Endesa advierte de que España necesitaría 11.000 MW más en 2025 si se prescinde de la nuclear y del carbón

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Europa Press.- Endesa calcula que España necesitaría incorporar aproximadamente 11.000 MW de nueva potencia firme a partir de 2025 si se prescinde de manera prematura de las centrales de carbón nacional e importado y de las nucleares. Así lo indica en la respuesta a la consulta pública previa del proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

La compañía eléctrica explica que en 8 años las únicas tecnologías disponibles para proporcionar firmeza a un coste razonable serían nuevas turbinas de gas o nuevos ciclos combinados, «lo que incrementaría notablemente los precios de la electricidad». Por el contrario, el mantenimiento temporal del carbón y de la nuclear permitiría retrasar la necesidad de nueva potencia firme en, al menos, una década, dando así tiempo suficiente para que maduren nuevas tecnologías, actualmente incipientes, con emisiones nulas y a coste competitivo como, por ejemplo, las baterías.

Para la compañía que preside Borja Prado, es «crítico» determinar cuáles serán las necesidades de potencia del sistema eléctrico en distintos horizontes temporales. En la actualidad, considera que hay un cierto exceso de capacidad. No obstante, cree que es una situación transitoria que desaparecerá en un futuro más o menos cercano en función de las decisiones que se puedan tomar sobre el cierre de las centrales de carbón y nucleares.

A juicio de Endesa, la solución ambiental y económicamente más eficiente para la transición energética en España es mantener en operación la capacidad térmica y nuclear actual «hasta que deje de ser necesaria». En todo caso, precisa, mantener esta capacidad no significa continuar utilizándola del mismo modo: la producción de energía de estas plantas seguirá disminuyendo, debido a la creciente penetración de renovables, al igual que lo harán sus emisiones.

En su respuesta, Endesa indica que las herramientas para conseguir una correcta transición serían una planificación adecuada y unos mecanismos regulatorios que garanticen la disponibilidad de las instalaciones que son indispensables para el suministro energético y la reducción de emisiones al mínimo coste. Así, propone, en primer lugar, un plan de transición hacia un sistema energético libre de emisiones de CO2 en 2050 al mínimo coste posible, incluyendo mecanismos que permitan la electrificación de buena parte de la demanda doméstica, industrial, de servicios y del transporte; y garantizando que el cierre de las centrales emisoras existentes se lleve a cabo mediante la sustitución de estas instalaciones por renovables, como medida de eficiencia económica del sistema.

En segundo lugar, aboga por la revisión de la «elevada fiscalidad específica» que afecta a la generación eléctrica y que da lugar a que todas las tecnologías de generación estén afrontando «importantes dificultades económicas». Por último, aboga por el establecimiento de un mecanismo de pago por capacidad firme que sea conforme con los criterios recogidos por la Comisión Europea, basado en las necesidades del sistema, tecnológicamente neutro y cuyo precio esté fijado por criterios competitivos.

Bruselas pide permitir los incrementos

Ante la pregunta de la consulta de si considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio, Endesa argumenta que la necesidad de mantener operativa una central cuyo titular ha solicitado su cierre es, por lo general, el síntoma de un fallo de mercado, pues significa que el mercado no está permitiendo recuperar los costes de una central que es necesaria. Para evitar estas situaciones, la Comisión Europea recomienda permitir precios de escasez y eliminar distorsiones que afecten a las señales de precios. Si el fallo persiste, se puede proceder a la introducción de mecanismos de remuneración de la capacidad basados en criterios de mercado.

«En todo caso, si se deniega el cierre de una central, se está imponiendo a su titular una obligación de servicio público por la que debe ser lógicamente compensado, según la legislación y la jurisprudencia comunitarias», subraya. Así, recuerda que la Comisión Europea es contraria a la denegación del cierre si la razón es evitar un incremento del precio de mercado. Según Endesa, justificar el mantenimiento en explotación de una central, cuyo titular ha solicitado su cierre, para evitar un incremento en el precio de mercado, «supone una intervención que distorsiona el proceso de formación de la señal de precio».

Los mecanismos de remuneración de capacidad, que la Comisión Europea contempla como solución a problemas de seguridad de suministro, no son, en opinión de Endesa, «nada más que el pago firme, seguro, de las cantidades aleatorias, inciertas y volátiles que, de no existir esos mecanismos de pago, se recibirían como precios de escasez, así que estos mecanismos tienen el efecto positivo de reducir la volatilidad de los precios y los episodios de precios muy elevados».

Sobre qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema, Endesa señala que si se pretende evitar el cierre de la central porque incide en la seguridad del sistema eléctrico o por motivos de cambio climático, «debe establecerse un mecanismo de compensación al titular que debe ser aprobado por la Comisión Europea con anterioridad a su implementación«.

La eléctrica estima que la introducción de un mecanismo de capacidad compatible con la normativa europea permitiría estructurar un proceso ordenado de previsión de las necesidades de capacidad y la modulación de los cierres, y explica que si el problema es de carácter transitorio, la Comisión Europea contempla el establecimiento de una reserva estratégica compuesta por capacidad de generación que ha de mantenerse fuera del mercado para preservar la señal de precios, pero a disposición del operador del sistema para operar en situaciones de escasez.

Energía somete a consulta pública hasta el día 15 el decreto que regula el cierre de centrales de generación eléctrica

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está sometiendo a consulta pública previa el proyecto de real decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica con el objetivo de recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma. El plazo para presentación de escritos, que se abrió el 3 de agosto, finaliza el próximo 15 de septiembre.

En la consulta pública, el departamento que encabeza Álvaro Nadal plantea las siguientes cuestiones: si se considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio, y qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema. Mediante el decreto se pretende abordar una serie de medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional, de una forma sostenible y respetuosa con el medioambiente, y atendiendo en todo momento a los criterios de sostenibilidad económica y financiera del sistema.

Según recuerda Energía, la Ley del Sector Eléctrico establece que todos los consumidores tendrán derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en los términos establecidos. En consecuencia, deben desarrollarse las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica cuando concurran una serie de supuestos, como el riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica, situaciones de desabastecimiento de las fuentes de energía primaria, amenaza grave a las instalaciones, a la integridad de la red de transporte, a la distribución de energía eléctrica, así como en situaciones que impliquen una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones de producción, transporte o distribución del suministro.

España y los objetivos climáticos

A su vez, según resalta el Ministerio, resulta necesario tener en cuenta las proyecciones e impactos de cada tecnología en la generación eléctrica nacional, de cara a las obligaciones de planificación energética con la Unión Europea en el horizonte 2030 y 2050, para lograr el cumplimiento de los objetivos energéticos y de cambio climático que los Estados miembros han asumido tras el Acuerdo de París.

Al mismo tiempo, se debe ponderar el coste-beneficio que implicaría el cierre de una central y la posible apertura de una nueva central, «considerando el impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales y sobre la competitividad de la economía española». En este contexto, por tanto, Energía considera necesario contar con las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales «son coherentes con la planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía».

Con este decreto, el Gobierno pretende dotarse de los instrumentos adecuados para garantizar la continuidad de las centrales ante eventuales cierres y otras situaciones de contingencia. La regulación debe prever las medidas que deben implementarse a futuro. La norma tiene como finalidad regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de producción de energía eléctrica. Para ello habrá de contemplarse las distintas fases del mismo, la documentación necesaria, los informes que habrán de recabarse en el procedimiento, así como las autoridades y la forma en que deben intervenir para garantizar los objetivos que se pretenden.

Según Energía, la finalidad que propugna la iniciativa ha de abordase necesariamente a través de una alternativa regulatoria, y recuerda que estos procedimientos se encuentran contemplados en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Real Decreto 1836/1999, de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, que han de actualizarse.

La consulta pública para el cierre de las centrales

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El Ministerio de Energía tiene abierta hasta el día 15 una consulta pública (conforme a lo que establece el procedimiento de elaboración regulatoria español) dirigida a una eventual y futura regulación del procedimiento de cierre de las centrales eléctricas. La consulta pregunta a los que quieran personarse si ¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio? y ¿Qué procedimiento debería seguirse en el supuesto de que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?

Dado que la legislación española ya prevé los mecanismos para el cierre de centrales, la principal cuestión global que se deriva de la pretensión de establecer una regulación expresa para fijar límites a la salida de instalaciones en un mercado de generación liberalizado como el español es conocer la motivación del Ministerio para forzar a que exista esta regulación y someter a pública demagogia las propias directrices de la Unión Europea, fijadas en el cuarto paquete legislativo, sobre la participación de operadores en las actividades liberalizadas. El hecho de que se haya planteado el cierre de algunas plantas y retirar potencia del sistema seguramente ha sido determinante para que el Ejecutivo acuda a la regulación.

El Ministerio de Energía de la Administración Rajoy sigue con una política basada en la búsqueda de espacios de discrecionalidad. Discrecionalidad que se instrumenta de muchas formas: desde convocando subastas de nueva potencia renovable ad libitum y con letra pequeña para ir distribuyendo potencia (equilibrando agravios), pasando por arañar las finalidades de los excedentes de liquidación según convenga electoralmente, realizar intervenciones tarifarías para determinados ámbitos geográficos, hasta buscar dotarse de fórmulas para sortear las legítimas peticiones de cierre y/o hibernación de centrales que se suceden por sus titulares a la vista de su inviabilidad económica.

Esta discrecionalidad también le permite no definir los escenarios de la denominada y todavía vaporosa transición energética en el caso español, término que es un significante vacío de comunicación política, en donde confluyen el impulso a la Ley de Cambio Climático con la creación del Comité de Expertos para su definición.  Escenarios que, con una importante sobrecapacidad en la generación (otro de los mantras de esta Administración, agudizado con el pase de Nadal a ministro), deberían determinar en cada momento el mix de generación, las fórmulas de mercado mayorista resultantes, el procedimiento de despacho y los mecanismos de retribución de cada tecnología según su papel.

Por eso, el Ministerio busca apelar a fórmulas inespecíficas e inconcretas que le permitan actuar de forma discrecional en cada momento sin la necesidad de definir una política energética, sin organizar y hacer coherente una política de fiscalidad verde energética más allá del actual esperpento regulatorio, sin explicitar una política medioambiental más allá de la retórica (y que concierna a todos los sectores)  y, lógicamente, sin basarse en el modelo de gobernanza empresarial según se trate de las actividades liberalizadas o reguladas en cada caso.

Por eso Energía apela en esta consulta, emocionalmente, al cambio climático (sin abordar el proceso de descarbonización y el futuro de las térmicas), a la seguridad de suministro (con un nivel de sobrecapacidad como el existente) o al precio; ahí sí que está la madre del cordero de todas las justificaciones del Ministerio, la utilización de los precios de la energía como argumento electoral a toda costa. Eso sí, sin liberalización completa y sin detraer de la tarifa las cuestiones no relacionadas con el suministro, con una política de sobrecapacidad inducida que mantenga a todas las tecnologías subyugadas y enfrentadas por no perder su hueco.

En consecuencia, de una cuestión global como es la motivación del Ejecutivo para intentar promulgar esta norma se derivan otras muchas más: ¿Qué papel tiene la normativa comunitaria y, en consecuencia, la Dirección General de Competencia de la Unión Europea en los límites, barreras o prohibiciones de salida del mercado, en su intervención ya sea vía instrumentación legal o de facto? ¿Se coordinará la iniciativa regulatoria con el calendario de elaboración normativa para la futura Ley y los trabajos de la Comisión de Expertos? ¿Cuáles son los aspectos colaterales (mercado, pool, tecnologías, escenarios) de dicho proceso? ¿Se respetarán el carácter liberalizado con todas sus consecuencias de la actividad de generación?

¿Qué mejor que una consulta aparentemente beatífica  sobre una regulación para exonerar de responsabilidad la ausencia de una política energética y legitimar una posible intervención a los mercados? Ya estamos otra vez con la melé.

Castilla y León apoya la voluntad del Ministerio de legislar para impedir el cierre de la central térmica de Compostilla

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EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha mostrado su apoyo al Ministerio de Energía para que apruebe alguna norma que pueda servir para impedir un hipotético cierre de la central térmica de Compostilla, en León.

Del Olmo ha remarcado que las competencias de la Junta de Castilla y León ante este posible problema son limitadas y actualmente se centran en la negociación con Endesa, lamentando además que no se esté comprando carbón extraído en León. Por su parte, el Ministerio de Energía al Gobierno autonómico su lamento por la falta de voluntad de los grupos políticos de la oposición a acordar una ley que dificulte el cierre de la central nuclear, por lo que, en principio, optará por un decreto.

Bruselas autoriza a Alemania a crear un fondo de 24.100 millones de euros para la gestión de los residuos nucleares

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Europa Press.- La Comisión Europea ha autorizado a Alemania a crear un fondo de 24.100 millones de euros para la gestión de residuos radioactivos, tras concluir que se trata de una medida proporcionada. El objetivo es que sean transferidos al Estado alemán los pasivos de las nucleares vinculados a la gestión de residuos radioactivos y de combustible usado procedente de las centrales nucleares. Para ello, el fondo deberá contar con los recursos necesarios para asegurar su funcionamiento.

Los operadores de las centrales deberán aportar a cambio una inversión al contado para el fondo de 24.100 millones, que se compondrá de una cantidad básica equivalente a las disposiciones ya reservada por los operadores para este propósito y una prima de riesgo destinadas a cubrir el riesgo de aumentos de costos en el futuro. En su análisis, la Comisión Europea concluye que la actuación de Alemania constituye una ayuda de Estado, cuyo principal objetivo es garantizar que hay fondos suficientes para que la gestión de los residuos quede en manos públicas y protegida del riesgo de inestabilidad de la situación financiera de los operadores.

Las energéticas pagarán 23.600 millones de euros en Alemania para financiar el almacenamiento de los residuos nucleares

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EFE.- Las compañías de suministro energético alemanas pagarán al Gobierno 23.550 millones de euros más intereses para financiar el almacenamiento temporal y definitivo de los residuos nucleares, según un proyecto de ley que será acordado el 19 de octubre. Esta cantidad, que las compañías deberán comenzar a pagar a partir del 1 de enero de 2017 a un fondo estatal, les exime de su responsabilidad en la basura radioactiva.

Asimismo, las empresas de suministro energético podrán acordar realizar a plazos los pagos y deberán haberlos completados, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2026. El fondo estatal gestionará el almacenamiento temporal y definitivo de los residuos nucleares. Por otro lado, las compañías energéticas sí tendrán responsabilidad sobre el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, así como del embalaje de los residuos nucleares.

UGT luchará «con uñas y dientes» para que las cuencas mineras no se condenen a la «desertización»

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EFE.- El secretario general de UGT FICA, Pedro Luis Hojas, ha avanzado este miércoles en Gijón que lucharán «con uñas y dientes» para evitar que en breve plazo de tiempo nos encontremos con el cierre de las minas, que condenaría a las Cuencas Mineras a la «desertización». Eso sí, ha advertido de que UGT no se hace responsable de la deriva que puedan tomar las movilizaciones mineras.

«No lo vamos a consentir», ha apuntado, en rueda de prensa en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, acompañado del secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, y del secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, tras una reunión previa con responsables de minería de este sindicato.

Hojas ha incidido en que desde 2014 no se convoca la Comisión de Seguimiento de los acuerdos del carbón, acuerdo marco que regulaba el cierre de las minas hasta 2018 y que, según él, el Gobierno está incumpliendo. Algo de lo que ha culpado directamente al ex ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, al argumentar que este no confiaba en el sector.

«Ha ido a por él», ha sostenido sobre el PP. «Nos tiene enfrente», ha recalcado, no obstante, sobre la «inacción» del Gobierno nacional. Asimismo, ha incidido en que pese a las exigencias de Bruselas, el Gobierno central actuó en favor de cerrar las minas, cuando debería haber apostado por el carbón nacional.

Ha llamado la atención, en este caso, sobre que no se va a dejar de quemar carbón, sino que la cuestión será la procedencia del mismo. En esta línea, ha conminado al Gobierno central a respetar el porcentaje de quema de carbón autóctono «y si no que tenga la valentía de decírnoslo a la cara».

Ha advertido, además, de que la conflictividad que vive en estos momentos la minería puede ser la «punta del iceberg» de lo que pueda pasar en otros sectores, al estar llegando la sociedad «al hartazgo» con el Gobierno central. Es por ello, que no ha descartado que pueda llegar a convocarse una gran movilización a nivel general. «Ya basta de seguir castigando a los menos favorecidos y a los trabajadores en general», ha añadido.

Alperi, por su lado, ha acusado al Gobierno del PP de llevar a las empresas mineras «al límite» y ha urgido a convocar la Comisión de Seguimiento de los acuerdos en la que se aborde la quema de carbón nacional. En este sentido, ha señalado que en este día los sindicatos se reunían en Madrid para coordinar los pasos a seguir.

Según él, el Gobierno central puso a la minería en niveles de quema de carbón que deberían aplicarse en 2017, como estaba pactado. A este respecto, ha apuntado que en 2015 la quema de carbón nacional supuso entre un tres y un cuatro por ciento, cuando en el acuerdo firmado debería ser de un 7,5 por ciento.

En cuanto a las exigencias de la UE, ha recordado que el Gobierno puede ejercer su soberanía en materia energética. Es más, ha echado en falta un plan energético como el que tiene Alemania, que ya sabe a partir de 2019 qué cantidad de carbón va a producir y cuántos mineros precisa. «Falta voluntad política», ha apuntado sobre España. Es más, ha lamentado que Europa «se cruza de brazos» ante los incumplimientos del acuerdo minero en España.