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Nadal anuncia que el Gobierno propondrá regular por ley el cierre de centrales eléctricas y defiende la térmica de Andorra

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que el grupo parlamentario del PP en el Congreso va a presentar una proposición de ley para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica con una norma «de rango de ley» que evite “la tentación de algún gran operador de cerrar una central rentable para aumentar los precios”. El ministro ha confiado en el diálogo con los demás grupos parlamentarios para sacar adelante esta normativa.

Nadal ha señalado que el Gobierno ha emprendido una reforma laboral, financiera, energética y administrativa-tributaria, y ve “sorprendente que se le diga al Gobierno que no hay que hacer estas reformas, que hay que revertirlas», lo que considera un error, lamentando que no se proponen reformas alternativas, solamente «críticas». En materia energética, ha sostenido que es necesario reducir las emisiones de CO2 pero sin encarecer el precio de la energía, especialmente en un país como España «que no tiene grandes fuentes energéticas» y que necesita importar la energía que consume.

En la transición hacia las energías renovables y limpias, Nadal apuesta por «evitar correr demasiado», como cree que hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que con «prisa» puso la ideología sobre el elemento práctico desarrollando renovables de forma previa al desarrollo total de estas tecnologías. “Pero tampoco quedarse atrás», matizó el ministro, “asumiendo los avances tecnológicos «sin precipitarse, para que el coste no acabe repercutiendo en el consumidor. No obstante, Nadal ha asegurado que las renovables van a ser el «centro» del sistema y que deberán incrementar su peso entre un 27% y un 35%, pero no pueden ser la energía «base» porque no son las que están siempre «sí o sí».

En este sentido, ha apostado por mantener el mix energético, en el que la nuclear, el gas y el carbón suponen un 20% cada una, dejando el resto a las renovables. Estas primeras son las únicas que pueden dar servicio en cualquier momento, especialmente en las «puntas», con la nuclear como la más barata, la que no lanza emisiones de CO2, pero que sí que genera residuos difíciles de eliminar; el carbón como la segunda más barata, aunque la más contaminante; y el gas, que es la más cara y emite CO2, si bien en menor medida que la anterior. En este punto, ve como inconveniente que la energía renovable no garantiza el suministro las 24 horas todos los días.

«El Gobierno quiere mantener el carbón, el gas y la nuclear mientras sean rentables», porque suprimir el carbón conllevaría un incremento de los precios de entre el 18% y el 25%, prescindir de la nuclear aumentaría entre un 13% y un 26% los precios y eliminar ambas incrementaría el recibo entre el 38% y el 65%. Por ello, para evitar que se cierren las centrales, el PP presentará en el Congreso una ley para regular el cierre de estas instalaciones, de modo que el cierre de las centrales sea «ordenado, en función de objetivos y garantizando la competencia y el precio». En todo caso, recordó que el PP cuenta con 135 diputados y para aprobar este texto «se necesitan 176».

La proposición de ley está concebida para recoger las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto ya elaborado por el Gobierno, entre las que destaca la de dotar de rango de ley a la normativa. Está ahora, por tanto, a la espera de la posición del resto de grupos, porque «una cosa es predicar y otra, dar trigo», ha apuntado. Nadal ha defendido que, si el hipotético cierre de una central puede distorsionar el mercado, «se pueda parar».

Asimismo, considera que las centrales de carbón son «imprescindibles hasta que no haya cambios sustanciales en el mercado del gas» y ha asegurado que la térmica de Andorra es competitiva, eficiente y es «necesaria para el sistema», aunque ha admitido que Europa no está a favor de ofrecer ayudas directas a estas instalaciones y que su continuidad no depende exclusivamente del Gobierno. Ha advertido nuevamente de que si se cerrasen centrales como Andorra, Compostilla o las nucleares «habría subidas de precios más que sustanciales», apuntando que las centrales de carbón han asumido las puntas de consumo eléctrico y han permitido que no se encarezca más el recibo de la luz.

El ministro, que se encontraba en Zaragoza, ha asegurado que Aragón «se está convirtiendo en una potencia energética» tras las subastas de energías renovables. Asimismo, Nadal ha resaltado el cambio experimentado por España en las dos últimas generaciones, al pasar de ser un país «muy pobre» a situarse «en la media de Europa», y ha señalado que para que un país tenga éxito debe producir los bienes y servicios que otros quieren. Ha recordado, además, que tras la primera y segunda revolución industrial, ahora se está viviendo una tercera revolución energético-climática que consiste «en producir no más energía, sino mejor».

Satisfacción evidente en Izquierda Unida

Por su parte, la alcaldesa de Andorra (Teruel), Sofía Ciércoles (Izquierda Unida), ve el anuncio del ministro «gratificante» pero ha urgido al acuerdo porque «cada vez tenemos menos tiempo». En este sentido, Ciércoles se ha congratulado de que haya dicho que la central térmica de Andorra es «imprescindible», habida cuenta de que el carbón sigue siendo un factor «importantísimo» y «competitivo» y de que la planta es «eficiente» y tiene el suministro «a puerta». Por ello, se ha mostrado satisfecha por la apuesta por el carbón, que «sigue siendo de las energías más económicas», aunque falta que la proposición de ley que ha anunciado el ministro sea aceptada para evitar el cierre de la central.

No obstante, no ha obviado que la planta de Andorra está en una situación «crítica» ya que no ve que Enel o Endesa tome una decisión o que el Gobierno central haga una apuesta «decidida«. Por ello, considera «importante» esta intervención del ministro, al que ha instado a poner en marcha ya las medidas para evitar el cierre y, entretanto, se va trabajando por diversificar la economía y por una transición «justa» que evite el monocultivo actual en la zona.

La alcaldesa ha lamentado también que «la pelota se la van pasando de un tejado a otro», porque Madrid pone las medidas sobre la mesa, pero decide Bruselas. En ese sentido, ha insistido en que «si España lo tiene claro, lo que tiene que hacer es luchar para que así sea», dado que, además, todos los grupos tienen representantes en Bruselas para defender el carbón.

Cañete subraya que los Estados no pueden dar ayudas a las empresas para adaptar las térmicas a los requisitos medioambientales

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EFE.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, recordó que los Estados miembros de la Unión Europea «no están autorizados» a conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas medioambientales obligatorias porque eso les otorgaría «una ventaja competitiva desleal«.

Cañete respondió así a los eurodiputados de Los Verdes/ALE, Florent Marcellesi, y de Podemos, Xabier Benito, sobre el encaje en la legislación europea y el Acuerdo Climático de París del plan del Gobierno de impedir el cierre de centrales energéticas, incluidas las térmicas, si afecta al precio de la luz: «De conformidad con las normas de competencia, los Estados miembros no están autorizados a conceder ayudas estatales a las empresas para cumplir normas medioambientales obligatorias porque esto atentaría contra el principio de quién contamina, paga«.

El eurocomisario señaló que supondría una «ventaja competitiva desleal» respecto a otras formas de producción de electricidad y de las mismas centrales en otros Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea aseguró estar «al corriente» del decreto de España y aseguró que mantiene «un estrecho contacto con las autoridades españolas» para aclarar el contenido del mismo y buscar soluciones «que se ajusten al Derecho vigente de la Unión».

«La Comisión Europea nos da razón: el Gobierno español no puede conceder ayudas estatales a centrales de combustibles fósiles para cumplir normas medioambientales. En caso contrario, esto conferiría a las energías sucias una ventaja competitiva desleal frente a las energías limpias, como las renovables«, celebraron ambos eurodiputados. Marcellesi y Benito pidieron al Gobierno español que se una a la lista de países que anunciaron una fecha para poner fin al carbón tras la cumbre climática COP23 de Bonn de noviembre.

El PP prepara una proposición de ley para evitar el cierre de las térmicas con el apoyo decidido de UGT

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EFE / Europa Press.- El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Pedro Hojas, advierte de que cerrar las centrales térmicas supondrá un mayor coste energético, algo que considera que el país «no lo puede permitir». En este sentido, el PP registrará próximamente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que tendrá como objetivo limitar estos cierres y evitarlos, con un contenido en la línea del proyecto de decreto que elaboró el Ministerio de Energía.

Fuentes del PP han explicado que la idea es que su toma en consideración pueda ser debatida en marzo y, aunque el contenido será fundamentalmente el mismo que el del texto elaborado por el Ministerio, la idea es incorporar alguna de las prevenciones que estableció en su informe del pasado 24 de enero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que alertó de la posibilidad de que el real decreto pudiera contravenir la normativa europea. En concreto, el PP se plantea matizar el mecanismo de subasta, considerado por la CNMC como «muy complejo», para que la compensación a un tercero por mantener una central térmica no pueda ser considerado por la Unión Europea como ayuda de Estado.

Este informe de la CNMC determinó que, al ser una norma de rango inferior, no era posible modificar mediante un real decreto aspectos que figuraban en leyes reguladoras de este sector, por lo que en ese momento el Gobierno se planteó la posibilidad de sacar adelante la regulación mediante un Decreto Ley, que debía ser convalidado en el Congreso, pero que tiene una tramitación más larga y compleja que la de una proposición de ley.

En la misma línea, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha insistido en que la posición de la comunidad en cuanto a las térmicas es «archiconocida», en la línea de lo que acordó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con los de otras comunidades afectadas, Asturias y Aragón. Esta solución pasa «por dar rango de ley a la normativa que ponga trabas a las eléctricas cuando de motu proprio estás sólo buscan el beneficio económico», por más que lo «enmascaren de reverdecimiento», criticó.

La portavoz de la Junta ha insistido en que las eléctricas «ya no engañan a nadie» y ha recalcado que se trata de decisiones que afectan a la minería, pero también producen un «perjuicio social» que incide en el coste de la luz. Marcos también ha tenido reproches para el PSOE y se ha referido en concreto a la presidenta socialista Cristina Narbona, que no apoya el mantenimiento del carbón y de las térmicas, por lo que ha confiado en que «recapacite» y respalde una «transición» con una «descarbonización progresiva».

UGT está con el Gobierno

Por su parte, Hojas también se ha referido a los anuncios por parte de Iberdrola y Endesa de los anuncios de cierre de las centrales de Velilla (Palencia) y Lada (Asturias) en el caso de la primera y Compostilla (León) en el de la segunda. El responsable de UGT considera que es «incomprensible» que las eléctricas se escuden en las energías limpias cuando hay tecnología que permitiría seguir con la quema del carbón autóctono, que significa un 7% pero que considera que su abandono sería «brutal» para el país en impacto social. En este sentido, y tras recordar los beneficios de Iberdrola, ha señalado que se podría invertir una «pequeñísima parte» de ellos en una transición hacia energías verdes «responsable».

Hojas ha advertido de que dentro de poco las compañías pedirán cerrar las centrales nucleares y se ha preguntado a dónde van a llevar el precio por kilovatio, algo que repercute no sólo en la pobreza energética, sino en las industrias, que perderán competitividad. Como consecuencia de ello, ha señalado que si ocurre esto se «cargarán de un plumazo» todos los acuerdos a los que se llegue, dado que hay una diferencia de un 30% en competitividad energética si se compara España con Alemania o Francia. «Cualquier acuerdo de competitividad pierde capacidad por el coste de la energía», ha señalado.

En este contexto, Hojas se ha congratulado por el pacto firmado por Aragón, Asturias y Castilla y León en el que abogan por un pacto de Estado por la energía que considera «fundamental», no sólo por los costes, sino por las consecuencias para el futuro industrial, por ello ha abogado por trabajar por una «política de Estado». Asimismo, anunció «movimientos importantes» en Bruselas para pedir y exigir una moratoria y flexibilidad para la devolución de las ayudas al carbón de manera que el plazo se extienda más allá de 2018.

Hojas ha aclarado que los sindicatos van a seguir su apuesta por ir a una transición a las energías limpias pero ha matizado que hay que hacerlo de manera «socialmente responsable» porque el país no puede permitir que sea de otra forma y que los costes energéticos se «disparen». Asimismo, ha cuestionado si a lo que se quiere ir es hacia ciclo combinados de gas, que son más caros, por lo que considera que hay debates que se caen «por su propio peso», aunque los intereses empresariales sean legítimos, pero cree que deben de ir acompañados por una responsabilidad social corporativa en el territorio del que han sacado tanto beneficio.

Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

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Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

Greenpeace celebra la coincidencia de la CNMC con sus críticas al decreto del Gobierno para dificultar el cierre de centrales

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Europa Press.- Greenpeace ha pedido la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno para dificultar el cierre de las centrales eléctricas, anunciado tras la decisión de Iberdrola de poner fin a sus plantas de carbón en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincida con los argumentos ya expresados en las alegaciones presentadas de la organización ecologista al respecto.

Greenpeace considera que «no hay razones» que permitan mantener a la fuerza centrales «sucias y peligrosas» para las personas y el medio ambiente y señala que el informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Greenpeace considera que el informe de la CNMC es un «mazazo» al ministro Nadal, al que «no le queda más alternativa» que retirar el borrador «inmediatamente» y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales «innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas para las personas y el medio ambiente» y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable.

El responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha destacado que la CNMC da la razón a sus argumentos y evidencia el aislamiento del ministro Nadal, que «está empeñado en entorpecer contra natura el cierre de centrales de carbón y nucleares”. Greenpeace ha alegado que el proyecto supondría bloquear la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y en manos de los ciudadanos porque solo sería una herramienta para «impedir el cierre de las centrales térmicas» contaminantes y peligrosas e incumplir el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia.

Además, Greenpeace denuncia que cualquier retribución de las que propone el Real Decreto podría ser considerada ayuda de Estado por la Comisión Europea y destaca que la CNMC señala la incompatibilidad de la propuesta de Nadal con el paquete de invierno al tiempo que el proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

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Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

Energía achaca a la falta de respaldo político no poder dificultar el cierre de centrales eléctricas con rango de ley

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Europa Press.- Mientras Luis Tudanca, del PSOE de Castilla y León, espera que el PP no haga lo mismo con la térmica de Velilla que con Garoña y deje «tirada» la comarca, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha esgrimido que la falta de respaldo del resto de grupos políticos en el Congreso de los Diputados, especialmente del PSOE, ha impedido que la normativa para endurecer el cierre de centrales eléctricas se haya podido aprobar mediante un real decreto ley.

Fuentes del gabinete dirigido por Álvaro Nadal recordaron que a lo largo de 2017 el Gobierno trabajó con este objetivo de sacar adelante una propuesta conjunta para elaborar una normativa con rango de ley con la que regular el cierre de centrales eléctricas, aunque no fue posible al no contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas del Parlamento. Ante esta situación, el Ministerio optó por una regulación para establecer las condiciones que no dejaran el cierre de centrales en manos de decisiones empresariales. Eso sí, con un desarrollo reglamentario sin rango de ley.

El PSOE teme el futuro

Por su parte, Luis Tudanca no se fía de que el PP no haga lo mismo con la central térmica de Velilla que lo que hizo con Garoña en Burgos y deje «tirada» a la comarca y los trabajadores de la térmica. «Estamos esperando que tome alguna decisión» añadió, pero se ha mostrado poco esperanzado porque en Garoña el PP prometió durante años que con ellos en el Gobierno nunca cerraría y que pondrían un Plan de Reindustrialización en marcha.

Tudanca no quiere ser «agorero» pero ha recordado que hace más de 5 meses que el PP firmó «la sentencia de muerte» de Garoña y desde entonces están esperando un Plan de Reindustrialización. «Espero que eso no pase aquí, que no deje tirados ni a los trabajadores de la térmica ni al resto de la comarca» ha aseverado, al tiempo que enumeraba los problemas con los que cuenta la zona.

La Diputación de Burgos aboga por un «plan global» que impulse económicamente el entorno de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha abogado por un «plan global» que sirva de revulsivo para todo el entorno de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, después de que se anunciase el cierre definitivo de la planta. «El Valle de Tobalina es uno de los paisajes más bellos de Castilla y León», ha aseverado Rico, antes de destacar la importancia de impulsar un plan que permita reactivar la zona en todos los ámbitos.

Por este motivo, el presidente de la Diputación de Burgos explicó que, frente a la posibilidad de acudir a planes concretos, la intención de la Institución provincial, a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), es potenciar un plan que sirva de revulsivo para toda la zona trabajando con todos los ayuntamientos del área de influencia de la planta. En este sentido, Rico avanzó que «no se esperará» al desarrollo de un plan de reindustrialización para el entorno de Garoña para adoptar medidas desde la Diputación, si bien ha recalcado que «si viene, viene».

CCOO lamenta que el Ministerio de Energía tardara 6 meses en convocar a los sindicatos para buscar solución al carbón

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Europa Press.- CCOO de Industria ha lamentado que el Ministerio de Energía «haya tardado 6 meses» en volver a convocar a los sindicatos para buscar una solución «al cierre desordenado» del carbón y que siga sin entender que la situación del sector es «dramática». El sindicato acudió «con la esperanza de avanzar en cada uno de los temas que se han incumplido del Marco de Actuación de la Minería del Carbón 2013-2018».

Varias peticiones sobre el carbón

Asimismo, CCOO reclama que la generación eléctrica con carbón siga teniendo su espacio en el mix eléctrico; que se establezcan mecanismos para que las centrales de generación que usan carbón nacional realicen las inversiones medioambientales; que se dinamicen las comarcas mineras a través de proyectos empresariales y que se promueva la investigación, el desarrollo y la innovación en proyectos de generación eléctrica con carbón autóctono y captura de CO2. Además, el sindicato afirmó que pidió al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, información sobre la solicitud de cierre de las centrales de Lada y Velilla, propiedad de Iberdrola, y Anllares, de Gas Natural Fenosa.

Nadal resalta la «alineación total» del Gobierno y los sindicatos de la minería para evitar el cierre de las térmicas

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Europa Press.- Mientras UGT anuncia encuentros con el resto de partidos para evitar el cierre de las centrales de carbón, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que existe una «alineación total» entre los sindicatos de la minería y el Gobierno en evitar el cierre de las centrales térmicas en España, «sobre todo si no es por una causa justificada». En este sentido, Nadal valoró muy positivamente la reunión mantenida en la sede del Ministerio con el conjunto de la industria.

A este respecto, el ministro de Energía defendió la tesis del Gobierno de que “si una central no pierde dinero, es rentable y necesaria para el sistema, se debe mantener y seguir funcionando», algo compartido por los sindicatos. Así, subrayó que pidió a los sindicatos que «trasladen esa misma postura a otros grupos parlamentarios, muchos de los cuales no quieren que se use el carbón para generar electricidad”, así como a «todos los sectores empresariales concernidos, no sólo al energético, sino también al industrial». A este respecto, advirtió que todas las empresas deben ser conscientes de que si la política energética no es correcta se producirá un aumento de los costes energéticos, que «son pérdida de puestos de trabajo industriales».

En lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente el medio utilizado para indemnizar a Escal por el cierre del almacén de gas Castor, Nadal indicó que el Gobierno está estudiando las implicaciones qué tendría para el sistema gasístico. Nadal reconoció que es «complicado» ver qué efectos tiene la decisión judicial ya que valida casi la totalidad del decreto ley, aunque anula «el acto formal de un artículo en concreto».

Los sindicatos apoyan al ministro

Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha manifestado su apoyo a la postura del ministro de Energía sobre el cierre de las térmicas y ha anunciado que pondrá en marcha una ronda de reuniones con partidos políticos a nivel nacional y con las autonomías afectadas «para que apuesten por el mantenimiento» del carbón en el mix eléctrico. En este sentido, el secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas, concretó que van a pedir reuniones a los 3 presidentes de las autonomías afectadas por el cierre de las térmicas (Asturias, Castilla y León y Aragón) para que, desde sus puestos, «presionen a los grupos políticos» contrarios a su mantenimiento.

Factura un 30% más cara

Hojas ha trasladado públicamente a Nadal «que no se sienta solo» y que «en ningún caso tiene que ceder a las presiones que está recibiendo». Hojas ha afirmado que, «sin las centrales nucleares y de carbón conectadas, la factura de la luz habría sido un 30% más cara«, por lo que ha pedido que las propuestas trasladadas desde el grupo de expertos de UGT se transformen en «un gran Pacto de Estado» en el que todos los actores diseñen «una política energética que garantice unas tarifas que no sean un factor de pérdida de competitividad».

También ha llamado a las empresas eléctricas «a que digan la verdad» sobre las emisiones. «Lo que tienen que hacer es invertir en las centrales de carbón», ha reiterado, añadiendo que » si las empresas térmicas hubieran invertido sus cuantiosos beneficios en tecnología de vanguardia, las emisiones serían mucho menores». Finalmente, Hojas ha llamado a elaborar políticas energéticas a largo plazo, «fuera de populismos y política fácil que busque votos» y advirtió de los «grandes riesgos» de deslocalización de grandes empresas si no hay una energía competitiva a precios europeos.