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Endesa gana 1.417 millones de euros en 2018 y supera sus objetivos establecidos para el año

Europa Press.– Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.417 millones de euros en 2018, lo que representa una caída del 3% con respecto al ejercicio anterior, aunque por encima de su objetivo de ganancias para el año de 1.400 millones de euros, según indicó la compañía.

La energética indicó que el beneficio neto se vio afectado por la dotación de pérdidas por deterioro para la central de Alcudia, decisión adoptada tras analizar las actuales condiciones regulatorias y de mercado que han afectado a la vida útil de la planta. Excluyendo esta dotación, el beneficio neto ordinario creció un 4%, hasta los 1.511 millones de euros. Los ingresos de la energética en 2018 ascendieron a 20.195 millones de euros, prácticamente en línea con los 20.057 millones de euros registrados el año anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en 2018 en los 3.627 millones de euros, con un crecimiento del 2%, mientras que el beneficio operativo (Ebit) fue de 1.919 millones de euros, un 6% menos. Endesa alcanzó así los objetivos que había anunciado al mercado para el ejercicio 2018 de un beneficio neto en torno a unos 1.400 millones de euros y un Ebitda en torno a los 3.500 millones de euros.

La compañía señaló que ha alcanzado estos resultados en un contexto caracterizado por los elevados precios de las materias primas energéticas y el alza significativa de los precios del CO2, lo que ha dado lugar a altos precios en el mercado mayorista, a pesar de que la generación hidráulica ha alcanzado en España niveles superiores a la media de los 10 últimos años y de que la producción eólica se ha incrementado en un 40%.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que los resultados del ejercicio 2018 demuestran «la capacidad de la compañía para realizar una gestión eficaz de sus negocios». Asimismo, subrayó que Endesa ha puesto en este 2018 «las bases para mantener la solidez de su negocio en el futuro gracias, entre otras cosas, al esfuerzo inversor realizado en capacidad renovable». Además, el grupo intensificará este esfuerzo en 2019, con la puesta en marcha de 879 MW de nueva potencia renovable.

Por otra parte, la compañía propondrá a la próxima junta general de accionistas, prevista para el 12 de abril, el pago de un dividendo bruto con cargo al resultado ordinario neto del ejercicio 2018 de 1,427 euros por acción (payout del 100%), lo que supone incrementar un 3% el dividendo de 1,382 por acción con cargo a los resultados de 2017. Además, esta retribución será un 7% superior al dividendo mínimo de 1,33 euros comprometido.

La demanda eléctrica crece por cuarto año consecutivo tras repuntar un 0,6% en 2018 con la nuclear liderando la generación

Europa Press.- La demanda de energía eléctrica peninsular ha alcanzado los 254.074 gigavatios hora (GWh) en 2018, lo que supone un 0,6% más que en el año anterior y mantener su tendencia de crecimiento por cuarto año consecutivo, según los datos provisionales de Red Eléctrica de España (REE). El gestor de la red señaló que si se tienen en cuenta los efectos de la laboralidad y la temperatura, la demanda ha aumentado un 0,5% respecto a 2017.

En 2018, el momento de mayor consumo (máximo de potencia instantánea) se registró el 8 de febrero a las 20.24 horas con 40.947 megavatios (MW), un 1% inferior al máximo del año 2017, y casi un 10% por debajo del récord histórico de 45.450 MW que se produjo en diciembre del 2007. En cuanto a los sistemas extrapeninsulares, la demanda de energía eléctrica ha aumentado en Baleares, Ceuta y Melilla con un 0,7%, 2,4% y 1,7%, respectivamente, mientras que en Canarias ha caído un 1%. En total, la demanda de los sistemas extrapeninsulares ha alcanzado en 2018 los 15.320 GWh.

En lo que respecta a la generación renovable en 2018, representó el 40% de la producción total de electricidad, siendo la eólica la segunda tecnología con mayor participación en el mix energético, con un 19,8% del total, y la hidráulica la que más ha incrementado en su aportación, pasando del 7,4% en el 2017 al 13,7% en 2018. Por su parte, la nuclear, responsable del 21,4% del total, ha sido la tecnología líder de generación en 2018, mientras que el carbón ha caído en 2,6 puntos porcentuales, hasta el 14,5%.

A este respecto, el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, valoró que este incremento de 6,3 puntos porcentuales de generación renovable en 2018 «refleja que España está en el buen camino hacia la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible y nos acercan al cumplimiento de objetivos europeos». Además, consideró que estos datos avalan la «capacidad de gestión cada vez mayor de las tecnologías renovables de generación eléctrica y su efectiva integración en el sistema, de forma que desplace a la producción eléctrica contaminante y reduzca la dependencia energética exterior de nuestro país».

La Península Ibérica completa su cobertura de la demanda con los intercambios internacionales de energía eléctrica. En 2018, las importaciones han registrado 10.624 GWh, lo que representa en torno al 4,2% de la demanda peninsular. Asimismo, el parque generador de energía eléctrica en España es cada vez más renovable y menos dependiente de tecnologías contaminantes. En 2018, el ciclo combinado se ha reducido en un 1,5%, mientras que han entrado en servicio más parques de generación eólica, solar fotovoltaica y de otras renovables, que incrementan su potencia instalada en un 0,5%, 0,4% y 0,6%, respectivamente.

Con estimaciones a 31 de diciembre, la potencia instalada peninsular es de 98.651 MW, lo que supone un descenso del 0,2% respecto al año 2017. En este sentido, Sevilla cree que España está haciendo «un gran esfuerzo» en la puesta en marcha de proyectos de generación renovable y en la reducción de su dependencia de combustibles fósiles, «más caros y más contaminantes». Asimismo, destacó que 2019 será el año «en que se materialicen los esfuerzos de situar a España en la vanguardia en materia de renovables: se prevé que se instalen 8.000 nuevos MW de potencia eólica y solar fotovoltaica«.

Según las previsiones de Red Eléctrica, la red de transporte de electricidad en España cuenta con 44.243 kilómetros de circuito de líneas, de los que 313 se han puesto en servicio en este año. De ellos 128 se han construido en la Península, 140 en Canarias y 45 en Baleares. La red de fibra óptica empleada por REE para operar el sistema eléctrico cuenta, por su parte, con 33.687 kilómetros, según los datos de 2018.

La ONU condena la «criminalización» del líder indígena guatemalteco Bernardo Caal Xol por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica

Europa Press.- Relatores de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han lamentado la «criminalización» en Guatemala del líder indígena Bernardo Caal Xol, condenado en noviembre a 7 años y 4 meses de cárcel por oponerse a la construcción de una presa hidroeléctrica.

Los expertos de la ONU han relacionado el dictamen judicial con el papel de Caal Xol como representante de las comunidades qeqchí del municipio de Santa María Cahabón en sus acciones legales contra la empresa Oxec para frenar este proyecto energético. La ONU denuncia que «el proyecto comenzó sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas y ha tenido un impacto perjudicial sobre el medio ambiente, los recursos naturales, el acceso al agua y la salud de las comunidades qeqchí».

En enero de 2017, el Tribunal Supremo suspendió el proyecto y, en mayo de ese 2017, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho al consentimiento libre, previo e informado del pueblo qeqchí. Entretanto, una empresa subsidiaria de Oxec empezó a presentar cargos penales contra Caal Xol, en prisión preventiva desde enero de 2018. «La criminalización del señor Caal Xol ha estado precedida por virulentas campañas de difamación en los medios de comunicación, describiéndolo como un criminal violento que actúa en contra de los intereses de la nación», ha recordado la relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Una condena “desmesurada” por robo

Tauli-Corpuz y otros relatores especiales han considerado que «la condena de Caal Xol a más de 7 años de prisión por cargos de detención ilegal y robo agravado de un taladro, una caja de herramientas y fibra óptica parece desmesurada y se basó principalmente en testimonios de afiliados de Oxec». «Es un aparente intento de silenciar y desacreditar el ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad indígena», han afirmado.

Los relatores han alertado de que «no es un caso aislado», sino que «hay numerosos miembros de comunidades indígenas que están siendo criminalizados en Guatemala por defender sus tierras tradicionales y recursos contra proyectos de desarrollo a gran escala que causan daños ambientales«. En este contexto, han instado al Gobierno «a garantizar la protección efectiva de los indígenas defensores de Derechos Humanos», han recordado a las empresas que «tienen que respetar los Derechos Humanos» y subrayan que «las investigaciones criminales deben ser independientes e imparciales».

El Congreso reclama al Gobierno que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado y los consumidores

Europa Press.- El pleno del Congreso ha reclamado al Gobierno, con el voto del PP, PSOE y Unidos Podemos, que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado, las confederaciones hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados.

Todo ello una vez se descuente un «beneficio industrial razonable» para su explotador, teniendo en cuenta «la realidad de un sector ya maduro», según reza la moción impulsada por Unidos Podemos, y finalmente pactada con PP y PSOE. Este texto ha contado con el apoyo del resto de grupos, a excepción de Ciudadanos y UPN, que se han abstenido, y de Foro Asturias, que ha votado en contra. Con esta moción, el Congreso ha reclamado que la explotación de estos aprovechamientos hidroeléctricos supongan la inversión de al menos del 20% de los ingresos que se deriven de las mismas en los territorios afectados, con el fin de combatir la despoblación.

El texto también pide al Gobierno el desarrollo de «un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos» de cara a la extinción de concesiones, y que en este marco se reconozca el agua «como un bien de dominio público que debe gestionarse desde la perspectiva del interés general, apoyándose en el principio de unidad de cuenca». Así, pide que, una vez venzan las concesiones, la titularidad pase a manos públicas, y que en caso de que se otorguen nuevas concesiones, se realicen mediante concurso público y con una serie de condiciones.

Concretamente, con unos plazos de 5 años, elevándose hasta los 30 años cuando haya inversiones, pero nunca superando el período de amortización, y con la obligación de «seguir las consignas del operador del sistema» eléctrico con el fin de «facilitar la entrada de energías renovables y de contención del precio de mercado«. Para la extinción de las concesiones, pide garantizar la transparencia e información a las comunidades autónomas, entidades locales y ciudadanía sobre la situación administrativa de cada salto y la caducidad de su concesión.

La Justicia de Honduras declara culpables a 7 personas por el asesinato de Berta Cáceres, activista contra una presa hidroeléctrica

Europa Press.- Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables a 7 de los 8 acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena. Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los 7 condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. 4 podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión. Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.

El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019. La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona. Entre los condenados por el crimen se encuentra un ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, empleado de la compañía. Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno de Juan Orlando Hernández alienta la inversión.

«La justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes», ha señalado Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres. La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado. Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.

Ribera estudia que las cuencas asuman las instalaciones hidroeléctricas al acabar su concesión mientras Unidos Podemos pide su gestión pública

Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que «no es descartable» que las cuencas hidrográficas puedan explotar «de forma transitoria al menos» instalaciones hidroeléctricas cuya concesión finaliza, asumiendo como «ingresos propios» los beneficios que puedan derivarse «sin que puedan cederse a un tercero«. Así lo ha asegurado durante la interpelación dirigida por el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, en el Pleno del Congreso.

Ribera ha destacado la extinción de estas concesiones como una «oportunidad» para replantear el papel que debe jugar en la transición energética la energía hidroeléctrica, que representa un 20% de la potencia instalada, y «moderar los precios de mercado». La ministra ha subrayado que deberá ser la Dirección General de Aguas, quién evalúe qué hacer con las instalaciones a medida que se van extinguiendo estas concesiones. Según ha explicado, deberá analizarse «en el marco comunitario» si estas instalaciones son financieramente viables, o incluso si deben ser demolidas en caso de que su mantenimiento sea contrario al interés público. Asimismo, Ribera ha señalado que podrían sacarse de nuevo a concurso instalaciones.

En estos pliegos, ha añadido, deberá incorporarse la retribución al organismo de cuenca por canon concesional, un plan de inversiones, una valoración del inmovilizado con su inventario y con la obligatoriedad de que la reversión sea «gratuita y libre de cargas», de forma que la Administración no deba asumir ningún coste en caso de aprovechar las instalaciones. En este sentido, la ministra cree que «la demanda social» de «revertir al interés público» los beneficios de las instalaciones hidroeléctricas «debe ser atendida«, una demanda que, ha asegurado, «encaja» con las premisas de las directivas comunitarias correspondientes.

El diputado Josep Vendrell (En Comú Podem) ha coincidido en la «oportunidad histórica» que se presenta con la caducidad de estas concesiones. A su juicio, han sido «un chollo» durante estos años al tratarse de centrales «hiperamortizadas». Por ello, ha reclamado al Gobierno que facilite la gestión de las mismas a través de sociedades públicas que exploten estas instalaciones y, aunque ha concedido que es «admisible» que puedan volver a producirse concursos, «no sin revertir beneficios» al sector público, y ha defendido que la reversión pueda llevarse a cabo a través de una titularidad pública.

Ha exigido un «debate a fondo» sobre esta cuestión, el establecimiento de auditorías sobre las concesiones, la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y el papel que han jugado estas instalaciones en los precios del sistema eléctrico. Y es que ha señalado que la producción de energía hidroeléctrica «es enormemente rentable«, pues al estar construidas en un anterior período regulatorio y estar ya amortizadas, gozan de una sobrerretribución que, ha recordado, el acuerdo presupuestario del Gobierno con Unidos Podemos, llamaba a acabar. Asimismo, ha recordado las denuncias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por casos de «manipulación de precios».

Ribera afirma que las medidas adoptadas convierten al país en el que más ha caído el precio de la electricidad

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con la caída desde máximos del precio del CO2, han permitido a España «pasar de ser el líder» en Europa en los incrementos en los precios de la electricidad a «ser el país, junto a los nórdicos, en el que más ha caído el precio mayorista en octubre».

En comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera valoró así las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo a principios de octubre para combatir la espiral alcista en el precio de la luz de los últimos meses, aunque subrayó que no es suficiente y que «hay que seguir trabajando» y adoptando «medidas de fondo». El recibo de la luz vio cortada en octubre la tendencia alcista de los últimos meses y se abarató por primera vez desde mayo, mitigando así las subidas de agosto y septiembre.

Ribera indicó que combatir el alza en el recibo de la luz ha sido «uno de sus primeros mensajes» desde que llegó al Gobierno ya que la electricidad limpia y eficiente tiene «un inmenso futuro», aunque es necesario mantener unos «precios razonables y evitar sobrecostes que dificulten el periodo de transición«. Así, subrayó que desde marzo se ha vivido una espiral alcista de «subidas muy importantes y continuas no previstas por el Gobierno anterior». «El señor Nadal dijo que iba a bajar el precio por sus medidas, pero se le olvidó que el CO2 era un factor que existía y que iba a incidir en el precio de la energía».

Concesiones de las centrales hidroeléctricas

Además, Ribera indicó que «en las próximas semanas» se presentará una propuesta que afectará a la prórroga de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que expiran en estos años ya que el agua para generación eléctrica existe en «un volumen limitado» y es necesario pensar «en las condiciones más acordes al siglo XXI». La ministra, que no entró en más profundidad al respecto, subrayó que el objetivo debe ser el de «garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que es público«.

Ribera también destacó ese real decreto de medidas urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, aprobado el pasado octubre, como un primer conjunto de señales en el camino que se quiere tomar, con medidas como el fin del impuesto al sol o los ajustes para asegurar que España «llegue con los deberes hechos» en materia de energías renovables o la eliminación de trabas que impiden el despliegue de la movilidad eléctrica.

«En todo caso, la señal más precisa consiste en la adopción del marco estratégico que ha de conducirnos a un camino distinto en los próximos años, ese puente que hay que construir entre la realidad actual y la realidad que queremos en 2030«, subrayó, remarcando que estarán recogidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa del Gobierno.

Concretamente, estima que son «piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí», que fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030, con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada 5 años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes «obligatorios» en la contratación pública.

La Fundación Princesa de Asturias compensará la huella de carbono generada por sus actividades con pequeñas hidroeléctricas en China

Europa Press.– La Fundación Princesa de Asturias compensará la huella de carbono que se genere por sus actividades durante la semana de los premios. Este compromiso supone que los Premios Princesa de Asturias dispongan de nuevo de la etiqueta CeroCO2, sello que la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) concede a las empresas y entidades que compensan su impacto medioambiental y con el que la Fundación cuenta desde 2012.

La Fundación comenzó con este compromiso en 2011. Desde entonces, ha logrado reducir en un 41% los indicadores de emisiones de CO2 pese al aumento de emisiones totales como consecuencia del mayor número de asistentes a los actos, ya que en 2011 participaron 8.670 personas y en 2017 20.683, y al significativo incremento de actividades realizadas durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

La Fundación compensará su huella de carbono a través del proyecto Pequeñas y micro centrales hidroeléctricas, que permite a zonas rurales y montañosas del suroeste de China producir energía libre de emisiones. Las centrales utilizan saltos naturales sin necesidad de un dique de contención para generar energía sostenible. Además de la compensación, el compromiso medioambiental de la Fundación incluye la reducción de su huella de carbono, para lo que también contará con 4 vehículos eléctricos y 2 vehículos híbridos (eléctrico y gasolina) cedidos por la Fundación EDP, que serán usados para desplazamientos de personal de la Fundación Princesa de Asturias.

La Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático denuncia que los 12 grandes proyectos hidroeléctricos del país podrían triplicar su deuda

EFE.- Los planes de Bolivia de construir en los próximos años 12 grandes presas hidroeléctricas pueden duplicar y hasta triplicar la deuda del país y causar daños graves en el ecosistema, según denunció la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático.

Así lo afirma Martin Vilela, coordinador de Justicia Climática de la ONG, durante la Conferencia sobre el Cambio Climático que tuvo lugar en Bangkok.

Vilela afirmó que los casos más preocupantes son las presas de Bala-Chepete y Rositas en la cuenca amazónica que no han contado, según él, con una consulta informada previa de las comunidades e invadirán terrenos de parques naturales.

El activista boliviano añadió que las hidroeléctricas, proyectadas para exportar energía, producirán electricidad a precios no competitivos en un mundo que avanza hacia otras tecnologías renovables.

También se mostró preocupado por la apuesta del Gobierno de Evo Morales por el biocombustible, lo que significará que la deforestación aumente desde las 200.000 o 340.000 hectáreas anuales en la actualidad a 420.000 hectáreas por año en el futuro.

En su opinión, el fracking de hidrocarburos y la energía nuclear, también incluidas en los planes del Gobierno boliviano, asimismo son contraproducentes.

«En Bolivia vivimos un gran desafío porque el Gobierno solo entiende el desarrollo como crecimiento económico», indicó Vilela.

El activista denunció que en este sentido las autoridades bolivianas han perseguido en los últimos diez años «un modelo de industrias extractivas en energía».

Las ONG bajo la plataforma demandan que los países desarrollados abandonen las fuentes de energía contaminantes en 2030 y las naciones en desarrollo lo hagan en 2050, como muy tarde.

También exigen una moratoria a la energía nuclear a partir de 2019 y la prohibición de la hidrofracturación o fracking de gas y petróleo.

Los delegados en Bangkok negocian un manual de normas y directrices que incluya metas, calendarios y políticas para que los países reduzcan sus emisiones de gases contaminantes, responsables del calentamiento global, de acuerdo con el Acuerdo de París (2015).

Uno de los escollos en las negociaciones es cómo van a hacer efectivo los países desarrollados los 100.000 millones de dólares anuales que se han comprometido a aportar a las naciones en desarrollo a partir de 2020 para luchar contra el cambio climático y paliar sus efectos.

La cita de Bangkok, en la que participan más de 1.400 delegados de 182 países, es la última reunión preparatoria antes de la Cumbre del Clima (COP 24) que tendrá lugar en Katowice (Polonia) en diciembre.

El Observatorio de la Sostenibilidad urge al Gobierno a rescatar las concesiones hidroeléctricas para abaratar el precio de la electricidad

Europa Press.- El Observatorio de la Sostenibilidad ha recomendado al Gobierno recuperar el total de los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado con el fin de abaratar el precio de la electricidad y tener un mayor control de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua una vez que las concesiones a grandes empresas realizadas por periodos de 75 años ya han sido «suficientemente amortizadas».

El Observatorio de la Sostenibilidad ha detallado en un informe por comunidades autónomas todas las concesiones hidroeléctricas para que los organismos públicos vigilen y soliciten la reversión de estas concesiones, de forma que el beneficio se pueda revertir a la sociedad, sobre todo a aquellos municipios que «ya han soportado» los efectos ambientales de la presencia de las presas, que coincide con territorios de menor nivel de riqueza. Entre las principales razones que han llevado al Observatorio de la Sostenibilidad a realizar dicho informe se encuentran los elevados precios de la electricidad registrados este verano, cuando han alcanzado niveles récord de los últimos 10 años a pesar de que el país cuenta con «abundantes» reservas hídricas en los embalses hidroeléctricos.

La entidad también ha denunciado que la electricidad que pagan los españoles se encuentra entre «las más caras de Europa», lo que supone una «fuerte» traba para la competitividad de las empresas y un «grave» problema para las capas de la población «que no pueden enfriar sus casas en verano o calentarlas en invierno». Además, el OS ha mostrado su preocupación por las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que llegaron a los 411 partes por millón (ppm), y ha señalado que la economía española fue entre 2014 y 2017 la mayor emisora de este contaminante entre los países desarrollados.

El informe también destaca que alrededor del 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya han expirado y que otro 8% irá caducando hasta el 2030. Junto a esta recomendación, el OS también solicita que se reduzca el periodo de concesión de las grandes hidráulicas a menos de 50 años, desde los actuales 75 años, que se analice con detalle la priorización del uso del agua y que las futuras licitaciones tengan en cuenta unos resultados favorables para el bien común y no las determinadas hace 75 años, en un periodo de autarquía.