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La central nuclear Vandellós II inicia una secuencia de parada tras detectar una incidencia

Europa Press.- La central nuclear Vandellós II ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha iniciado la secuencia de parada para intervenir en uno de los canales de instrumentación de flujo neutrónico de rango extendido, tras detectar una incidencia sin afectación para las personas ni el medio ambiente. Según indicaron, se ha detectado una desviación superior al 5% en una de las indicaciones de flujo neutrónico de rango extendido durante una vigilancia periódica de los parámetros de la Sala de Control.

Esta señal forma parte de la instrumentación de vigilancia, es de naturaleza pasiva y no tiene ninguna acción automática de control ni función alguna en operación normal. Se ha verificado que las lecturas del canal redundante de instrumentación de flujo neutrónico de rango extendido son correctas y que se encuentra en estado operable. Para la resolución de la incidencia se debe situar la planta en un modo en el que dicha instrumentación no es requerida, motivo por el que la central se desacopló de la red. Una vez reestablecida la instrumentación y comprobado su correcto funcionamiento, Vandellós II volverá a sincronizarse a la red eléctrica.

El Gobierno nombra nuevo director del IDAE a Joan Herrera, antiguo líder de ICV (Iniciativa por Cataluña – Los Verdes)

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha nombrado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, a Joan Herrera Torres como director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Herrera nació en Barcelona en 1971 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Además, está especializado en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, con un postgrado en la Universidad Pompeu Fabra.

En la actualidad es profesor asociado de la Universidad de Gerona, donde imparte Teoría de las élites en España. Además, es patrón de la Fundación Energías Renovables y autor de dos libros. Durante la octava legislatura, entre 2004-2008, Herrera fue diputado y portavoz del Grupo Izquierda Verde-IU-Iniciativa per Catalunya Verds, un cargo en el que siguió durante la IX legislatura hasta octubre de 2010. A partir de esa fecha pasó a ser diputado y presidente del Grupo Parlamentario de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña. Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica, su actividad parlamentaria ha estado vinculada a la economía verde, siendo portavoz e impulsor de diferentes iniciativas en materia energética y ambiental.

La nueva Gas Natural Fenosa de Francisco Reynés pasa a denominarse Naturgy para reivindicarse como una compañía energética

Europa Press.- Gas Natural Fenosa ha pasado a denominarse Naturgy, con una nueva imagen de marca con la que la compañía busca adaptarse a la transformación en la que se encuentra inmersa desde la llegada a la presidencia de Francisco Reynés. La compañía nació como Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas en el siglo XIX y a lo largo de su historia ha tenido distintas denominaciones, como Gas Natural SDG. En 2009, tras la fusión con Fenosa pasó a denominarse Gas Natural Fenosa.

Reynés ha justificado el cambio de denominación en el hecho de querer ser «reconocida como una energética y no sólo como una gasista«. Reynés destacó que a lo largo de la historia el grupo ya ha cambiado en varias ocasiones su nombre y que este nuevo cambio no obedece a «ninguna manía», sino a la necesidad de adoptar un nombre «corto» que agrupe el deseo de expansión internacional de la empresa y de todas las actividades, «sin ser mayoritariamente el de una parte». «Apostamos mucho por el gas natural, pero no sólo por el gas natural», matizó Reynés al respecto.

La demanda eléctrica creció en 2017 pero sigue un 5% por debajo de su máximo histórico de 2008

EFE / Europa Press.- La demanda eléctrica en 2017, a pesar de crecer por tercer año consecutivo, siguió por debajo del máximo histórico que marcó en 2008. En concreto fue un 5% menor, según el informe El sistema eléctrico español en 2017, de Red Eléctrica de España (REE), con Andalucía y Cataluña encabezando el consumo eléctrico.

Este informe fue presentado en un acto en el Club Español de la Energía por el presidente de REE, José Folgado, y el director de Regulación de REE, Luis Villafruela, expuso los principales datos del informe del sistema eléctrico en 2017, año en el que el consumo eléctrico fue de 268.140 teravatios hora (TWh), un 1,1% más que el año anterior, que se eleva al 1,6% corregidos los efectos de calendario y temperaturas, crecimientos que distan del 3% de media anual que hubo hasta 2008.

En 2017 España se situó como el quinto mercado eléctrico de la Unión Europea, con un crecimiento superior del consumo y del PIB al de los países que le preceden. Por sectores, en 2017 la industria volvió a ser el sector en el que más creció la demanda, un 2% por encima de la media mientras que el sector servicios creció un 0,4% respecto a 2016. En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía encabezaron el consumo, aunque en consumo per cápita la primera fue Asturias por el peso de la industria en la demanda final de esa región, como ocurre en otras regiones con fuerte actividad industrial, como País Vasco, Navarra y Aragón.

En cuanto al instante de mayor demanda, en 2017 volvió a registrase en invierno,  concretamente el 18 de enero a las 19:50 horas, cuando se alcanzó la cifra de 41.381 MW, superando en un 2,2% al máximo de 2016, que fue por primera vez y única en la historia en verano, en concreto en septiembre. La punta de demanda de 2017 fue inferior en un 9% a la que hubo en 2007, cuando en diciembre se alcanzó un récord histórico de 45.450 megavatios hora (MW).

Si se compara el mix de generación con el que había en 1998, se ve que en ese momento no figuraban en él la fotovoltaica, la solar y los ciclos combinados, y que la eólica tenía un porcentaje muy bajo, mientras otras fuentes, como el fuel-gas ha desaparecido en la Península y sólo quedan 2.000 megavatios (MW) en las islas. La energía nuclear y la eólica fueron, por este orden, las dos fuentes que sustentaron en 2017 el consumo energético en España. De hecho, en tres comunidades autónomas como son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra, más del 50% de su producción de energía fue renovable, por encima de la media nacional del 32%.

Tanto Folgado como Villafruela han resaltado que el reciente acuerdo para que el 32% de la demanda final de energía sea renovable obligará a situar la penetración de renovables en el sistema eléctrico en un 72%/76%. En el caso de España, Villafruela ha señalado que el peso de las renovables en la generación de electricidad ha oscilado entre el 40,3% que hubo en 2014 y el 33,7% de 2017, año marcado con una baja hidraulicidad, cuya producción de electricidad cayó un 49% debido a la ausencia de lluvias en un año especialmente seco, su nivel más bajo desde 2005, y arrastró a las energías renovables a su generación más baja en los últimos 5 años.

Esta caída de las renovables supuso un aumento de la participación de la generación térmica, principalmente del ciclo combinado con un 27% más y del carbón con un 21% más, con el consiguiente incremento en un 17,9% de las emisiones de CO2 con respecto al 2017. Asimismo, Folgado señaló que la tecnología es «un pilar fundamental» en la gestión de las renovables, ya que permite su optimización en un contexto de escasas interconexiones con Europa.

España es el segundo país europeo con mayor capacidad eólica instalada, con una tasa de penetración de las renovables que se verá incrementada cuando entren en funcionamiento los 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable que se adjudicaron en las últimas subastas. No obstante, Folgado cree que alcanzar un objetivo del 100% de energías renovables no se conseguirá sin interconexiones eléctricas, con independencia del respaldo del gas. En cuanto al precio de la energía, en 2017 el precio medio en España fue de 60,6 euros el megavatio hora (MWh), que fue el más alto desde 2008 y que estuvo condicionado por una ola de frío, la parada de varias nucleares en Francia y la baja hidraulicidad.

La capacidad instalada del parque generador en España se situó en 2017 en los 104.122 megavatios (MW), con un descenso del 0,5% con respecto al año anterior. Esta reducción, por segundo año consecutivo, se debió principalmente al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, de 455 MW. Así, el 46,3% de la capacidad instalada en España correspondía a energías renovables y el 53,7% a no renovables.

Por comunidades autónomas, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha concentraron más de la mitad de la potencia de generación renovable nacional. De hecho, más del 70% de la potencia instalada en Castilla y León y en Castilla-La Mancha fue de origen renovable. Por tecnologías, Castilla y León fue la comunidad con más potencia eólica, con más de un 24%, e hidráulica, con cerca del 26%, instalada. Mientras, Castilla-La Mancha fue la región con más solar fotovoltaica, con casi el 20%, y Andalucía lideró la termosolar, seguida por Extremadura, sumando entre las dos comunidades el 80% de la potencia total instalada de esta tecnología.

En Comú (Unidos Podemos) exige a Ribera que frene el gasoducto MidCat entre Francia y España a través de Cataluña

Europa Press.- En Comú Podem ha exigido a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la paralización del proyecto MidCat de interconexión energética a través del gasoducto entre España y Francia, tras el informe remitido a la Comisión Europea que cuestiona su viabilidad económica y su impacto sobre el medioambiente.

Para ello, el diputado Josep Vendrell ha registrado una proposición no de ley para su debate tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, en la que reclama al Gobierno rechazar esta interconexión. Asimismo, Vendrell pide al nuevo Ejecutivo que promueva reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que rechace la solicitud de inversión de Enagás, recordando que en junio del año pasado el regulador condicionaba la entrada de este proyecto en el sistema gasista a su aprobación definitiva, y esta a las decisiones que se tomaran, de forma coordinada, entre España y Francia.

«Ante la no idoneidad del proyecto demostrada por el análisis independiente coste-beneficio desfavorable entregado a la Comisión Europea, el propio regulador debería rechazar las solicitudes de inversión de Enagás», considera Vendrell, que señala que la propia Comisión de Regulación de la Energía de Francia informó de que el proyecto aumentaría los precios de la energía, sin que la infraestructura incidiera en la seguridad de suministro.

MidCat, gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que la formación catalana de Unidos Podemos busca revisar. Así, pide al Gobierno que solicite a la Comisión que no proporcione fondos públicos a este proyecto.

En su iniciativa, Vendrell se apoya en el último informe realizado por la consultora Pöyry en el que, critica, no queda acreditada la posible reducción de las tarifas y se cuestiona la viabilidad económica. Es más, sostiene que la consultora «explicita que el proyecto obedecería, en todo caso, a intereses de Francia, y que la apuesta por combustibles fósiles tendría para España un importante impacto sobre el territorio«. Por otro lado, también apunta a la «contradicción» que supone, a su juicio, la apuesta por un mayor peso de las energías renovables y apoyar infraestructuras gasísticas.

Además, Vendrell incide en la división del proyecto original, ya que primero se desarrollaría el denominado STEP I, que uniría España con Francia, y después se conectaría la parte sur de Francia con el norte del país, con el proyecto STEP II. Un «troceo» que Vendrell critica porque «dificulta los controles y trámites administrativos” y el riesgo que expone a España ya que la posibilidad de que la segunda fase no se desarrolle «dejaría un agujero económico y medioambiental que volvería a ubicar a España en la vanguardia de Estados con infraestructuras en desuso y abandono» que, además, acabaría repercutiendo en la correspondiente factura energética.

Energía considera que ha acatado y cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Castor tras pedirlo el Parlamento de Cataluña

EFE / Europa Press.- Energía considera que ha acatado y cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló parcialmente el decreto en el que se fijó la indemnización por la paralización del almacén de gas Castor al dar traslado de ella a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Fuentes de este departamento han manifestado, tras la presentación por el Parlamento de Cataluña de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional para exigir que se adopten medidas para que se ejecute la sentencia sobre el almacén de gas Castor, que, por lo que respecta al Ministerio, se ha cumplido con lo establecido en la sentencia. El Ministerio de Energía, tras anular el Constitucional la indemnización de 1.350,7 millones de euros que fijó el real decreto-ley para los promotores del proyecto, comunicó a la CNMC la decisión judicial para que adoptara las medidas oportunas.

La CNMC paralizó los pagos para abonar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) por el almacén de gas y, en enero pasado, cuando se hizo pública la liquidación del sector eléctrico correspondiente a noviembre de 2017, además de paralizar esos pagos, estableció que los titulares de los derechos de cobro dejaban de ser sujetos del sistema de liquidaciones. Asimismo, eliminó del procedimiento de liquidación del ejercicio los costes de operación y mantenimiento del almacén reconocidos con cargo al sistema gasista y que realiza Enagás.

Indemnización: 1.350 millones de euros

El Gobierno suspendió en 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que se produjo la sentencia a través de las liquidaciones de la CNMC. Santander, CaixaBank y Bankia formularon el pasado 6 de abril al Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban la devolución del dinero aportado. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, indicó recientemente que el Ministerio tenía 6 meses para responder a esa reclamación de los bancos y que se pediría un informe al Consejo de Estado.

Solicitud del Parlamento de Cataluña

Por su parte, el texto de los letrados de la Cámara alega que la nulidad ha supuesto «un grave perjuicio para el conjunto de usuarios al haber tenido que soportar una carga económica indebida» mientras estuvo vigente el decreto ley que fijó la compensación. Se expone que «no consta que el Gobierno, en tanto que autor y responsable de la norma, haya adoptado medida alguna para reparar los graves efectos» producidos al patrimonio de todos los usuarios del sistema gasista que soportaron el pago de la compensación. Este incidente de ejecución se presenta tras solicitar al Constitucional «la adopción de las medidas necesarias para reparar los daños y perjuicios causados a los usuarios y consumidores» por la norma declarada inconstitucional.

Firmado por el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, el texto recoge que los poderes de ejecución de que dispone el Tribunal Constitucional en relación con el efectivo cumplimiento de sus sentencias ha sido «una cuestión especialmente controvertida a raíz» de la reforma legal que incrementó los poderes del tribunal. Recuerda que «la gestación y los orígenes de esta reforma legal tienen relación directa con el proceso político seguido en Cataluña en los últimos años», por lo que no se pueden omitir a la hora de reclamar la ejecución de la sentencia del Castor.

Así, concluye que el propio Tribunal Constitucional ha considerado que sus poderes de ejecución de sus resoluciones con «plenamente coherentes con la Constitución» pese a que estas facultades no están expresamente recogidas en la Carta Magna. Por todo, afirma que el Tribunal Constitucional debe tomar las medidas pertinentes para ejecutar la sentencia para «la protección del conjunto de ciudadanos que se han visto afectados por el deber de soportar una carga patrimonial impuesta por el legislador, el decreto de compensación, en contra de la Constitución«. La Cámara solicita al Constitucional que requiera al Gobierno, como órgano superior de la Administración del Estado, abstenerse a utilizar la figura del decreto ley para regular los aspectos económicos de la extinción del Castor.

Prado (Endesa) considera que es momento de planificar el futuro para determinar “las inversiones necesarias en los próximos años”

Europa Press.- El presidente de Endesa, Borja Prado, considera que es el momento de «planificar el futuro«, para lo que es «imprescindible contar con una hoja de ruta que señale el destino y la cuantía de las inversiones necesarias en los próximos años». De esta manera, subrayó que, «por muy claros que estén los objetivos», hay que decidir «cuál es el camino más adecuado y beneficioso para todos», una decisión «crucial» que compete al Congreso y al Gobierno.

Asimismo, Prado requirió a las fuerzas políticas «sabiduría, determinación y habilidad» para lograr «consensos» con el fin de ser capaces de encontrar una solución al conflicto en Cataluña. En su discurso ante los accionistas de la compañía, Prado señaló que el horizonte político del país continúa «afectado por la compleja situación» en Cataluña, que supone «una amenaza y una brecha en la convivencia». «Más allá de los acontecimientos, que no me corresponde juzgar, la situación que hemos alcanzado supone una amenaza y una brecha para la convivencia tan extraordinarias”, afirmó.

Prado valoró el balance macroeconómico de España en 2017, que supone «un verdadero orgullo para nuestro país», con un crecimiento de la economía del 3,1%, alcanzando un crecimiento acumulado del 10% en los tres últimos años, «muy por encima de la media de la Unión Europea y de los países de nuestro entorno«. Asimismo, consideró que el objetivo de crecimiento del 2,8% para este año «sigue siendo ambicioso», aunque subrayó que permitirá a España «seguir acortando distancias con los socios europeos, y se mostró convencido de que se alcanzará el objetivo del Gobierno de 20 millones de empleos en 2019.

Predisposición al dialogo y entendimiento

Por otra parte, el presidente de Endesa mostró al Gobierno y al Ministerio de Energía su predisposición «al diálogo y al entendimiento» para afrontar los retos que tiene el sector energético. «El Gobierno y el Ministerio de Energía saben que coincidimos en numerosas cuestiones de la política energética, sobre todo, en las esenciales», señaló Prado, quien subrayó que, cuando no se produce tal coincidencia, «saben que cuentan con nuestra predisposición al diálogo y al entendimiento«. Así, ante los «retos y dificultades» que plantean los objetivos energéticos y económicos; y la regulación del sector, subrayó que Endesa trata siempre de «encontrar y ofrecer propuestas constructivas como empresa, pero sin abandonar una visión global de las cuestiones».

Por otra parte, Prado valoró los «excelentes» resultados logrados por la compañía en 2017, con un beneficio neto de 1.463 millones de euros, un 3,7% más, que refuerzan la política de dividendos de Endesa, «que establece el reparto del 100% del beneficio ordinario neto en los ejercicios 2017 a 2020. La propuesta de dividendo para 2018 del grupo asciende a 1,38 euros por acción, un 4% más que el repartido con cargo al ejercicio 2016.

A este respecto, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, indicó que el plan del grupo para el periodo 2017-2020, en el que prevé un aumento del beneficio neto a razón de un 6% anual, hasta alcanzar los 1.600 millones de euros al final del periodo, permitirá mantener «una atractiva remuneración» para los accionistas, con un payout del 100% y un mínimo de 1,33 euros brutos por acción para 2018.

El Parlamento de Cataluña acude al Constitucional para denunciar «el incumplimiento» del Gobierno de la sentencia en el caso Castor

Europa Press / EFE.- La Mesa del Parlamento de Cataluña ha acordado presentar un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional por «el incumplimiento» que consideran que está llevando a cabo el Gobierno central de la sentencia por el cierre del almacén de gas Castor. Un incidente de ejecución es el mecanismo por el que se plantean asuntos relativos al cumplimiento del contenido de un fallo del propio tribunal.

Fuentes parlamentarias explicaron que el Gobierno central «no está devolviendo el dinero que ha hecho pagar ilegalmente a los ciudadanos en la factura del gas» para indemnizar a la empresa promotora y por eso la Mesa ha decidido acudir al Constitucional. La Mesa, controlada por la mayoría de JxCat y ERC, busca que «el Estado se mueva ante la indefensión de los ciudadanos, que ven como la administración del Gobierno no hace nada por ellos», han añadido las citadas fuentes.

1.350,7 millones en el aire

El Gobierno suspendió en 2013 la actividad de inyección de gas en Castor tras los cientos de seísmos registrados en la zona. En octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía.

El Constitucional anuló en diciembre la indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor que fijaba el decreto que el Gobierno aprobó en 2014, al considerar la forma de aprobar este decreto como inconstitucional. Una sentencia en la que el Constitucional estimó parcialmente los recursos que habían presentado el Parlamento de Cataluña, el Gobierno autonómico de Cataluña y el grupo del PSOE en el Congreso.

La SNE espera que se despejen las «incógnitas políticas» alrededor del ATC y lamenta la fiscalidad sobre las plantas catalanas

Europa Press.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, confía en que las incógnitas políticas sobre los permisos de las administraciones «se despejen» y que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita finalmente la autorizaciones necesarias para la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca), porque la instalación «siempre va a ser necesaria».

Así, ha insistido en que el ATC facilitará en su momento el desmantelamiento del parque nuclear español pero, según admite, se trata de una política de Estado y de una decisión del Gobierno central. «El ATC siempre va a ser necesario porque cumple la función de desacoplar el futuro desmantelamiento de las centrales de lo que es la gestión definitiva del combustible gastado de la misma, que irá a un almacenamiento geológico profundo«, ha manifestado Gago, que ha defendido que concentrar los residuos nucleares «a la larga abaratará su gestión».

Por otro lado, el representante de la SNE ha reflexionado sobre la situación de las centrales nucleares situadas en Cataluña. Al respecto, ha señalado que desde hace un año en Cataluña se reinstauró un impuesto que ya había sido considerado como doble imposición por el Tribunal Constitucional «en la primera intentona»; y ha añadido que desde el 1 de abril las plantas catalanas soporta «un nuevo impuesto» al combustible. Además, ha añadido que la ley de cambio climático aprobada por el parlamento catalán en agosto de 2017 establece el fin de la producción eléctrica nuclear en 2027. Si bien, matizó que esta ley fue recurrida por el Gobierno y anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, en el contexto de sequía que ha afectado al conjunto de España durante el 2017 y 2018, el presidente de la SNE asegura que la escasez hídrica «demuestra la importancia» de la nuclear en situaciones climatológicas adversas, como cuando hay sequía y no sopla el viento, como el año pasado cuando se incrementó el uso de las centrales de ciclo combinado y de carbón, lo que aumenta a su vez las emisiones de gases de efecto invernadero.

El año pasado, según ha recordado, la producción hidroeléctrica obtuvo su peor resultado de los últimos 30 años, con una caída del 49% entre 2016 y 2017. «Tendríamos que remontarnos a 1989 para encontrar un dato con menor energía hidráulica en la serie histórica, frente a una producción nuclear estable», ha precisado. En este sentido, Gago lamenta que cuando la nuclear funciona bien «nadie lo reconoce» ni «es noticia», pero en las ocasiones en que «pasa lo más mínimo sí lo es». Entre otras cosas, achaca este hecho a que las nucleares tienen obligación de comunicar «todo», cosa que no ocurre con una central de gas o carbón, ha insistido.

Respecto a Fukushima, ha asegurado que la situación en la zona tardará «muchos años» en volver a la normalidad, no solo por el accidente nuclear sino por lo que supuso el tsunam. Como lado positivo, ha subrayado las importantes «lecciones» que ha dejado. Entre las repercusiones para España expuso que, tras una inversión de unos 35 a 40 millones de euros por reactor, se han completado la mayor parte de las acciones comprometidas tras las pruebas de resistencia y ahora el parque atómico español está «infinitamente» mejor preparado, el personal más capacitado y las centrales más preparadas para afrontar accidentes que van «mucho más allá» de su base de diseño.

Por último, el presidente de la SNE ha opinado sobre la «intención apuntada» por el actual Ministerio de Energía de trasladar la responsabilidad de desmantelar las centrales nucleares a los titulares de las mismas en vez de a Enresa. En ese sentido, recordó que Enresa se constituyó en 1985 para la gestión del combustible radiactivo y el gastado de todas las centrales y para el desmantelamiento de las mismas, con un fondo que se nutriría de la financiación de las centrales nucleares. Antes, este fondo se nutría con la tarifa y desde hace años, por una tasa cargada al kilowatio/hora de generación nuclear, es decir que lo soportan las centrales en explotación para el desmantelamiento.

De este modo, observa que la propuesta del Gobierno pasaría por que Enresa transfiriera lo acumulado a los titulares para que acometan este desmantelamiento. «Hay que conocer el esquema en su conjunto», admite Gago quien asegura que, en todo caso tanto si es Enresa quien desmantela como si son los titulares «las reglas son las mismas para unos que para otros y todas las actuaciones de desmantelamiento serían supervisadas por el CSN«, como lo está haciendo con las plantas de José Cabrera y de Garoña.

Esta alternativa «no necesariamente» sería más barata que el sistema actualmente vigente, aunque admite que sí podría haber «algo de eficiencia». En todo caso, ha subrayado el conocimiento y la experiencia de años de Enresa, aplicado primero con Vandellós I y después en José Cabrera y, posiblemente, en Santa María de Garoña. «Es muy prematuro concluir que el desmantelamiento por los titulares va a ser más barato que si lo hace Enresa, pero las reglas serán siempre las mismas para todos», ha concluido Gago que ha elogiado la capacidad y experiencia de Enresa, de la que «tendrían que empaparse» los titulares en caso de que se produjera ese cambio regulador.

Renovalia Energy obtiene un préstamo verde de 74 millones de euros para refinanciar 2 parques eólicos que suman 70 MW

EFE.- La empresa de energías renovables Renovalia Energy anunció la firma de un préstamo verde por importe de 74 millones de euros para refinanciar el Proyecto Viento, que consta de dos parques eólicos situados en Lleida y Barcelona, que suman 70 megavatios (MW) de potencia instalados.

El parque ubicado en la provincia de Lleida, el de Turó del Magre, de 28 MW y compuesto por 15 turbinas, empezó a operar en 2010, según Renovalia. El otro parque eólico, ubicado en Pujalt (Barcelona), tiene una potencia instalada de 42 MW, está compuesto por 21 aerogeneradores y también funciona desde 2010. El crédito, que, según la compañía, es el primer préstamo verde sindicado para la financiación de un proyecto renovable realizado en España, ha sido formalizado con BBVA, Caixabank y Banco de Sabadell.