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El BNG celebra que sigue abierta la investigación en Europa sobre la línea de alta tensión entre Arbo y Portugal

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EFE.– La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, celebra que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya decidido mantener abierta la investigación sobre la línea de alta tensión entre Arbo (Pontevedra) y la frontera portuguesa. Esta decisión, según expone el BNG, se produce tras la intervención de vecinos afectados que denuncian «la falta de información» sobre el proyecto y la ausencia de declaración de impacto ambiental.

Miranda presentó la denuncia junto a la diputada del Bloco de Esquerda Portugués, Marisa Matías, en 2014. La eurodiputada ha avanzado que esta cuestión será «una de las prioridades» que tratará mientras ocupe su escaño en la Eurocámara. Este proyecto de línea de alta tensión presentado en 2011, explica el BNG, se encuentra en fase de análisis técnico del expediente desde 2014, pero, casi cuatro años después, aún está pendiente la declaración de impacto ambiental.

Para los vecinos afectados se trata de «una situación muy preocupante», aduce el BNG, ya que las torretas de entre 80 y 90 metros de altura «pasan muy cerca» de las viviendas y, en caso de caída, producirían el arrastre de las demás y la caída de los cables sobre los hogares. Por este motivo solicitaron la mediación de la Unión Europea. Piden que se inste a la modificación del decreto de 2008 que aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión.

Galicia indemnizará con 3 millones de euros por los gastos realizados a las adjudicatarias del concurso eólico anulado por Feijóo

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EFE.– El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró favorable a indemnizar con dinero público a las empresas adjudicatarias del concurso eólico anulado por su gobierno por los gastos en los que ya hubiesen incurrido y aseguró que es una previsión que incluía la ley que aprobó posteriormente a la anulación del concurso. La Xunta ha decidido no seguir recurriendo en los tribunales y tendrá que abonar 3 millones de euros por estos gastos derivados de varias sentencias judiciales.

«Estamos de acuerdo en que los gastos de las empresas que concursaron tienen que ser indemnizables; la ley lo prevé, los gastos debidamente documentados», ha indicado Núñez Feijóo, que ha continuado: «Lo que no estaba previsto era indemnizar a empresas por dejar sin efecto el concurso«. Diversas empresas han visto reconocidas las cantidades por los gastos efectuados pero no por el lucro cesante, como pedían en sus demandas a la administración por la anulación del concurso realizado por el PSOE y el BNG. En Marea y el BNG habían pedido que ese dinero lo pagara Núñez Feijóo de su bolsillo.

El BNG propone una bajada del IVA para la tarifa eléctrica mientras que el mercado eléctrico cerró enero en máximos

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Redacción / Agencias.- El precio mayorista de la electricidad cerró el mes de enero con una media de 71,49 euros por megavatio hora (MWh), su media mensual más alta desde septiembre de 2008, según datos del operador del mercado Omie. En esta coyuntura, la portavoz del BNG, Ana Pontón, reivindicó una bajada de los impuestos que gravan la luz, en particular el IVA%, del 21% al 4%, ya que considera que es un producto de primera necesidad y no un bien de lujo.

En una comparecencia para exponer las medidas de su formación contra la pobreza y la exclusión energética, Pontón ha asegurado que «más de la mitad» de la tarifa eléctrica corresponde a impuestos, por lo que ha defendido que se puede actuar sobre esta parte. De hecho, argumentó, el Ministerio de Hacienda se llevará unos «300 millones de euros» por la subida de los precios de la luz producida este mes.

La dirigente nacionalista insistió en que Galicia tenga una tarifa eléctrica propia, diferenciada del resto del país, que la beneficie por su exceso de producción. Se trataría de una tarifa «más justa, más barata» en la que se evitaría a Galicia pagar sobrecostes, «como la exportación de la energía» a otros lugares de España. «Hay que acabar con la situación de expolio de nuestra riqueza; regalamos solidariamente la electricidad al resto del Estado», proclamó Pontón, que indicó que Madrid produce únicamente el 0,4% de la electricidad y consume el 11%. Asimismo, se refirió a los 1.800 millones de euros que se pagan para compensar el precio más elevado de la generación eléctrica en las islas y en Ceuta y Melilla.

Además, ha defendido que no es cierto el argumento de la Xunta de que hay una tarifa única en los países europeos e incluso, ha señalado, en España las empresas vascas ya tienen una tarifa diferenciada. Pontón criticó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, porque con su actuación «garrafal» en el sector eólico gallego, además de provocar un «parón» a este tipo de energía, los ciudadanos tendrán que pagar en la factura el canon impuesto a las empresas por la Xunta de Galicia. Y en este caso ha indicado que sí habrá una tarifa diferenciada en Galicia, pero a «peor», para pagar más, protestó la diputada del BNG.

En paralelo, Pontón también ha requerido que se eliminen las trabas al autoconsumo energético, el conocido como impuesto al sol, lo que conllevaría «una democratización real del acceso a la energía«. Finalmente, en otro asunto en el que ha reparado es en la necesidad de «poner fin a los privilegios de las eléctricas en España», que «parece que mandan más que el Gobierno», al tiempo que ha urgido a Feijóo a «defender los intereses de los gallegos» con «una postura de país» en esta cuestión.

Precio en máximos desde 2008

Desde los 73,03 euros por MWh marcados en septiembre de 2008 no se veía en el mercado mayorista eléctrico una tasa mensual tan alta como la registrada en este primer mes de 2017, 71,49 euros. Enero ha estado marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de que la ola de frío llevara a marcar el mes pasado, uno tras otro, los precios más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el mercado mayorista llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado dejaba de consistir en una referencia trimestral y quedaba vinculado al precio de cada hora en el mercado.

El mercado se ha visto afectado en este invierno por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre las que figuran, además del aumento de la demanda y la ola de frío, la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear, y una reducción en las aportaciones de agua, cuya participación se ha visto reducida y se realiza a un coste mayor, afectando al precio. Además, la tendencia alcista del precio de los combustibles fósiles, especialmente importante en el gas tras la cancelación de suministros a Europa desde Argelia, ha incrementado los costes de producción de las centrales de carbón y gas.

De esta manera, esta media mensual de enero de 71,49 euros por MWh casi duplica los 36,53 euros del mismo mes del año pasado, un incremento del 95,8% y del 18% respecto a los 60,49 euros de diciembre. De hecho, para el martes, último día de enero, el precio de la electricidad repuntó un 3,47%, para situar su valor diario en los 73,27 euros por MWh, después del respiro dado en el fin de semana, en el que se relajó por debajo de la cota de los 70 euros. La demanda prevista para el martes ascendió a 594 gigavatios hora (GWh), por debajo de los 613 GWh previstos para el lunes, según datos de Omie.

Según los registros de OMIE, este mes de enero de 2017 será el segundo mes de enero más elevado de la historia, tan solo por detrás del de 2006, cuando se alcanzó el máximo histórico de 73,14 euros por MWh de media mensual. Las fuertes subidas de este mes han reabierto el debate sobre el funcionamiento de ese mercado mayorista, donde generadores y comercializadores fijan el precio de la energía que se va a consumir al día siguiente. El pool funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por otro lado, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.

Desde que en 2014 se cambió el sistema para fijar el componente energético estos precios tienen reflejo directo en la tarifa regulada o PVPC, donde están unos 12 millones de consumidores. Según datos del simulador de factura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el recibo eléctrico PVPC para un doméstico tipo subirá este mes un 28,56%. La evolución de este mercado no afecta tan directamente a quienes han contratado el suministro en el mercado libre, en torno a 13 millones, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Tarifas eléctricas a la carta: el PSOE la pretende para los grandes consumidores de energía y el BNG para Galicia

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EFE.- Mientras los nacionalistas del BNG reiteran que reclamarán en el Congreso, si tras las elecciones generales logran representación en la Cámara baja, una tarifa eléctrica propia para Galicia, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, solicitó el establecimiento de una tarifa eléctrica especial para las empresas grandes consumidoras de energía y se comprometió a que los Presupuestos Generales del Estado asuman una parte del coste.

«La no política energética del PP en estos cuatros años ha supuesto la incertidumbre de las empresas en Asturias», argumentó la candidata, que puso el ejemplo de Alcoa, «que en el año 2014 quedó fuera del paquete del servicio de interrumpibilidad y casi con miedo de cerrar la empresa». Además de cambiar el actual sistema de subasta eléctrica para establecer una tarifa especial, el PSOE se compromete a asumir «algunos de los costes que aparecen ahora en la factura a través de los Presupuestos». Adriana Lastra también defendió la obligatoriedad de las térmicas de quemar carbón autóctono para garantizar la continuidad del sector, dado que de las 20 millones de toneladas que se queman al año, únicamente 3 son nacionales.

Tarifa eléctrica propia para Galicia

Por su parte, el cabeza de lista de la candidatura BNG-NÓS por la provincia de A Coruña, Carlos Callón, aseguró que si las empresas y los ciudadanos gallegos no tuviesen que pagar peaje alguno por la electricidad que se genera en la comunidad autónoma gallega, las facturas se reducirían un 30%. En la misma línea se pronunció la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que denunció el «expolio energético» que desde hace muchos años «sufre» Galicia. Pontón reclamó para los gallegos el beneficio de la energía eléctrica que se produce en su territorio, acabar con los «oligopolios» y con medidas «injustas» como el denominado impuesto al sol, y profundizar en un cambio de modelo de consumo, más eficiente y sostenible.

Por ello, la formación nacionalista gallega exigirán una tarifa propia, según Callón, que consideró a Galicia como la «primera potencia eléctrica» de España. Como ejemplo, dijo que sólo el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, con una población inferior a los 10.000 habitantes, produce más energía eléctrica que toda la Comunidad de Madrid, «y los gallegos no recibimos absolutamente nada y a mayores se nos penaliza«, indicó. «Cuando compramos unas naranjas del Levante peninsular pagamos el transporte por traerlas hasta aquí, sin embargo, cuando hablamos de la energía eléctrica no sólo no somos beneficiados sino que tenemos que pagar los costes del transporte de la energía que producimos aquí», afirmó.

Además, Callón considera que con una tarifa eléctrica propia, Galicia evitará que empresas como la multinacional norteamericana del aluminio Alcoa, con plantas en las provincias de Lugo y A Coruña, «utilicen para su deslocalización el precio de la energía eléctrica». Según el candidato nacionalista gallego, algunos países europeos tienen actualmente tarifas eléctricas territorializadas y puso como ejemplo a Reino Unido o Alemania, y apuntó que en el Estado español el País Vasco ya posee una tarifa industrial eléctrica. «Simplemente si redujésemos el coste de los peajes hablaríamos de un 30% menos en las facturas de todas las empresas y de todos los gallegos», concluyó Callón.

Feijóo se reafirma en anular el anterior concurso eólico gallego

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Europa Press.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado en su decisión de anular el concurso eólico del anterior Gobierno bipartito y ha esgrimido que hay varias «sentencias» que le avalan. Pero más allá, remarcó que era un compromiso electoral de 2009 y que, en realidad, hizo «lo que quería hacer» Emilio Pérez Touriño cuando era presidente, «pero no le dejaron».

Lo ha manifestado en respuesta a Francisco Jorquera (BNG), quien criticó que «el Supremo dice que ilegal fue anularlo y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dice que el ilegal es su concurso». A renglón seguido, acusó a los populares de generar «inseguridad jurídica» y de condenar «a la ruina» un sector que era «puntero» cuando Feijóo tomó las riendas de la Xunta. «Éramos la mayor potencia de España y ahora somos la cuarta; anunció 6.000 millones de inversión y 13.200 empleos, y hay cero», ha señalado Jorquera.

«Anulé el concurso porque así nos lo ordenaron los gallegos, iba en el programa electoral y hay 20 sentencias que confirman que la decisión es correcta», remarcó Feijóo, para añadir que hay una segunda razón «sobrevenida» que apoya el paso dado y aludió a la «declaración valiente, sensata y muy reveladora» de Touriño en su libro O Futuro é posible. Al tiempo, ha leído un párrafo del libro de Touriño en el que éste censura como tramitó la rama nacionalista del bipartito el concurso eólico y revela que «en dos ocasiones» tuvo prácticamente tomada la decisión de destituir al entonces consejero de Industria, Fernando Blanco. «Fin de la cita. No puedo estar más de acuerdo con este relato”, sentenció Feijóo.

Sin embargo, el portavoz parlamentario del BNG alertó de que los 5.600 empleos ligados al eólico «se redujeron y ahora hay 1.000». «Se perdieron más del 82%», ha constatado, antes de advertir a Feijóo que las sentencias «no se miden al peso». «Basta con que una declare ilegal su concurso o la anulación del anterior para que lo sea«, ha subrayado el nacionalista, quien ha pasado a leer fragmentos de las sentencias del Supremo y del TSXG, antes de parafrasear a Feijóo, señalar que su «frivolidad sale muy cara» y sugerir que beneficia a la empresa privada, para concluir con otro «fin de la cita».

«No hay ninguna sentencia firme que anule el concurso actual. Le pido respeto para la Xunta», ha contraatacado Feijóo, quien recordó que, a diferencia del bipartito, el actual Gobierno no ofrece primas a las empresas y, además, le exige a las mismas 137 millones a través del canon eólico. «Por eso nos recurren», argumentó. En todo caso, indicó que hay 759 megavatios adjudicados, un 60% más que con el anterior Ejecutivo, además de 1.000 millones en planes industriales y 2.000 empleos creados. También avanzó que la Xunta aprueba dos nuevos parques en A Baña y A Pastoriza, que sumarán un total de 36 megavatios y 50 millones de euros. «Sin primas y sin subvenciones, quien quiera invertir, que pague», exclamó.

Por último, se reafirmó en que hizo «lo que tenía que hacer» al anular el anterior concurso eólico, «lo que quería hacer» su antecesor en el cargo y «no le dejaron». Eso sí, ha enfatizado que Touriño tuvo «la gallardía de decirlo«, lo que, a su juicio, «lo dignifica como persona y como presidente de Galicia». Asimismo, ha concluido que la «anulación» fue «buena» para Galicia y también para el BNG, al que su Ejecutivo hizo «uno de los mayores favores que le pudo hacer la Xunta» a los nacionalistas.

Los nacionalistas gallegos piden una tarifa eléctrica industrial «estable» y compensaciones para los territorios productores como Galicia

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Europa Press.- El Bloque Nacionalista Galego (BNG) quiere una reforma en profundidad del sistema energético y propone algunas medidas como crear una tarifa industrial «estable» que proporcione seguridad a las empresas y facilite su competitividad. También reclama compensaciones para los territorios productores de energía. Estas medidas se recogen en una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Industria del Congreso.

En la proposición, los nacionalistas gallegos critican las subastas de interrumpibilidad puestas en marcha por el actual Gobierno porque resultan «perversas» para la industria, que `pierden «seguridad a la hora de planificar su futuro». A su juicio, la falta de precios de referencia y el establecimiento de una subasta anual «afecta a las inversiones» que las grandes consumidoras de electricidad realizan en sus instalaciones, además de generar una competencia desleal.

«Consideramos más adecuado el sistema anterior de precios por consumo porque al menos era seguro y más justo que el actual», insisten el Bloque, que reclama «derogar un sistema de subastas que únicamente está reportando problemas de inestabilidad empresarial, encarecimiento de los costes de producción, competencia desleal e inseguridad laboral». Como alternativa a este sistema, el BNG pone sobre la mesa el modelo vigente en países como Alemania o Francia, con la aprobación de una «tarifa industrial estable» que permita «variaciones predecibles» y a la que se puedan acoger los grandes consumidores que cumplan «una serie de requisitos de consumo».

Finalmente, el BNG insiste en su petición de «reformular todo el sistema» e incorporar tarifas más bajas para los territorios que, como Galicia, son «netamente productores de energía» y que no se ven compensados de ninguna manera por los efectos negativos «sociales y ambientales» de contar con instalaciones productoras de energía. «El Gobierno suele esgrimir razones de solidaridad territorial mal entendida para negarse a aceptar una tarifa eléctrica distinta para Galicia. Pero sólo se practica la solidaridad en un sentido. No existe la solidaridad para con el que produce la energía y sufre los costes de generarla», apunta la formación.

Los nacionalistas del BNG dicen que al Gobierno «solo le falta» decretar «el exterminio» de las renovables

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Europa Press.- BNG ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama al Ministerio de Industria que retire el borrador de real decreto sobre autoconsumo y en cuya exposición de motivos comenta, en tono irónico, que al actual Gobierno «solo le falta» aprobar un decreto «que abogue claramente por la eliminación de las energías renovables, procediendo a su prohibición y exterminio«.

En su propuesta, el grupo gallego considera que Industria «penaliza y castiga a un tipo de producción energética sostenible y limpia» en referencia al autoconsumo. En la exposición de motivos, el BNG recuerda que el proyecto recibió 38.000 alegaciones y argumenta que «el rechazo» a la norma «es tal que hay más de 180.000 firmas en contra de dicha legislación que calificamos como la más retrógrada de la Unión Europea». El autoconsumo es «un síntoma de una sociedad avanzada que evoluciona más rápido que su Administración central», dice el BNG.

Esta actividad «parece molestar al Ministerio de Industria, en especial a su ministro, un destacado defensor de las grandes empresas eléctricas y de las formas de producción de energía tradicionales, más contaminantes», afirma el grupo gallego. Entre otras cuestiones, el grupo político lamenta que «una persona que tenga una placa fotovoltaica sin legalizar por cualquier circunstancia puede ser multada con una sanción mucho mayor que la correspondiente a una persona que silencie un escape nuclear».

IU-ICV, PNV, BNG y Compromís exigen revisar los tanques enterrados de almacenamiento de productos petrolíferos

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Europa Press.- La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís-Equo registraron en el Congreso una proposición no de ley conjunta para exigir al Gobierno de los Diputados una revisión de los tanques enterrados de almacenamiento de productos petrolíferos para garantizar que han cumplido con la normativa de seguridad vigente.

En el texto, las cuatro formaciones recuerdan que el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos en este tipo de tanques es una actividad de «elevado riesgo medioambiental» por la pérdida de estanqueidad que se produce con la oxidación de los tanques de pared simple que están instalados sin cubeto estanco de contención. Además, creen que quince años después de la aprobación del real decreto por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolífera se observan «carencias en su aplicación» e «injustificadas actuaciones administrativas que han dado lugar a rebajas de las exigencias de revisiones periódicas, como la contenida en una orden ministerial del año 2010.

Por eso, quieren que el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial realice un informe sobre el cumplimiento reglamentario en este tipo de almacenamientos, analizando el resultado de las inspecciones periódicas que se hayan realizado. En concreto, quieren saber si se ha aplicado la corrección de errores del decreto publicada en 2000, que anulaba la exención de realizar pruebas de estanqueidad durante cinco años a los tanques reparados; qué porcentaje de fugas sobre el total de instalaciones ha sido notificado a las comunidades autónomas desde 2002 y cuántos sistemas de detección de fugas fijos por variación de nivel o conciliación de inventario han solicitado la exención de pruebas de estanqueidad neumática en el mismo periodo.

Finalmente, los firmantes de la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Industria del Congreso, quieren que se retire la revisión del decreto que modifica el Reglamento de instalaciones petrolífera por sus «evidentes medidas de relajación en la seguridad» y que se redacte un nuevo texto que «no introduzca medidas más laxas en un tema tan importante». Si no consiguen esta pretensión, reclaman que se cumpla la Ley de Industria de 1992 y se garantice la «compatibilidad y adaptación de las actividades industriales con las exigencias medioambientales» y se «estimule y respete el fomento de la innovación y el desarrollo de tecnologías propias e infraestructuras tecnológicas de utilización colectivas».