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Se aprueba la primera inversión en renovables del plan Juncker en Francia

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EFE.- El Gobierno francés y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dieron luz verde en París al proyecto Capenergie3 del fondo de inversión francés Omnes Capital, el primero en Francia dedicado enteramente a las energías renovables en el marco del plan Juncker de la Unión Europea. Se destinarán 50 millones de euros, que deberían aumentar a 200 millones con inversores externos antes de mediados de 2016, según el acuerdo.

El proyecto escogido es el de Omnes Capital, que se ha marcado el objetivo de realizar diversas infraestructuras de producción de energía renovable con una capacidad global de 500 megavatios que crearán 1.000 puestos de trabajo. La inversión, dirigida al sector de las renovables, se centrará en impulsar las energías solar, hidroeléctrica, eólica, así como las redes, a través de acuerdos con pequeñas y medianas empresas. Los proyectos tendrán un mayor impacto a nivel regional en Francia pero no se descarta la implementación de producciones energéticas en otros países europeos aunque no se especificó cuáles.

El asociado gerente del fondo, Serge Savasta, hizo un llamamiento durante el acto de la firma del contrato a los inversores institucionales para que apuesten por un sector «competitivo en comparación con las energías tradicionales que impulsará la creación de empleos y la acción de las pymes asociadas». Se espera que la actividad de Capenergie 3 movilice un total de 1.000 millones de inversiones en el sector de las energías verdes a través de actores europeos e internacionales, estimó el vicepresidente del BEI, Ambroise Fayolle.

Promover la inversión en Europa

La firma de este proyecto se produjo después de la aprobación por parte de la Comisión Europea y el BEI de las últimas medidas para que el Fondo Europeo de Inversión movilice 315.000 millones de euros durante tres años en el marco del plan Juncker, anunciado a finales de 2014. El objetivo de este plan, del que 21.000 millones son financiados por el presupuesto europeo y el BEI, pretende captar inversiones privadas que se sumarán a los 40.000 millones que ya comprometieron 9 países europeos.

Iberdrola firma un crédito con el BEI de 325 millones de euros para inversiones en España

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EFE / Servimedia.- El contrato del crédito fue firmado en las oficinas de Iberdrola por el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, y el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano: un préstamo de 325 millones de euros que Iberdrola destinará a la modernización de la red de distribución de la compañía en España y a la instalación de 3,2 millones de contadores inteligentes, según informó la propia empresa.

Las inversiones previstas en la red de distribución y en los nuevos contadores inteligentes se enmarcan en el proyecto STAR (Sistema de Telegestión y Automatización de la Red), que persigue la implantación de redes inteligentes de última generación. Concretamente, los 325 millones obtenidos se materializarán en inversiones en 10 comunidades autónomas: País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Cantabria. La compañía mejorará así sus redes de alta, media y baja tensión en estas regiones, con lo que conseguirá reducir pérdidas de energía y podrá ofrecer un suministro más fiable y eficiente.

Hasta ahora, Iberdrola instaló más de 5,2 millones de contadores inteligentes en España, lo que supone haber modernizado casi el 50% de su parque de contadores con potencia contratada igual o inferior a 15 kilovatios. El programa definido por el Ministerio de Industria, fijaba la obligación de renovar el 35% de sus 10,5 millones de contadores a finales de 2014. En torno al 87% de los nuevos contadores instalados por Iberdrola en España, 4,5 millones, está plenamente integrado en los sistemas con su capacidad de telegestión operativa, para lo que la compañía ya adaptó alrededor de 25.000 centros de transformación.

El proyecto STAR, que supondrá una inversión global por parte de la compañía en España superior a los 2.000 millones, finalizará en el año 2018 e implicará la sustitución de unos 10,5 millones de contadores y la adaptación de unos 80.000 centros de transformación. En el marco de esta iniciativa, puesta en marcha en 2010, y en línea con su compromiso con los proveedores españoles, Iberdrola ha destinado aproximadamente 405 millones a realizar compras a más de 45 suministradores nacionales.

El préstamo firmado se suma a otras colaboraciones que Iberdrola y el BEI han ido desarrollando desde finales de los años 80. «Estamos muy satisfechos de continuar nuestra colaboración con el Banco Europeo de Inversiones y de hacerlo, además, para financiar proyectos que generan empleo, aplican soluciones innovadoras y dinamizan el tejido empresarial», destacó Sánchez Galán. De este modo, «Iberdrola mantiene el compromiso con los territorios en los que está presente y con la mejora continua de la calidad del servicio a sus clientes», añadió.

El Banco Europeo de Inversiones aportará 160 millones de euros para proyectos de Redexis Gas en España

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EFE.- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunció una aportación de hasta 160 millones de euros para extender la red de distribución de gas natural en España entre 2015 y 2018 a cargo de la empresa Redexis Gas, la antigua Endesa Gas, dentro del programa europeo de inversiones conocido como Plan Juncker.

Así se apoya la construcción de nuevos gasoductos para llegar a clientes sin servicio que actualmente dependen de fueloil y gas propano para calefacción y cocina, según el BEI. «El proyecto dará lugar a la sustitución de los combustibles contaminantes por gas natural más limpio y más barato, lo que reduce los costes de energía y las emisiones», añadió la entidad. Este proyecto tendrá un coste total de 325,6 millones de euros, de los que el BEI aportará cerca de la mitad, y prevé crear 60 trabajos permanentes y 3.000 durante la fase de construcción. El contrato de financiación tendrá que ser negociado y finalizado con el BEI antes de poder contar con el desembolso.

Redexis Gas es una empresa dedicada a la construcción y operación de redes de gas y actualmente es el segundo transportista y el cuarto distribuidor de España. El Plan Juncker pretende movilizar financiación privada y pública para proyectos de infraestructuras de transporte, banda ancha y energía o investigación, entre otros, que reviertan en el crecimiento y el empleo en la Unión Europea. Lo hará a través de una garantía otorgada al futuro Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas de 16.000 millones de euros, provenientes del presupuesto de la Unión Europea y del BEI, que aportará 5.000 millones de euros. Bruselas espera que este fondo actúe como palanca para atraer 15 veces más inversiones, hasta un total de 315.000 millones de euros.

La Eurocámara pide a Bruselas y al BEI medidas para bloquear la indemnización por el almacén Castor

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Esta solicitud está incluida en el informe anual de actividad del BEI, cuyo ponente es el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Ernest Urtasun, y ha sido aprobada, en una votación por separado del resto del texto, por 350 votos a favor, 263 en contra y 28 abstenciones.

El Parlamento Europeo «lamenta el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor, financiado en el marco de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos, cuya evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación», según destaca el informe.

Por ello, la Eurocámara «insta a la Comisión y al BEI a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1.300 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa».

Finalmente, los eurodiputados reclaman al Ejecutivo comunitario que siga las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo e «investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida».