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Teresa Ribera cree que el conflicto con la banca por la indemnización del almacén de gas Castor «acabará judicializado»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado sus sospechas de que el conflicto con el Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el almacenamiento subterráneo de gas Castor «acabará judicializado», dada la complejidad jurídica del caso. Así se pronunció la ministra sobre la demanda de las 3 entidades financieras contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el cierre del almacén submarino de gas Castor.

«Dada la complejidad jurídica de estos momentos, con la sentencia del Tribunal Constitucional, con las sentencias del Tribunal Supremo, con la dificultad para poder abordar la recuperación de todo aquello, pues sospecho que acabará judicializado», señaló. En el recurso, presentado el 4 de enero ante el alto tribunal, los bancos solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado más los daños causados por dicha inversión, que realizaron al hacerse cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Ribera ha explicado que en la primera fase el Gobierno se centra en el taponamiento definitivo del almacén: «En los años por venir, no vamos a necesitar mayor capacidad de almacenamiento y no se necesita ese emplazamiento«. «La primera decisión es decir públicamente que aquello pasa a la historia; y la segunda, evidentemente, es garantizar con la máxima seguridad un proceso de progresivo desmantelamiento», añadió.

Sobre el apagón nuclear, que el Ministerio abordó con las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, Ribera ha señalado que el desmantelamiento de las centrales debe ser solvente y sólido, con un calendario ordenado sin idas y vueltas que generen «incertidumbres». «Fue una reunión interesante, no será la última ni con ellos ni con otros actores. El mensaje fue claro y conciliador», ha sostenido, y ha añadido que el Gobierno no es quien debe decir cuándo se cierran las plantas, ya que esto es una decisión que debe tomar cada central, según la ministra.

Preguntada por una hipotética subida de la tasa a las eléctricas si falta dinero para desmantelar las nucleares, Ribera ha sostenido que Enresa es quien se debe pronunciar al respecto, sobre «cómo hacer un planteamiento de seguridad de gestión de residuos radioactivos que repase todos los elementos de esa seguridad, incluyendo la disponibilidad de recursos financieros para actuar con seguridad». La ministra señaló que el objetivo es que España reduzca las emisiones en un 20% en 2030 con respecto a 1990, porque es el único escenario que permitiría llegar a las cero emisiones en 2050. «Son 37 puntos en poco más de una década», resaltó.

Cesce deberá asumir indemnizaciones por cerca de 100 millones de euros por seguros con Abengoa

Europa Press.- La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) deberá asumir alrededor de 97,4 millones de euros por 24 pólizas relacionadas con el Grupo Abengoa. Así figura en su Informe de fiscalización del Fondo de Reserva de los riesgos de la internacionalización, ejercicio 2017 realizado por el Tribunal de Cuentas y que recoge que, en enero de 2016, esta entidad tenía riesgo vivo con Abengoa por importe total de 116 millones de euros y 99,5 millones de dólares.

De estas pólizas, el importe que Cesce deberá indemnizar asciende, al menos, a 75,5 millones de euros y 25 millones de dólares, entre riesgo procedente de crédito comprador, de seguro a fiadores por riesgo de ejecución de avales y de seguro a fiadores por riesgo de garantías bancarias. Respecto el crédito comprador, Cesce había asegurado a 3 entidades financieras con 8 pólizas concedidas a distintas empresas del Grupo Abengoa (deudores y garante, respectivamente frente a Cesce), de las que deberá indemnizar 25 millones de dólares y 54,6 millones de euros, el importe vivo en 2016.

De todas estas cantidades, Cesce aún no abonó las indemnizaciones por 4 pólizas con una de las tres entidades financieras, que deberá pagar paulatinamente hasta 2020, a medida que venzan las cuotas del crédito, hasta un total de 35,8 millones de euros. Para estas 4 pólizas, señala el Tribunal de Cuentas, Cesce instruyó al asegurado para que bloquease las disposiciones de los créditos, por lo que no tuvo que indemnizar 9,2 millones de euros ni se dispuso de la totalidad del crédito denominado en dólares.

Respecto a las pólizas de seguro a fiadores por riesgo de ejecución de avales, 15 en total suscritas entre junio de 2012 y abril de 2015, el riesgo vivo fue disminuyendo hasta situarse en enero de 2016 en 56,5 millones de euros y en 74,5 millones de dólares. Sin embargo, Cesce había llegado a asumir inicialmente un riesgo máximo de 77 millones de euros y 157 millones de dólares, con una cobertura de entre el 95% y el 34,7%, cuando el porcentaje más habitual, según el Tribunal, es del 50%.

Según la fiscalización realizada, estos seguros tuvieron que prorrogarse en numerosas ocasiones, autorizándose por la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado (CRE) la suscripción de los correspondientes suplementos a las pólizas con el consiguiente pago de la prima. Este riesgo fue disminuyendo a medida que avanzaban los proyectos, y hasta mayo se habían ejecutado avales de 2 pólizas, en 2016 y 2018, por un importe total de 16,2 millones de euros. Sin embargo, 9 pólizas aún tenían riesgo vivo por 25,1 millones de euros y 33 millones de dólares.

Otras cuatro pólizas, suscritas en el 2015, tenían un riesgo vivo en enero de 2016 de 3,8 millones de euros y 23,4 millones de dólares, cancelándose estas fianzas ese año antes de su vencimiento pues, según ha manifestado Cesce al Tribunal de Cuentas, el proyecto, la construcción de una planta termosolar en Israel, se vendió, tal y como preveía el plan de viabilidad de Abengoa.

Por último, la única póliza procedente de un seguro a fiadores por riesgo de garantías bancarias se cerró con una indemnización total de 4,7 millones de euros entre 2016 y 2017. Cesce es una sociedad mercantil participada mayoritariamente por el Estado, con una representación del 50,25% en su capital social. El resto de accionistas son Grupo Banco Santander, con una participación del 23,88%, BBVA, con el 16,30%, otros bancos, con el 5,67%, y otras compañías de seguros, con el 3,90%.

Compromís pide al Gobierno que aborde el desmantelamiento de Castor mientras la banca reclama el dinero prestado para la indemnización

Europa Press.- El senador de Compromís por Castellón, Jordi Navarrete, ha pedido al Gobierno que «defienda el dinero público» y aborde «con responsabilidad» los pagos vinculados a la construcción y mantenimiento del «fiasco» del almacén de gas Castor, así como el futuro de este proyecto energético «fallido».

Por su parte, Santander, CaixaBank y Bankia presentaron un recurso contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo en el que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), a la sociedad promotora Escal UGS, participada por ACS.

El senador ha asegurado que Compromís mantendrá en 2019 su postura de «rechazo total a este proyecto por peligroso, innecesario; por su opaca tramitación e irresponsable desenlace del Gobierno, que pagó por un proyecto inservible, mal ejecutado y en el que falló todo». Ante esta situación, ha reclamado «un cambio autocrítico de postura del Gobierno y que se ponga del lado del contribuyente, que no tiene por qué pagar miles de millones por un fracaso de tal magnitud, y defienda el dinero de todos y la decencia del servicio público».

Navarrete ha recordado que Compromís intentó crear en el Senado una comisión de investigación sobre el proyecto, una iniciativa que «el PP frenó en solitario para evitar identificar a responsables, acceder con transparencia a los informes y auditorías realizadas sobre la planta o conocer su operatividad antes de indemnizar a los promotores». «Pedimos al PSOE, ahora en el Gobierno, que aborde los pagos para que tanto las retribuciones, mantenimiento de Enagás o el pago a Escal UGS se ajuste a lo que les corresponda legalmente, pues no es de recibo que los consumidores sean quien pague por unas instalaciones inservibles ni que se castigue a quien financió los proyectos o se pague a quienes no lo merecen», ha aseverado Navarrete.

También ha defendido la necesidad de poner en marcha «nuevas acciones a varias bandas, desde dilucidar responsabilidades, ejercer acciones para recuperar el dinero malgastado, auditar los trabajos, devolver el ingresado ilegítimamente a los consumidores y abordar de una vez el desmantelamiento de la planta«. Compromís ha reclamado nuevos documentos al Gobierno sobre el desmantelamiento de Castor en base a «los informes que maneja la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera».

La banca reclama su dinero

Ahora es la banca la que reclama su dinero ante la Justicia después de que en abril Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban dicha devolución, al considerar que, de lo contrario, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible. Debido a que el Consejo de Ministros agotó el plazo preceptivo de la reclamación sin haberla resuelto, se entiende que la misma ha sido desestimada y que cabe recurrir ante el Supremo.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. Por ello la CNMC decidió paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

Asimismo, Enagás decidió presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas. Esta decisión de la empresa se producía después de que el Gobierno decidiera finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron también paralizados por la CNMC a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

Abengoa vende el 16,5% que le quedaba de Atlantica Yield a Algonquin a un precio menor a lo fijado inicialmente

EFE.– La empresa canadiense Algonquin Power & Utilities ha ejercido la opción de compra que tenía sobre un 16,47% adicional de Atlantica Yield, antigua filial de Abengoa, a un precio de 20,9 dólares (16,9 euros) por acción, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este precio está por debajo del que se había fijado inicialmente, que era de 24,25 dólares (19,7 euros) por título, el mismo al que Algonquin compró el 25% de Atlantica Yield.

De hecho, según la comunicación remitida a la CNMV, Abengoa y Algonquin llegaron a un acuerdo para modificar la opción de compra antes de que la empresa canadiense haya decidido ejecutarla. El precio de 20,90 dólares al que Algonquin adquiere este 16,47% adicional de Atlantica Yield establece el importe obtenido con la venta a 345 millones de dólares (279,5 millones de euros), antes de costes de transacción y de algunas otras posibles reducciones. Abengoa destinará el importe neto obtenido al repago de su deuda conforme a los contratos de financiación que suscribió con los bancos.

Según ha indicado la empresa de ingeniería y energía, el precio acordado para la venta a Algonquin de la participación que le quedaba en Atlantica Yield supone una prima del 6,2% sobre el precio al que cerró su acción en el Nasdaq, el índice tecnológico de la Bolsa de Nueva York. Algonquin, con la compra de este 16,47%, eleva su participación en Atlantica Yield al 41,47% y Abengoa se desprende del total de la que le quedaba. La operación tendrá que ser aprobada por ciertos organismos reguladores y por los acreedores de Abengoa, compañía que en 2016 consiguió cerrar un acuerdo de reestructuración de su deuda con el que evitó llegar al concurso de acreedores.

El presidente ejecutivo de Abengoa, Gonzalo Urquijo, indicó que con la venta de la participación que le quedaba en Atlantica Yield la compañía cumple con sus compromisos de desinversiones previstos en el plan que se hizo para asegurar la viabilidad. Abengoa cerró en marzo la venta del 25% de Atlantica Yield a Algonquin por 607,6 millones de dólares (492 millones de euros al cambio actual), con una plusvalía de 108 millones de dólares. Ese primer acuerdo supuso también la creación de la sociedad Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES) para el desarrollo internacional y la construcción de infraestructuras de energía, y que ya ha presentado su primera oferta para desarrollar una línea de transmisión en Perú.

La venta de Abengoa de toda su participación en Atlantica Yield forma parte de su estrategia de desinversiones, con la que ya vendió una planta desaladora en Ghana, la central de ciclo combinado Norte III en México, las filiales de Bioenergía en Europa y Estados Unidos, la planta termosolar Ashalim en Israel, la desaladora Qingdao en China o el parque eólico Campo Palomas, en Uruguay.

Atlantica Yield tuvo unas pérdidas en 2017 de 111,8 millones de dólares (unos 90,5 millones de euros) por la reforma fiscal en Estados Unidos, muy por encima de los 4,8 millones de dólares (unos 3,9 millones de euros) que perdió en 2016, aunque incrementó en un 2% su ebitda y mejoró sus ingresos un 4% con respecto al año anterior.

La petrolera brasileña Petrobras contrata una línea de crédito por 4.350 millones de dólares con duración hasta marzo de 2023

EFE.- La petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, contrató una línea de crédito por la que podrá obtener hasta 4.350 millones de dólares, en caso de que los necesite, con un consorcio integrado por 17 bancos, en su gran mayoría extranjeros. «A través del instrumento, la compañía podrá efectuar retiradas de esa línea hasta el mes anterior a su vencimiento», previsto para marzo de 2023, según indicó la petrolera estatal.

Petrobras añadió que es la primera vez que contrata este tipo de crédito, por el que pagará un interés anual del 0,51%, tan solo para mantener los recursos a su disposición. «Este contrato crea otra alternativa para que la compañía tenga recursos a disposición y para que los utilice según sus necesidades. De esa forma, Petrobras podrá usar su caja para el pago anticipado de deudas ya existentes, con lo que logrará una reducción del coste de la carga de la deuda«, apuntó la compañía.

Los bancos líderes en el acuerdo fueron BNP Paribas, Citibank, Credit Agricole y Mizuho Bank, pero el contrato también compromete a instituciones como Bank of America, Bank of China, HSBC Bank, J.P.Morgan Chase Bank, Morgan Stanley, Banco Santander Brasil y The Bank of Nova Scotia. «La operación está alineada a la estrategia de la empresa de gestión de pasivos, que busca mejorar el perfil de amortización y de coste», agregó.

Objetivo: reducir la deuda líquida

La petrolera, controlada por el Estado, ya había captado en enero 2.000 millones de dólares con un lanzamiento de títulos en el mercado internacional que usará para pagar anticipadamente bonos de mayor coste, y, de esa forma, reducir el peso de su endeudamiento. En su Plan de Negocios para el quinquenio 2018-2022, Petrobras se propuso reducir tanto su deuda líquida como su exposición financiera. La meta es que la deuda líquida no pueda superar en más de 2,5 veces la generación de caja. En 2015, en su peor crisis, esa relación era de 5,3 veces.

Petrobras ha ejecutado un severo plan de ajuste, de reducción de inversiones, de venta de activos y de disminución de deuda para hacer frente a las gigantescas pérdidas que sufrió en los últimos años a consecuencia de la caída de la cotización del crudo y del escándalo de corrupción del que es protagonista. El plan le permitió reducir significativamente una deuda líquida récord que amenazaba la financiación de sus operaciones. A finales de septiembre, según su último balance, la deuda bruta de Petrobras ascendía a 108.912,7 millones de dólares tras haber alcanzado en el tercer trimestre de 2015 un récord de 153.636,4 millones de dólares.

La banca acreedora de Castor estudia «cuál es el mejor camino» para recuperar su inversión

Europa Press.- La banca acreedora de Castor, de la que forman parte el Banco Santander, Caixabank y Bankia, están estudiando «cuál es el mejor camino» para recuperar la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por la hibernación del almacenamiento de gas a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Fuentes financieras indicaron que aún no hay una decisión tomada al respecto sobre la vía que adoptarán y que «siguen trabajando» en ello, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya paralizado los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre.

La deuda por Castor, que ascendió a esos 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones de euros, Caixabank un total de 450 millones de euros y Bankia los 200 millones de euros restantes. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha vaticinado una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional. A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como ha hecho en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que aplique la sentencia», indicó.

Posteriormente, Nadal precisó que, como consecuencia de la sentencia del Constitucional, «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago» es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia “para pagar” no es del Gobierno, sino de la CNMC, “y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor“.

En diciembre, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo ese pago a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

El PSOE contra el ministro

El diputado socialista por la provincia de Castellón, Artemi Rallo, ha calificado de «decepcionante, sonrojante y grosera» la comparecencia del ministro de Energía en el Congreso en la que «supuestamente iba a dar explicaciones sobre el estado en el que se encuentra en estos momentos el problema Castor, después de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 22 de diciembre».

Rallo ha lamentado que Nadal no diera explicaciones de «por qué el Gobierno, en su día, aprobó un decreto ley que obligaba a indemnizar a la empresa con 1.350 millones en el corto plazo de 35 días». Un decreto, que ha recordado, «el Tribunal Constitucional ha declarado nulo, gracias al recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista y liderado por el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig”. Artemi Rallo ha censurado que el ministro no haya dado explicaciones de «por qué se adoptó aquella decisión exprés, que beneficiaba exclusivamente a intereses particulares y no al conjunto de la ciudadanía».

El diputado socialista esperaba que, después de la sentencia del Constitucional y de la decisión de la CNMC de suspender el pago a las entidades financieras por los derechos de cobro derivados de la indemnización, el ministro explicara «qué piensa hacer para salir de la situación en la que nos encontramos». Sin embargo, recordó, Nadal «se limitó a decir que augura un periodo de ligitiosidad entre privados». Al respecto, Rallo ha recordado que el ministro está obligado a actuar y que «no resulta de recibo la extraordinaria dejación de funciones de la que hace gala».

El parlamentario castellonense ha recordado que la sentencia abre la puerta a que dentro del actual marco legal se reconsideren la indemnización y los términos en los que está planteada, «algo que debería haberse efectuado antes de realizar pago alguno». Artemi Rallo ha señalado que la comparecencia del ministro resultó «una decepción y una irresponsabilidad» porque, entre otras cosas, «debería haber explicado qué piensa hacer para recuperar los 1.350 millones de euros que en su momento el Gobierno entregó a la empresa correspondiente en el corto plazo de 35 días».

Nadal vaticina una enorme litigiosidad con la banca al paralizarse el pago de la deuda contraída por el almacén Castor

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén gasista  Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la indemnización de 1.350 millones de euros con que se resolvió la hibernación de Castor.

Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia», explicó Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.

Posteriormente, Nadal precisó que «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago», es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.

De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales, a razón de 6,7 millones de euros mensuales, y se incluían en el sistema gasista. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia «para pagar» no es del Gobierno, sino de la CNMC, «y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor«. Así sucede después de que el Tribunal Constitucional declarara «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto en el que se reconocía la compensación a Escal UGS.

Se anuló el real decreto

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización, a través de la aprobación de un real decreto de urgencia. A este respecto, Nadal consideró que el Constitucional no pone en duda ni la hibernación ni la asignación a Enagás de la instalación, pero que lo que sí contradice es que la asignación del pago se lleve al sistema gasista.

En 2014, el Gobierno aprobó un decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En lo que respecta a esta decisión del anterior Gobierno, Nadal la defendió ya que, de no haber sido así, se habría producido la quiebra de la entidad, el impago al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y «habría corrido como la pólvora a la prima de riesgo española«.

La CNMC paraliza el pago

El regulador indicó que, en aplicación de la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro «dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Además, la CNMC señala que «se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista». Por tanto, la decisión de la CNMC también afecta a Enagás, encargada del mantenimiento de Castor, aunque en este caso su retribución por ello es anual.

Asimismo, los pagos de las liquidaciones recibidos en 2017 por la banca por los derechos de cobro por Castor ascienden a 67,21 millones de euros en los meses anteriores a noviembre. En lo que se refiere a los pagos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 por Castor, ya fueron liquidados, por lo que habrá que decidir ahora si corresponde a la CNMC o al propio Gobierno su reclamación, según indicaron fuentes conocedoras del procedimiento.

Axpo Iberia firma el primer PPA a 10 años en Portugal para un proyecto fotovoltaico de 28,8 MW

Europa Press.- Axpo Iberia ha firmado un acuerdo de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a 10 años que posibilitará la financiación e instalación de una planta fotovoltaica de 28,8 megavatios (MW) en el concejo portugués de Évora, según indicó la compañía. El grupo indicó que está operación es «la más grande» de este tipo que se firma en la Península Ibérica y la primera en Portugal sin ningún tipo de subsidio público y que sigue un modelo de financiación bancario.

En concreto, la planta es propiedad de Dynavolt Renewable Energy Europe, está promovida por la compañía Hyperion, que mantendrá una participación minoritaria, y será financiada por Banco BPI. La instalación llave en mano la llevará a cabo la compañía portuguesa Jayme da Costa y su puesta en marcha comercial está prevista para mediados de 2019. El proyecto tendrá una producción anual estimada de 50 gigavatios hora (GWh), el equivalente al consumo anual de 14.000 hogares.

El director general de Axpo Iberia, Ignacio Soneira, destacó que este proyecto en Portugal supone el primer acuerdo de compra de energía que sigue un modelo de financiación que cuenta con la participación directa de un banco (BPI), «incorporando en un mismo acuerdo a los tres agentes principales del proyecto, promotor, financiador y comercializador, lo que marcará claramente una línea a seguir para el desarrollo futuro de este tipo de proyectos en los próximos años».

CaixaBank sigue la estela de otras entidades financieras como Santander y reduce también su participación en Abengoa, hasta un 2,89%

EFE / Europa Press.- El Santander fue el primero en deshacer posiciones en la nueva Abengoa, rebajando del 9,63% al 2,41% su participación, lo que supuso la venta de un 7,2% del capital, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una estela seguida por otras entidades financieras que han vendido acciones desde que se produjo la reestructuración de su deuda; la última CaixaBank, que ha reducido su participación en el capital de Abengoa, que pasa del 5,008% al 2,89%.

Tras el cierre de la reestructuración de Abengoa, que implicó el canje de deuda por acciones, también vendieron títulos del grupo andaluz Credit Agricole, que pasó del 8,771% del capital al 4,596%; el Banco Santander, que redujo su participación desde el 9,63% al 2,414%; Bankia, que la rebajó del 4,643% al 2,819%; y el Banco Sabadell, que vendió su 3,176%. De esta forma, los principales accionistas de Abengoa son ahora Credit Agricole, con un 4,596%, y Banco Popular, con un 4,576%, de acuerdo con los datos comunicados a la CNMV.

En el momento de la entrada de las entidades, los grandes bancos españoles sumaron una participación total del 26,9% en la empresa. Del 2,41% al que ha quedado reducida la participación del Santander, el 2% lo controla de forma directa, mientras que el resto se articula a través de inversiones de Santander Factoring, EFC, Banco Santander Brasil y Bank Zachodni WBK. El banco sigue siendo el principal acreedor de Abengoa. La entrada de los bancos en el capital se concretó una vez culminado el proceso de reestructuración con el que la empresa evitó el mayor concurso de acreedores de España e inició una nueva andadura con Gonzalo Urquijo al frente.

Abengoa completó el pasado 31 de marzo el proceso de reestructuración de su deuda al comenzar a cotizar las nuevas acciones procedentes de la ampliación de capital y los warrants (derechos de compra de títulos) emitidos para compensar a los acreedores, mayoritariamente bancos. Estas operaciones dieron lugar a una nueva estructura societaria en la que los antiguos accionistas vieron diluida su participación hasta el 5%, mientras que los acreedores se quedaron con el 95% restante.

En total, la banca acreedora se hizo con un 43,24% del capital de Abengoa, un porcentaje cercano al 45% tomado como referencia en el plan de reestructuración. Los bancos disponen de 718 millones de acciones de clase A y de 7.367 millones de acciones de clase B. Otros accionistas dentro de este perfil de antiguos acreedores bancarios son D.E. Shaw, con un 3,62%, y Arvo Investment Holding, con un 3,53%, mientras que Abengoa dispone de acciones propias por otro 0,34%.

Los acreedores han sufrido una quita del 97%, mientras que el 3% restante queda articulado a través de deuda con vencimiento a diez años sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización. En paralelo, los fondos que inyectaron los 1.169 millones de dinero nuevo sumaron el 55% del capital. La ampliación de capital ha implicado la emisión de 1.577 millones de nuevas acciones de clase A y 16.316 millones de acciones de clase B. Además, se emitieron 83 millones de warrants sobre acciones A y otros 858 millones de instrumentos sobre acciones B.

Isolux tiene hasta el 5 de agosto para pactar un nuevo rescate y evitar el concurso

Europa Press.- Isolux Corsán cuenta con plazo hasta el 5 de agosto para acordar con sus principales bancos acreedores y accionistas una inyección de capital de unos 400 millones de euros que garantice la viabilidad de la compañía de construcción e ingeniería con el fin de evitar el concurso de acreedores.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid admitió la solicitud de preconcurso de la empresa este 5 de abril, con lo que comenzaron a contar los preceptivos cuatro meses para pactar con la banca. Isolux solicitó acogerse a la Ley concursal el 31 de marzo después de que no lograran fructificar las negociaciones que mantenía con los bancos. Con esta decisión, el grupo busca dotarse plazo suficiente para seguir negociando sin el riesgo de que un tercero inste el concurso de la compañía. Cuenta para ello con el asesoramiento de la firma Alvarez&Marsal.

El grupo que preside Nemesio Fernández-Cuesta necesita una nueva inyección de capital para cubrir sus necesidades de liquidez, garantizar la operativa de la empresa y la ejecución de sus proyectos. La compañía negocia lograr estos recursos con Santander, Bankia y CaixaBank, bancos que además actualmente son sus tres primeros socios. Las tres entidades suman el 30% del capital de la constructora, controlada al 90% por un total de veinte bancos.

Precisamente, Isolux quedó en manos de sus bancos acreedores a finales del pasado año, cuando canjeó su deuda por acciones, unos 1.400 millones del pasivo total de 2.200 millones que soporta. El canje de deuda por acciones constituyó uno de los pilares del plan de rescate que la compañía acordó con sus bancos en julio de 2016. De esta forma, Isolux negocia un nuevo rescate con la banca menos de un año después del primero, con el que salieron de la empresa y diluyeron a menos del 5% su participación sus antiguos accionistas de control.

El plan pactado el pasado año supuso una reestructuración de la compañía, tanto en la plantilla como en su dirección y organización, y el lanzamiento de un programa de desinversiones de activos no estratégicos. Así, tras vender un parque eólico en Argentina y la filial de plantas fotovoltaicas T-Solar, trabaja ahora para desprenderse del resto de activos en los que tiene colgado el se vende como un conjunto de líneas de transmisión eléctrica de Brasil.