Europa Press.- La Comisión Europea abrió una investigación en profundidad sobre el régimen de ayudas de España a las centrales de carbón por reducir emisiones contaminantes, que ha concedido más de 440 millones de euros a 14 plantas desde su puesta en marcha en 2007, según anunció.

Las autoridades españolas introdujeron ese año un sistema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en centrales de carbón existentes para reducir las emisiones de este compuesto por debajo de determinados límites. En contrapartida, las centrales de carbón tienen derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante 10 años. Desde 2007 se han acogido a este esquema un total de 14 centrales de carbón, que han recibido más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas. El plan prevé que se sigan realizando pagos hasta 2020 y actualmente 12 plantas se siguen beneficiando del sistema de incentivos, según han explicado fuentes comunitarias.

En concreto, el Ejecutivo comunitario sospecha que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la Unión Europea en materia medioambiental aplicables entonces a las centrales de carbón. De ser así, añade Bruselas, significaría que el régimen «no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador». Además, la Comisión Europea cree que las ayudas podrían vulnerar un principio «fundamentado» de la legislación europea sobre ayudas de Estado por el cual los Estados miembros «no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan con las normas obligatorias de la Unión Europea en materia de medioambiente«.

El Ejecutivo comunitario ha remarcado que, de ser ciertas estas sospechas, el sistema de incentivos conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal con respecto a otras formas de producción de electricidad y a las centrales de carbón de otros países de la Unión Europea. En cualquier caso, Bruselas ha señalado que la investigación busca determinar si sus dudas iniciales están justificadas, al tiempo que ha añadido que «brinda a España y a terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin prejuicio del resultado de la investigación».

«Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la Unión Europea. Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión», apuntó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

La Comisión Europea ha anunciado esta investigación después de confirmar que está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno quiere aprobar para evitar el cierre de centrales eléctricas con las normas europeas en materia energética. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha negado que ambas decisiones estén relacionadas. «No, la decisión es sobre un esquema específico en España que hemos investigado en el curso de la investigación sobre mecanismos de capacidad», ha señalado el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso.

España defiende las ayudas concedidas

Por su parte, el Gobierno español argumenta que el sistema de ayudas a las centrales de carbón por reducir emisiones contaminantes es «respetuoso» con las regulaciones de la Unión Europea y no tenía la consideración de ayudas públicas cuando fue puesto en marcha, en 2007. En este sentido, fuentes del Ministerio de Energía indicaron que estas ayudas se financian a cargo del sistema y no con Presupuestos. Además, subrayaron que la Comisión Europea conoce este esquema, que ya está cerrado y termina en 2020, desde hace años y «nunca ha dicho nada hasta ahora». No obstante, España está dispuesta a continuar el procedimiento para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día, añadió Energía.