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La Comisión Europea quiere apoyar a los Estados miembros evaluando las medidas para atajar la contaminación en la Unión Europea

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Europa Press.- La Comisión Europea espera de España y de otros 8 países del bloque comunitario medidas encaminadas combatir la contaminación atmosférica que eviten una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). «Tras debates constructivos, el colegio de comisarios acordó proceder con las últimas etapas del procedimiento de infracción a no ser que se presenten medidas adicionales, creíbles y efectivas por parte de los 9 Estados involucrados», insistió el portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Enrico Brivio.

Brivio ha recordado que el comisario del ramo, Karmenu Vella, se reunió con representantes de los 9 países. «Esa cumbre fue convocada como el último esfuerzo para encontrar soluciones para atajar el grave problema de la contaminación atmosférica en la Unión Europea», ha señalado. Bruselas, ha dicho, quiere «ayudar» a los países a «cumplir urgentemente» con los límites de emisiones «que han sido acordados pero no respetados por muchos años». Brivio ha apuntado que la Comisión Europea necesitará tiempo para evaluar las consideraciones «técnicas y legales» de las medidas presentadas antes de tomar una decisión sobre una posible denuncia por incumplimiento ante la Justicia europea.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, explicó que el Ministerio informaría a la Comisión Europa del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados. García defendió que no se trata de «un problema generalizado», sino que afecta a «determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, indicó que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y el extrarradio de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

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Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.

El PSOE confía en que el Gobierno busque la estabilidad energética para las empresas con la nueva subasta de interrumpibilidad

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EFE.- El portavoz de Industria y Energía del Grupo Socialista en la Junta General del Principado de Asturias, Jesús Gutiérrez, expresó sus esperanzas, desde el «escepticismo positivo», en que el Gobierno central busque una estabilidad energética para las empresas tras el «parche» de 5 meses planteado para la próxima subasta eléctrica.

Jesús Gutiérrez ha querido transmitir un mensaje de «prudencia» ante el borrador de la orden ministerial que modifica las condiciones de la subasta de asignación de derechos de interrumpibilidad, aunque ha insistido en mostrarse escéptico. Lo ha hecho tras mantener una reunión con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, dado que en esta ciudad están radicadas 3 de las 5 empresas más electrointensivas de España.

La propuesta del PSOE es eliminar los peajes de las tarifas eléctricas para que sean más beneficiosas para las empresas, establecer nuevas tarifas impositivas y que el plazo del servicio de interrumpibilidad sea como mínimo para un plazo de 2 a 3 años. «Eso es lo único que va a dar estabilidad a las empresas, es lo que garantizará que no haya deslocalizaciones y es lo que dará tranquilidad a los trabajadores», ha indicado Gutiérrez.

Gutiérrez quiso trasladar un mensaje de prudencia ante el periodo temporal de adaptación a la normativa europea que se abre hasta junio de 2018. El servicio de interrumpibilidad se plantea en la próxima subasta para sólo cinco meses, pero, en principio, para adaptar la normativa a las exigencias de Europa y establecer luego un sistema más estable para las empresas.

En ese punto, el PSOE es «escéptico» pero lo quiere ser, según ha indicado Jesús Gutiérrez, en positivo. «Somos escépticos porque el Gobierno de España nos tiene acostumbrados a no buscar las soluciones en el marco de la energía pero, a la vez, queremos abrir una puerta a la esperanza para que, de una vez por todas, atienda los requerimientos que se le vienen haciendo por parte del PSOE y por parte de los agentes sociales», ha recalcado el diputado.

El diputado socialista ha mostrado más confianza en el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que en su antecesor, José Manuel Soria, «que sabía mucho de turismo pero muy poco de energía y de industria, mientas que el actual creemos que sabe bastante más de industria y de energía». Por su parte, la alcaldesa ha indicado que éste es uno de los problemas más acuciantes que tiene la ciudad, y ha reconocido que es un tema que le «agobia» por la incidencia que tiene sobre la estabilidad de la industria, por lo que ve «imprescindible» buscar una solución al coste energético.

Avilés, sede de las principales industrias electrointensivas, rechaza que la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad sólo cubra 5 meses

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EFE.- Mientras la concejala de IU de Avilés, Carmen Conde, acusaba al Gobierno central de colocar la espada de Damocles de la deslocalización sobre la cabeza de las grandes consumidoras de la energía eléctrica, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, critica la posible reducción a 5 meses de la duración de los derechos derivados de la subasta de interrumpibilidad y aboga por que exista un marco estable ya que «las empresas tienen que conocer sus costes eléctricos en el medio plazo».

«No me gusta. En la comarca de Avilés siempre hemos pedido al Gobierno que este tema tiene que tener una solución estable en el tiempo y en un medio plazo; no puede ser que cada año estemos en una incertidumbre, y ahora por lo que parece cada menos tiempo «, aseveró. Según indicó, es necesario un marco para la solución energética de las grandes industrias.

La alcaldesa de Avilés ha recalcado que la ciudad asturiana tiene tres grandes industrias, «importantísimas para nuestra comarca que en cierto modo dependen de este sistema». «Lo que hemos venido pidiendo al Gobierno de España durante estos cinco largos años es que tiene que existir un marco estable, las empresas tienen que saber a medio plazo cuáles van a ser sus costes energéticos porque eso repercute en las inversiones y en el mantenimiento de las instalaciones de las empresas«, insistió.

Asturias bajo espada de Damocles

Por su parte, la representante de Izquierda Unida se sumó a las voces sindicales y políticas que critican la reducción a 5 meses del periodo de vigencia del servicio de interrumpibilidad, cuando en los últimos años se venía solicitando justo lo contrario para que las empresas tuvieran margen de maniobra para planificar sus estrategias. Lo considera negativo para una comarca como la de Avilés, que aglutina a 3 de las 5 empresas más electrointensivas de España: ArcelorMittal, AZSA y Alcoa.

«Creemos que hay otras alternativas, pero si la única vía para la adquisición de la energía es la subasta, tendría que ser de dos años como mínimo porque las empresas tienen que tener una previsión de gastos y para que el empleo esté normalizado«, indicó Conde. Por ello, Izquierda Unida pide un mayor compromiso del Gobierno central con la industria «porque está en la inacción y sin previsión de futuro».

La subasta de interrumpibilidad se salda con un coste de 525 millones y asignando 375 MW más de lo previsto

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Redacción / Agencias.- Red Eléctrica de España (REE) ha completado el proceso de asignación del servicio de interrumpibilidad para 2017 a través de subastas competitivas con la asignación de un total de 2.975 megavatios (MW), 375 MW más de lo previsto inicialmente. El coste total para el sistema eléctrico ascenderá a 525 millones de euros. Este servicio lo ofrecen los grandes consumidores de electricidad y consiste en su compromiso de reducir o suspender la demanda cuando lo exija la operación del sistema eléctrico.

Los 2.975 megavatios (MW) de potencia interrumpible a grandes consumidores industriales se han asignado a un precio medio ponderado de 176.420 euros por MW, según indica REE. En las subastas han participado pujadores en representación de 138 puntos de suministro, al tiempo que los adjudicatarios han sido 138, de modo que todos ellos han obtenido potencia interrumpible. En total, se han asignado durante las subastas, 10 bloques de 90 MW y 415 bloques de 5 MW. REE, que organizó el proceso en calidad de administrador de la subasta, ha publicado los resultados definitivos, validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Una vez subastados los 340 bloques iniciales de 5 MW sin que se agotara el presupuesto asignado para la temporada 2017, REE convocó, en virtud de lo fijado por la regulación, subastas adicionales en las que se asignaron 75 nuevos bloques de 5 MW. El precio medio de asignación ha sido de 289.125 euros por MW para los productos de 90 MW y de 127.536 euros por MW para los de 5 MW, mientras que la media ponderada de asignación se ha situado en los 176.420 euros por MW. Los precios de salida fijados por Energía habían sido de 310.000 euros por MW para los productos de 90 MW y de 160.000 euros por MW para los de 5 MW.

Alcoa, satisfecha, pide más estabilidad

Por su parte, Alcoa, que obtuvo mejores resultados que el pasado año en la subasta de interrumpibilidad, con al menos 5 bloques de 90 megavatios, ha pedido un sistema que permita una planificación a más largo plazo y no deje a las plantas españolas sujetas a la volatilidad del mercado. «Las plantas de electrolisis de aluminio primario necesitan una solución de energía competitiva a más largo plazo porque el servicio de interrumpibilidad sólo se garantiza para un año; la compra de energía en el mercado spot hace que las plantas estén sujetas a la volatilidad de los precios de la energía», explicaron fuentes de Alcoa.

Las mismas fuentes han confirmado que se han logrado 5 bloques de 90 MW, de los que tres se destinarán a la fábrica de San Ciprián, y los otros dos a la de La Coruña y Avilés. También ha logrado más bloques de cinco megavatios. De esta forma, Alcoa ha conseguido mejores resultados que en años precedentes y ahora lo que va a hacer la compañía es analizarlos y comprobar su impacto en las operaciones.

Alcoa asegura que se presentó a la subasta como empresa de consumo intensivo de la electricidad con el objetivo de obtener el mayor valor posible de los servicios de interrumpibilidad para fortalecer su sistema de producción de aluminio primario en España y poder hacer un mejor servicio al mercado. El servicio de interrumpibilidad se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por el operador del sistema REE a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria, como Alcoa, ArcelorMittal o Azsa.

La subasta del servicio de interrumpibilidad amplía de 8 a 10 los bloques de 90 MW para satisfacción de Asturias

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EFE.- El director general de Minería y Energía del Principado de Asturias, Isaac Pola, considera que es «prematuro todavía» pero que el aumento a 10 bloques de 90 megavatios de la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad del sistema eléctrico «apunta bien» y le parece «un dato positivo» después de conocer la decisión de Red Eléctrica ante la subasta de la próxima semana, Estos bloques son los que más interesan a Alcoa, según indicó el comité de empresa de la aluminera.

La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda eléctrica que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria como Alcoa, ArcelorMittal o Azsa. A falta de saber cuántas empresas están certificadas para la próxima subasta, la ampliación del número de bloques de 90 MW, demandada recientemente por organizaciones sindicales y políticas, abre un escenario en principio mejor que el del pasado año, aunque con dudas por despejar.

La primera es si en la puja están certificadas el mismo número de empresas, en cuyo caso Alcoa tendría más opciones en la subasta, pero la plantilla de trabajadores de Avilés pide en ese supuesto a la compañía que tenga en cuenta la fábrica asturiana en el reparto de esos paquetes. El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CCOO), indicó que, en caso de que sean las mismas empresas, habría más opciones de lograr un bloque de 90 MW, «que no es del todo suficiente, pero sí sería lo mínimo para ser rentables». El año pasado Alcoa obtuvo 3 bloques de 90 MW y fueron a su factoría de San Ciprián (Lugo).

Asturias: “La subasta apunta bien»

Por su parte, Isaac Pola afirmó que «las valoraciones en este caso hay que hacerlas a posteriori, pero apunta bien que haya dos bloques más de 90 megavatios, aunque es preciso tener en cuenta que hay muchos parámetros que no se conocen hasta el momento de su celebración precisamente para mantener la tensión competitiva». El director general recalcó que la interrumpibilidad es una variable que permite a las industrias electrointensivas rebajar el precio final de la energía, pero entiende que debería de articularse alguna medida regulatoria en los otros componentes. «Es preciso hacer una revisión de los peajes eléctricos, hacer también una revisión de la fiscalidad que se aplica a la energía, e incluso de la configuración del precio», subrayó.

Además, ha explicado que la energía tiene tres vertientes fundamentales, la primera de las cuales es el precio que marca la competitividad del sector industrial y de la economía. Una segunda vertiente de la energía es que se trata de un sector productivo en sí mismo, de modo que las oscilaciones en la generación de energía en Asturias influyen decisivamente sobre los parámetros estadísticos como, por ejemplo, la participación en el PIB del sector industrial.

Para el director general de Minería y Energía, la tercera vertiente, especialmente importante para Avilés, es la energía como «sector inductor» para otras actividades industriales. «Avilés es un ejemplo paradigmático en el que tenemos una multitud de empresas industriales que trabajan para el sector energético, para el gas y el petróleo, y para las renovables como las eólicas marinas», expuso el director general. Para Isaac Pola, es necesario ir a un pacto de estado en materia energética, porque la actual regulación del sector, con la última reforma, planteó «muchas incertidumbres, cuando la energía es un elemento clave para la competitividad».

Un “parche” para Unidos Podemos

Sin embargo, el diputado nacional de Podemos, Segundo González, calificó de «buena noticia» la decisión de Red Eléctrica pero ha remarcado que tan sólo se trata de un «parche que no resuelve estructuralmente el problema de la tarifa eléctrica para las empresas electrointensivas». Por ello, insistió en la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de servicio de interrumpibilidad «sostenible y predecible, y que esté condicionado también a la inversión y al mantenimiento de los puestos de trabajo», dentro de un pacto de la energía que implique a las empresas, los sindicatos, las empresas y los sectores energético e industrial.

Avilés demanda una estrategia industrial

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, exigió una estrategia industrial «real y ambiciosa» que comprometa al territorio y que esté conectada con los planteamientos de la Unión Europea en este sector. En este sentido, Monteserín también pide contar con un sistema de tarifa eléctrica sostenible y duradero en el tiempo que permita a las empresas consolidar estrategias productivas a largo plazo y con inversiones e infraestructuras que faciliten la consolidación de sistemas que basen la competitividad en la mejora constante de la productividad y en políticas anticíclicas».

Por ello, la alcaldesa plantea una nueva tarifa eléctrica para la industria, que supere la temporalidad de las subastas anuales de interrumpibilidad, y otorgue seguridad y garantía a las grandes industrias avilesinas. «Incertidumbre, inestabilidad, inseguridad, son los adjetivos que acompañan al actual sistema de subasta a la baja para la renovación de las retribuciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad», indicó. La alcaldesa recordó que se elevaron mociones al pleno municipal en apoyo a la industria, se convocaron movilizaciones lideradas por los agentes sociales, se trasladaron peticiones de reunión al Ministerio de Industria, y se organizaron jornadas de apoyo al sector industrial.

El PP muestra su satisfacción

Por otro lado, el portavoz municipal del PP de Avilés, Carlos Rodríguez de la Torre, considera que el aumento de bloques de 90 megavatios en la subasta para el servicio de interrumpibilidad debería hacer callar «a los agoreros que utilizan políticamente esta situación». En su opinión, el Ministerio de Energía ha atendido las peticiones de las empresas y es un síntoma de que el nuevo responsable de Energía, el ministro Álvaro Nadal, «es buen conocedor de la problemática asturiana y de la ciudad». «Parece que algunos partidos salen enseguida a maltratar políticamente al nuevo gobierno pero callan cuando hay este tipo de noticias tan positivas», declaró el portavoz de PP.

El alcalde de Avilés critica el aplazamiento de la subasta de interrumpibilidad

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EFE.- El alcalde de Avilés en funciones, Luis Ramón Fernández Huerga, ha considerado «lamentable la nueva vuelta de tuerca» del Gobierno central con el aplazamiento de la subasta de interrumpibilidad que, a su juicio, demuestra que la industria no está entre sus prioridades. «A la incertidumbre generada por este Gobierno con una subasta criticada por todas las partes implicadas, se añade ahora esta nueva incertidumbre limitando los plazos y los márgenes de maniobra de las empresas», lamentó Fernández Huerga.

«Esto es una mala noticia de un Ministerio que no tiene ministro, porque tuvo que dimitir por otras cuestiones, y de un Gobierno en funciones que no cumple con sus funciones, porque esta subasta se podría haber hecho dentro de sus funciones sin mayor demora», denunció. Ante esta situación, Luis Ramón Fernández Huerga demandó «una política industrial seria», ya que lo contrario afecta «sobremanera a esta comarca», donde hay una gran concentración de multinacionales que, en mayor o menor medida, dependen de la energía eléctrica como materia prima para producir. Todas estas empresas, con Alcoa como la más electrodependiente, necesitan despejar el precio de la tarifa para planear su futuro.

Inquietud en Alcoa ante el posible aplazamiento de la subasta eléctrica

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EFE.- El presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, reclamó al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que aclare que si habrá subasta eléctrica de interrumpibilidad en septiembre, tal como estaba inicialmente previsto, ya que existe el temor de un aplazamiento. En este sentido, Gómez de la Uz ha mostrado su preocupación porque asegura que existen informaciones que apuntan a que el Ministerio de Industria prevé aplazar la subasta de interrumpibilidad hasta que no se forme gobierno.

«¿Y qué pasa si este año no se forma un nuevo Gobierno? Porque eso es algo que puede pasar; por eso le pido al secretario de Estado que aclare si va a haber subasta eléctrica en septiembre», ha indicado Gómez de la Uz, queincidió en el hecho de que las plantas de la aluminera tienen mucha dependencia del coste energético «y si no hay una tarifa razonable, no sobrevivimos». Esta incertidumbre incrementa la ya existente sobre el futuro de las fábricas españolas de la multinacional del aluminio. En su último pronunciamiento, la compañía informó de que busca la viabilidad de sus plantas en España.

Alcoa aplica el protocolo de interrumpibilidad por una avería en la red eléctrica

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EFE.- La fábrica de Alcoa de Avilés ha aplicado el servicio de interrumpibilidad durante dos horas debido a una avería registrada en una subestación de la red eléctrica situada en Soto de Ribera que ha afectado al proceso productivo de la aluminera.

Fuentes de la compañía han explicado que la fábrica ha sido avisada con breves minutos de antelación de que a las 12:15 horas se iba a producir ese corte del suministro eléctrico de la fábrica avilesina por espacio de dos horas.

El servicio de interrumpibilidad consiste en que la red eléctrica, ante situaciones especiales como el de la avería registrada en la subestación de Soto de Ribera, el suministro se reconduce o se prioriza a otros destinos.

La fábrica de Alcoa tiene un protocolo de aplicación automatizada de este servicio, que ha funcionado con normalidad, según las mimas fuentes.

La subasta para el servicio de interrumpibilidad a la que acude Alcoa consiste en proporcionar una tarifa eléctrica más competitiva a cambio de que, en casos como este, se tenga que cortar el suministro para atender puntualmente otras prioridades.

La situación vivida hacía tiempo que no se daba y era más habitual en los años noventa y los anteriores a la crisis cuando en los meses estivales se registraban picos de consumo debido a los aparatos de aire acondicionado o en los meses de frío.

La próxima subasta del servicio de interrumpibilidad está prevista para el mes de septiembre y la compañía confía en poder lograr un precio competitivo para que operen sus fábricas durante el siguiente ejercicio.

Iberdrola embarca los pilotes para el parque eólico marino de Wikinger en el mar Báltico

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EFE.- Iberdrola ha iniciado en el puerto de Avilés el embarque con destino al mar Báltico de los primeros 32 pilotes del parque eólico marino de Wikinger, que se construye a 75 kilómetros de la costa alemana con un presupuesto de 1.400 millones de euros. Según han explicado fuentes de la compañía energética, a finales de marzo se llevará a cabo el segundo envío y los sucesivos entre mayo y junio, en unas operaciones realizadas por la empresa ferrolana Pérez Torres.

La empresa conjunta formada por Navantia y la asturiana Windar Renovables está fabricando 29 cimentaciones de tipo jacket, valoradas en 90 millones de euros para este parque eólico que generará suficiente energía como para cubrir las necesidades eléctricas de más de 350.000 hogares alemanes. Para fijar las jackets al lecho marino se utilizan pilotes, enormes cilindros de acero de 2,6 metros de diámetro y unas 150 toneladas de peso cada uno, que está construyendo Windar en sus instalaciones de Avilés. Estos cilindros penetran hasta 40 metros el fondo marino y sobre ellos se encajan cada una de las cuatro patas de las cimentaciones. Windar es una empresa líder dedicada a la fabricación de torres eólicas para aerogeneradores y cimentaciones offshore.

El mayor contrato renovable español

El parque eólico, ubicado enfrente de la isla alemana de Rugen, va a ocupar un área de unos 34 kilómetros cuadrados, en los que la compañía tiene previsto instalar 70 aerogeneradores de 5 MW de la empresa Adwen, joint venture formada por Gamesa y la francesa Areva. Wikinger va a contar con una gran subestación marina, que cuenta con un innovador diseño realizado por la filial de ingeniería y construcción del grupo Iberdrola y cuya construcción se encuentra en estado avanzado en las instalaciones de Navantia en Puerto Real (Cádiz). Esta adjudicación es una de las mayores que Iberdrola ha realizado hasta la fecha a una empresa española en el sector de las energías renovables.

Iberdrola y Navantia firmaron a finales de 2014 un acuerdo, valorado en 160 millones de euros, mediante el cual se acordaba que la naviera fuera la encargada de desarrollar varios trabajos dentro del proyecto de Wikinger, desde sus instalaciones de Puerto Real (Cádiz) y Fene (A Coruña). Estos contratos contemplaban la construcción, en los astilleros de Navantia en Puerto Real, de la plataforma de la subestación marina de este parque y su posterior instalación por unos 70 millones de euros. La obra de Puerto Real se encuentra ya en su fase final, cumpliendo los plazos previstos y se prevé que el transporte de la subestación se realice en barco hasta Alemania en los próximos meses.