EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha indicado que el encarecimiento de la electricidad «se traduce directamente en una pérdida de competitividad industrial» después de conocerse que el precio haya registrado en septiembre sus máximos anuales. La AEGE, que representa a gran parte de la industria electrointensiva, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y de gases industriales, alerta de que el encarecimiento en los precios eléctricos «amenazaría» su futuro si esta situación se prolongara.

La patronal considera «urgente replantear» el esquema de costes del suministro del consumidor electrointensivo español, para lo que dice que «es necesario un cambio de modelo que iguale las condiciones» del suministro eléctrico en España a las de sus principales competidores europeos. La AEGE asegura que sus industrias asociadas tuvieron el año pasado un sobrecoste estimado de 450 millones de euros respecto a Alemania y asegura que este año «la situación ha empeorado de manera preocupante», con un precio del mercado unos 8 euros/MWh más caro que el año anterior.

La situación, según esta fuente, «se complica más» en relación con los países de fuera de la Unión Europea, y lo justifica porque éstos países no están afectados por el incremento de los precios de los derechos de emisión, «que implica una pérdida de nuestra competitividad«. La electricidad supone hasta el 50% de los costes de producción de estas industrias.

AEGE opina que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética «debería reconocer» el estatus de consumidor electrointensivo, para igualarlo con las condiciones del suministro eléctrico de sus competidores franceses y alemanes. También solicita la aplicación de las medidas compensatorias, que asegura que están contempladas en los Presupuestos del Estado de 2018, por costes adicionales incurridos por las industrias electrointensivas.

«Raquíticas» las medidas del Gobierno

Por otro lado, Facua considera «raquíticas» las medidas anunciadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación a las tarifas eléctricas, al estimar que no van a representar una bajada considerable en el recibo eléctrico que pagan los consumidores españoles. El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha lamentado que «una vez más, da la sensación de que en España mandan más las eléctricas que el Ejecutivo». «La ministra Ribera ha anunciado medidas que no solucionan la carestía del recibo ni ponen fin a la especulación de las eléctricas. Una pena que este Gobierno tampoco quiera molestar al oligopolio de las puertas giratorias», ha añadido el portavoz.

Facua presentó en una reunión al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, una serie de medidas para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de Facua, algo que ya ha rechazado la ministra. Según Facua, bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Sin embargo, Ribera anunció en el Congreso que eliminará el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que extenderá el bono social a la calefacción.

La principal medida propuesta por la asociación es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de Facua señala que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Moratoria para el bono social

Otra medida anunciada por Ribera es una «moratoria» para aquellos consumidores vulnerables con derecho al bono social eléctrico que no hayan podido inscribirse antes de la fecha límite del 8 de octubre. En este sentido, Ribera subrayó que el nuevo sistema de bono social «no puede ir en contra de los beneficiarios», por lo que se quiere evitar que se produzca esa criba con respecto al número anterior de beneficiarios.

«No hemos entrado en épocas de gran frío o demanda eléctrica, pero queremos apurar al máximo para que antes del 8 de octubre llegue al mayor número de ciudadanos potenciales del bono social, sin excluir ni limitar. Al contrario, que pueden seguir apuntándose. Pero es importante que puedan hacerlo cuanto antes para que no haya discontinuidad en la prestación de ese bono», apuntó. El plazo para la inscripción al nuevo bono social eléctrico, prestación que permite obtener un descuento del 25% al 40% en la factura eléctrica mensual para determinados consumidores vulnerables expiraba este 8 de octubre, después de que ya hubiera sido ampliado anteriormente.

Alrededor de 700.000 consumidores han solicitado el nuevo bono social frente a los 2,5 millones de clientes que eran beneficiarios del antiguo bono social. A este respecto, Ribera consideró que el criterio de la renta fue uno de los aspectos en que se avanzó con la aprobación del nuevo sistema de bono social, aunque subrayó que se debe «avanzar más» en esa línea. Así, la ministra subrayó que la falta de potenciales beneficiarios que no se han inscrito en el nuevo sistema tiene que «ver con la dificultad burocrática o de entendimiento» para hacerlo, para lo que pidió la ayuda de «quienes ya trabajan sobre el terreno con esos colectivos».