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Greenpeace y la Fundación Renovables piden adelantar el cierre de las centrales nucleares y participar en el proceso

Europa Press.- Greenpeace y la Fundación Renovables piden al Gobierno que acelere la transición ecológica y adelante el cierre «inevitable» de las centrales nucleares que debe ser «seguro, eficaz y eficiente». En el marco de un foro de debate Un horizonte sin nucleares celebrado en Madrid en el que ha participado una veintena de expertos de distintos sectores que instan al Gobierno a no tomar decisiones a puerta cerrada, sino participar en un diálogo social sobre el apagón nuclear.

Los participantes han coincidido en reclamar un «debate necesario» al respecto y quieren ser «escuchados en igualdad de condiciones» por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, igual que ha hecho con los presidentes de las eléctricas. En ese sentido, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, defiende que «el Gobierno no está para rescatar a las eléctricas, sino para defender los intereses ciudadanos».

«La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que este debate, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos», denunció el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, que cree que el papel de las nucleares puede cubrirse «solamente» con las subastas pendientes de ejecutar este año y con los planes de mínimos del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. «Las renovables están perfectamente preparadas para sustituir al parque nuclear actual», apostilló.

Greenpeace asegura que «ningún» país ha logrado gestionar de forma segura sus residuos nucleares y pide el cierre de centrales

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha publicado un informe a nivel mundial en el que asegura que «ningún» Estado ha logrado gestionar «de forma segura» sus residuos nucleares y señala que 2019 será decisivo en esta cuestión ya que se prevé la aprobación de un nuevo plan nacional de residuos que sustituya al anterior, de 2010.

Por ello, la ONG reclama la paralización de los residuos radiactivos y exige que cada industria se encargue de gestionar sus propios residuos. El documento analiza la situación de los residuos nucleares en distintos países como Estados Unidos, Francia, Japón, entre otros. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, denuncia que el «preacuerdo» entre el Gobierno español y las compañías eléctricas, que contemplaría un cierre de las centrales nucleares a partir de 2025, supone «un riesgo innecesario» que prioriza las cuentas de resultados de las empresas «frente al coste para la sociedad».

La ONG insiste en que el Gobierno debe contemplar «con rigor», en el Plan de Energía y Clima, que el coste de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos sea «íntegramente cubierto» por las empresas titulares de las plantas. «Toda industria debe ser capaz de sufragar la gestión de los residuos que produce, además de evitar que la población y el medio ambiente se vean expuestos a graves riesgos. No puede haber excepciones, sobre todo en lo referente a los residuos nucleares, algunos de los cuales son extremadamente perjudiciales y peligrosos», ha añadido Montón.

Asimismo, expone que para Greenpeace la opción «menos perjudicial» para el combustible gastado, seguirá siendo el almacenamiento temporal cerca de la superficie, en superficie o en seco, ya que deja abiertas todas las puertas para las generaciones futuras y hace posible vigilar los residuos fácilmente. Sin embargo, no aporta ninguna solución para los dilatados plazos necesarios. Finalmente añade que ve un «peligroso sinsentido» seguir promoviendo la minería de uranio en España, donde se está estudiando el proyecto de la empresa australiana Berkeley en Retortillo (Salamanca).

RWE cree que 2038 es demasiado pronto para el adiós alemán al carbón y supondrá una pérdida significativa de empleo

Europa Press.- La recomendación de que Alemania deje de usar completamente carbón como combustible a partir de 2038, efectuada por una comisión designada por el Gobierno, tendrá un impacto negativo significativo sobre el empleo, según ha advertido la eléctrica alemana RWE, señalando que la fecha fijada para el abandono de esta fuente de energía «es demasiado pronto».

«La fecha de finalización de 2038 recomendada por la Comisión para la generación de energía a base de carbón es demasiado pronto para la compañía», advierte la utility germana, que defiende la necesidad de volver a examinar esta fecha en 2032. En este sentido, RWE sostiene que la implementación de las propuestas de la Comisión gubernamental representaría un tour de force de políticas estructurales para las regiones afectadas, añadiendo que las medidas planteadas por los expertos para abordar estos problemas representan «un buen primer paso», pero advirtiendo de que la gestión de este cambio estructural «es una tarea de décadas».

Asimismo, la eléctrica recuerda que ya había advertido de que este plan tendría un «impacto considerable en la empresa y sus empleados», tanto de manera directa como mediante proveedores y empresas colaboradoras. «Las propuestas de la Comisión tienen graves consecuencias para el negocio de lignito de RWE», advirtió Rolf Martin Schmitz, consejero delegado de RWE, subrayando el compromiso de la empresa para salvaguardar los intereses de sus empleados y accionistas.

El máximo ejecutivo de RWE ha añadido que las propuestas supondrán «una reducción significativa» de puestos de trabajo para 2023, aunque aún no se puede cuantificar», pero que va «mucho más allá» de los planes anteriores. En este sentido, Schmitz ha apuntado el impacto directo sobre los empleados de las plantas afectadas por el cierre previsto para 2022, añadiendo que indirectamente se verán afectados también los empleados en minería a cielo abierto, por lo que ha expresado su deseo de que el plan se ejecute de una manera socialmente aceptable, «porque los empleados no deben ser víctimas de decisiones políticas».

La llamada Comisión del Carbón recomendó que Alemania deje de usar este combustible a más tardar en 2038. La Comisión solo efectúa recomendaciones. La puesta en práctica correrá por cuenta del Gobierno federal de la canciller Angela Merkel y de los Ejecutivos de los estados federados. Un 37% de la energía eléctrica de Alemania se genera a través de la producción de lignito y hulla.

Alemania aspira a poner fin a la explotación de lignito y hulla para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. El carbón cobró mayor importancia al resolver el Gobierno el apagón gradual de la centrales nucleares hasta 2022. La Comisión aconsejó que los estados federados afectados reciban compensaciones de unos 40.000 millones de euros durante un plazo de 20 años y propuso que en el año 2032 se revise la posibilidad de adelantar la fecha de salida a 2035 en consenso con los operadores energéticos.

Podemos recurre ante el Tribunal Constitucional el veto del Gobierno a su propuesta de cierre progresivo de las centrales nucleares

EFE.- El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el veto del Gobierno, confirmado después por la Mesa del Congreso, a la toma en consideración de su proposición de ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares.

El recurso se presenta tras la desestimación el 6 de junio por parte de la Mesa del Congreso del escrito de reconsideración que había presentado Podemos y en el que rechazaba el veto del Gobierno amparándose en el principio de estabilidad presupuestaria. Por contra, Podemos considera que el cierre nuclear progresivo no afecta al presupuesto en vigor, ni tampoco tendría efectos presupuestarios en el ámbito de 3 años cubierto por los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha insistido en que su grupo hará «todo lo posible» para proteger los derechos de los diputados que la Mesa del Congreso, «dominada por el PP y Ciudadanos», no defiende ante el «uso abusivo» de la prerrogativa del Gobierno de vetar proposiciones de ley que tengan afectación presupuestaria. «No puede ser, no es democrático que una cuestión de gran trascendencia, como es el cierre o la continuidad de las centrales nucleares, se resuelva unilateralmente por el Gobierno a través de órdenes ministeriales, sin ningún tipo de participación del Congreso, de los representantes de la ciudadanía», denunció.

Por su parte, el diputado Juan López de Uralde (Equo) ha asegurado que «las centrales nucleares españolas están llegando al final de su vida y van a cerrarse en todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura«. La proposición de Unidos Podemos planteaba el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, con el fin de lograr el apagón nuclear en 2024. El calendario de cierre que proponía es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó y Cofrentes en 2021, y por último Trillo en 2024.

La filial de energía atómica de la alemana E.ON recortará sus empleos a la mitad por el apagón nuclear

EFE.- PreussenElektra, la filial de energía atómica de E.ON, va a reducir a la mitad el número de sus empleados mediante un recorte de al menos 1.000 empleos hasta 2026, por el apagón de las centrales nucleares. La reducción de empleos se producirá en la central de la compañía en Hannover y en las centrales en Baviera, Baja Sajonia y Schleswig-Holstein. E.ON sacó en septiembre del 2016 a bolsa su filial de generación convencional Uniper y dejó la energía atómica en PreussenElektra.

El Tribunal Constitucional de Alemania avala el derecho de las compañías eléctricas a recibir compensaciones por el apagón nuclear decretado

EFE.- El Tribunal Constitucional de Alemania avaló el derecho de las compañías eléctricas a recibir una compensación «adecuada» por las pérdidas derivadas de la decisión del Gobierno de este país de acelerar el apagón nuclear tras la catástrofe de Fukushima (Japón) de 2011. La decisión del Tribunal Constitucional es la respuesta a la demanda que presentaron E.ON, RWE y la sueca Vattenfall después de que el Ejecutivo alemán decidiera cerrar las nucleares del país para 2022.

Las eléctricas reclamaron ser compensadas por los daños millonarios derivados de esa regulación, ante las inversiones realizadas en vano y los volúmenes de producción con los que ya no se generará electricidad como consecuencia del apagón nuclear definitivo. Según la sentencia, el Legislativo deberá aprobar antes de finales de junio de 2018 la correspondiente regulación para definir las compensaciones, que no fueron contempladas en la ley que estableció el apagón nuclear. En la lectura de su resolución, el vicepresidente del Constitucional, Ferdinand Kirchhof, confirmó, no obstante, el derecho constitucional del Gobierno a establecer fechas fijas para el apagón de todas las centrales nucleares del país.

La ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, se mostró «muy satisfecha con la resolución» del Tribunal Constitucional que confirma en esencia, argumentó, la constitucionalidad del apagón nuclear. «Tanto el establecimiento de fechas concretas de desconexión como también el calendario de cierres graduales son conformes a la Constitución», así como la anulación de la prolongación en 2010 de la vida útil de las centrales y la propia ley relativa al apagón nuclear, subrayó. Agregó que «las demandas de los consorcios energéticos por miles de millones quedan descartadas» con la resolución, al tiempo que destacó que el calendario del apagón se mantiene.

En tanto, el vicepresidente de los socialdemócratas, Ralf Stegner, afirmó que el «rumbo errático» de la canciller, Angela Merkel, «costará millones a los contribuyentes». Recordó que después de que socialdemócratas y verdes acordaran en 2002 el abandono de la energía nuclear, Merkel decidió salirse de este rumbo, con un «abandono del abandono», al que tras Fukushima siguió un «abandono del abandono del abandono», argumentó. «Si ahora los consorcios nucleares deben ser indemnizados por sus inversiones, la culpa es únicamente de Merkel«, sentenció. Por su parte, el líder de Los Verdes, Anton Hofreiter, exigió limitar las indemnizaciones «al mínimo necesario» y señaló que se está pagando que el Gobierno de conservadores y liberales «sencillamente trabajara mal».

La sentencia no supone todavía la adjudicación de una indemnización para las eléctricas, pero crea la base para que las compañías puedan defender sus reivindicaciones en futuros procesos o a nivel extrajudicial. Aunque no se conoce la suma concreta que podrían estar reclamando las empresas energéticas en materia de indemnización, los expertos calculan que podría ascender a 19.000 millones de euros. Los consorcios energéticos reclamaron su derecho a una indemnización ante el cambio de la política energética del Ejecutivo tras la tragedia de Fukushima, un adelanto del cambio de modelo energético que equipararon a una expropiación por las inversiones que habían realizado hasta ese momento.

Esas inversiones estaban en consonancia con el concepto energético a largo plazo del Gobierno alemán a finales de 2010. En esta política energética se veía la energía nuclear como una «tecnología puente», añade E.ON, que había invertido varios cientos de millones de euros en prolongar la vida de sus plantas nucleares. El adelanto del apagón nuclear y el rápido cambio de modelo energético devaluaron estas inversiones y las compañías energéticas no han recibido ningún tipo de compensación. El Constitucional alemán considera que el legislador debería haber tenido en consideración estas pérdidas al tomar la decisión.

La coalición de Gobierno entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y los liberales del FDP decidió en 2011 tras la tragedia nuclear japonesa dar marcha atrás al plan energético para prolongar la vida de las centrales atómicas aprobado en 2010. El Gobierno alemán estableció por ley un calendario gradual de cierres de las entonces 17 centrales nucleares todavía en funcionamiento, las últimas para 2022, unos 10 años antes de lo que había previsto antes.

E.ON celebra recibir las indemnizaciones

La energética E.ON dio la bienvenida a la decisión del Constitucional alemán de que las energéticas reciban una indemnización por el adelanto del apagón nuclear. «El Tribunal reconoce sobre todo la importancia de la confianza en lo que se refiere a las inversiones hechas sobre la base de decisiones políticas», señaló E.ON, que se mostró dispuesta a dialogar de forma constructiva con el Gobierno alemán sobre la indemnización y es consciente de que la negociación durará algún tiempo y no espera recibir pronto ningún pago.

E.ON y RWE subieron con fuerza en Bolsa después de que el Tribunal Constitucional alemán les diera la razón y declarara el adelanto del apagón nuclear parcialmente inconstitucional porque no hay indemnización para las empresas. E.ON ganaba en la bolsa de Fráncfort un 4%, hasta 6,38 euros, y RWE subía un 2,5%, hasta 12 euros. Nada más conocerse la decisión judicial llegaron a subir con fuerza más de un 5%.