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Un documental denuncia el drama fotovoltaico de 62.000 familias españolas

EFE.-El actor, director y productor riojano César Vea inicia en Logroño un recorrido por diferentes salas y festivales de España con el documental «El camino del sol», con el que busca «denunciar el drama fotovoltaico que viven en España 62.000 familias», entre ellas la suya.

Este documental ya fue preestrenado en Madrid, hace unos días e iniciará su recorrido por diferentes espacios en los que sus responsables quieren dar a conocer la situación creada por el cambio en la legislación que redujo las primas que recibían los productores de energía eléctrica en «huertos solares».

Algo que «arruinó» a muchas familias, entre ellas la del propio Vea, que en los últimos años ha participado en series de televisión como «Isabel» o películas como «El laberinto del fauno».

Además, también participa como productor en diferentes proyectos y gracias a ello logró reunir unos ahorros que invirtió, en 2009, en un «huerto» solar en su pueblo natal, El Villar de Arnedo, con la participación de su hermano y el apoyo de una entidad financiera lograron destinar un millón de euros a esta iniciativa.

«Era el momento de la fiebre por las energías renovables y a mucha gente, como nosotros, se le dio la opción de hacer unas instalaciones limpias que se amortizaban en unos años y que luego te permitían tener un pequeño plan de pensiones con los beneficios», ha relatado el director del documental.

Tras poner en marcha el huerto solar fueron demandados por el Estado «porque decían que las instalaciones no eran correctas, aunque ellos mismos nos habían dado los permisos», asegura. Perdieron varios juicios y se encontraron «con todo embargado o en proceso de que sea embargado, incluso la casa de mi padre», relata Vea, que siente vivir «dentro de un drama».

Porque, subraya, más allá de las circunstancias de cada familia «el origen de este problema es el mismo para todos», que «primero el Gobierno de Zapatero y luego el de Rajoy decidieron en un despacho cambiar las reglas de juego de la energía solar de repente, con lo que arruinaron a 62.000 familias».

En el documental ha tratado de reflejar «cómo hay gente a la que se ha llevado a la exclusión social por este tema» por medio de entrevistas a los afectados.

El trabajo cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, ANPIER, ha sido escrito por la guionista Isabel de Ocampo -ganadora de un Goya al mejor corto español- y es protagonizado por el Ismael Fritschi (REC, La caja de Pandora).

La “excesiva” burocracia desanima a optar por el autoconsumo, según coinciden las asociaciones solares UNEF y Anpier

EFE.- El autoconsumo de electricidad en hogares apenas ha avanzado medio año después de la aprobación de la polémica normativa para estas instalaciones, a las que a la elevada inversión para su puesta en marcha se le suma una compleja burocracia, según coinciden las principales asociaciones del sector. En este sentido, tanto UNEF como Anpier coinciden en que la ley introduce «tal burocracia que lo normal es que poca gente se anime a instalar placas en su hogar».

«Un hogar tipo, con una potencia en torno a los 3-4 kW (kilovatios), necesitaría invertir unos 4.500 euros en la compra de 14 placas», afirma el presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, unas cifras en las que coincide el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez. «Buena parte de la inversión va destinada a pagar las baterías, el componente más caro», explica Martínez, quien destaca, no obstante, que estos costes «son un 75% más baratos que en 2007» por las «enormes mejoras» tecnológicas del sector.

Una vez hecha la inversión, Anpier calcula que, si se adopta «una pauta de consumo programada y disciplinada», se puede amortizar en 5 años, al tiempo que cree que en el corto plazo se puede llegar a alcanzar un ahorro de hasta el 50% en la factura de la luz respecto al consumo tradicional. En cambio, desde UNEF afirman que el plazo de amortización «normal» sería de 15 años con la ley actual y de 10 años sin ella, «por las trabas y peajes a pagar que impone» y que a su juicio busca «desincentivar el desarrollo de las renovables».

Con independencia de la potencia de la instalación, según la Ley, alguien que quiera autoabastecerse mediante placas solares debe, en líneas generales, obtener un permiso municipal, notificar la instalación a su compañía eléctrica para cambiar la modalidad de contrato y registrarse en el Ministerio de Industria como autoproductor. Por ahora, en dicho registro hay 49 instalaciones inscritas con una potencia inferior a los 10 kW, donde entran los equipos que habitualmente se instalan en chalet (en bloques de pisos no se permite), y 132 con una potencia entre los 10 y 100 kW, unas cifras que el sector considera «reducidas», debido a las «trabas administrativas».

«La instalación puede estar lista, con todos sus permisos, en cuestión de 6 meses», afirma Donoso, un plazo «mucho más largo que en el resto de Europa a pesar de que nosotros somos el país del sol», señala Martínez. Según el sector, España podría ser la «gran potencia europea» del autoabastecimiento solar. Además, las principales eléctricas españolas también miran hacia este mercado y, por ejemplo, Iberdrola ya ofrece un paquete integrado para poner en marcha una instalación solar de autoconsumo para hogares, fábricas y regadíos.

Para grandes distribuidores, como Ikea España es necesario también que «la situación en materia normativa y legal sea más clara en España para que a largo plazo los clientes puedan invertir de forma segura en estas instalaciones». La cadena de establecimientos señala que España está en la lista para el lanzamiento de los productos de autoconsumo, aunque pronostica que su implementación en el mercado nacional no ocurrirá antes de 2017.

Los productores fotovoltaicos de Anpier recurrirán ante el Constitucional la decisión del Supremo de validar el recorte a las renovables

Servimedia.- La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) anunció que va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de desestimar los recursos contra el recorte a este tipo de producción eléctrica aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Anpier lamenta que «la decisión del Supremo supone un triste hito en la historia de esta instancia judicial, puesto que 3 de los 7 magistrados se opusieron de manera contundente a la línea defendida por el presidente de la Sala, cuyo voto desequilibró la decisión en favor del Estado y en contra de los intereses de las 62.000 familias fotovoltaicas».

Además, considera «alarmante» que la división de la Sala no se haya producido sobre cuestiones tangenciales o matices, sino sobre la propia esencia de la decisión con votos particulares radicalmente enfrentados a las tesis mantenidas por el presidente del Tribunal. Por otro lado, los productores fotovoltaicos españoles reclaman la misma justicia que reciban los inversores extranjeros que directamente han preferido acudir a tribunales de arbitrajes internacionales, fundamentalmente al Banco Mundial.

Organizaciones ecologistas y renovables piden a Rajoy que no ilegalice las instalaciones de autoconsumo a partir del lunes

Servimedia / Europa Press.- 11 organizaciones ecologistas, de consumidores y del sector de las renovables enviaron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para expresar su preocupación por «la situación de indefensión» a la que el Ejecutivo somete a gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica, que podrían ser sancionados a partir del próximo lunes, fecha límite para que todos los autoconsumidores que tuvieran una instalación anterior a la entrada en vigor de la norma se registren, por lo que piden prorrogar el plazo.

Las entidades son Amigos de la Tierra, Anpier, Asgeco, Asociación Medio Ambiente y Cambio Climático, Ecologistas en Acción, Fundación Global Nature, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/BirdLife y WWF España. Denuncian que miles de instalaciones de autoconsumo eléctrico en España podrían entrar el próximo lunes, 11 de abril, en un limbo legal muy cercano a la ilegalización, ya que es la fecha límite para que las instalaciones se adapten a su articulado, bajo amenaza de ser declaradas ilegales y de exponerse a multas de hasta 60 millones de euros, además de pagar los cargos al autoconsumo.

Las organizaciones consideran que el Gobierno penaliza a quienes pusieron en marcha instalaciones de autoconsumo eléctrico para sus hogares o negocios en los últimos años, algo que «contribuye a la lucha contra el cambio climático y al cambio de modelo energético del país». Además, denuncian que el Ministerio de Industria, que fraguó el decreto contra el autoconsumo, «está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que estableció, ya que a pocos días para que finalice el plazo fijado, Industria aún no ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas.

Asimismo, las entidades piden a Rajoy que resuelva «el caos creado por el ministro José Manuel Soria» y obligue a que el Consejo de Ministros acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas por «la falta de previsión» del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Por otro lado, recalcan que, «en el país del sol, carece de sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad con una fuente renovable, abundante y barata, y que además podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada, y fomentar la creación de empleo y la economía ciudadana». «Por este motivo, resulta incomprensible que Soria siga obstinado en proteger los intereses de las grandes empresas eléctricas«, añaden.

Las organizaciones destacan que el decreto de autoconsumo eléctrico «contradice las últimas comunicaciones de la Unión Europea, que remarcan que el papel de una ciudadanía activa y comprometida será imprescindible en el proceso para alcanzar la necesaria transición energética». «La normativa española, sin embargo, está en las antípodas de este propósito, al impedir cualquier posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos de producción energética en manos de las personas», concluyen.

Bruselas no ve infracción de la normativa europea en las medidas del PP que retiraron las primas a las renovables

Redacción / Agencias.- La Comisión Europea considera que las medidas contenidas en la denominada reforma energética con la que el Gobierno modificó los apoyos a las energías renovables no supone una infracción de la normativa comunitaria, por lo que no ve motivos para emprender medidas contra España. «No hay motivos para que la Comisión tome medidas legales contra España por los cambios en su legislación que afectan al nivel de apoyo dado a los inversores de proyectos de energía renovables», indicó la Comisión.

Bruselas se posiciona así en respuesta a una queja presentada ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) ante la Eurocámara, a cuenta de la situación del sector fotovoltaico y la legalidad de la reforma. En su respuesta, la Comisión asegura que ha estudiado «con cuidado» la petición de Anpier, pero explica que los planes de apoyo son un instrumento que pueden «elegir» utilizar los Estados miembros para asegurar el cumplimiento de los objetivos renovables, por lo que les compete a ellos decidir sobre utilizarlos, su estructura y el nivel de ayuda, con discrecionalidad sobre ellos y, por tanto, con derecho a modificarlos.

España no vulnera las directivas

Ello implica, añade el documento, que las autoridades nacionales introduzcan cambios en sus sistemas de apoyo, por ejemplo, para evitar un exceso de compensación o para hacer frente a acontecimientos imprevistos como una expansión acelerada de determinada tecnología en un sector concreto. Por ello, en el caso de cambios en un plan de apoyo como el español «no hay infracción» de la directiva comunitaria. Bruselas añade, no obstante, que los inversores pueden recurrir a los tribunales nacionales si consideran que se perjudicaron sus intereses legítimos. La comisión de Peticiones de la Eurocámara debe decidir ahora si da por cerrado el caso o mantiene abierto el expediente para que se debata la cuestión en sesión parlamentaria.

El documento relata que a lo largo de los últimos años se han puesto en marcha diversos cambios normativos que han afectado a la retribución renovable, como el recorte de horas primadas para la fotovoltaica en 2010 o la puesta en marcha de un prerregistro. Los sucesivos recortes culminaron en 2013 con la sustitución del sistema de primas a la producción por la garantía de una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Anpier solicitó el pasado año al Parlamento que exigiera al Gobierno español revertir el veto a las renovables y legislar para que los Estados no puedan tomar decisiones con carácter retroactivo que dejen «desamparados» a sus ciudadanos.

Anpier considera injusta la sentencia del Supremo y confía en la Justicia europea

Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) considera «injusta» la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza indemnizar por daños y perjuicios a los inversores fotovoltaicos por el recorte a la retribución aprobada por el Gobierno en 2010 y reitera su confianza en que la Justicia europea «demostrará la vergüenza del tratamiento del Estado con los pequeños productores fotovoltaicos en España».

En este sentido, Anpier señaló que la sentencia consuma «uno de los capítulos más sombríos de la historia de la democracia española» y critica que «todo el aparato estatal está en funcionamiento para justificar arbitrariamente dichos cambios públicamente, con argumentos replicados por el propio Tribunal Supremo». Asimismo, considera «doloroso» escuchar que las rentabilidades de los proyectos alcanzan el 8% «cuando son continuos los concursos de acreedores y las refinanciaciones para evitar perder los patrimonios personales».

De todas maneras, el presidente de Anpier, Miguel Angel Martínez-Aroca, subraya que se tendrá que «soportar la paradoja» de que frente a un mismo hecho los inversores nacionales no sean indemnizados y los extranjeros sí, ya que la asociación cree que las resolución que habrán de dictar tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como los propios procesos arbitrales demostrarán «la vergüenza del tratamiento del Estado con los pequeños productores» fotovoltaicos en España.

Para Anpier, será la primera vez que un cambio retroactivo en el sector energético «no resulta compensado por el Estado«, como ocurrió con la moratoria nuclear, los CTC o la indemnización por el cierre de Castor, casos en los que «el Gobierno de turno si consideró esencial la petrificación de las condiciones para garantizar la seguridad jurídica». Anpier también critica que las exigencias de la banca para cobrar íntegramente los préstamos solicitados sí son «pétreas».

APPA, UNEF y Anpier recurrirán el decreto de autoconsumo ante el Supremo

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) recurrirán ante el Tribunal Supremo el real decreto de autoconsumo recientemente aprobado por el Gobierno.

En una nota, las asociaciones empresariales indican que este jueves interpondrán, junto a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Solartys y otras organizaciones, diversos recursos ante la sala tercera de lo contencioso administrativo del Supremo.

Las denuncias se dirigen hacia el real decreto 900/2015, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción por autoconsumo.

Los firmantes de los recursos entienden que la norma, «además de instaurar el que se ha denominado ‘impuesto al sol’ y limitar radicalmente la implantación del autoconsumo de energía eléctrica», vulnera la Constitución.

En concreto, consideran que la aplicación de peajes al autoconsumo supone una arbitrariedad con respecto a otras tecnologías que también autoconsumen y a las que no se les aplica carga alguna.

El decreto aprobado discrimina a su juicio a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

Las asociaciones también entienden que existe una «clara vulneración» de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone «unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores».

«Esta norma, sin parangón en ningún otro país de la Unión Europea, aleja a España de un nuevo modelo de generación limpia y social, y de la consecución del objetivo europeo de lograr cubrir, al menos, el 20% del consumo final de energía con fuentes renovables para el año 2020», señalan.

El Supremo celebra desde hoy las vistas sobre la indemnización a la fotovoltaica por el recorte de Sebastián

Europa Press.- La sala tercera del Tribunal Supremo celebrará a partir de hoy y a lo largo de la semana las vistas definitivas acerca de las reclamaciones por daño patrimonial presentadas por los productores de energía fotovoltaica como consecuencia del recorte de primas aplicado en la etapa de Miguel Sebastián como ministro de Industria.

En concreto, los fotovoltaicos reclaman un resarcimiento por los recortes del real decreto 1565/2010 y del real decreto ley 14/2010. El segundo de ellos tuvo un impacto de 2.200 millones de euros y redujo durante tres años en un 30% las primas a la fotovoltaica mediante el recorte de horas con derecho a recibir este incentivo.

Tras el recorte, los productores presentaron 11.500 reclamaciones administrativas, que fueron desestimadas por el Consejo de Ministros y que, en un número inferior, han acabado en el Supremo.

Fuentes cercanas a los letrados fotovoltaicos explicaron que se desconoce el número de recursos presentados ante el Supremo debido entre otros motivos a que muchos de ellos han quedado agrupados. Solo la Asociación de Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier) ha agrupado 2.500 de ellos.

Al abordar las denuncias, el Alto Tribunal decidió suspender todos los recursos menos cinco, o cuatro en la actualidad, y dar a esta reducida muestra la calidad de procedimientos testigo, de modo que lo que decida acerca de ella servirá como referencia para resolver las demás denuncias.

Las vistas de esta semana, en las que los letrados de una y otra parte expondrán sus conclusiones, se celebrarán tres años después del inicio de un proceso que, para el sector fotovoltaico, no ha estado exento de sorpresas, entre ellas la de un informe pericial como diligencia final que solicitó el tribunal para que se evaluase el daño patrimonial de las plantas.

Otra de las sorpresas se produjo cuanto la sala pidió a los peritos que evaluasen también el impacto sobre los recortes de 2010 de la nueva reforma eléctrica aprobada por el actual ministro de Industria, José Manuel Soria.

Algunos letrados que representan a los productores fotovoltaicos dudan de la objetividad de los peritos a los que se les encargó la elaboración del informe. A uno de estos peritos, el ingeniero Victoriano Casajús, se le considera pronuclear, mientras que a otro, el auditor Ángel Rubio, se le achaca no tener experiencia en el sector eléctrico.

Los informes evidencian el recorte de primas a la fotovoltaica, pero a juicio de los letrados adolecen de «objetivación de datos y que resultan bastante inconsistentes».

CIADI A LA ESPAÑOLA

Estos procedimientos por daños patrimoniales son los que más se parecen a los 27 arbitrajes que libran contra España los inversores internacionales en el Ciadi.

Estos inversores no se han sentido tan interesados por los recursos en el Supremo como los nacionales, para los que no existe la opción de denunciar ante un tribunal internacional. Los inversores foráneos tienen la vía internacional arbitral gracias a la Carta de la Energía y entienden que este es un camino más accesible.

En una reciente entrevista, el exministro Miguel Sebastián defendió la legalidad de las medidas adoptadas durante su mandato y aseguró que los recortes aplicados cuentan con el aval del Supremo, si bien expresó sus dudas acerca de si la reforma energética de Soria será bien acogida por los tribunales internacionales.

Anpier dice que el recorte fotovoltaico puede ser «del 20% adicional» si se mantiene el bono español al nivel actual

Europa Press.- La Asociación Nacional de Inversores y Productores Fotovoltaicos (Anpier) asegura que los pequeños inversores ya han sufrido «recortes retroactivos de hasta el 50%» que pueden «llegar a un 20% adicional si se mantiene el bono español» en los niveles actuales.

Anpier realiza estas consideraciones porque, con la denominada por el Gobierno como reforma energética, la rentabilidad de las plantas de las energías renovables está condicionada a la evolución de la cotización de los instrumentos soberanos de deuda. A partir de esta cotización, se reconoce un diferencial de rentabilidad de 300 puntos básicos con el objeto de que la tasa de retorno a lo largo de toda la vida útil de la instalación sea del 7,5%.

La advertencia sobre el recorte adicional fue lanzada por el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, que indicó que más de 62.000 familias se han visto afectadas en España por recortes a la retribución de la fotovoltaica, una inseguridad jurídica que según sus argumentos «contrasta con la certidumbre jurídica que se ha defendido en Europa». La asociación asegura que los cambios regulatorios en todos los países europeos no han tenido carácter retroactivo, «incluso en Grecia a pesar de la situación de crisis que está atravesando».

Por su parte, el exdirector general del IDAE, Javier García Breva, explicó que, según estimaciones de la banca, la generación fotovoltaica se va a multiplicar por 10 y va a suponer el 10% de la generación total de energía en el mundo en 2030, con 100 millones de pequeños productores, y el 50% en 2050 gracias al autoconsumo con almacenamiento. García Breva señaló que en Australia en los próximos 10 años el 50% de los hogares tendrá autoconsumo con almacenamiento.

Las asociaciones renovables acusan a Rajoy de mentir y le afean no haberse reunido durante esta legislatura

EFE / Europa Press.- El sector renovable español (Anpier, APPA, Protermosolar, UNEF, Aprean, Aremur, Cluster de la Energía de Extremadura, Avaesen y Aperbal) haacusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de una «total falta de conocimiento de la realidad», tacha sus declaraciones sobre las renovables de «inaceptables» y le afea que en cuatro años de legislatura no haya mantenido ni un solo encuentro con el sector.

Nueve asociaciones empresariales criticaron las manifestaciones vertidas a la opinión pública por Rajoy en las que afirmó que determinados tipos de energías renovables como la fotovoltaica o la termosolar tenían una rentabilidad de entre el 20% y el 25% que «pagaban los españoles en el recibo de la luz«. Las renovables aseguran que estas declaraciones demuestran un «profundo desconocimiento» del sector eléctrico y de la situación en la que se encuentra inmerso tras la reforma llevada a cabo por el Ministerio de Industria, y suponen repetir los «mismos mensajes sesgados».

El sector explica este «desconocimiento» en que Rajoy no haya mantenido «ni un solo encuentro con el sector» en toda la legislatura y explica punto por punto la «falsedad» de sus declaraciones. Así, dicen que es falso que el presidente del Gobierno no haya puesto trabas a las renovables, ya que implantó en 2012 una moratoria renovable y recientemente aprobó un real decreto de autoconsumo «ideado, en vez de para fomentar su desarrollo, para entorpecerlo».

No existe la rentabilidad razonable

Además, niegan que los productores tuvieran garantizadas rentabilidades del 20-25%, ya que el sector «lleva años sufriendo recortes que, ya antes de la reforma, situaban a la gran parte del sector al límite de la suspensión de pagos, con un periodo medio de retorno de la inversión de 15 años y un TIR del 6%». A este respecto, también consideran falso que la rentabilidad garantizada actualmente sea del 7,5%, ya que, descontados los impuestos, apenas supera en muchos casos el 5% y, en el caso de los pequeños ahorradores, «con peores condiciones crediticias y que pagaron por sus instalaciones un mayor precio, tienen rentabilidades medias que no alcanzan el 3%».

Asimismo, subrayan que las renovables no son la causa del déficit de tarifa y afirman que es falso que sean las culpables del incremento «descomunal» de la factura de la luz. De esta manera, las asociaciones de energías renovables creen que las afirmaciones del presidente del Gobierno pueden «confundir a la opinión pública y proyectan una imagen absolutamente distorsionada de un sector productivo que aporta muchos e importantes beneficios a la economía española y que, precisamente, su propio Gobierno utiliza como imagen de la Marca España en todo el mundo».