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Nadal subraya el «éxito» de la subasta renovable mientras UNEF y Anpier hablan de “discriminación” y “bloqueo” a la solar

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Europa Press.- Mientras Anpier acusa al Ministerio de Energía de «bloquear» a la solar en la subasta de renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el resultado de la subasta demuestra que la energía fotovoltaica ha quedado discriminada frente a la eólica y anuncia su intención de presentar una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal destacó el «éxito muy bueno» de la subasta.

Nadal subrayó que ha habido una «magnífica oferta», en la que se ha logrado una demanda que triplicó la oferta, prácticamente una proporción de 3 a 1 de los 3.000 megavatios (MW) subastados. El ministro ha resaltado que haya sido a prima cero porque el consumidor no tiene que pagar un extracoste, lo cual ha calificado de «magnífica noticia», y que evidencia la consolidación en España del sector de energía renovable, que no necesita ayudas.

Nadal ha subrayado que todas las tecnologías han entrado, aunque de una forma muy mayoritaria la eólica, que puede aportar un mayor número de horas, pero que se ha demostrado el «enorme potencial» de las renovables, ya que han quedado fuera parte de la eólica y la fotovoltaica. Ante este hecho, aseguró que el Gobierno «va a tomar nota» y no ha descartado la toma de decisiones para que ese gran potencial energético entre. El ministro se limitó a afirmar, ante el malestar del sector fotovoltaico, que la subasta fue «tecnológicamente neutral» y que el Gobierno ha optado siempre por aquella que produce más horas.

Denuncian la subasta en Bruselas

La patronal fotovoltaica UNEF señaló que, a pesar de haber ofertado al mismo precio que la eólica, a la energía fotovoltaica no se le ha adjudicado ningún megavatio en el proceso. A su juicio, esta circunstancia «pone de manifiesto que esta tecnología ha competido en condiciones de discriminación» y «acredita» lo que la asociación ya ha denunciado anteriormente, esto es, la existencia de ventaja de una tecnología frente a otra.

«El mal diseño y las reglas de la subasta, que han generado una situación de empate entre las ofertas presentadas por la fotovoltaica y la eólica, han dado ventaja a esta última tecnología, que se ha adjudicado la potencia licitada, a pesar de que la fotovoltaica ha ofertado al mismo precio», señala. Para UNEF, «resulta evidente que este diseño, además de incumplir con el principio de neutralidad tecnológica, no permitió ejercer a la fotovoltaica su competitividad». Por este motivo, «además del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, presentaremos una denuncia ante la Comisión Europea», afirma.

UNEF recuerda que la tecnología fotovoltaica es una de las más competitivas, al haber reducido sus costes en un 80% en los últimos años, como demuestran las subastas realizadas a nivel internacional, donde esta tecnología ha alcanzado precios récord. «Lamentamos que la fotovoltaica no haya podido tener un papel protagonista en nuestro país» y «este resultado implica una ocasión perdida también para los consumidores, que podrían haberse beneficiado de una reducción mayor en su factura eléctrica si se hubiera hecho un diseño basado en la libre competencia, que hubiera dado lugar a precios récord de las renovables en Europa», señala.

“Bloqueo” a la energía solar

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la subasta para la adjudicación de potencia renovable constata que el Ministerio de Energía, «con el beneplácito del Gobierno», ha usado «criterios sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social». «Tal y como reflejan los resultados de la subasta, las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción, ni siquiera ofertando el máximo de los descuentos posibles, puesto que las condiciones establecidas favorecían proyectos eólicos de  grandes dimensiones, bajo la errónea premisa de que este criterio aporta un precio óptimo para los españoles«, afirma la asociación.

Ante esta situación, la asociación ha iniciado una campaña de denuncia en la que exige un cambio de modelo energético, no solo en lo referido a las tecnologías de generación, sino también a la propiedad de las instalaciones de generación, «ahora concentradas en unas pocos empresas, que actúan en régimen de oligopolio«. Con el eslogan No a una privatización del sol. Los ciudadanos queremos participar en la generación de energía, desde Anpier se exige un nuevo modelo energético que sea «sostenible y social, reclamando el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en hogares y centros de producción».

40 organizaciones lanzan la Alianza por el Autoconsumo para reclamar la producción propia de energía renovable sin barreras ni tasas

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Europa Press.- Más de 40 organizaciones han presentado el manifiesto Con el autoconsumo ganamos todos en el que reclaman el derecho de los ciudadanos a producir su propia energía con un marco estable y sin peajes. Por ello han constituido la Alianza por el Autoconsumo, que está integrada por asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones ecologistas y empresariales para reclamar al Gobierno «un marco regulatorio estable, que impida cualquier medida retroactiva, y en el que no se impongan barreras técnicas, administrativas ni económicas».

Compuesta por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), así como por los sindicatos UGT-FICA y Comisiones Obreras (CC.OO), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación General de Consumidores (ASGECO) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); y las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra, WWF España o Greenpeace, entre otros, la Alianza reclama una regulación que permita «garantizar el desarrollo del autoconsumo y su reconocimiento como un derecho ciudadano». El objetivo es “que la sociedad disfrute de los beneficios ambientales, económicos y sociales de esta forma de generación distributiva», indicaron.

Asimismo, la Alianza reclama que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica «sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía consumida; que se habilite la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo; que se adopte el régimen sancionador en función del verdadero impacto del autoconsumo en el sistema eléctrico y que se defina una tramitación administrativa simplificada y adecuada a las características de las instalaciones». Además, subraya que el autoconsumo permitiría una generación limpia y distribuida, implicando a la ciudadanía en el cambio de modelo energético y haciendo a particulares, administraciones y empresas «más conscientes de su propio consumo energético».

En ese contexto, aseguran que las tecnologías para la generación de electricidad con energía renovable han avanzado hasta permitir a cada individuo, comunidad o empresa abastecerse con su propia energía limpia facilitando el ejercicio del derecho ciudadano a participar activamente en el mundo de la energía. Las organizaciones destacan que la Directiva 2009/28/CE establece la necesidad de promover un cambio en el modelo energético, que no termina en los objetivos para 2020, sino que continuará con el conocido como Paquete de invierno y la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Renovables. Así, consideran que España debe favorecer la integración de energías renovables en el sistema energético durante las tres próximas décadas para alcanzar los objetivos actuales y futuros.

Por otro lado, subrayan los «claros» beneficios ambientales de esta fórmula porque se emitirían emisiones de gases de efecto invernadero y se mejoraría la calidad del aire, al tiempo que se evitarían las pérdidas del sistema que se producen entre la instalación de generación y el punto de consumo. A nivel económico, España depende de las importaciones energéticas en un 70%, más de 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea por lo que la Alianza por el Autoconsumo estima que esto contribuiría a reducir la importación de combustibles fósiles y rebaja el precio de la electricidad y la factura de la luz ya que se generaría competencia en el sistema eléctrico.

El PP plantea usar el superávit eléctrico para pagar los arbitrajes adversos mientras la fotovoltaica española reclama igualdad de trato

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) reclama al Gobierno el mismo trato a los productores nacionales que a los internacionales, después de que el Ciadi haya fallado a favor de la firma británica Eiser Infraestructure y en contra del Estado español. En relación con este asunto, el PP quiere extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias derivadas de la normativa del sector eléctrico.

Así figura en una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, registrada ahora que España ha perdido su primer arbitraje internacional por los recortes aplicados a las energías renovables. En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Sin embargo, esta aplicación se amplía de esta forma para «dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales», señala el PP en la justificación de su enmienda, «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a los Presupuestos».

Estas enmiendas, con rango de ley, suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se han acumulado unos 1.130 millones hasta 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.

Anpier exige el mismo tratamiento

Respecto al laudo del Ciadi, Anpier destaca que se da la razón a la firma británica frente a los «drásticos recortes retroactivos» impuestos por el Gobierno español en las «sucesivas reformas del marco regulatorio» a la producción de energía renovable. Por ello, los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue «la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional» y que, «muy probablemente», recibirá también el resto de fondos extranjeros con recursos pendientes de resolución en el Ciadi.

«El quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaicas es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales», indicó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca. Los productores fotovoltaicos han soportado, según indica Anpier, «recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca exigía el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarias».

Pese a todo, «el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones», señala, antes de resaltar que ahora «una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia, que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado». Este resarcimiento ha de producirse «con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y, sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor», añade.

Anpier denuncia ante Arias Cañete que el Gobierno está instando a «privatizar» el sol

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha denunciado que el Gobierno está desarrollando una política energética que insta al Estado a «privatizar» la generación eléctrica y entregar un recurso como el sol «a un reducido grupo de empresas, hurtando a la sociedad la posibilidad de aprovechar directamente este recurso«. El presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, trasladó en una reunión este hecho al comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, según indicó Anpier.

En este sentido, la fotovoltaica Anpier denuncia que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, está desempeñando una labor que conduce «a blindar el oligopolio de la generación eléctrica en España, para condenar a los españoles a ser meros paganos de facturas gravosas e incomprensibles, y sin opción para participar en la generación de energía a través de un recurso renovable, gratuito e inagotable como es el sol». Por otra parte, Anpier exige una cuota social del 20% del total de la potencia subastada, puesto que, además, la generación social del colectivo fotovoltaico ha demostrado su capacidad y solvencia técnica en la gestión de estos activos.

Podemos y Compromís registran una ley para derogar los cambios de retribución a los inversores en energía fotovoltaica

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú y Compromís han registrado en el Congreso una proposición de ley para asegurar la inversión de los productores de energía renovable y evitar que la revisión de estas retribuciones programada para 2020 pueda llevar a la ruina a más de 62.000 familias que invirtieron sus ahorros en este negocio.

La iniciativa legislativa consta de un solo artículo que modificaría la Ley 24/2013 para garantizar que el valor de la rentabilidad razonable no se modificará, ni se revisará durante la vida útil de las instalaciones. Según denuncian estas formaciones, las reformas de 2013 y 2014 en la producción de energía eléctrica a través de renovables permitió la revisión periódica de la totalidad de los parámetros, por lo que no es posible conocer la retribución de los proyectos más allá de un horizonte de tres años.

Ambas formaciones estuvieron acompañadas en la presentación de la iniciativa por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que advirtieron que la próxima revisión de los parámetros, en 2020, puede reducir hasta un 25% la rentabilidad actual, ya revisada anteriormente y por la cual debieron refinanciar su deuda. Los representantes de las asociaciones denuncian que desde el impulso dado a la producción de energía fotovoltaica en 2007 se han producido hasta 9 cambios retroactivos que han modificado las condiciones inicialmente pactadas con el Estado.

Los principales afectados, advierten, son aquellos productores con menos recursos, sin posibilidades de poder alcanzar a nuevos acuerdos de refinanciación. «La parte social desaparecerá fulminantemente y seguirá el camino que llevamos desde hace unos años, que es acabar en manos de fondos buitre o de grandes compañías», ha lamentado Miguel Ángel Aroca, presidente de ANPIER. «El futuro va a ser renovable, de eso no hay duda. La gran incertidumbre es saber si va a ser social», indicó el director de ANPIER, Rafael Barrera, que critica que las incertidumbres «expulsan» a los pioneros en la producción energética a través de renovables.

Para Ignasi Candela (Compromís), esta proposición de ley trata de «avanzar en la democratización de la producción de la energía», en la que espera sumar al PSOE, al que cree «comprometido en este proceso», y a Ciudadanos, al que ve más «dubitativo». Por su parte, Josep Vendrell, de En Comú, ha reclamado que esta legislatura sea la de la «transición energética» ante los «obstáculos» que plantea, ha dicho, el Gobierno y su ministro de Energía, Álvaro Nadal. Ante la posibilidad de que el Gobierno pueda presentar un veto para evitar la calificación de la propuesta, Vendrell asegura que en este caso no hay afectación presupuestaria. 

El autoconsumo se vuelve contra Ciudadanos: las organizaciones sociales y renovables culpan al partido de que se mantengan los cargos

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Europa Press.- Organizaciones sociales y del sector renovable han culpado a Ciudadanos de que se «mantenga el impuesto al sol» por no forzar en la Mesa del Congreso el levantamiento del veto del Gobierno a la proposición de Ley de medidas para fomentar el autoconsumo eléctrico. Tanto el PP como Ciudadanos rechazaron levantar el veto impuesto a la proposición de ley de la oposición que pretende regular el autoconsumo energético y derogar el llamado impuesto al sol.

Organizaciones como Anpier, la European Association for Renewable Energy (Eurosolar), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Facua, OCU, Greenpeace, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, consideran que Ciudadanos «se echó atrás» y decidió no forzar el levantamiento del veto, «empeorando las perspectivas a corto plazo de aprobar una normativa española de autoconsumo en línea con las adoptadas por el resto de países de la Unión Europea«. Para las asociaciones, esta «maniobra» del Gobierno no es más que «la continuidad a su clara política de penalización» de las renovables, el ahorro y la eficiencia energética.

Así, consideran que en un país como España, «con altísima dependencia energética», reducir la factura energética utilizando fuentes renovables y autóctonas debería ser «objetivo prioritario de cualquier gobierno, con independencia de su orientación política, para demostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático«. Por ello, ve necesario sustituir «cuanto antes» la actual normativa por una que promueva, «y no penalice», el autoconsumo, para lo que pedían a Ciudadanos reconsiderar su voto en la reunión de la Mesa del Congreso y así permitir seguir con la tramitación de la proposición de Ley de autoconsumo.

Ciudadanos rechaza levantar el veto

Sin embargo, tanto el PP como Ciudadanos rechazaron en la Mesa del Congreso levantar el veto impuesto por el Gobierno. Acogiéndose a la competencia que le otorga la Constitución para frenar iniciativas parlamentarias que alteran los presupuestos en curso, el Gobierno vetó la tramitación de esta proposición de ley que en su día presentaron todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos, que ya tenía otra similar registrada. Concretamente, el Ejecutivo alegó que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La Mesa del Congreso asumió entonces el veto del Gobierno y, en consecuencia, bloqueó la tramitación de la iniciativa parlamentaria, pero no lo hizo por unanimidad: PP y Ciudadanos lo aceptaron, reconociendo la capacidad de veto que tiene el Gobierno, pero PSOE y Unidos Podemos-En Comú votaron en contra. Los dos grupos parlamentarios de izquierda pidieron entonces la reconsideración de esa decisión de la Mesa del Congreso, lo que implicaría levantar el veto del Gobierno, pero el órgano de gobierno de la Cámara, con los mismos votos, se ha reafirmado.

En medio de este debate, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha citado este miércoles en su despacho a Ciudadanos para tratar de buscar un acuerdo sobre el autoconsumo energético, un punto que estaba en el acuerdo que facilitó la investidura. Según el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, «hay dos formas de conseguir las cosas en política: una es la negociación y otra buscar el conflicto institucional y hacer que los temas se pasen años y años en los tribunales para o no conseguir nada o conseguirlo muchos años después». «Nosotros creemos más en la primera vía, en la del diálogo, y ésa es la que estamos practicando”, concluyó.

Anpier pide una reforma del mercado eléctrico mayorista, que asegura que podría abaratar en un 20% el precio del MWh

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Europa Press / Servimedia.- Mientras el precio de la electricidad se situó el sábado en una media de 61,42 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 33,1% menos desde el máximo de 91,88 euros alcanzado recientemente, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha pedido al Gobierno una reforma del mercado mayorista eléctrico, el conocido como ‘pool’, ya que bajaría aproximadamente un 20% el precio del megavatio hora (MWh) en episodios de escalada de precios.

La asociación fotovoltaica considera que se podrían contener estas tendencias alcistas que se producen cíclicamente en el mercado eléctrico español cuando no entran las renovables si el Gobierno ajustara el sistema de formación de precios de la energía, que retribuye todo el suministro al precio marcado por la última unidad necesaria para cubrir la demanda estimada. Anpier señala que la normativa actual hace que la participación de los ciclos combinados de gas y el carbón en el mix energético marquen el precio de mercado y este sea «extremadamente alto» para retribuir a otras fuentes de producción cuyos costes de generación son muy inferiores a dicho precio, «produciéndose así sobreretribuciones injustificadas que suponen cifras millonarias de ingresos para las compañía eléctricas».

Además, denuncia que los costes de generación de estas tecnologías, gas y carbón, decisivas para marcar el precio diario de la electricidad, son totalmente opacos, al no existir un mercado secundario organizado, como el del petróleo. Así, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, subrayó su «indignación» por las «sorprendentes justificaciones» del Gobierno y las grandes eléctricas para explicar el «desorbitado» precio de la luz en España. «Primero las renovables fueron el chivo expiatorio de los precios elevados y, ahora que nos han recortado drásticamente, cuando nos encontramos con otro escenario de subida de tarifas, se atribuye el alza a la falta de agua y viento, cuando, realmente, lo que falta es una normativa que busque el interés general», añadió.

El precio cae un 33%

Por su parte, los 61,42 euros por megavatio hora (MWh) del pasado sábado supusieron un 19,1% menos que los 75,93 euros marcados para el viernes y un 33,1% menos desde el máximo de 91,88 euros que alcanzó el miércoles, según datos del operador del mercado ibérico, Omie. Este precio medio supone así el más bajo en la última quincena, desde que se entró en una escalada de precios al alza, y el cuarto más bajo en enero. La llegada de la lluvia, presente desde el jueves en casi toda la geografía nacional, así como la mayor presencia del viento y la menor demanda propia del fin de semana, ayudaron a esta mejora en los precios.

Sin embargo, el precio de la electricidad en el mercado mayorista subió ligeramente el domingo, un 1,4% con respecto al sábado, hasta situarse en una media de 62,30 euros el megavatio hora (MWh), según el OMIE. El precio medio negociado para este domingo fue todavía un 32,2% más barato que el máximo. No obstante, el precio mayorista de la electricidad rompió así con la senda descendente, cuando pasó de los 91,88 euros del miércoles, a 87,88 euros el jueves, a 75,93 euros el viernes y a 61,42 euros el sábado. Este 91,88 euros del miércoles fue el precio más alto desde el 18 de diciembre de 2013, fecha en la que alcanzó los 91,89 euros.

La ola de frío pasada llevó a marcar, uno tras otro, los precios más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el mercado mayorista llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado. De hecho, la demanda prevista para el sábado ascendió a 558 gigavatios hora (GWh), por debajo de los 617 GWh previstos para el viernes, según datos de Omie.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, mostró su confianza en que la actual situación de precios altos de la electricidad remitiría «pronto». «Todo episodio de punta siempre acaba», señaló Nadal, quien recordó que en la medida en que los factores que inciden en esa subida de precios «se vayan solucionando», en referencia por ejemplo a las condiciones meteorológicas, se registrará una normalización de la situación. Aparte de la mayor demanda, sobre el precio inciden aspectos como el bajo nivel de recurso hidráulico y el elevado precio del carbón y del gas, así como la mayor exportación a Francia por la indisponibilidad de algunas de sus nucleares.

El pool funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última, la más cara, marca el precio para el conjunto. Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2017 los peajes con los que los consumidores sufragan los costes regulados. 

Los fotovoltaicos de Anpier abren una oficina permanente en Bruselas para conocer la política de la Unión Europea sobre renovables

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Redacción / Agencias.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha abierto una oficina permanente en Bruselas para conocer y participar en el desarrollo de las políticas y disposiciones de la Unión Europea en materia renovable. La apertura de esta delegación coincide con el lanzamiento del borrador de medidas en política energética europea Clean Energy for all Europeans, que establecerá unos objetivos vinculantes para 2030 y los mecanismos para desarrollar un nuevo modelo energético en Europa.

En este borrador se dice textualmente que «se ha llegado a una situación subóptima en la que los Estados miembros han introducido regímenes de ayuda que, en muchos casos, se modificaron o revocaron retroactivamente». «Esto a su vez ha impactado negativamente en la confianza de los inversores. Por lo tanto, se necesitan normas más claras en la nueva Directiva sobre Energías Renovables«, añade. Anpier indicó, en referencia a los 62.000 pequeños inversores afectados en España, que el borrador de directiva de renovables abre «una pequeña ventana de esperanza» para el sector productor de energía solar fotovoltaica al contemplar la necesidad de blindar la seguridad jurídica.

Asimismo, en su artículo 6 se recoge que «los Estados miembros velarán por que el nivel y las condiciones del apoyo concedido a los proyectos de energías renovables no se modifiquen de manera que repercutan negativamente en los derechos conferidos por ellos y en los aspectos económicos de los proyectos apoyados». La graduada en Economía Laura Garau asumirá la gestión de la oficina de Anpier en la capital comunitaria, contando en su haber con la especialización en Marketing Management por la Hanze University of Applied Sciences en Groningen y Máster en Gestión Ambiental por el Instituto Superior de Medio Ambiente.

Los fotovoltaicos de Anpier llevan al Constitucional la sentencia que avala el recorte a las renovables

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha presentado este jueves en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la sentencia dictada en junio por el Tribunal Supremo en la que se avala el recorte de retribución a las renovables aplicado durante la etapa del ministro José Manuel Soria.

El recurso solicita el amparo del Constitucional al entender que la sentencia del Supremo ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en lo referido a la obtención de una resolución «razonable, no arbitraria y fundada en Derecho».

Anpier recurre tras haber rechazado previamente el Supremo un incidente de nulidad de la sentencia, que avala una de las principales medidas de la reforma eléctrica de 2013 para acabar con el déficit de tarifa, consistente en un nuevo sistema retributivo para las renovables que, a efectos prácticos, abarata en cerca de 1.700 millones al año el coste regulado de estas tecnologías.

El letrado de Anpier encargado de redactar el recurso, Juan Castro-Gil, indicó que con esta medida «se está pidiendo que el Constitucional entre verdaderamente a analizar la cuestión», que ya fue fruto de «controversia» entre los magistrados del Supremo.

«Tres de los siete magistrados dijeron que sí había indicios de anticonstitucionalidad y cuatro que no. Como mínimo, existe la duda» acerca de si se cometieron «excesos reglamentarios» en el desarrollo de la normativa, señaló.

Anpier considera que la valoración que inicialmente realizó el Constitucional acerca del real decreto ley 9/2013 es diferente a la que ahora se le plantea, porque en aquel momento no había surtido la «retroactividad de primer grado» que luego ha quedado en evidencia.

Al aprobarse el real decreto de 2014 en el que se desarrolla el recorte a las renovables, se pudo apreciar que la nueva norma contenía una retroactividad no ajustada a Derecho que ampliaba al inicio de la vida útil de las plantas, generalmente a 2007 o 2008, el ajuste retributivo.

Los tres magistrados críticos del Supremo «ven bien el ajuste si es hacia adelante, pero el real decreto posterior tuvo en cuenta la retribución que se había obtenido antes, y eso sí que es retroactividad de primer grado», argumenta Castro-Gil.

Nadal deberá resolver la financiación del bono social de electricidad y decidir sobre las renovables, Garoña y el ATC

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EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) fue la primera organización, tras conocerse su nombramiento, en solicitar una reunión urgente con el nuevo ministro Álvaro Nadal, para abordar la situación del sector productor fotovoltaico español. Hasta ahora jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal tendrá un estreno intenso al frente de la nueva cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital, ya que deberá buscar un nuevo sistema de financiación del bono social eléctrico.

Tras el varapalo del Tribunal Supremo, que consideró «inaplicable» el sistema actual de financiación, Nadal tendrá que afrontar la devolución a las compañías eléctricas de los 500 millones de euros que han aportado para permitir que los colectivos más vulnerables disfruten de un descuento del 25% en el recibo de la luz. Después de unos años de intensas reformas, fundamentalmente en el sector eléctrico, el nuevo ministro se encontrará con otros temas de calado, como la revisión del margen de comercialización de la tarifa eléctrica regulada, la nueva orden de peajes para la revisión trimestral de la luz, con la necesidad de evitar subidas, la aplicación de los superávit de tarifa o los detalles de la próxima subasta de renovables.

Anpier pide audiencia con Nadal

Precisamente la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ya ha solicitado una reunión urgente con el nuevo ministro de Energía para abordar la situación del sector productor fotovoltaico español. En una carta firmada por el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se recuerda al nuevo titular de Energía que «el colectivo de pequeños productores fotovoltaicos ha sufrido recortes draconianos en los últimos años, que les han colocado en unas situaciones financieras dramáticas; además de recibir un injustificado maltrato por parte del anterior Ejecutivo«. La asociación señala que el anterior ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se negó a recibir al sector, «a pesar de recibir más de una decena de solicitudes por parte de Anpier».

La asociación subraya que «no es poca la responsabilidad» que asume el nuevo ministro, con un «inevitable cambio de modelo» tanto en la generación como en la forma de distribuir y consumir la energía, que ha de realizarse «con urgencia; pero con el sosiego necesario para evitar errores cuyas consecuencias lastren la proyección económica y el bienestar de los españoles».

Decisiones sobre Garoña y ATC

En materia nuclear, Nadal hereda la decisión de renovar o denegar la autorización a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para que siga produciendo electricidad. Sin embargo, antes de tomar la decisión, el nuevo Gobierno deberá recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al respecto, que será preceptivo si es favorable a la continuidad, y vinculante, en caso de que el regulador estime que la planta no debe seguir abierta.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Rajoy tendrá que dar una solución a los residuos nucleares españoles, pues el Parlamento instó al Gobierno en 2004 a construir un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad pero hasta final de 2011 no se eligió la ubicación del mismo, en Villar de Cañas (Cuenca). Sin embargo pocos avances se realizaron durante el primer mandato de Rajoy y desde 2015 las instalaciones han encontrado la oposición y las trabas del nuevo Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page.

Nadal se situará al frente de un Ministerio de nueva creación, que sustituye en buena parte al anterior Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Si Energía y Turismo se mantienen como rúbricas de cabecera, la Agenda Digital gana peso y el área de Industria pasa a depender del también nuevo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El nuevo Ministerio colma en parte las expectativas del sector de las telecomunicaciones, que reclamaba una mayor consideración dentro de las funciones de Gobierno, mientras que deja al sector energético sin la vinculación con Medio Ambiente reclamada desde diferentes empresas. El sector turístico reclamaba un Ministerio propio, pretensión que no se ha visto cumplida.

El nuevo ministro deberá dirigir la política energética conforme a los objetivos de la Unión Europea en materia medioambiental. No solo habrá de afrontar el reto de cumplir el objetivo comunitario de que el 20% de la energía final proceda de renovables en 2020, sino que también deberá defender el legado de su hermano gemelo, Alberto. Este legado, que incluyó un recorte de 2.700 millones a las empresas, se plasmó en una nueva Ley del Sector Eléctrico, en la que se recoge una retribución para las energías renovables y las redes eléctricas conforme a una rentabilidad razonable para toda la vida útil del activo calculada a partir de los bonos del Estado más un diferencial.

Ahora, Álvaro Nadal deberá completar los desarrollos normativos pendientes y hacer frente a la prueba de estrés de los tribunales, en la que se verá qué parte de la reforma sobrevive a la alta litigiosidad provocada. El Tribunal Supremo ya ha avalado los recortes a las renovables, que están aún pendientes de resolución en los tribunales de arbitraje internacional. Sobre la mesa Nadal se encontrará también con asuntos como el posible desarrollo de una normativa sobre autoconsumo energético menos restrictiva. También deberá supervisar de forma transversal los diferentes proyectos económicos y empresariales para que se ajusten a los objetivos climáticos.