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Ribera anuncia la firma entre instituciones y vecinos de Andorra (Teruel) del primer convenio de «transición justa» hacia la descarbonización

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene intención de firmar antes del verano el primero convenio de «transición justa» entre instituciones y vecinos de la zona de Andorra (Teruel) cuyo objetivo sería determinar las acciones para que «nadie que quiera quedarse a vivir aquí se tenga que ir».

Así lo ha manifestado tras reunirse en el Ayuntamiento de Andorra con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de esta localidad, Sofía Ciércoles, y el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como con el comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, y otros agentes sociales y empresariales. La ministra ha visitado Andorra invitada por la alcaldesa, después de que Endesa anunciara el cierre de la central térmica que tiene en ese municipio. Teresa Ribera también se ha desplazado al Ayuntamiento de Ariño y ha visitado la mina Santa María de esta localidad, donde la empresa Samca ha anunciado recientemente el cese de la actividad.

La ministra ha dicho que el convenio de transición justa ha de marcar «programas y financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Ha incidido en la importancia de contar con los agentes locales para proponer alternativas adecuadas. También ha comprometido la participación del Instituto del Carbón por parte del Gobierno central, así como del Instituto Aragonés de Empleo por parte del Ejecutivo regional. Ribera ha subrayado que «no hay varitas mágicas» pero sí un «compromiso serio» porque «este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios» y debe ser «inclusivo y con grandes dosis de solidaridad».

Ha añadido que, aunque en esta visita ha visto muchos carteles de Se vende. Razón: ministerio, espera que «no se venda nada». También ha comentado: «nada de lo que vemos hoy nos pilla por sorpresa porque hace muchos años que se veía venir y, sin embargo, el miedo y el rechazo que nos producía generó la tentación de decir vamos a esperar, cuando eso es lo peor». Para la ministra, Andorra es un «buen» sitio para asegurar que «nadie se puede quedar atrás en esa transición» y ha añadido que ha de haber una «convicción de ganarse el futuro» de los habitantes de este territorio.

En esa línea, ha apostado por «construir certidumbres con recorrido» y «mostrar solidaridad con una zona que hace tiempo viene viendo que hay procesos en curso que pueden suponer cambios muy importantes en sus condiciones de vida y en su trabajo«. La ministra ha esgrimido, asimismo, son los propios vecinos, el Ayuntamiento, el propio comité de empresa quienes «entienden mejor» cuáles son las alternativas con mayor recorrido en el tiempo. Por eso, ha apuntado, el Gobierno central quiere trabajar con el Ejecutivo autonómico, el consistorio y los actores locales «explorando cómo desarrollar esos programas de manera profesional» y «ver qué incentivos fiscales, regionales, qué manera de reforzar las infraestructuras y alternativas empleo se pueden hacer».

La ministra aseguró que el mensaje a Endesa «ha sido contundente» y, puesto que va a seguir siendo «una empresa importante en España, porque es la intención que ha declarado», ha de tener un «compromiso» con la zona en la que ha trabajado y obtenido recursos. Ribera ha añadido que Endesa «debe manifestar una inversión y un acompañamiento que va más allá de los propios trabajadores de la central» y debe ser «beneficiosa, constructiva y de permanencia y compromiso con el territorio». «Confío en que exista» porque «lo que tenemos por ahora es insuficiente», remarcó.

También ha precisado que se trata de una «primera propuesta» y ha explicado que desde la empresa les transmiten que «están abiertos». Igualmente, ha comentado que desde el comité de empresa «han sido capaces de identificar algunas propuestas que, a priori, ayudan a seguir trabajando en mayor detalle en lo que debe ser el compromiso de Endesa«. Asimismo, ha sostenido que hay que tener en cuenta qué dice el Derecho de la Unión Europea y que normativa existe para las centrales en España, y así determinar «cuáles son los mecanismos con los que podemos funcionar».

Entre otras cosas, ha planteado que la capacidad evacuación de electricidad que posee esta zona «debe seguir estando en esta tierra» y aprovecharse para iniciativas que «tenga más recorrido, generen más empleo y sean más competitivas». Además ha mencionado la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua de que disfruta la central. «Es obvio que ese agua puede ser un instrumento importante para generar otras actividades», ha apostillado. La ministra ha señalado que otras maneras de atraer inversiones y lograr una «transición justa» son las subastas de nueva potencia renovable, «donde se priorice las tecnologías en aquellos territorios en transformación».

Asturias, Aragón y Castilla y León exigen a Ribera que sea «cómplice» para que las térmicas no cierren en 2020

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Europa Press.- Mientras el Gobierno asegura que será firme para que las eléctricas presenten planes de «transición justa» donde cierren centrales térmicas, los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León han exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «cómplice» con estas comunidades para evitar que las térmicas no cierren en 2020, como están solicitando, de manera que el final del carbón no sea «abrupto» y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras.

Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una «transición justa». Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la Unión Europea no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea «cómplice» con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón.

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrar la responsabilidad social «que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occidental». «La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades», ha afirmado.

Más allá de las renovables

El presidente del Gobierno de Aragón ha sido exigente con la citada empresa, a la que le reclama no sólo que haga las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas. Proponer energías renovables, a su juicio, no es la solución. «El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos», ha apuntado. Según Javier Lambán, la ministra les ha mostrado «buena predisposición a hacer lo que esté en su mano» para evitar una «interrupción abrupta del carbón» sin dar paso a actividades nuevas. «Cerrar en 2020 es incompatible con la transición justa», ha insistido.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha asegurado que es posible que algunos proyectos mineros puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la Unión Europea para continuar la actividad. Así, ha indicado que es el caso de Hijos de Baldomero García, que trabaja precisamente con el Ministerio en cómo devolver esas ayudas. «Pero hacen falta grupos térmicos que compren ese carbón. Obliguemos a las empresas a que tenga visión de Estado», ha reivindicado Herrera.

Por último, el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha reclamado igualmente colaboración para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Ha explicado además otra vertiente del problema, el alza de precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las térmicas, lo que en el caso de la industria asturiana es «preocupante». Javier Fernández ha subrayado que este sector necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo la producción.

Firme ante las compañías eléctricas

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, subrayó el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de carbón de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras la reunión con las comunidades autónomas para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que «no le gusta hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitará «firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El secretario de Estado de Energía recordó que estas compañías, por la naturaleza de su negocio, «tienen vocación» de operar en el sistema eléctrico español y no abandonar el país, por lo que consideró que deben «hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación». «Con las compañías, lo que hacemos es trabajar de una manera firme y decidida en la generación de nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando«, añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que es necesario no «engañarse», ya que la transición energética es algo que debe hacerse y que viene marcada por las directrices europeas, por lo que subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica está «mucho más interesado en el futuro» que ofrecen las nuevas inversiones y oportunidades para los territorios que en permanecer «en la no modificación de algo que debemos modificar«. «Nos obliga la Unión Europea», añadió. «No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá de 2020», aseguró el secretario de Estado.

Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por «un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad», centrándose en el futuro y en la transformación y «no en una desaparición del sector». En lo que respecta a las empresas mineras, recordó que para continuar con su actividad en 2019 deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea.

No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá 2018. Para ello, Domínguez indicó que se están «explorando mecanismos» para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan «ser capaces de continuar con su actividad».

Endesa solicita el cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla e invertirá 1.000 millones en energía solar fotovoltaica

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Europa Press.- Endesa ha presentado la solicitud de cierre de las centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel). La compañía eléctrica alega que en el actual contexto regulatorio y de mercado es «imposible» abordar las inversiones necesarias para que cumplan los límites de emisiones. Dichos límites, establecidos por la Unión Europea, entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

Endesa subraya que la decisión de cerrar estas plantas está en línea con los objetivos de la política energética nacional avanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica para conseguir un sistema energético totalmente descarbonizado en 2050. Según la misma fuente, antes de presentar la solicitud de cierre informó al Ministerio, a las autoridades de Aragón y de Castilla y León, y a las de los municipios en los que se hallan ubicadas las plantas.

Además, ha presentado de manera voluntaria planes de futuro destinados a promover el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo en las zonas de las dos centrales, ha destacado la empresa, que ha subrayado que estos planes están abiertos a incluir nuevas iniciativas viables. En virtud de los planes presentados, Endesa respetará el puesto de trabajo de todos los empleados de las dos centrales: 166 en el caso de Compostilla y 153 en Andorra.

Por lo que se refiere a los empleados de las empresas auxiliares, les dará prioridad en la contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de ambas plantas, así como en el desarrollo de las nuevas instalaciones renovables que se propone llevar a cabo en las zonas de las dos centrales. Los trabajos de cierre y desmantelamiento se prolongarán durante entre 4 y 6 años y generarán en torno a 130 empleos, con puntas de hasta 200, en cada uno de los dos emplazamientos.

Además, Endesa prevé desarrollar hasta 1.000 megavatios (MW) de nueva capacidad solar fotovoltaica en la zona de la central de Andorra con una inversión de 800 millones. En cuanto a Compostilla, la eléctrica tiene en estudio proyectos fotovoltaicos en la zona de Ponferrada (León) que representarían una inversión de unos 240 millones de euros. Una vez finalice el plazo de aplicación del Plan Nacional Transitorio en junio de 2020, al que están acogidas, las dos centrales térmicas estarán obligadas a dejar de producir. Hasta entonces, irán dando salida progresivamente al carbón que tienen almacenado, así como a las posibles toneladas adicionales que pudieran ir precisando en el futuro según el funcionamiento que les permita la evolución del mercado de generación.

Según el consejero delegado de Endesa, José Bogas, los planes «no compensan la actividad económica que puede tener ahora Endesa en la región» pero sí pretenden «paliar» los efectos del cierre. Así, ha comentado que se valorarán proyectos de energías renovables y crear un centro de excelencia, siempre «algo que sea sostenible y genere empleabilidad». Ha insistido en que se deben buscar medidas sostenibles que «tenemos que ir estudiando». Ha puntualizado que Endesa no se dedica a la producción de paneles solares, pero sí se ha planteado la posibilidad de «tratar de que vengan aquí» empresas de fabricación de componentes.

Insuficiente para el Gobierno aragonés

Por su parte, la consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, ha manifestado que el borrador del plan es «insuficiente» por su falta de «concreción», expresando que en Aragón «no vamos a ser los que digamos ahora que las inversiones en renovables nos parecen algo negativo, pero no nos parece suficiente«. A su juicio, la prioridad es el alargamiento de la vida de la central térmica más allá de 2020, considerando que la normativa contempla «una posibilidad», que es mantener una actividad de 1.500 horas anuales aun sin inversiones, a lo que se sumaría la eliminación del denominado céntimo verde.

Gastón ha avanzado que la autorización del cierre no será «rápida» si el Ministerio no considera suficiente el plan y que en esta decisión contará con el Gobierno de Aragón y los sindicatos, exigiendo «medidas concretas» como poner en marcha una planta de biomasa y otros proyectos que con «la garantía de promotores del territorio» van a llevarse a cabo.

La consejera ha aludido a la creación de un centro «referente» en España de formación e investigación sobre energías renovables, que sería el primero en el país, y que incluiría FP dual, constituyendo un hub de las renovables, lo que daría «posibilidades» al territorio. La colaboración de Endesa en este centro sería «de partida» y «continua», ha agregado. Para Gastón son importantes los empleos pero también «nos preocupa el futuro de la zona», especialmente para la gente joven que quiera quedarse a vivir, en lo que «queremos que Endesa colabore».

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ha advertido de que «no vamos a permitir que se autorice el cierre mientras no se pongan encima de la mesa los puestos de trabajo que se van a destruir». De esta forma Ciércoles ha aludido al «duro golpe» que recibe la localidad de Andorra. Ha exigido que el plan sea más concreto y «flexible». «Es normal» que los sindicatos se sigan movilizando, ha aseverado la alcaldesa, quien ha apostado por ser «más reivindicativos» para no ser «cómplices», recordando que la Térmica ha creado riqueza en la zona y «tenemos que mantener Andorra y su comarca» donde «se merece».

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, ha aludido a los proyectos que están «dando sus frutos» y ha afirmado que «todo suma». A Endesa «le pedimos más», que empuje los proyectos del territorio para ir todos «juntos de la mano» porque «el problema es mucho más grave que el simple cierre de la Térmica». Noé ha recordado que «hemos estado siempre trabajando» y que necesitamos «unidad» política, empresarial y sindical.

Desde UGT, Alejo Gálvez, ha dicho que «no vamos a aceptar lo que nos han venido a vender de energías renovables» y, de hecho, «no estamos nada de acuerdo», a lo que el dirigente local de CCOO, Antonio Planas, ha añadido que «seguimos sin conformarnos con 4 placas solares» y que «no nos vale que nos digan que se van a crear puestos para las contratas durante tres años porque será una patada para adelante«. «Nos planteamos todo, no descartamos nada», tampoco convocar movilizaciones, advirtió.

El Gobierno ofrece un plan de ayudas para el cierre de las minas de carbón que los sindicatos ven “insuficientes”

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar en diciembre de 2018 y que incluye bajas incentivadas, prejubilaciones y trabajos en el propio cierre de las explotaciones para los mineros más jóvenes.

Según fuentes ministeriales, en las negociaciones también se incluye la mejora de las condiciones actuales de los mineros para que ningún trabajador quede desprotegido. Así, aseguran que a diferencia de los anteriores gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo en las zonas.

Además, defienden que la ministra no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final «a más tardar» en diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas. Así, el acuerdo comunitario señala que las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre y hasta la fecha al Ministerio no le consta que ninguna de las afectadas por la fecha de fin de año haya devuelto las citadas ayudas o mostrado su intención de hacerlo.

Más allá del horizonte a corto plazo, según estas fuentes, se están diseñando diversas medidas a medio y largo plazo entre las cuales la Estrategia para una Transición Justa, que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, contemplará un plan urgente para las comarcas mineras. Asimismo, añaden que también se hará un plan social y se prevén ayudas a la reconversión, medidas que consideran más ambiciosas que las del Ejecutivo anterior.

Los sindicatos UGT y CCOO del sector de la minería del carbón han lamentado una falta de concreción del Gobierno sobre un nuevo marco regulatorio para las empresas y las comarcas mineras, así como una «falta de compromiso» ante el final del marco de actuación para el carbón 2013-2018. Representantes de ambos sindicatos critican que el documento remitido desde el Ministerio «está plagado de inconcreciones». El secretario sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, ha apuntado que no han sacado «nada en claro» de ese documento oficial «como solución viable y como plan global», y ha añadido que el borrador no tiene «aspecto positivo alguno».

Los sindicatos critican que el borrador que se les ha hecho llegar no contempla soluciones ni medidas concretas para todos los capítulos, además de que han solicitado la actualización de las tablas salariales para los trabajadores del carbón. Víctor Fernández ha asegurado que el Gobierno «sigue enrocado en que el carbón hay que cerrarlo», y ha advertido de que si continúa en «la línea de desasosiego, irracionalidad y de ir a por 4 empresas mineras del carbón autóctono» les van a «encontrar». El sector del carbón en España aboga por una «transición justa» en el proceso de descarbonización y lleva meses solicitando una valoración de los efectos que tendrá en el empleo y la industria.

Los sindicatos critican al Ministerio

Por su parte, CCOO ha denunciado que el Ministerio «ha vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora, con el sector del carbón autóctono y con las comarcas mineras». En este sentido, el sindicato ha señalado que el documento presentado «no cubre las garantías suficientes para poder firmar ningún tipo de acuerdo». «Dicho documento, simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería sin generar absolutamente ninguna alternativa», han criticado. Así, Comisiones Obreras ha anunciado que seguirán reivindicando que el carbón autóctono siga teniendo presencia en el mix energético de España ya que, según su criterio, el carbón «todavía es necesario como energía de respaldo y debe ser carbón nacional».

Según el sindicato, entre las propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, «no se contemplan el resto de elementos que son imprescindibles para la denominada Transición Justa y que afecta al sector del carbón, como es la necesaria generación de empleo en las comarcas mineras, que no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones y vaguedades». «La pérdida de empleo y desaparición del sector no puede continuar siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del Ejecutivo socialista», han criticado.

CCOO espera que los representantes de Transición Ecológica con los que se reunieron se replanteen toda esta serie de cuestiones para que el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que ha quedado fijada una nueva reunión, «se vea un cambio de perspectiva en el que han de contemplarse de forma global todas la implicaciones que están en juego».

Lambán se centra en Andorra

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el Gobierno de España debería «llamar» a Endesa para hacerle un planteamiento encaminado a alargar la vida de la central térmica de Andorra, que debería cerrar en junio de 2020 si no acomete determinadas inversiones encaminadas a mejorar su eficacia medioambiental. En este sentido, Lambán ha considerado que el Ministerio tendría que «ser sensible» a los planteamientos de los sindicatos y de las empresas mineras sobre la transición energética. Al Ministerio, ha apuntado, «no le falta razón en el planteamiento genérico de la transición energética», pero hay que convencerlo de que «una transición que suponga cerrar centrales en el 2020 es cualquier cosa menos justa«, ha concluido Lambán.

El PSOE critica al PP

Por otro lado, el PSOE acusa al Partido Popular de «utilizar» la incertidumbre sobre el futuro de las cuencas mineras para atacar al Gobierno «tras 6 años sin hacer nada» y «no invertir ni un euro en la reconversión industrial», según el diputado socialista por Teruel, Ignacio Urquizu. De hecho, el parlamentario tilda de «burla» la actitud del PP que ha propuesto medidas para la zona que, «además de ser ilegales», provocarían «una gran incertidumbre jurídica puesto que van en contra de la normativa europea». Se refiere así a la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso para, entre otras cosas, alargar la vida de las centrales térmicas como la de Andorra (Teruel), según los populares.

Urquizu les ha acusado de presentar una iniciativa que «contradice completamente» lo que el PP «dijo hace unos meses en Europa». Esto supone, en opinión de la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, tratar de «engañar» a los turolenses sobre este asunto y destaca que la situación que viven las cuencas mineras está provocada por la «inacción» del Partido Popular durante sus años en el Gobierno central. Así, critica que «lo poco que hizo fue precisamente impulsar el cierre de las explotaciones mineras», como lo demuestra, según Pérez, que en febrero de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy enviara un documento a Bruselas solicitando el cierre de 15 centrales térmicas, entre las que se encontraba la de Andorra.

Lambán (Aragón) cree que el futuro del carbón depende de un gran acuerdo y los sindicatos piden reunirse con Ribera

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EFE / Europa Press.- Mientras los sindicatos UGT y CCOO piden una reunión a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para tratar el futuro del carbón, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, considera que la solución para la amenaza de cierre de las centrales térmicas, como la de Andorra, debe producirse en un marco de «grandes acuerdos» entre sindicatos y empresas de la minería con el Gobierno de España y sin que el Ejecutivo aragonés «escurra el bulto».

Lambán respondió así al portavoz del PAR, Arturo Aliaga, sobre las acciones que va a llevar a cabo su Ejecutivo para defender la térmica de Andorra tras el cambio de dos escenarios. Uno, el del Gobierno en España, con el nuevo ministerio de Transición Ecológica cuya titular, Teresa Ribero, ha afirmado recientemente que el «proceso de caída paulatina» del peso del carbón «no puede dejar a nadie atrás en el camino», por lo que es necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Y el otro cambio, ha recordado Aliaga, el objetivo de que para 2030 el 32% de la energía deberá ser renovable en la Unión Europea.

En esta coyuntura, el presidente aragonés ha señalado que mantendrá la «alianza férrea» que tiene con las comunidades de Asturias y Castilla y León, también afectadas por esta amenaza, y que seguirá apoyando la proposición de ley del exministro Álvaro Nadal para impedir su cierre, así como las políticas del nuevo Gobierno «si consideran que son justas y siempre en el marco de los acuerdos que se adopten con los sindicados y las empresas mineras».

Lambán subrayó que el acuerdo de la Unión Europea alcanzado tiene «un componente preocupante» que hace extremar la alerta respecto a lo que pueda ocurrir en las cuencas mineras y que obliga a ponerse a trabajar «sin perder un minuto«. Reconoció la necesidad de aceptar «la inevitable e ineludible» transición energética hacia las renovables, pero también la de plantearle al Gobierno central que tiene que ser justa, «sin quebrantos en las cuencas mineras», en términos de despoblación y desempleo, «ni en el sistema energético español».

En este sentido, añadió que sin un mix energético en el que el carbón tenga un 5% o 6% de participación, el precio de la energía «se dispararía» en determinadas épocas del año y esa «falla de competitividad» que tiene la industria española respecto a la europea con el precio de la energía «aumentaría todavía más». Por ello, ha insistido en que el Gobierno central debe buscar mecanismos «efectivos» para evitar el cierre de las centrales, que no sean rebatibles en los tribunales por razones de interés general, o mejor todavía si es mediante negociaciones, y que impere la reindustrialización de las cuencas mineras y la búsqueda de economías alternativas.

Lambán ha destacado que el propio sector minero «ya está buscando soluciones», como Samca, que está empezando a convertir el carbón en fertilizante. El presidente insistió en que su Gobierno seguirá aplicando las acciones que ha desarrollado hasta ahora en este asunto «pero intensificando la dedicación» al mismo dado que «se echa encima» tras el anuncio de la Unión Europea.

Ante la consideración hecha por Aliaga de que el anterior Ministerio, del PP, tenía «una hoja de ruta» trazada sobre este asunto, Lambán ha estimado que era «benévolo» con él, dado que en casi 7 años el Gobierno de Mariano Rajoy «no resolvió el problema de las térmicas» y el Plan Miner se ha reducido a la mitad «y se ha empezado a ejecutar tarde». Aliaga, por su parte, pidió a Lambán que retome las negociaciones con Endesa para lograr una solución transitoria, con menores inversiones, para la térmica de Andorra, y ha apuntado que «queda recorrido en Europa», donde hay otros países también afectados.

Los sindicatos piden una reunión

Por su parte, las federaciones de industria de UGT y CCOO han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica en la que le piden una reunión «a la mayor brevedad» para exponerle su preocupación por el futuro del carbón y las comarcas mineras. Asimismo, la Federación de Industria Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA) demanda que se evite condenar a un sector y unos territorios «al paro, la pobreza y la desolación».

Ambos sindicatos han reprochado a Ribera la «rapidez» con que el Ministerio propone llevar a efecto «con gran urgencia medidas dirigidas a unos sectores pertenecientes al grupo de emisiones de gases de efecto invernadero y a sus comarcas mineras, sin una valoración previa con los agentes sociales» sobre lo que se pretende ejecutar y que la ministra «llama transición justa».

UGT y CCOO resaltaron que vienen trabajando y negociando con los diferentes gobiernos planes que mantuvieron una parte importante del sector, aunque no ha ocurrido lo mismo con la recuperación industrial de las comarcas mineras. Han añadido que una «transición justa» es la que «no destruye ninguno de los empleos existentes» y que, «sin perjudicar a ningún sector de la sociedad, crea puestos de trabajo antes de destruirlos» y, sobre todo, la que no genera más paro ni «desasosiego» en unos territorios que ya tienen unas cifras «insostenibles» de desempleo.

UGT y CCOO, que reconocen que se debe «caminar hacia una transición y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero «, consideran que para ello es necesario observar «siempre tres factores importantes: medio ambiente, precio y seguridad de suministro». Así, piden la búsqueda de soluciones y proyectos de captura y almacenamiento de CO2, «paralizados por el anterior Gobierno», que permitan lograr durante el periodo de transición energética «una combustión más limpia de las centrales térmicas existentes«. De esta manera, reclaman «dar una solución urgente y coherente que, en definitiva, clarifique el futuro del sector y las comarcas mineras» pues de lo contrario se les estará condenando «al paro, la pobreza y la desolación».

Nadal anuncia que el Gobierno propondrá regular por ley el cierre de centrales eléctricas y defiende la térmica de Andorra

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que el grupo parlamentario del PP en el Congreso va a presentar una proposición de ley para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica con una norma «de rango de ley» que evite “la tentación de algún gran operador de cerrar una central rentable para aumentar los precios”. El ministro ha confiado en el diálogo con los demás grupos parlamentarios para sacar adelante esta normativa.

Nadal ha señalado que el Gobierno ha emprendido una reforma laboral, financiera, energética y administrativa-tributaria, y ve “sorprendente que se le diga al Gobierno que no hay que hacer estas reformas, que hay que revertirlas», lo que considera un error, lamentando que no se proponen reformas alternativas, solamente «críticas». En materia energética, ha sostenido que es necesario reducir las emisiones de CO2 pero sin encarecer el precio de la energía, especialmente en un país como España «que no tiene grandes fuentes energéticas» y que necesita importar la energía que consume.

En la transición hacia las energías renovables y limpias, Nadal apuesta por «evitar correr demasiado», como cree que hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que con «prisa» puso la ideología sobre el elemento práctico desarrollando renovables de forma previa al desarrollo total de estas tecnologías. “Pero tampoco quedarse atrás», matizó el ministro, “asumiendo los avances tecnológicos «sin precipitarse, para que el coste no acabe repercutiendo en el consumidor. No obstante, Nadal ha asegurado que las renovables van a ser el «centro» del sistema y que deberán incrementar su peso entre un 27% y un 35%, pero no pueden ser la energía «base» porque no son las que están siempre «sí o sí».

En este sentido, ha apostado por mantener el mix energético, en el que la nuclear, el gas y el carbón suponen un 20% cada una, dejando el resto a las renovables. Estas primeras son las únicas que pueden dar servicio en cualquier momento, especialmente en las «puntas», con la nuclear como la más barata, la que no lanza emisiones de CO2, pero que sí que genera residuos difíciles de eliminar; el carbón como la segunda más barata, aunque la más contaminante; y el gas, que es la más cara y emite CO2, si bien en menor medida que la anterior. En este punto, ve como inconveniente que la energía renovable no garantiza el suministro las 24 horas todos los días.

«El Gobierno quiere mantener el carbón, el gas y la nuclear mientras sean rentables», porque suprimir el carbón conllevaría un incremento de los precios de entre el 18% y el 25%, prescindir de la nuclear aumentaría entre un 13% y un 26% los precios y eliminar ambas incrementaría el recibo entre el 38% y el 65%. Por ello, para evitar que se cierren las centrales, el PP presentará en el Congreso una ley para regular el cierre de estas instalaciones, de modo que el cierre de las centrales sea «ordenado, en función de objetivos y garantizando la competencia y el precio». En todo caso, recordó que el PP cuenta con 135 diputados y para aprobar este texto «se necesitan 176».

La proposición de ley está concebida para recoger las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto ya elaborado por el Gobierno, entre las que destaca la de dotar de rango de ley a la normativa. Está ahora, por tanto, a la espera de la posición del resto de grupos, porque «una cosa es predicar y otra, dar trigo», ha apuntado. Nadal ha defendido que, si el hipotético cierre de una central puede distorsionar el mercado, «se pueda parar».

Asimismo, considera que las centrales de carbón son «imprescindibles hasta que no haya cambios sustanciales en el mercado del gas» y ha asegurado que la térmica de Andorra es competitiva, eficiente y es «necesaria para el sistema», aunque ha admitido que Europa no está a favor de ofrecer ayudas directas a estas instalaciones y que su continuidad no depende exclusivamente del Gobierno. Ha advertido nuevamente de que si se cerrasen centrales como Andorra, Compostilla o las nucleares «habría subidas de precios más que sustanciales», apuntando que las centrales de carbón han asumido las puntas de consumo eléctrico y han permitido que no se encarezca más el recibo de la luz.

El ministro, que se encontraba en Zaragoza, ha asegurado que Aragón «se está convirtiendo en una potencia energética» tras las subastas de energías renovables. Asimismo, Nadal ha resaltado el cambio experimentado por España en las dos últimas generaciones, al pasar de ser un país «muy pobre» a situarse «en la media de Europa», y ha señalado que para que un país tenga éxito debe producir los bienes y servicios que otros quieren. Ha recordado, además, que tras la primera y segunda revolución industrial, ahora se está viviendo una tercera revolución energético-climática que consiste «en producir no más energía, sino mejor».

Satisfacción evidente en Izquierda Unida

Por su parte, la alcaldesa de Andorra (Teruel), Sofía Ciércoles (Izquierda Unida), ve el anuncio del ministro «gratificante» pero ha urgido al acuerdo porque «cada vez tenemos menos tiempo». En este sentido, Ciércoles se ha congratulado de que haya dicho que la central térmica de Andorra es «imprescindible», habida cuenta de que el carbón sigue siendo un factor «importantísimo» y «competitivo» y de que la planta es «eficiente» y tiene el suministro «a puerta». Por ello, se ha mostrado satisfecha por la apuesta por el carbón, que «sigue siendo de las energías más económicas», aunque falta que la proposición de ley que ha anunciado el ministro sea aceptada para evitar el cierre de la central.

No obstante, no ha obviado que la planta de Andorra está en una situación «crítica» ya que no ve que Enel o Endesa tome una decisión o que el Gobierno central haga una apuesta «decidida«. Por ello, considera «importante» esta intervención del ministro, al que ha instado a poner en marcha ya las medidas para evitar el cierre y, entretanto, se va trabajando por diversificar la economía y por una transición «justa» que evite el monocultivo actual en la zona.

La alcaldesa ha lamentado también que «la pelota se la van pasando de un tejado a otro», porque Madrid pone las medidas sobre la mesa, pero decide Bruselas. En ese sentido, ha insistido en que «si España lo tiene claro, lo que tiene que hacer es luchar para que así sea», dado que, además, todos los grupos tienen representantes en Bruselas para defender el carbón.

La empresa holandesa Philips Lighting logra con electricidad renovable la neutralidad de carbono en sus operaciones en el mundo ibérico

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Europa Press.- La entidad Philips Lighting anunció que sus operaciones en el mundo ibérico son neutrales de carbono después de que la compañía comenzase a operar con electricidad 100% renovable a principios de 2017 en los tres países de la zona (España, Portugal y Andorra) y que, según la compañía, compensó todas las emisiones de carbono restantes.

Con esta acción, Philips Lighting busca contribuir a los objetivos de sostenibilidad de estos países como parte del marco europeo de reducir las emisiones de carbono en un 20% para 2020 en comparación con los niveles de 1990. En este sentido, la entidad ha asegurado que redujo sus emisiones de carbono en Iberia en los últimos tres años, implementando mejoras de eficiencia energética y aumentando el uso de electricidad renovable al 90% en 2016. Asimismo, a comienzos de este año, las operaciones ibéricas pasaron a utilizar electricidad 100% renovable, procedente de un parque eólico danés.

Programa Brighter Lives, Better World

Además, en 2016 Philips Lighting presentó el programa de sostenibilidad Brighter Lives, Better World, que establece que el 80% de los ingresos de la compañía provendrán de productos, sistemas y servicios sostenibles para 2020, y que para entonces se entregarán más de 2.000 millones de lámparas y luminarias LED. En este sentido, se pretende también que las operaciones de la entidad sean 100% neutrales de carbono y que el uso de electricidad sea 100% renovable.

Endesa culmina la restauración de sus cuatro históricas minas de carbón, que comenzó a explotar entre 1972 y 1983

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Europa Press.- Endesa culminó la restauración de los terrenos de sus 4 históricas minas de carbón, que la compañía comenzó a explotar a partir de 1972, en los emplazamientos de Andorra (Teruel) y As Pontes (A Coruña), seguidas de las minas de Peñarroya (Córdoba) y Puertollano (Ciudad Real) en 1983, tal y como ha mostrado la empresa a través de fotografías, vídeos y el libro Cuatro actuaciones ambientales en centros mineros de Endesa.

En total, se han restaurado 5.000 hectáreas que han devuelto a los terrenos su hábitat primitivo, además de haber generado otros nuevos destinados a la agricultura, con olivares y viñedos; a la ganadería, para pastoreo; y a nuevos ecosistemas forestales, al plantarse 1,4 millones de árboles. Asimismo, estas superficies albergan ahora una media de 200 especies de fauna y 90 de flora en cada emplazamiento, según se desprende de la auditoría realizada por los biólogos Víctor y César Pedrocchi. Estas cuatro minas han producido en toda su historia un total de 355 millones de toneladas de carbón, alrededor de cuatro teravatios a la hora y ha empleado a cerca de 5.800 trabajadores de forma directa.

Entre las actuaciones más llamativas, destaca la de As Ponte, donde Endesa extrajo carbón desde 1972 hasta 2007, ya que el espacio que ocupaba el hueco de la mina se ha convertido «en el mayor lago de España: 865 hectáreas y 547 hectómetros cúbicos de agua, donde actualmente se practican deportes náuticos, y hay zonas de baño y recreo», según explicó la compañía. Para los responsables de la restauración, el reto era «llevar a cabo una actuación que pudiera después desarrollarse por sí sola con la ayuda del agua», algo que, según señalaron, se consiguió.

También se ha pronunciado el consejero delegado de Endesa, José Damian Bogas, quién ha señalado que los trabajos de restauración de estas cuatro minas son «el ejemplo más fiel» de por dónde quiere transitar la compañía eléctrica en términos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. «Observamos el cierre de las minas con pesar pero entendiendo que es inevitable», ha señalado Bogas, al tiempo que ha añadido que la descarbonización de la economía para el año 2050 será un «proceso difícil pero también será una oportunidad».

Para conseguir este objetivo marcado por el Acuerdo de París, Bogas incidió en que «no basta con el esfuerzo de las eléctricas, sino que otros sectores, como el del transporte, la industria y la construcción también deben aportar». En este sentido, el dirigente de Endesa indicó que «sin la electrificación del transporte, la descarbonización será una utopía y la transición energética un brindis al sol».

Aragón cree que la regulación energética debe incluir a la Térmica de Andorra

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EFE.- El Gobierno de Aragón ha remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sus aportaciones a los procesos de consulta pública previos a la elaboración de sendas regulaciones del sector energético, donde, entre otras cosas, insta que permanezca operativa la Central Térmica de Andorra, en Teruel.

A través de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, el ejecutivo autonómico ha trasladado al ministerio su opinión de que el mantenimiento de la actividad de la Central Térmica de Andorra es «no sólo oportuno, sino absolutamente necesario».

En el documento se asegura que el cierre de la central supondría «la pérdida de una garantía de suministro para el sistema, más aún cuando en el horizonte parece atisbarse un principio de recuperación económica y por tanto de actividad industrial y mayores consumos energéticos».

Pero también el cierre de una unidad de producción que tiene el carbón a escasos kilómetros, «sin depender por tanto de suministros de importación sujetos a posibles desabastecimientos».

E inciden en la «gran repercusión» que para la economía de toda la provincia tiene la actividad minero-eléctrica, que genera en torno a 3.500 empleos directos e indirectos en un territorio con una de las menores densidades de población en Europa.

La Unión Europea obliga a ejecutar una serie de inversiones en la Térmica de Andorra para disminuir las emisiones contaminantes y, en caso contrario, fija la fecha de junio de 2020 para que mantenga su actividad.

En la consulta del ministerio se pregunta por los procedimientos que deberían seguirse en el supuesto de que el titular, en este caso Enel a través de Endesa, solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema.

El Gobierno de Aragón recuerda a este respecto que si Red Eléctrica Española (REE) considera que la continuidad de una central es necesaria para el sistema, el Ministerio puede denegar la solicitud de cierre.

Si no se consideran de esta forma, existen otras posibilidades, como la retribución de pagos por capacidad, de tal forma que la central continúe estando disponible a disposición de las necesidades del sistema. Y también se puede llega a un acuerdo con la propietaria de la central para asumir los costes derivados de la «hibernación» de la misma, de tal forma que no tuviera repercusión negativa en su cuenta de resultados.

Aunque el ejecutivo reconoce que estas fórmulas «difícilmente» permitirían mantener el empleo actual en central o en las minas.

Chunta Aragonesista participará en la consulta previa al Real Decreto para el cierre de instalaciones eléctricas

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EFE.- Chunta Aragonesista ha anunciado su participación en el proceso de consulta pública previo al proyecto de Real Decreto para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica, abierto este mes de agosto por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España.

El proceso, según se indica en la web oficial del Ministerio, tiene por objeto «recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada», explica la formación nacionalista en una nota de prensa.

Se trata de responder a dos preguntas: ¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio? y ¿Qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?.

En este sentido José Manuel Salvador, consejero comarcal CHA-Andorra-Sierra de Arcos ha comentado que, como parte implicada en la defensa de los intereses de las cuencas mineras aragonesas, se participará en este proceso de consulta que concluye el próximo 15 de septiembre de este mismo año.

Salvador ha adelantado que las líneas generales de la propuesta de CHA que se enviarán a la Dirección General de Política Energética y Minas abogarán por mantener «totalmente operativa» la central térmica de Andorra por lo menos hasta 2025 (después podría ser una instalación en reserva), para poder resolver la incertidumbre actual y apostar por una transición justa olvidándonos del carbón como combustible a corto plazo.

También abrirá un proceso de debate y participación para que las aportaciones a trasladar al Gobierno de España recojan mejor las demandas de la zona y las inquietudes de la ciudadanía.

Finalmente CHA espera que el gobierno de Mariano Rajoy no haga caso omiso de las propuestas presentadas y actúe en consecuencia porque el futuro de las comarcas mineras aragonesas está en juego.