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Abogados ambientales piden el fin del carbón en 2025 «como muy tarde» para cumplir con el Acuerdo de París

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Europa Press.- El Instituto de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) espera que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establezca el 2025 como fecha final para el carbón en España para que el país pueda alcanzar los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre calidad del aire y cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático.

La OMS estima que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes prematuras al año y que el 90% de la población mundial respira aire con una calidad por debajo de los estándares recomendados en sus Guías de Calidad del Aire (GCA). La directora de IIDMA, Ana Barreira, recuerda que es «imperativo» que España siga los estándares de la OMS sobre la calidad del aire, trasladándolos a la normativa ambiental ya que la contaminación es actualmente un problema de salud pública y afecta al derecho a la vida y el derecho a la salud.

Precisamente, una de las fuentes principales de la contaminación en España son las emisiones de las centrales de carbón por lo que la organización subraya que debe ser una «prioridad política» poner fin a la producción de energía mediante este combustible, como muy tarde en 2025. «La salud pública debe ser un criterio fundamental para la elaboración de los Planes de Energía y Clima, así como de la futura Ley de Cambio Climático», ha concluido.

Abogados ambientales resaltan que el carbón solo supone el 2,9% de la producción minera y el 0,007% del PIB nacional

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Europa Press.- La industria carbonífera en España ha pasado de extraer más de 30 millones de toneladas de carbón en 1993 a menos de 3 millones en 2017, con un valor de producción de 83 millones de euros, algo que solo supone un 2,9% del sector minero en su conjunto y únicamente un 0,007% del PIB nacional.

Así se desprende del análisis realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), que también refleja la disminución «drástica» del número de trabajadores en esta industria, que ha pasado de 30.000 en 1994 a poco más de 2.000 en octubre. El número de explotaciones también ha descendido de forma paralela. Si a principios de los años 90 contaba con 146 explotaciones de carbón, a finales de 2017 solo 12 quedaban abiertas, 8 de ellas situadas en Asturias, 2 en Castilla y León, y otras 2 en Aragón.

En medio de este panorama, la industria ha rebasado la fecha límite marcada por la Unión Europea para el fin de las ayudas a las minas de carbón en el marco del plan de cierre de las explotaciones, un proceso empezado hace casi 3 décadas. Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, el sector del carbón está «en claro declive y tiene un papel residual dentro de la economía española», por lo que ve «inevitable» su fin, no solo en España, sino en todo el continente, ya que la norma europea prevé el cierre de todas las minas no competitivas.

Por ello, la prioridad ahora, según explica Barreira, es lograr que la transición de las cuencas mineras sea «ordenado y progresivo» y se apoye en un marco legal «adecuado» que garantice una transición «justa» para todos los trabajadores y comunidades afectadas». Entre las dificultades encontradas para alcanzar esta transición se encuentran «el monocultivo industrial, la ausencia de sectores alternativos, la despoblación y envejecimiento, la identidad minera de la población y un personal con baja formación».

Según comenta el ingeniero medioambiental del IIDMA, Massimiliano Patierno, la implementación de actividades económicas alternativas no deslocalizables, así como la planificación, la cooperación entre actores, la participación de la sociedad civil y el fomento de una formación profesional específica son algunos de los elementos «fundamentales» para que esta transición se realice con buenos resultados. La reconversión económica de las regiones mineras, tomando como ejemplo algunos casos de éxito registrados en otros países como Francia o Inglaterra, pasa por los sectores verdes y la economía circular, el ocio, la cultura y el I+D+i, de forma que se canalice el turismo mediante la creación de áreas recreativas o reconvirtiendo el patrimonio minero.

Abogados ambientales piden el fin del carbón en España en 2025 para evitar 700 muertes prematuras al año

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Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) reclamó al Gobierno un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que establezca 2025 como fecha límite para el fin del carbón y que cuente con el debido proceso de participación pública. El IIDMA pide al Ejecutivo que el PNIEC 2021-2030 que España debe remitir a Bruselas antes de final de año debe ser «ambicioso» y «urgente» y ser sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica y cumpla los requisitos de participación pública.

El colectivo recuerda que las emisiones de las centrales térmicas de carbón provocan más de 700 muertes prematuras al año en España y un coste económico sanitario derivado cuantificado entre 880 y 1.667 millones de euros. La directora del IIDMA, Ana Barreira, insiste en que la Evaluación Ambiental Estratégica requiere que el PNIEC de 2021 a 2030 cumpla con las obligaciones de evaluación y participación pública del Convenio de Aarhus, del que España es parte, porque de lo contrario el plan será contrario a derecho. En este contexto, reclama al Gobierno un compromiso público firme para el abandono del carbón.

Abogados ambientales del IIDMA piden a los europarlamentarios españoles que acaben con las ayudas al carbón

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Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha reclamado a los europarlamentarios españoles miembros del Comité de Industria del Parlamento Europeo que pongan fin a las ayudas al carbón. Así, con motivo del debate sobre el diseño del futuro mercado energético de la Unión Europea y, en concreto, sobre el Reglamento del Mercado Interno de la Electricidad que se está negociando, los abogados ambientales han formulado un conjunto de recomendaciones a los representantes españoles en la Eurocámara.

En concreto, han subrayado la importancia clave de regular los mecanismos de capacidad para evitar el alargamiento de la vida de las centrales de carbón de manera artificial, y los mecanismos de acceso y despacho preferentes, para promover una transición energética a las renovables. El carbón, según recuerdan, es la fuente de energía más contaminante y además impacta sobre la salud y el medio ambiente. Así, recomienda promover las energías limpias como base para una transición energética baja en carbono.

Límite: 550 gramos de CO2/kWh

En cuanto a las evaluaciones de adecuación de recursos y mecanismos de capacidad, estiman que estos mecanismos deben ser reducidos al máximo y controlados con una evaluaciónque certifique su necesidad real y un plan para su abandono posterior. De este modo, aseguran que las centrales con emisiones intensas de carbono, bajo criterios estrictos de límites de las emisiones de CO2 de 550g CO2/kWh, «no deberían recibir subvenciones que alarguen su vida de forma artificial».

La directora del IIDMA, Ana Barreira, ha señalado que este tipo de mecanismos, mal entendidos, permiten que se alargue de forma artificial el uso del carbón a pesar de ser el combustible más contaminante. «No se debe permitir el uso de la legislación para proteger y subvencionar centrales térmicas que están abocadas al cierre en el contexto actual. Es necesario trabajar en un plan ordenado de abandono del carbón y cierre de las centrales térmicas si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y evitar los efectos más duros del cambio climático», sentenció.

Abogados ambientales piden a la ONU que inste a España a evitar el impacto de las centrales térmicas en menores

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Europa Press.- Las centrales térmicas de carbón que contribuyen a la contaminación y al cambio climático generan un impacto «urgente de abordar por el Estado» sobre la salud de la infancia, según un estudio, realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) junto a CIEL (Center for International Environmental Law), que fue presentado al Comité de los Derechos del Niño en la ONU para que recomiende a España que actúe y tome las medidas necesarias para evitar estos impactos.

El informe analiza los impactos de la política energética de España sobre la salud de la infancia a consecuencia de la contaminación y el cambio climático que generan las centrales térmicas de carbón y concluye que influyen en la contaminación del aire tanto española como fuera del territorio y contribuyen al cambio climático por sus emisiones efecto invernadero. Entre las recomendaciones, el documento insiste en la preocupación de los derechos de los menores por el impacto del funcionamiento de las centrales térmicas de carbón y en la calidad del aire que afecta «de forma directa» contra el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño tanto en España como fuera de su jurisdicción.

Evitar impactos de política energética

Asimismo, tiene en cuenta impactos derivados del cambio climático, al cual contribuyen las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero de estas centrales, que entran en conflicto con los artículos 24, 27 y 28 de la Convención. El abogado medioambiental de CIEL Sébastien Duyk asegura que con la contaminación provocada por las centrales de carbón, el Gobierno de España incumple con sus compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia. «El Gobierno tiene la obligación legal de evitar los impactos negativos de su política energética en la salud de los niños en España, así como en el clima», insistió.

Según el estudio Un oscuro panorama que presentó el IIDMA en 2017, las emisiones de las centrales de carbón se pueden relacionar con 10.521 casos de asma y 1.233 casos de bronquitis al año en la población infantil y sus costes sanitarios asociados alcanzan 1,14 millones de euros. En la actualidad, están en funcionamiento 15 centrales de carbón en España, que emiten 105.650 toneladas de SO2, 83.723 toneladas de NOx y 4.008 toneladas de partículas, que se relacionan con alrededor de 700 muertes prematuras anuales.

La directora del IIDMA, Ana Barreira, solicita al Comité de los Derechos del Niño que requiera a España medidas «de forma inmediata» para proteger los derechos de la infancia. «Es inconcebible que este tipo de impactos no se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, pues suponen un coste inasumible para la sociedad», ha manifestado Barreira que ve «necesario» un plan progresivo y ordenado de abandono del carbón, que comience por el cierre de las centrales térmicas ya que estas emisiones son incompatibles con los Derechos del Niño.

Abogados ambientales piden un cambio de rumbo tras la investigación de Bruselas a España por las ayudas al carbón

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Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) reclama al Gobierno medidas «urgentes» y un plan de cierre ordenado y progresivo de las centrales térmicas de carbón después de que la Comisión Europea haya abierto una investigación a las ayudas estatales por un total de 440 millones de euros desde 2007 para estas centrales bajo el nombre de «incentivo medioambiental«.

Precisamente, la Comisión Europea señala que estas ayudas se han otorgado a estas centrales sin instalar los sistemas de desulfutación para poder cumplir los límites de emisión de óxidos de azufre que exige la normativa europea y que son obligatorios. Bruselas duda de que estas ayudas supongan un incentivo para que estas centrales redujeran sus emisiones contaminantes perjudiciales para la salud y el medio ambiente ya que solo se destinaban a cumplir con los niveles de emisión obligatorios establecidos por la Unión Europea. Por ello Bruselas anunció una investigación ante la sospecha de que las ayudas del Gobierno son ilegales.

El IIDMA recuerda que las emisiones de la producción de energía con carbón causan más de 700 muertes prematuras al año, costes sanitarios entre 880 y 1.667 millones de euros, y daños irreparables al medio ambiente. La directora del IIDMA, Ana Barreira, denuncia que este tipo de pagos violan el derecho de la Unión Europea sobre Ayudas de Estado y critica que el Gobierno sabe que apoyar el carbón y las centrales térmicas no responde a exigencias globales de protección a la salud y al medio ambiente. También recuerda que la mayoría de países occidentales están impulsando el abandono ordenado y progresivo del carbón para cumplir el Acuerdo de París.

«La falta de planificación y visión a medio y largo plazo de las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía traerá consecuencias graves para España, que se está quedando atrás a pesar de estar recibiendo avisos constantes de diferentes actores, desde ONGs a la propia Comisión Europea. El respeto al Estado de derecho es fundamental en la transición energética», concluyó.

Abogados ambientales denuncian trabas de la administración para acceder a informes clave en zonas próximas a centrales térmicas de carbón

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Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha denunciado las trabas de las diferentes administraciones públicas, para acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente como los informes base del estado de las aguas subterráneas y el suelo en las zonas con centrales térmicas de carbón.

Según el IIDMA, que está conformado por abogados especializados en medio ambiente, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente, las administraciones debería facilitar al público la documentación requerida, generalmente, en el plazo de un mes. Asimismo, los abogados del IIDMA citan la Directiva de Emisiones Industriales, que establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas para obtener la actualización de los permisos (Autorización Ambiental Integrada) en instalaciones como las centrales de carbón.

En base a estas normativas, IIDMA solicitó en 2016 a las autonomías que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la Unión Europea, con el objetivo de «evitar y reducir la contaminación de los entornos» de estos establecimientos.

Galicia frente Asturias y Aragón

Según aseguró la plataforma, Galicia fue la única comunidad que ha cumplido con el plazo de un mes establecido por la Ley, mientras que Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Baleares retrasaron el proceso durante varios meses, «poniendo trabas a la democracia ambiental». No obstante, según el IIDMA, «los incumplimientos más graves de acceso a la información se producen en Aragón, donde alegan que no tienen obligación de remitir los informes». Por ello, la plataforma recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón esta alegación; también reclaman que en Asturias se han ignorado reiteradamente las solicitudes y aún no han conseguido la documentación requerida.

Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, «esta actitud supone un menoscabo del Estado de Derecho, ya que obliga a las organizaciones como IIDMA a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la Ley«. De acuerdo con los abogados especializados en medio ambiente, las administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y «el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para el desarrollo democrático». «El bloqueo de acceso a la información podría esconder el escaso control de las comunidades autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas», según el IIDMA.