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Nadal avisa de que cambiar la energía nuclear por el gas natural eleva los costes y la contaminación

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EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha advertido de que sustituir la energía nuclear por gas supondría una mayor contaminación y un incremento de los costes, y ha asegurado que «hoy por hoy la tecnología no permite» sustituirla por renovables. En este sentido, Nadal ha recordado que el gas emite CO2, por lo que tiene incidencia medioambiental, e indicó que cerrar las plantas nucleares y sustituirlas por térmicas no sería una buena opción.

El ministro ha destacado que la energía nuclear produce «de continuo», es decir, 24 horas, 7 días a la semana, algo que ninguna renovable puede garantizar, por lo que no entiende que haya partidos que piden que España no tenga energía nuclear a partir de 2020. En este sentido, ha pedido un debate «tranquilo» y «de verdad» y no una «reflexión dogmática». “Suprimir la energía nuclear supondría un incremento de un 25% del coste», resaltó Nadal, que señaló que «la única ventaja es que desaparece el riesgo de accidente nuclear».

El ministro ha abogado por ir de la mano del resto de países europeos en la revolución energética, cambiando el modelo hacia uno menos emisor, lo cual «hay que hacerlo con cuidado, para no aumentar los costes». Ha criticado que se vaya «demasiado deprisa» como, a su juicio, ocurrió entre 2007 y 2009, cuando «en España se instaló la mitad de las renovables del mundo».

Fenie sugiere al ministro Nadal la necesidad de aminorar las trabas administrativas a las instalaciones de autoconsumo

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Europa Press. – La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie) ha trasladado al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de aminorar las trabas administrativas en las instalaciones de autoconsumo.

Así, la asociación ha señalado que se ha reunido con Nadal en Palma de Mallorca, aprovechando su presencia en un encuentro con empresarios de Baleares, y le han trasladó su propuesta en materia de autoconsumo.

En el encuentro, Fenie, que fue representada por su presidente, Jaume Fornés; su vicepresidente, Rafael Castillo y su representante en Generación Distribuida y Autoconsumo, Sergio Pomar, entre otros, insistió en la eliminación de la figura del doble contador.

Según señala la entidad, sus representantes manifestaron al ministro que este supondrá tres desventajas en el proceso de instalación de autoconsumo: complejidad administrativa innecesaria, un alto coste económico y la no consecución del máximo nivel de seguridad.

Fenie destaca que Nadal «mostró su conformidad con las premisas expuestas por el colectivo de instaladores y reconoció la necesidad de buscar soluciones a la existencia del doble contador».

Greenpeace pide con una parodia al Gobierno que aumente las energías renovables al menos al 35% para 2030

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Europa Press.- Greenpeace ha lanzado un vídeo parodia con fragmentos de intervenciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que denuncia en clave de humor el «boicot» del Ejecutivo a las energías limpias y para pedir que apueste aumentar las energías renovables al menos hasta el 35% en 2030. Así, el vídeo Placa, placa, impuesto al sol denuncia que el Gobierno pretende conseguir en la Unión Europea un aval al impuesto al sol.

La ONG pide a Rajoy y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de «desperdiciar» el dinero de los contribuyentes en subvencionar a viejas centrales contaminantes como las del carbón para que la reforma energética sea una inversión en un futuro común y empoderar a millones de europeos para luchar contra el cambio climático y producir su propia energía. En este contexto, recuerda que España tiene la normativa de autoconsumo «más restrictiva del mundo y del coste de electricidad más alto de toda Europa», mientras que en 2016 las grandes eléctricas duplicaron sus beneficios.

Placa, placa. Impuesto al sol

Por ello, Greenpeace lanza el próximo hit del verano: el Placa, placa. Impuesto al sol de Rajoy en el que también se incluyen fragmentos de Nadal para poner en evidencia la «bofetada» del Gobierno a las renovables y a los ciudadanos que quieren generar y consumir su propia energía limpia. La organización ecologista denuncia que el Gobierno intenta trasladar a Europa su boicot a las renovables ya que se opone al aumento del objetivo de renovables e intenta que el resto de Europa acepte el impuesto al Sol, pone trabas a la seguridad jurídica de renovables y se resiste a eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles como el carbón.

Nadal rechaza abaratar la tarifa eléctrica a la gran industria porque otros consumidores deberían pagar más para no generar déficit

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, cree que aplicar una tarifa de potencia estacional para la gran industria no sería una medida justa, porque la merma de ingresos que supondría tendría que ser sufragada con subidas de impuestos, de peajes energéticos o bien aumentando el déficit en el sistema eléctrico.

Preguntado por el portavoz energético de ERC en el Congreso, Joan Capdevila, por el mandato parlamentario para impulsar una tarifa de potencia estacional para algunos grandes consumidores, Nadal pidió «aprender un poco del grupo de expertos» para la transición energética. Así, avanzó que esa medida supondría una «rebaja de ingresos y eso hay que compensarlo con una subida de impuestos o una subida de la parte fija de la tarifa». Además, recordó que la propia ley prohíbe al Gobierno «proponer medidas energéticas que generen déficit».

«¿Otra vez déficit porque algunos no pagan?», se ha preguntado. «No es justo: existe el resto de industrias, de empresas, de pymes, comercios y consumidores domésticos, y pagarían lo que otros no pagan», subrayó. Por otro lado, Nadal ha recordado que el Gobierno ya ha sido «acusado de estar obsesionado con los precios de energía, especialmente los de la industria»,

Así, ha destacado que, desde la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y su predecesor en el Ministerio, José Manuel Soria, el precio de la electricidad para el consumidor industrial tipo, según datos de Eurostat, ha bajado un 11% en España, mientras que esta estadística ha subido un 16% para Reino Unido, casi un 10% en Alemania y en Francia no bajo.

Nadal ha recordado que el Gobierno ha congelado o bajado durante 5 años la parte regulada de la tarifa eléctrica. Según el titular de Energía, el Ejecutivo ha planteado un mix energético (reparto de la generación eléctrica entre las distintas tecnologías) que permite que los precios de la electricidad bajen cuando hay recursos. Nadal reiteró que algunas de las medidas en materia de energía propuestas por la oposición implican una reducción de los ingresos del sistema eléctrico que debería compensar el resto de los consumidores.

Por su parte. Capdevila ha lamentado que Nadal ha mostrado, a su juicio, la «incapacidad de contestar preguntas concretas sobre medidas concretas con el argumento del mueble bar«: «Te cobran siempre aunque no hayas bebido una botella», ha dicho, acusando al ministro de contener «con gracia y gracejo la rabia de la impotencia». Por ello, Capdevila ha preguntado al titular de Energía si el Gobierno «piensa cumplir los mandatos parlamentarios»

Así, ha recordado que el Congreso aprobó hace ya más de un año instar al Gobierno a aprobar medidas que sirvieran para rebajar el precio de la energía para las empresas productivas. Concretamente, una tarifa de potencia estacional que podría beneficiar a sectores como el agrícola o el turístico, o la posibilidad de disponer de redes eléctricas cerradas para mejorar la competitividad de las industrias.

Tejerina asegura que sigue trabajando en la Ley de Transición Energética aunque Nadal aseveró que esperarían a la Unión Europea

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que continúa trabajando en el texto del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a pesar de las declaraciones de su homólogo de Energía, Álvaro Nadal, en las que aseguró que esperarían a la Unión Europea para transponer la normativa europea sobre esta materia a la legislación española.

En el Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué falta por hacer?, la titular de Medio Ambiente ha señalado que la Ley de Cambio Climático que prepara su departamento, junto con el de Energía, es una de las normas «palanca» para «acelerar» la mencionada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por su «carácter transversal«.

Fue en este contexto en el que ha asegurado que el borrador de la norma se presentará «en breve» por el grupo de trabajo interministerial de cambio climático y ha destacado que será «la primera vez en España» que una normativa de rango superior recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como medidas en materia de energía para este propósito y para la adaptación del país al cambio climático. «Persigue establecer un marco institucional estable que permita el cumplimiento y el seguimiento de los objetivos en esta materia», ratificó.

Tejerina ya había asegurado en febrero que este texto estaría listo antes del verano. Sin embargo, este plazo quedó en entredicho cuando Nadal aseguraba en la Cámara Baja que no habría ley hasta que Bruselas no aprobara su normativa sobre cambio climático. El ministro explicó que «siempre» se habían hecho así las leyes en España y apuntó que ahora no se iba a cambiar este proceso. El responsable de Energía explicó, además, que la normativa europea está compuesta de tres paquetes, uno climático, otro energético y un tercero de movilidad sostenible, y que estas tres acciones llevan diferentes ritmos de tramitación en la Unión Europea.

La Fundación Renovables asegura que el informe del Comité de Expertos para la Transición Energética «carece de ambición» en los objetivos a 2030

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EFE / Europa Press. – La Fundación Renovables considera que el informe que la Comisión de Expertos para la Transición Energética «carece de ambición» en los objetivos a 2030 que deben marcar la senda de las descarbonización de la energía en 2050.

En un comunicado, la fundación señala que el documento «no aporta ni compromisos ni medidas concretas como requieren los retos planteados para nuestro país y que fruto del esfuerzo por lograr un consenso, en cualquier caso limitado, se diluyen las propuestas con demasiadas alternativas planteadas, con excesivos condicionantes que lo descartan como guía para afrontar la Transición Energética».

Sin embargo,  la fundación ve positivo la importancia que el informe da a la fiscalidad como herramienta del proceso de transición energética, la fijación de un precio mínimo para el CO2, el incremento de la fiscalidad de los carburantes y la corrección de los desequilibrios existentes, aunque afirma que tampoco este caso detalla concreta las medidas y deja abiertas demasiadas puertas.

Además, destaca que se pida la supresión del ‘impuesto al sol’ que «dificulta, junto con otros elementos restrictivos, el desarrollo del autoconsumo en nuestro país».

En este sentido, la Fundación Renovables considera que lo más sorprendente del documento es la afirmación de que «no se han tenido en cuenta cambios en el comportamiento de consumidores» a la hora de fijar los escenarios, aunque en varias ocasiones se hable del papel de los ciudadanos «si reciben las señales de precio y regulatorias oportunas para reducir la demanda».

La Fundación Renovables también cuestiona los objetivos de renovables que contiene el documento, en el que los expertos consideran complicado llegar al 27% de cobertura de la demanda final y que no pase del 28,4% en el escenario de transición sostenible ni del 29,7% en generación distribuida, lejos del 35% que propone el Parlamento Europeo.

Critica que la apuesta renovable de los expertos se circunscriba a la fotovoltaica y dice que no tiene sentido que la eólica sólo vaya a contar con 3.323 megavatios (MW) adicionales diez años después de las subastas cuando sólo la repotenciación de parques existentes puede multiplicar por tres esa cantidad.

A juicio de la fundación, el informe asume las tesis del ministro de Energía, Álvaro Nadal, al decir que el cierre de las nucleares incrementaría el coste de la tarifa eléctrica de 2.000 millones a 3.000 millones de euros, pero no justifica la tasa que se debe poner a sus residuos ni los costes que tendría mantener a la nuclear competitiva con respecto a las renovables.

Para finalizar en el tema nuclear, la entidad no comparte la propuesta del informe de prorrogar la vida útil de estas centrales y la fundación defiende el cierre al término de la vigencia de las actuales licencias de funcionamiento.

Nadal se muestra en contra de los expertos sobre el traspaso de algunos costes del sistema eléctrico a los Presupuestos

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha mostrado en contra de traspasar costes del recibo de la luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como propone la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética. En este sentido, Nadal afirmó estar a favor de que los costes del sistema eléctrico, «que son históricos y debido a decisiones muy precipitadas», se sigan pagando «como costes energéticos» y no trasladarlos al contribuyente.

Concretamente, los expertos proponen en su informe sacar de la tarifa eléctrica costes que actualmente recaen en la factura eléctrica a los presupuestos del Estado. Para financiar esos costes, el comité de sabios propone crear nuevos impuestos medioambientales y cambiar el modelo actual de financiación de las energías renovables, repartiendo su sobrecoste entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Así, Nadal consideró que la política energética, «más que trasladar sus problemas a los Presupuestos, lo que tiene que hacer es luchar por bajar esos costes», por lo que defendió «hacer reformas, evitar que entren nuevos costes en el sistema e intentar que esos costes bajen en beneficio de los consumidores».

No obstante, el ministro de Energía valoró «el trabajo bastante único en España» realizado por el comité de expertos, conformado por representantes de todos los grupos parlamentarios y agentes sociales, ya que en energía «es imposible encontrar algo perfecto» y con este trabajo han puesto sobre la mesa «las ventajas y los inconvenientes» de todas las propuestas. «A partir de ahí han lanzado una idea. Si queremos descarbonizar la economía española tendremos que consumir más electricidad y menos coche, y ellos hacen una propuesta fiscal y otras propuestas desde el punto de vista energético para llegar a ese objetivo», apuntó.

Respecto a la energía nuclear, señaló que los expertos respaldan que su supresión supondría la ventaja de «tener menos residuos», aunque también apunta como desventajas que habría más emisiones y subiría del orden de «unos 2.000 o 3.000 millones de euros el coste de la generación eléctrica a todos los españoles, que es más o menos como un 20-25% en el precio del mercado mayorista».

En lo que se refiere al carbón, el ministro destacó que si se cumpliesen las previsiones de subida del precio de los derechos de emisión de CO2 «en un momento determinado dejará de ser competitivo». Eso sí, subrayó que, a los precios actuales de los derechos de emisión, la desaparición de las plantas de carbón implicaría un encarecimiento de los costes de generación de electricidad.

Sobre las energías renovables, Nadal señaló las «enormes dificultades técnicas, no solo por los altos costes para los consumidores» con que cuentan, debido a que no es tan fácil sustituir energías ordinarias por verdes, que tienen el problema de que son impredecibles y dependen del viento, la lluvia y el sol. A este respecto, afirmó que «la gran incertidumbre es saber cómo va a evolucionar la tecnología de aquí a 30 años». «No lo sabemos, por eso hay que actuar con prudencia porque ya hemos pagado unas renovables caras y seguimos pagando un auténtico dineral todos los meses en la factura de la luz», añadió.

«Juego de trileros» para Facua

Por su parte, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha calificado de «juego de trileros» la propuesta de los expertos sobre Transición Energética de bajar un 6,8% el precio de la electricidad a cambio de una subida del IVA y del precio de los carburantes, que sería de un 28% para el gasóleo, un 2% para la gasolina y un 6% para el gas consumido en los hogares. En este sentido, la asociación de consumidores denuncia que estas medidas son «un caramelo envenenado» y critica que la subida de impuestos en carburantes perjudicará a aquellos consumidores que menos tienen, «ya que son los que utilizan de forma mayoritaria vehículos que consumen combustibles fósiles«.

«Al final la balanza no queda equilibrada, ya que la mínima bajada de la luz no compensa la subida de costes que supone el aumento del IVA y del precio de los carburantes», destaca Sánchez. En definitiva, Facua considera «descabellada» la propuesta de los expertos porque «perjudica al consumidor». Además, desde su punto de vista, censura que el planteamiento de los expertos «rehuya una intervención gubernamental en el sector eléctrico para bajar unos precios hinchados a partir de las medidas especuladoras que desarrolla el oligopolio».

Ha recriminado que los expertos defiendan «no perjudicar los intereses del sector eléctrico mediante más tributos que castigan al que menos tiene a través de una subida de los impuestos indirectos, como el IVA» y también con un «desproporcionado» aumento de la fiscalidad del gasóleo para potenciar los vehículos eléctricos o híbridos. Asimismo, el portavoz de Facua ha rechazado la propuesta de los expertos de prolongar la vida de las centrales nucleares, con la que se muestran favorables a los «intereses del lobby nuclear», lo que a su juicio es el resultado «de haber seleccionado expertos acorde a la ideología del Gobierno y de los intereses de las grandes empresas».

Para el portavoz de Facua, «el Gobierno del PP ha elegido un grupo de expertos de ideología conservadora que no apuesta precisamente por la intervención estatal sobre los oligopolios para frenar sus abusos» y acusa al Ejecutivo de «no querer tocar al sector energético y seguir permitiéndoles que especulen con la luz«. Así, la asociación considera que la única medida «indispensable» que debería tomar el Gobierno es la de intervenir el sector eléctrico, ya que de esta forma podría impedirse que «el lobby eléctrico consiga beneficios milmillonarios a costa de los derechos de los ciudadanos».

CETM no quiere más impuestos

Por otro lado, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha manifestado su «total oposición» a la subida que sobre los impuestos a los carburantes propone la reforma fiscal planteada por el grupo de expertos sobre transición energética y ha añadido que tendría consecuencias inflacionistas. La CETM opina que con la medida se incrementaría el precio final de todos los productos y reduciría, por tanto, el poder adquisitivo de los ciudadanos. La propuesta, según la CETM, «incidiría de forma desproporcionada e injusta» sobre el transporte de mercancías por carretera, que a su juicio es el «principal» consumidor de hidrocarburos.

Otro factor negativo para CETM si se aplicasen las medidas es que «dificultarían enormemente» la exportación de productos nacionales, como frutas y verduras, componentes de automoción, vehículos, productos químicos, textiles, siderurgia o papel. El comité de sabios plantea nuevos impuestos medioambientales, uno de ellos a las emisiones de CO2, y un recargo para financiar las renovables. Además, el grupo de expertos propone crear un recargo al consumo de carburantes o un sistema de «viñetas», que pagarían los propietarios de vehículos, para financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias.

El PSOE tilda de «demasiado conservador» el informe de los expertos en transición energética y propone debatirlo en el Congreso

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Europa Press / EFE.- El PSOE quiere que las personas que integran la comisión de expertos creada por el Gobierno para plantear escenarios de transición energética comparezcan ante el Congreso y cree que su informe, entregado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, es «demasiado conservador«. Así, su portavoz en la comisión de Energía, Pilar Lucio, ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia para todos los expertos, pues cree que «es urgente traer al Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética».

«Es la hora de ponerse a trabajar», ha afirmado la portavoz socialista. En todo caso, entiende que «es un informe muy abierto y, en principio, demasiado conservador en algunos aspectos, como el mantenimiento del actual sistema regulatorio», ya que, según ha explicado, no plantea cambios en el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico. «Sin modificaciones en el modelo de mercado es muy difícil favorecer la penetración de las renovables necesarias para cumplir con los objetivos que ya ha marcado el Parlamento Europeo. Además, incide en la reducción de costes del sistema, pero no en la reducción del precio para los consumidores», ha apuntado.

Falta de ambición en renovables

Asimismo, critica que, a su juicio, el informe peque de «falta de ambición en el cumplimiento del 35% de implantación de renovables en 2030 o el mantenimiento de todo el parque nuclear más allá de los 40 años de vida útil». Por último, Lucio ha recordado que su propia formación cuenta con su propio informe, elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE). «Dicho informe está ahora mismo sometido a debate dentro del partido y con los distintos agentes implicados», indicó Lucio. «Para conocer en profundidad las propuestas, urge trasladar el debate al Congreso para que, de una vez por todas, haya un acuerdo base para abordar la transición energética y aprobar la ley», afirmó.

En todo caso, celebra la publicación de este informe que debe servir, a su juicio, para comenzar con la próxima tramitación de una ley de cambio climático. «Ahora toca diseñar la política energética, sin más demora», subraya. Lucio ha afirmado ante los distintos grupos parlamentarios que «ya no hay excusas para seguir demorando la presentación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética». La responsable socialista recuerda que el informe presentado es fruto del trabajo de un grupo de expertos que se constituyó «a instancias del Grupo Parlamentario Socialista». Este grupo de expertos independientes trabajó durante los últimos 8 meses para elaborar un informe sobre los asuntos clave para la transición energética en España y sobre los escenarios posibles.

Los expertos calculan que cerrar las nucleares duplicaría el CO2 de la generación eléctrica y subiría un 20% su precio

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética estima que el cierre adelantado de las centrales nucleares duplicaría las emisiones de CO2 en el sector eléctrico y elevaría el precio de la electricidad en un 20%. La comisión ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno y recomiendan aplicar, entre otras medidas, impuestos verdes a los vuelos domésticos y a los buques contaminantes que atraquen en puertos, y que parte de su recaudación vaya a los ayuntamientos.

El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Álvaro Nadal, cuenta con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático. En este sentido, los expertos consideran que alargando la vida de las centrales nucleares en 10 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales. También señalan que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) determinar la capacidad técnica de cada instalación para continuar su operación en condiciones de seguridad.

Los expertos advierten de que el cierre de las centrales nucleares supondría un incremento de las emisiones de CO2 del sector eléctrico entre 9,6 y 15 MtCO2, lo que equivaldría a duplicar sus niveles respecto del año base; además, se incrementaría el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% (entre 2.000 y 3.000 millones al año); no incrementaría la cuota de renovables de forma significativa (del 29,7% actual a 30,6%) y el índice de cobertura de la demanda máxima de potencia, en ciertas condiciones extremas, podría caer hasta 0,86 (cuando el objetivo es 1,1), lo que exigiría acometer inversiones en potencia firme adicional.

La Comisión de Expertos propone, además, que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del Fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos. Además, recuerda que el valor de la tasa que nutre el fondo con el que se financia el plan no se ha modificado desde su entrada en vigor en el 2010.

Por ello, considera que resulta necesaria una revisión del valor de la misma para evitar la generación de déficits y, en consecuencia, disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las responsabilidades futuras. «Su valor actual (6,69€/MWh) resulta insuficiente y, por tanto, da lugar a la generación de un déficit para el escenario de vida de 40 años contemplado en el vigente PGRR», aseguran. Los 7 reactores en operación, que representan aproximadamente el 7% de la potencia eléctrica instalada, generaron en 2016 el 21,39% de la producción eléctrica total, resultando la primera fuente de generación en España. Esta participación fue del 11,5% a nivel mundial y del 27,7% a nivel de la Unión Europea.

En definitiva, la Comisión considera que, en relación con los distintos desmantelamientos de centrales nucleares que haya que acometer, resulta necesaria una planificación adecuada, y con la suficiente antelación, para optimizar técnica y económicamente los recursos disponibles para llevar a cabo, tanto la gestión del combustible gastado, como la ejecución de dichos desmantelamientos. Por ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación del vigente Plan General de Residuos Radioactivos, se considera procedente la aprobación de un nuevo Plan al objeto de actualizar las actuaciones y soluciones técnicas a desarrollar en el futuro, así como las previsiones económico-financieras correspondientes.

Por último, al tratarse de un sector con un elevado nivel tecnológico y con experiencia y conocimientos adquiridos durante más de 50 años, esta Comisión cree que cualquier decisión que pudiera adoptarse en relación con el parque nuclear debería ir acompañada de un análisis sobre el impacto que tendría para la industria nuclear, con el objeto de tratar de preservar, al menos, el empleo altamente cualificado y las capacidades básicas con las que resulte conveniente seguir contando en el futuro.

Impuestos ambientales en el transporte

Por otro lado, la recomendación de abordar la incidencia de los buques en la calidad del aire de las ciudades donde atracan, incluida en el capítulo dedicado al transporte del documento de 500 páginas, se hace pública a dos semanas de que la Organización Marítima Internacional (OMI) se reúna para decidir cómo atajar este problema. Además, proponen acelerar el cambio de los combustibles marítimos tradicionales hacia el gas licuado, así como un diseño tarifario que tenga en cuenta las características del atraque y suministro a buques y dirija las inversiones necesarias hacia la electrificación y suministro de gas en puerto.

Los expertos concluyen que la fiscalidad ambiental es la vía para descarbonizar todas las modalidades de transporte, la principal fuente de emisiones contaminantes en España, y subrayan que mientras se instaura el impuesto al CO2 que sugieren, se debe incrementar notablemente el tipo impositivo aplicable al gasóleo. Prevén que en 2030 habrá 2,4 millones de coches eléctricos e híbridos enchufables (un 10% del parque) pero matizan que el dato, muy por debajo de las previsiones de los países del entorno, es mejorable si bajan los costes, o se apoya el despliegue de puntos de recarga.

Respecto al ahorro y eficiencia energética, los expertos destacan el papel decisivo del parque de 25 millones de viviendas de España (dos tercios de ellas construidas antes de 1990), que representan el 31% del consumo final de la energía y alrededor del 11% de las emisiones. En ese sentido, recomiendan la pronta elaboración de una nueva estrategia de rehabilitación energética para 2020-2030, la revisión del Código Técnico de la Edificación, el apoyo al autoconsumo eléctrico (suprimiendo el llamado impuesto al sol) y de renovables térmicas in situ, o la promoción de sistemas centralizados de redes de calor de alto rendimiento.

Los expertos reconocen que habrá sectores y empresas que no podrán adaptarse a una economía libre de emisiones, y urgen medidas de reactivación económica, capacitación y protección social. En el caso de las empresas susceptibles de cierre o reconversión, hablan de elaborar planes específicos con medidas de formación y recolocación de los trabajadores afectados. Otra de las claves será la evolución hacia redes inteligentes que faciliten la transición energética contribuyendo a la penetración de las renovables, del vehículo eléctrico y de la gestión del consumo por parte de los hogares.

Respecto a la gobernanza, los expertos advierten de que las decisiones que se tomen ahora en energía y clima «pueden acarrear cambios irreversibles en el futuro», por lo que los intereses generacionales y la solidaridad deben estar en el núcleo de las mismas. Concluyen que la transición debe ser inclusiva y participativa, y que para ello se requiere de una mayor colaboración entre administraciones y de un alto grado de transparencia. En esa línea, plantean la creación de un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, integrado por expertos en las materias y dotado de presupuesto y medios, para llevar a cabo una evaluación rigurosa, independiente y continuada del cumplimiento de los objetivos.

Ciudadanos insta al Gobierno a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con objetivos para el año 2050

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario Ciudadanos ha instado al Ejecutivo a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que fije un marco legal y de gobernanza que situé el análisis científico independiente en el centro de las políticas del país y establezca objetivos vinculantes y ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050.

En una proposición no de ley (PNL) registrada en el Congreso, Ciudadanos argumenta que España «debe volver a jugar un papel relevante en Europa y en el mundo» en la lucha contra el cambio climático «aprovechando su potencial para la economía sostenible». Recuerda que en 2015, el Acuerdo de París evidenció la voluntad global de adoptar acciones ambiciosas contra el cambio climático, pero España «no está cumpliendo», al no haber suscrito el pacto final del carbón ni disponer aún de una ley de cambio climático.

Recientemente, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó que el Gobierno está esperando a que se apruebe la correspondiente norma europea para después hacer la trasposición al ordenamiento jurídico español como «se han hecho siempre las leyes en nuestro país», sentenció. Unas palabras que van contra lo apuntado por la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que indicó que esta ley se elaboraría a comienzos de 2018. En opinión de Ciudadanos, «España no juega un papel activo en el debate europeo sobre estrategias climáticas y energéticas a medio y largo plazo y debe ocupar el puesto de liderazgo que le corresponde en la Unión Europea como una de las democracias más prosperas del mundo».

Por ello, Ciudadanos reclama al Gobierno que mejore los instrumentos de promoción de la eficiencia energética en edificios y urbanismo, impulse la «compra pública verde» en España para que el sector público cumpla con su papel ejemplificador, desarrolle campañas de educación e información a los ciudadanos sobre consumo responsable y elabore planes sectoriales de adaptación y mitigación del cambio climático para aquellas actividades estratégicas como el turismo o la industria 4.0, entre otros. Para Ciudadanos, España «no puede permitirse quedarse rezagado, porque los costes de la inacción pueden ser catastróficos y porque la economía sostenible es uno de los vectores más potentes de desarrollo económico».

«España no puede permitirse quedarse rezagado en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático», apunta la formación. En este sentido, Ciudadanos recuerda los récord en temperaturas registrados desde 2014, la desertificación que, según los expertos, es un problema real o una amenaza para una parte muy importante del territorio español, o los incendios, la erosión y la salinización consecuencia de este problema en los últimos años. «Un reciente estudio del Gobierno calcula que la España de tipo húmeda o semihumeda pase de ocupar el 50,62% de media del periodo 1971-2000 al 28,54% de nuestro territorio en el 2071-2100», alerta la portavoz parlamentaria adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.

Por ello, reclaman esta norma, pero, también, el conjugar «el enfoque medioambiental con el crecimiento» como «única manera de avanzar en esta fase del desarrollo de las sociedades occidentales». Para Ciudadanos, no es deseable un ecologismo contrario a las necesidades de las poblaciones humanas y tampoco un desarrollo de espaldas a las necesidades de respeto y sostenibilidad en el medio.