Entradas

El Congreso crea una comisión para investigar el almacén de gas Castor y su millonaria indemnización

Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado la creación de una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización, tal y como habían propuesto Unidos Podemos y Compromís y han respaldado todos los grupos de la Cámara.

El responsable de energía de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha argumentado que, pese al archivo de la querella por la Audiencia Nacional contra exministros y Florentino Pérez, propietario de ACS, el Castor «no es un caso cerrado, ni judicial ni políticamente». «Nadie ha asumido responsabilidades políticas», ha aseverado. «Tenemos que explicar por qué algunos juegan con ventaja, por qué Florentino juega con ventaja cuando muchos han tenido que cerrar su negocio», ha esgrimido Ángela Ballester, de Podemos, que ha recordado que la zona sufrió más de mil terremotos y aún no está cuantificado el impacto medioambiental ni económico de un proyecto que comenzó con un presupuesto de 481 millones en 2007 y acabó con 1.200 millones tres años después.

El PSOE se ha mostrado dispuesto a investigar «sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general», si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su diputado Artemi Rallo también ha pedido investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó «de forma tan veloz» cuando, a su juicio, debía analizarse qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro popular José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto que, ha recordado, llevó la firma de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su declaración de impacto ambiental. Además, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares. Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentado que el proyecto fuera «otro de los parches» de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido en la tarifa.

Cláusulas millonarias y Real Madrid

Por ERC, Jordi Salvador ha denunciado que ni PP ni PSOE han apostado por investigar hasta ahora el proyecto ni a realizar una auditoría técnica, y recordó que Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, para después acabar siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid. «Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo 6 meses después de que dejara el Ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes», relató.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación «por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar». «Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione», ha subrayado. Por Compromís, Marta Sorlí instó a investigar «por qué se le puso una alfombra roja a Florentino Pérez» y las razones que llevaron a PSOE a permitir el almacén de gas y al PP a aprobar de forma rápida su indemnización.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías. En su propuesta de investigación, las formaciones de izquierda enumeraban varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la ministra podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Los eurodiputados creen que es posible encontrar una solución para el almacén gasista de Doñana tras el cambio de Gobierno

Europa Press.- El presidente de la delegación de eurodiputados que visitó el Parque Nacional de Doñana, el eslovaco Pál Csáky (PPE), asegura que confía en que sea posible encontrar una solución para el área protegida y sus alrededores, que según varias organizaciones se encuentran amenazados por diversos factores, a la vez que agradeció la acogida del Gobierno.

Así lo ha asegurado en una reunión con el resto de eurodiputados de la comisión de Peticiones, en la que ha hecho un repaso a su visita a España. «Nos vimos con representantes del Gobierno en Madrid, ha habido cambio político y el nuevo Gobierno fue bastante acogedor en el sentido de escuchar nuestros argumentos, soy bastante optimista«, apuntó Csáky.

El objetivo de la visita era el de conocer de primera mano la problemática del espacio natural, tras la presentación de una petición a la Eurocámara por parte de grupos como Salvemos Doñana, que alertan de las consecuencias de los proyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en los alrededores del parque. «Creo que podemos preparar un documento lo suficientemente serio y sólido, con recomendaciones específicas» para el Gobierno sobre diversas acciones que pueden llevarse a cabo en la zona de cara al futuro, explicó Csáky, para votarse «a principios del año que viene».

Otro de los eurodiputados de la delegación, Florent Marcellesi (Equo/Verdes) ha asegurado que la reunión con responsables del Ministerio de Transición Ecológica fue «muy fructífera», y pudo constatar que el proyecto de gas en la zona «ya no es un proyecto estratégico para el Gobierno», si bien el problema ahora es «la indemnización que pide la empresa«. «El informe de la Eurocámara será de gran ayuda para los peticionarios y las administraciones locales porque necesitan este empujón por parte del Parlamento Europeo», ha indicado Marcellesi.

El objetivo de la delegación era analizar la situación del Parque Nacional de Doñana y la posible violación de la legislación medioambiental europea debido a una serie de proyectos de gaseoductos en la zona. Los parlamentarios visitaron, además de Doñana, Sevilla y Madrid, donde se entrevistaron con los denunciantes, autoridades de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz y del Ministerio para la Transición Ecológica, así como con organizaciones ecologistas, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC y responsables de Naturgy.

El Congreso debate este martes la creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor y su indemnización

Europa Press / EFE.- El pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor, situado frente a Vinaroz (Castellón), y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicataria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad. Estas formaciones enumeran varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión, en caso de que saliera adelante su constitución, por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Además de la afectación que causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, y su desmantelamiento.

Precisamente, el pasado diciembre el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización para las empresas promotoras del proyecto en 2014 por fijar la compensación, de 1.350,7 millones de euros, a través de un decreto ley. En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar «inconstitucionales y nulos» los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra calificó Castor como «un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo y de los contratos a dedo que nos dejó el PP», y saludó la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas, «ahora que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay responsabilidades penales». Belarra confió, además, en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS, y ha criticado que este contrato «se hizo para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez».

Por otra parte, Compromís ha reclamado a PP, PSOE y Ciudadanos que “permitan depurar responsabilidades políticas derivadas desde el inicio de este proyecto”, momento desde el cual esta formación, sostiene su diputada Marta Sorlí Fresquet, advirtió de que «era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente«. «Por desgracia, los sucesivos gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas frente a los de nuestros pueblos y comarcas», critica Sorlí, que recuerda que la solicitud de una investigación se produjo al evidenciarse que «el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a Florentino Pérez».

Petrochina construye una reserva subterránea de gas natural para evitar problemas de desabastecimiento como el ocurrido el pasado invierno

EFE.– Petrochina, la mayor productora de petróleo y gas del país asiático, ha iniciado la construcción de una reserva subterránea de gas natural en Chongqing en colaboración con firmas locales, dado el propósito de Pekín de fomentar las energías limpias y evitar el desabastecimiento del pasado invierno.

Según anunció la matriz de la compañía, China National Petroleum Corporation (CNPC), la nueva infraestructura, que se ubicará en la zona montañosa de Chongqing, podrá almacenar un total de 1.500 millones de metros cúbicos de gas natural cada año. La planta empezará a funcionar en 2020 y tendrá una capacidad para abastecer con 9 millones de metros cúbicos de gas cada día, un volumen equivalente al consumo diario de más de 4 millones de familias de 3 miembros de media. «La demanda máxima en Sichuan y Chongqing llegará a los 6.200 millones de metros cúbicos en 2022 y superará los 8.000 millones en 2030″, indicó CNPC, por lo que las autoridades planean construir 8 plantas de almacenaje en la zona.

Este plan se presentó después de que el pasado invierno la elevada demanda de gas natural provocara importantes problemas de desabastecimiento en China lo que, unido a la prohibición del Gobierno chino de utilizar otros combustibles por ser altamente contaminantes, llevó a muchas personas a vivir situaciones de frío extremo. «El Estado dictó políticas relevantes para acelerar la construcción de infraestructuras de almacenamiento de gas y para mejorar el funcionamiento de este mercado», explicó CNPC. La compañía participará en el acuerdo estratégico para la construcción de la planta de almacenaje de Chongqing con un 57% del capital, mientras que el 43% restante lo aportarán una compañía estatal de esa municipalidad china y otras empresas privadas.

WWF denuncia el riesgo que supone para Doñana el proyecto de almacén de Gas

EFE. – El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha denunciado el riesgo que supone para Doñana el proyecto de almacén de Gas y recuerdan, ante el encuentro del presidente Pedro Sánchez con la Canciller alemana, Angela Merkel, que se trata de un espacio europeo de la Red Natura 2000.

Juanjo Carmona, portavoz de WWF en el Parque Nacional ha explicado que, además, habría que cuantificar el impacto de este tipo de infraestructuras en materia de cambio climático, sin olvidar el riesgo sísmico. «Los gasoductos e infraestructuras de gas natural ocupan la comarca completa», asegura, y añade que «hay que incluir en el cómputo general las prospecciones, los kilómetros de gasoducto, la extensión de los pozos y demás instalaciones».

Para Carmona, el proyecto Aznalcázar «tiene aproximadamente 16 kilómetros de gasoducto, el de Saladillo otros 20 kilómetros, pero aquí hay que abrir sondeos nuevos, el de Marismas, otros 25 kilómetros».

La normativa medioambiental actual «no recoge la obligación de hacer una valoración sobre el impacto de las emisiones de efecto invernadero que generará esta infraestructura gasística», asegura el portavoz, «porque todas las explotaciones de este tipo generan emisiones». Al mismo tiempo añade que «va más allá del estudio de impacto medioambiental» porque este es un proyecto que «se plantean a largo plazo», por lo que se puede hablar de un impacto «brutal».  

Doñana es un lugar donde «el hombre ha coexistido con la Naturaleza siempre», así lo recogen los archivo de la casa de Medina Sidonia, asegura, y añade «además con muchísimos tipos de actividad, pero no con la intensidad que está ocurriendo en los últimos años». Como afirma el portavoz, «ha habido aprovechamientos de las salinas, de ganado, de madera, de caza o de pesca de almadraba de atún en las playas de Matalascañas», o lo que es lo mismo, «el hombre siempre ha tenido una intervención en Doñana, pero no con la intensidad actual».

Aunque piensa que estos temas no estén en la mesa de conversaciones entre Merkel y Sánchez, considera que es probable que la canciller alemana se interesará por la situación del parque de Doñana y de temas como la generación de energía. 

 

Ciudadanos pide explicaciones a la ministra Ribera sobre «su papel en la planta Castor»

Europa Press.- La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Castellón, Sandra Julià, ha pedido «explicaciones» a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «sobre su papel en la planta Castor». La formación ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona «por qué no figuran en la Declaración de Impacto Ambiental, de la que la ministra fue responsable, las medidas que se contemplaron para estudiar la sismicidad de la zona y el posible impacto de la puesta en marcha de la instalación».

La parlamentaria ha señalado que «desde Ciudadanos queremos conocer qué medidas plantea el Gobierno, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional que acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto que establecían una indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona». Por ello la diputada de Ciudadanos lamenta que «el capitalismo de amiguetes y la irresponsabilidad de unos pocos hayan causado estragos no solo en el medioambiente sino también en los bolsillos de todos los españoles».

Una «misión» de europarlamentarios visitará en septiembre la zona de Doñana en la que Gas Natural desarrolla su proyecto gasístico

Europa Press.- La Mesa de la Ría de Huelva anunció que la visita de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo se llevará a cabo entre los días 19 y 21 del próximo septiembre y pasará por Sevilla, Doñana y Madrid. Desde la Mesa de la Ría han valorado «muy positivamente» esta visita y esperan «que sea el comienzo del fin de estos proyectos que hoy ya son una realidad» en la zona en la que Gas Natural pretende construir un gasoducto.

En todo caso, la Mesa de la Ría anunció que realizará «una petición a esta comisión para que alguna reunión tenga lugar en Huelva; por un lado, por ser la ciudad desde donde se lanzaron las denuncias que iniciaron el procedimiento, y por otro, para que desde el Parlamento europeo se entienda que los proyectos gasísticos no son más que la prolongación del Polo Químico de Huelva, que ya en el Puerto Exterior tiene una alta concentración de depósitos de gas, que estarán conectados con aquellos que se quieren realizar en el subsuelo de Doñana«.

Cabe recordar que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo confirmó el pasado 21 de marzo la intención de enviar una misión de investigación al espacio natural para la segunda mitad del año 2018 y remitir cartas al Estado y la Junta de Andalucía para recabar información sobre los posibles riesgos sísmicos de la iniciativa y las medidas que se están implementando en la zona a cuenta de la misma. Lo hizo tras acoger ese mismo día las intervenciones del coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a cuenta del proyecto de Gas Natural en Doñana.

Sin embargo, la Eurocámara no consideró oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. La Comisión Europea se mostró de acuerdo con los peticionarios en el sentido de la «salvaguarda» de Doñana en tanto que es un espacio protegido, como Parque Nacional y por la inclusión de algunos espacios de su entorno en la Red Natura 2000, recordando la apertura de una investigación de oficio por las peticiones.

En lo tocante a las competencias del Parlamento Europeo, éstas se circunscriben a vigilar la correcta aplicación por parte de las autoridades españolas de la normativa medioambiental, razón que ha justificado una investigación de los cuatro subproyectos, denominados Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar, en los que se concluye ausencia de infracción al haber sido sometidos a evaluación ambiental conforme a normativa, ya que «no se exige evaluación conjunta».

Asimismo, la Eurocámara también aludió a que todos los proyectos han acabado con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, aun siendo consciente de que la metodología utilizada «ha sido criticada por peticiones e instituciones«. Por tanto sí accedió a realizar la visita para investigar las condiciones del espacio «muy de cerca», según precisó en marzo la presidenta de la Comisión de Peticiones, la sueca Cecilia Wikström, que añadió que «creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos».

El Gobierno se plantea ampliar el bono social de la luz a otros suministros como el agua o el gas

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desveló la voluntad del Gobierno de abrir un «debate social» para ampliar el bono social de la luz para paliar la pobreza energética a otros suministros como el agua o el gas.

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica en la que ha expuesto las prioridades de su Ministerio, Ribera ha explicado que desde la Administración hay que «impulsar» un proceso estratégico en torno a la lucha contra la pobreza energética en la que se impliquen todos los agentes para lograr un debate social en el que se coordinen las distintas medidas. De hecho, ha asegurado que desde el Gobierno impulsará el agua como un derecho humano, según reconoce la ONU, porque se deben garantizar los derechos fundamentales como el agua y la energía.

A su juicio, del mismo modo que con la electricidad, ningún hogar debería ser privado de un bien básico para la vida como es el agua, y señala que los poderes públicos deberán velar para «garantizar» que no se vea vulnerado este derecho fundamental. En este contexto, la ministra recordó que en 2016 el 15% de la población fue considerada como vulnerable y que sufre pobreza energética, ya que no pudo mantener la temperatura de su hogar o tuvo que dejar de pagar algún recibo.

Por eso, la ministra expuso que se debe «hacer frente» a esta necesidad de cubrir las necesidades inmediatas y fomentar la eficiencia energética de los edificios y, al mismo tiempo, favorecer a la población más vulnerable e impulsar otras medidas de acción básica desde la Administración. «El bono social eléctrico aborda solo el problema de forma parcial y debe ser mejorado para facilitar el suministro a todos los hogares», manifestó.

Críticas a Ribera por Castor

Por otro lado, la oposición criticó a Ribera porque consideran que no ha asumido responsabilidades después de firmar la declaración de impacto ambiental que permitió la construcción del almacén de gas submarino Castor, frente a Vinaroz (Castellón), por descansar la responsabilidad en los funcionarios y negar que haya generado algún daño patrimonial. Sobre este tema la ministra ha asegurado que es «extraordinariamente respetuosa con la ley» y que en «el lío de Castor» se limitó, en su función de secretaria de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a firmar una declaración de impacto ambiental al tener una «confianza inmensa» en los funcionarios de su departamento.

En respuesta a la oposición, Ribera ha negado su responsabilidad en el cierre posterior del proyecto de almacén de gas porque entonces le pareció «importante cumplir a rajatabla lo que decía la ley y firmar declaraciones de impacto ambiental». Si bien, ha destacado que «el lío de Castor tiene muy poco que ver con una declaración de impacto ambiental que, evidentemente, fue favorable con arreglo a la información de la que se disponía en ese momento». Ha recordado que en su tramitación la propuesta de resolución se compartió con ayuntamientos, comunidades autónomas e instituciones que habían participado en el proceso.

En todo caso, se instaló un sistema para generar alertas tempranas si se producía algún tipo de incidente, como ocurrió. Además, la ministra ha añadido que el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) confirmó el año pasado que habría sido «imposible» hacer más de lo que se hizo en aquel momento. Sin embargo, ha señalado que años después los «disgustos y las lecciones hay que tomarlas en otros frentes» y ha asegurado que no hubo «ningún daño ambiental y no hay ningún daño patrimonial» más allá de la gestión de una infraestructura «enormemente costosa».

«Planteémonos si no queremos activar un marco de restricciones mucho más importante a este tipo de actividades offshore, algo que quizá tiene todo el sentido del mundo y dificulte de raíz la posibilidad de que ocurran episodios de este tipo», ha instado. En todo caso, se ha comprometido a presentar las distintas opciones y propuestas para dar una salida a Castor, tanto desmantelamiento como hibernación definitiva, en cuanto disponga de ellas porque de momento, según criticó, le está costando encontrar información relativa a «todos los asuntos relacionados con política energética en las unidades del Ministerio».

La cuestión del almacén de gas, cuya DIA firmó Teresa Ribera hace ahora 10 años, ha sido uno de los asuntos que ha generado más polémica. Así, el diputado de ERC, Joan Capdevilla, ha criticado a Ribera al negar daño patrimonial del almacén Castor, porque a él le ha hecho «realmente daño en el bolsillo» en cada «puñetera factura» del gas y ha añadido que «parece que va a seguir habiéndolo», porque las lecciones a extraer es que ese daño patrimonial lo paga cualquier ciudadano.

En la misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, también se ha sentido «dolida» y ha recordado a Ribera que el dinero público «es de todos» y que en cada factura del gas se precisa la carga del sistema gasista precisamente por el caso Castor. «Me ha dolido enormemente porque es el dinero de todos nuestros ciudadanos”, ha reclamado.

Del mismo modo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha indicado a Ribera que el decreto de 2008 firmado por el expresidente Zapatero y el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, fue «claramente lesivo para la sociedad española» porque estimaba que aún si la empresa concesionaria incurría en negligencia se pagarían los costes de la operación, por lo que cree que habría sido «más sencillo» para la ministra admitir «el error que Zapatero ya admitió».

Sobre la cuestión, la también diputada del PP, María Teresa de Lara, ha afeado a la ministra que eluda su responsabilidad en la cuestión y que firmase una DIA favorable para culpar ahora a los funcionarios, al tiempo que ha recordado que también está la firma de Ribera en la DIA del proyecto de gas en Doñana. «No puede descargarse en ellos. No se tuvo en cuenta en aquel momento el riesgo sísmico en evaluación de impacto ambiental» ha criticado De Lara que ha defendido que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, precisamente, introdujo la obligatoriedad de contemplar el riesgo sísmico para que «esto no vuelva a suceder».

Por último, la ministra ha pedido disculpas en su réplica por haberse expresado mal y ha asegurado que no pretendía herir la sensibilidad de nadie y admitió que en el caso de Castor hay «lecciones importantes que extraer de cosas que no deben volver a ocurrir». «Cuando hablaba de patrimonio estaba pensando en patrimonio natural y en daños materiales en infraestructuras edificadas. Es evidente que hay un perjuicio patrimonial para el conjunto del sistema y de los contribuyentes y es evidente que tenemos por delante el desafío sobre cómo resolver técnicamente algo que está allí y que tiene que gestionarse con plena seguridad», ha concluido.

Susana Díaz pedirá a Pedro Sánchez que paralice el proyecto del almacén gasista de Naturgy (Gas Natural) en Doñana

Europa Press.- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantó que de entre las peticiones que trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro que tendrá lugar en La Moncloa el próximo 23 de julio, estará la petición de que paralice el proyecto de Gas Natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Díaz se pronunció así en el Parlamento andaluz donde el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, le ha preguntado por las propuestas y demandas a trasladar al Gobierno central. Ante esta cuestión, la presidenta ha dejado claro que sus reivindicaciones «no han cambiado» a pesar del cambio de color en el Ejecutivo central y trasladará «las mismas» exigencias a Sánchez que ya trasladó a Mariano Rajoy cuando acudió a Madrid hace 2 meses. En definitiva, la presidenta trasladará a Sánchez las misma reivindicaciones «de justicia» para la comunidad que ya trató con Rajoy el pasado mes de abril.

En este sentido, ha manifestado que espera que el Gobierno de Sánchez «apoye» la «defensa» de la Junta de Andalucía de paralizar el proyecto gasístico que Gas Natural pretende instaurar en el suelo de Doñana. Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida ha apuntado que el marco de interlocución con el Gobierno «ha cambiado» pero la situación de Andalucía «es la misma» y en ella está incluida la «amenaza» del proyecto gasístico en Doñana.

Organizaciones antidesarrollo de infraestructuras lanzan la red de acción Gas no es solución para luchar contra ese combustible fósil

Europa Press.- Colectivos y organizaciones españolas que luchan contra el desarrollo de infraestructuras de gas en el terreno, ecologistas y formaciones políticas han fundado la red Gas no es solución, con la que se oponen al desarrollo de este gas desde distintos ámbitos.

Así, la red ha firmado el manifiesto constituyente Gas no es solución. El texto se opone al desarrollo del gas desde distintos aspectos, que incluyen la lucha contra el cambio climático, la promoción de las energías renovables, la denuncia de la financiación y la deuda en el sector energético, el transporte sostenible o la democratización de la energía. La red se ha presentado con un vídeo que muestra la diversidad de sus componentes y argumentos. El colectivo advierte contra la fuerte campaña de promoción del gas que se observa desde distintas instancias económicas y políticas. Según apunta Gas no es solución, se trata de un combustible fósil y como tal debe abandonarse para poder cumplir con los objetivos de París.

La red nace para hacer frente a este discurso y visibilizar los impactos y amenazas que el gas representa. Proyectos como el almacén de gas de Doñana, las nuevas regasificadoras en Canarias y Huelva, la distribución de aire propanado en Gran Canaria, el gasoducto MidCat en Cataluña, el fracking, la herencia que han dejado proyectos como el de Reganosa en Ferrol, la fallida planta de El Musel en Gijón o el almacén Castor frente a las costas de Castellón y su deuda que, según la red, ha sido ilegítimamente costeada por la ciudadanía. Algunas organizaciones que conforman esta red son Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria o la Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur).