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Escal UGS comunica al Gobierno que el MIT y Harvard no realizaron un informe oficial sobre el almacén gasista Castor

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Europa Press.- Escal UGS presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica un escrito en el que comunican que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard reconocen que el informe Castor «no es un informe oficial producido o perteneciente al MIT o Harvard».

Según la empresa participada por ACS, dicho escrito «contradice» las conclusiones alcanzadas por todos los grupos de científicos que han emitido estudios al respecto, calificándolo de «erróneo y descuidado» y sus resultados de «inconscientes, contradictorios e incompatibles». Para Escal, el informe Juanes et al, en alusión a los profesores del MIT y de Harvard que habrían realizado el estudio a título personal y no en representación de sus respectivas escuelas, dice que la sismicidad ocurrió en la falla Amposta, lo que contradice las observaciones instrumentales.

Por ello, Escal UGS considera que las conclusiones de este informe «deberían haber sido sometidas a revisión independiente por parte del Ministerio antes de hacerse públicas». «A la vista de los errores, imprecisiones y de las dudas que suscita su contenido, Escal UGS considera preciso someter el mismo a un debate riguroso con participación de expertos que puedan aportar una visión más completa», señala Escal.

En mayo de 2017, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacenamiento Castor no se reabriría y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan descartar “ningún problema». El ministro adelantó algunos datos que se desprenden del informe que supuestamente habría sido encargado al MIT y a Harvard, el mismo que ahora Escal UGS desmiente que fuera oficial. Según explicó Nadal, este estudio relacionaba la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos.

Compromís pide al Gobierno que aborde el desmantelamiento de Castor mientras la banca reclama el dinero prestado para la indemnización

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Europa Press.- El senador de Compromís por Castellón, Jordi Navarrete, ha pedido al Gobierno que «defienda el dinero público» y aborde «con responsabilidad» los pagos vinculados a la construcción y mantenimiento del «fiasco» del almacén de gas Castor, así como el futuro de este proyecto energético «fallido».

Por su parte, Santander, CaixaBank y Bankia presentaron un recurso contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo en el que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), a la sociedad promotora Escal UGS, participada por ACS.

El senador ha asegurado que Compromís mantendrá en 2019 su postura de «rechazo total a este proyecto por peligroso, innecesario; por su opaca tramitación e irresponsable desenlace del Gobierno, que pagó por un proyecto inservible, mal ejecutado y en el que falló todo». Ante esta situación, ha reclamado «un cambio autocrítico de postura del Gobierno y que se ponga del lado del contribuyente, que no tiene por qué pagar miles de millones por un fracaso de tal magnitud, y defienda el dinero de todos y la decencia del servicio público».

Navarrete ha recordado que Compromís intentó crear en el Senado una comisión de investigación sobre el proyecto, una iniciativa que «el PP frenó en solitario para evitar identificar a responsables, acceder con transparencia a los informes y auditorías realizadas sobre la planta o conocer su operatividad antes de indemnizar a los promotores». «Pedimos al PSOE, ahora en el Gobierno, que aborde los pagos para que tanto las retribuciones, mantenimiento de Enagás o el pago a Escal UGS se ajuste a lo que les corresponda legalmente, pues no es de recibo que los consumidores sean quien pague por unas instalaciones inservibles ni que se castigue a quien financió los proyectos o se pague a quienes no lo merecen», ha aseverado Navarrete.

También ha defendido la necesidad de poner en marcha «nuevas acciones a varias bandas, desde dilucidar responsabilidades, ejercer acciones para recuperar el dinero malgastado, auditar los trabajos, devolver el ingresado ilegítimamente a los consumidores y abordar de una vez el desmantelamiento de la planta«. Compromís ha reclamado nuevos documentos al Gobierno sobre el desmantelamiento de Castor en base a «los informes que maneja la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera».

La banca reclama su dinero

Ahora es la banca la que reclama su dinero ante la Justicia después de que en abril Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban dicha devolución, al considerar que, de lo contrario, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible. Debido a que el Consejo de Ministros agotó el plazo preceptivo de la reclamación sin haberla resuelto, se entiende que la misma ha sido desestimada y que cabe recurrir ante el Supremo.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. Por ello la CNMC decidió paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

Asimismo, Enagás decidió presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas. Esta decisión de la empresa se producía después de que el Gobierno decidiera finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron también paralizados por la CNMC a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

El déficit provisional del sistema eléctrico en 2018 asciende a 1.530 millones hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.530 millones de euros hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto, según la décima liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No obstante, el organismo regulador presidido por José María Marín Quemada señaló que esta cifra de déficit del sector eléctrico a octubre es un 1% superior a los 1.443 millones de euros del mismo periodo del año pasado. La CNMC indicó que este resultado se debió, fundamentalmente, a una menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 399 millones de euros y de la actividad de distribución en 245 millones de euros.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta décima liquidación alcanzó los 187.787 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 77% de la total prevista para el ejercicio 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de 2015 a 2017 (76,6%). Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 87,33% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar ahora con cargo a la liquidación.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.614 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el pasado octubre asciende a 6.010 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 605,843 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 363 millones de euros, frente a una cifra negativa de 466 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 22%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.188 millones de euros, un 5,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior debido al incremento de los peajes de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la Orden ETU/1283/2017 por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de Castor afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional. En esta liquidación, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.320 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del 2017.

El Parlamento catalán cita a Florentino Pérez y a varios exministros por el proyecto Castor

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Europa Press. – El Parlament ha aprobado la citación del presidente de ACS, Florentino Pérez, para que comparezca en la comisión de investigación de la Cámara que abordará si existieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas Castor.

De esta manera, se ha aprobado en una reunión de esta comisión, que también ha aprobado citar a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal (PP), Miguel Sebastián, Elena Espinosa y Magdalena Álvarez (PSOE).

De la misma manera, se ha citado al exministro y expresidente de la Generalitat José Montilla; al exministro y exalcalde de Barcelona Joan Clos, ambos del PSC, y a la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En este sentido, la Cámara catalana también ha citado al director del proyecto Castor, Carlos Barat; el alcalde de Alcanar (Tarragona) Alfons Montserrat, y los exalcaldes de Vinaròs (Castelló) Javier Balada y Jordi Romeu.

Poniéndolo en contexto, el proyecto Castor fue polémico en todas sus fases: desde el procedimiento de adjudicación, pasando por los terremotos que originó mientras funcionó y acabando por la indemnización a los promotores que aprobó el Gobierno, que fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Siguiendo la lista de citaciones del Parlament también consta el exsecretario general de Energía, Ignacio Nieto; el exconseller valenciano Juan Gabriel Cotino, el exconseller de la Generalitat Josep Huguet y el presidente del Banco Europeo de Inversiones Werner Hoyer. Además, se han aprobado las comparecencias del consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar; el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, y el presidente del Instituto Geológico y Minero de España, Marco Aparicio, entre otros.

 

Comparecencias de testigos y expertos

Todos los nombres citados  serán llamados a comparecer en el Parlament en calidad de ‘testigos’, pero también se han citado a otras personas como ‘expertos’ en lo que sucedió, como por ejemplo el periodista Jordi Évole, que realizó un programa sobre la problemática.

Además, se han aprobado las comparecencias de unos de los responsables del informe MIT-Harvard sobre el proyecto Castor David Castiñeira; la activista Simona Levi; el presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad; el eurodiputado Ernest Urtasun, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, entre otros.

Archivada una investigación

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón, ha estimado la petición de las defensas y de Fiscalía y ha acordado el sobreseimiento libre de la causa respecto de seis investigados, miembros del consejo de administración de la mercantil Escal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

En su resolución, el magistrado considera que de las investigaciones efectuadas «no se infiere la existencia de participación alguna por parte de los distintos miembros del consejo de administración» de Escal, que «tenían un cometido puramente financiero, desconociendo las vicisitudes y desarrollo de las actividades de inyección y de los hechos acontecidos en septiembre de 2013, no habiendo tomado ningún tipo de decisión en relación con la crisis sísmica».

El instructor mantiene la causa abierta por supuestos delitos de prevaricación administrativa y delito medioambiental contra el presidente del consejo de administración de Escal, el consejero delegado y el coordinador y director general de la compañía, sobre cuya responsabilidad no se pronuncia en este auto.

Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2013, cuando en la fase final de puesta en funcionamiento de la plataforma Castor se produjo un incremento de la actividad sismológica de la zona, pasando, en cuestión de un mes, incluso de días, de una zona de baja actividad sismológica a ser considerada una zona de alta actividad sismológica.