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Ribera califica de «cortina de humo» que Alcoa alegue el precio de la electricidad para cerrar 2 plantas en España

Europa Press.- La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció su intención realizar un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad». Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado una «excusa y una cortina de humo» que Alcoa alegue el alto precio de la electricidad para decidir estos cierres.

En este sentido, Ribera reconoció la sorpresa del Gobierno por la decisión de Alcoa, ya que es una de las empresas beneficiarias y que se lleva «una buena parte» de las subastas de interrumpibilidad, el sistema de gestión de la demanda que retribuye a las empresas por desconectarse del sistema eléctrico en caso de ser necesario. Así, la ministra consideró que igual ahora es necesario «ralentizar» el proceso de las subastas de interrumpibilidad y replantearse el sistema. Ribera subrayó que está trabajando «conjuntamente» con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para reaccionar «a algo que nos ha pillado por sorpresa«.

«No es una tontería que dos grandes plantas de producción de industria básica anuncien su cierre sin comunicación, sin previo aviso. Es importante revisar con la empresa de qué estamos hablando y ver los motivos reales de los cierres, cuando en sus balances seguían presentando beneficios. Algo no cuadra en esta operación, justo cierran las dos plantas donde no ha habido inversiones de mejora», apuntó. Ribera subrayó que ante la convocatoria del comité de empresa, la ministra de Industria intentó ponerse en contacto con los directivos de Alcoa, aunque sin éxito. «Ahora queda por ver si es una decisión irreversible o si habrá otras compañías de aluminio que pueda hacerse cargo de esas instalaciones», añadió.

Ribera reconoció que «es muy llamativo» y «un poco duro» que en fase de recuperación económica dos multinacionales como Alcoa y Vestas hayan anunciado estos procesos de cierres de plantas en España. «En el caso de Vestas, que también fue así y objeto de conversaciones duras con la empresa es doloroso, ya que esa industria es la del futuro», subrayó.

Alcoa y su factura eléctrica

Según la compañía estadounidense, las plantas de Avilés y La Coruña son las menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos». Ante el cierre, Alcoa ha emprendido un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La empresa se ha comprometido a trabajar para reducir el impacto de este proceso y negociará un plan social con los trabajadores, al afirmar ser «consciente» de la repercusión humana y social de ese anuncio, por lo que «trabajará para alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes«.

Según Alcoa, las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos«, unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», y el coste de la energía. Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos 2 años, pérdidas «que previsiblemente continuarán en el futuro», alerta Alcoa.

La empresa ha defendido su intención en el pasado de superar estas condiciones adversas, que han supuesto «importantes esfuerzos» en los últimos años para reducir costes en estas dos fábricas y para mantener el empleo, aunque sin éxito debido a su «tecnología más antigua y menos eficiente, economía de escala y otros factores». De esta forma, Alcoa ha concluido que el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña podrá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián, también en Galicia, donde se produce tanto aluminio como alúmina. Las ventas en España alcanzaron el pasado más de un 28% del total de su negocio mundial.

La subasta de interrumpibilidad ofrece a la industria electrointensiva 2.600 MW de potencia interrumpible para los próximos 7 meses

Europa Press / EFE.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año ha dado comienzo con la subasta de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad.

Mediante la celebración de la subasta convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y administrada por Red Eléctrica en el recinto ferial Ifema de Madrid, se repartirá esta potencia en un total de 320 bloques del producto de 5 MW (1.600 MW) y 25 bloques del producto de 40 MW (1.000 MW). La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona y que podría afectar a todo el país.

En esta ocasión, el mecanismo de asignación será similar al de ediciones anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW y año para los productos de 5 MW y de 200.000 euros/MW y año para los de 40 MW, según Red Eléctrica. Así, durante próximos días, cerca de 130 empresas de la gran industria con consumo eléctrico intensivo competirán por la adjudicación del servicio de interrumpibilidad. Los resultados de esta subasta se darán a conocer una vez que sean validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de la web del operador del sistema de Red Eléctrica eSios.

La potencia interrumpible del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018 se asignó mediante un procedimiento de subastas competitivas similar al actual en diciembre del año pasado. En un informe, la CNMC criticó que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no aprovechara para realizar una revisión del mecanismo de interrumpibilidad, de cara a esta nueva subasta, para adaptarlo a la normativa europea, que estaba previsto que entrara en vigor antes de acabar el año. Asimismo, advirtió del elevado coste que implica el mecanismo y consideró que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad».

A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio, la CNMC consideró que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente», por lo que recomendó considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW. Un cambio que ha introducido el Ministerio para intentar incrementar “la competencia” en la subasta, algo que demanda la CNMC.

Sin embargo, algunas siderúrgicas como las compañías Sidenor, Grupo Gallardo Balboa y Siderúrgica Sevillana, que han anunciado recursos contra la orden de convocatoria de la subasta, consideran que el cambio no tendrá ese efecto, pues se mantiene la misma exigencia de disponibilidad de desconectarse para los bloques de 40 MW que había para los de 90 MW, al menos el 91% de las horas de cada mes. Hay que recordar que el Ministerio de Energía aprobó una orden para poder usarla también para contener el precio de la electricidad. Según indicó a comienzos de marzo el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en los dos primeros meses de 2018 la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones para ese fin.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, ha expresado su preocupación ante la nueva subasta al asegurar que existe «muchísima incertidumbre» para la industria electrointensiva, puesto que se espera una mayor competencia. En el caso concreto de Avilés, existe la incertidumbre de que la planta pueda optar a los bloques de interrumpibilidad. «Lo que tenemos mucho miedo es que haya más empresas y que entren de una forma agresiva y los precios queden muy bajos», ha señalado.

Esta es la segunda subasta de potencia interrumpible que se hace para este año después de la celebrada en diciembre, a la que concurrieron 128 pujadores y en la que 117 se adjudicaron 384 lotes, 376 de 5 MW y 8 de 90 MW (estos últimos fueron todos para grupos empresariales), con lo que se asignaron 2.600 MW para los cinco primeros meses del año.

En la pasada subasta, el precio de salida para el producto de 5 MW fue el mismo que ahora y para el de 90 MW de 270.000 euros/MW y año, aunque finalmente se adjudicaron con descuentos, de forma que el precio medio de asignación para el de 5 MW fue de 108.245 euros/MW y de 235.167 euros/MW para el de 90 MW. Además de la sustitución de los bloques de potencia de 90 MW por otros de 40 MW, la orden del Ministerio de Energía introdujo la exigencia a las empresas participantes de no tener deudas con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar.

La nueva subasta de interrumpibilidad se celebrará entre el 18 y el 22 de diciembre

Europa Press.- El Ministerio de Energía y Turismo y Agenda Digital convocó para la semana comprendida entre el 18 y el 22 de diciembre la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad que ofrecen las industrias consideradas grandes consumidoras de electricidad. En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Secretaría de Estado de Energía fija estas fechas para la celebración del procedimiento y explica que los bloques de potencia interrumpible se asignarán para los 5 primeros meses de 2018.

En estas pujas, los grandes consumidores lanzarán ofertas por entre 6 y 10 bloques de 90 megavatios (MW), que suman entre 540 y 900 MW, y por entre 340 y 412 bloques de 5 MW, que suman entre 1.700 y 2.060 MW, según consta en la resolución ministerial. Según el texto, el precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 150.000 euros, frente a los 270.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW.

En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta procedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros. Cada uno de los bloques de producto de 5 MW o 90 MW que se pretenda adjudicar será subastado por el administrador en una subasta de precio descendente. El escalón de bajada de precio será de 1.000 euros por MW. En el caso de que se realicen subastas de desempate, el escalón de bajada de precio será una décima parte del establecido en el apartado precedente.

En esta ocasión, el Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abría la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante la temporada eléctrica 2018, según constaba en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la interrumpibilidad

Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir entre las industrias el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. La primera subasta generó críticas de varias empresas, especialmente Alcoa, por no obtener un precio competitivo para la electricidad. La última subasta de interrumpibilidad se saldó con un coste para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

Avilés, sede de las principales industrias electrointensivas, rechaza que la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad sólo cubra 5 meses

EFE.- Mientras la concejala de IU de Avilés, Carmen Conde, acusaba al Gobierno central de colocar la espada de Damocles de la deslocalización sobre la cabeza de las grandes consumidoras de la energía eléctrica, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, critica la posible reducción a 5 meses de la duración de los derechos derivados de la subasta de interrumpibilidad y aboga por que exista un marco estable ya que «las empresas tienen que conocer sus costes eléctricos en el medio plazo».

«No me gusta. En la comarca de Avilés siempre hemos pedido al Gobierno que este tema tiene que tener una solución estable en el tiempo y en un medio plazo; no puede ser que cada año estemos en una incertidumbre, y ahora por lo que parece cada menos tiempo «, aseveró. Según indicó, es necesario un marco para la solución energética de las grandes industrias.

La alcaldesa de Avilés ha recalcado que la ciudad asturiana tiene tres grandes industrias, «importantísimas para nuestra comarca que en cierto modo dependen de este sistema». «Lo que hemos venido pidiendo al Gobierno de España durante estos cinco largos años es que tiene que existir un marco estable, las empresas tienen que saber a medio plazo cuáles van a ser sus costes energéticos porque eso repercute en las inversiones y en el mantenimiento de las instalaciones de las empresas«, insistió.

Asturias bajo espada de Damocles

Por su parte, la representante de Izquierda Unida se sumó a las voces sindicales y políticas que critican la reducción a 5 meses del periodo de vigencia del servicio de interrumpibilidad, cuando en los últimos años se venía solicitando justo lo contrario para que las empresas tuvieran margen de maniobra para planificar sus estrategias. Lo considera negativo para una comarca como la de Avilés, que aglutina a 3 de las 5 empresas más electrointensivas de España: ArcelorMittal, AZSA y Alcoa.

«Creemos que hay otras alternativas, pero si la única vía para la adquisición de la energía es la subasta, tendría que ser de dos años como mínimo porque las empresas tienen que tener una previsión de gastos y para que el empleo esté normalizado«, indicó Conde. Por ello, Izquierda Unida pide un mayor compromiso del Gobierno central con la industria «porque está en la inacción y sin previsión de futuro».

El Gobierno desoye a la industria: la próxima subasta de interrumpibilidad solo cubrirá 5 meses en lugar de un año

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como era habitual. Sindicatos y partidos políticos llevan tiempo pidiendo que la subasta de interrumpibilidad vaya más allá del año para dotar de más estabilidad a la industria que se beneficia de los pagos del servicio interrumpible, integrada por empresas grandes consumidoras de electricidad.

Según consta en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el periodo de entrega para el procedimiento de subastas será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Ministerio considera que este plazo es «más adecuado y se ajusta más eficazmente al contexto energético en estos momentos», teniendo en cuenta que se contempla una reforma de los actuales mecanismos de capacidad para adaptarlos a la normativa comunitaria, cuya asignación deberá producirse mediante mecanismos competitivos, «tal y como indica también el informe sobre la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2016», añade. Además, señala que tras la adjudicación de más de 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable, que serán ejecutados en los próximos dos años, se requiere una adaptación de los mecanismos actuales de cobertura y gestionabilidad «en concordancia con los compromisos europeos adquiridos«.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre futura sobre la evolución de las precipitaciones. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de la reducción de potencia. Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. La última subasta de interrumpibilidad, celebrada en noviembre del año pasado, se saldó con un coste total para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, también maneja otros datos sobre los cambios que prevé el Gobierno central para la próxima subasta de la tarifa eléctrica, que tienen que ver con el sistema de pagos del servicio y con las razones por las que Red Eléctrica de España (REE) podría requerir un «apagón». Las medidas gubernamentales podrían tener que ver con la necesidad de ajustar el sistema de concesión del servicio de interrumpibilidad a los criterios que exige la Unión Europea.

Alcoa, ArcelorMittal y AZSA son algunas de las principales beneficiarias de los pagos del servicio de interrumpibilidad. Ante estos cambios, y «con todas las reservas», José Manuel Gómez de la Uz quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Alcoa, a la espera de poder confirmar que la idea del Gobierno central sea la de ganar tiempo para mejorar posteriormente las condiciones del sistema tarifario y lograr el aval de la Unión Europea. Por su parte, fuentes de la multinacional del aluminio aseguraron que están analizando los cambios que se anuncian para la subasta del servicio de interrumpibilidad.

Por otro lado, la sección sindical de UGT en Alcoa considera que los cambios que se apuntan suponen «una falta de compromiso del Gobierno estatal con la industria nacional». El sindicato asegura que se trata de una subasta eléctrica de «transición» para 5 meses mientras termina de confeccionar un marco energético mejor del que hay actualmente para la industria. «La reforma del actual marco energético es una reivindicación sindical que llevamos exigiendo y luchando mucho tiempo», sostiene UGT que, sin embargo, considera que no tiene que haber una subasta transitoria sino un nuevo marco energético que dé estabilidad y competitividad.

ArcelorMittal, Alcoa y AZSA aplican el servicio de interrumpibilidad eléctrica en respuesta a la orden de Red Eléctrica de España

EFE.- Las factorías de ArcelorMittal, Alcoa y AZSA en Asturias han aplicado esta semana el servicio de interrumpibilidad, que se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica de España (REE) a los grandes consumidores acogidos a esta herramienta, principalmente la gran industria. Fuentes de ArcelorMittal indicaron que transcurrieron 24 minutos entre el aviso y el corte del suministro eléctrico.

Las mismas fuentes han indicado que en algunas instalaciones de la siderúrgica se pudo llevar a cabo una parada controlada y en otras se dispararon los interruptores y posteriormente se rearmaron. No obstante, no hubo mayores incidencias y el rearranque fue produciéndose gradualmente sin impacto significativo. Por su parte, la metalúrgica AZSA ha indicado que REE decidió pedir la interrumpibilidad como medida cautelar para garantizar el suministro de energía de la zona central de Asturias. Además, fuentes sindicales han señalado que el corte por interrumpibilidad también ha afectado a la fábrica de la aluminera Alcoa. Todas las fuentes apuntan a una posible avería en la red eléctrica, en Aboño, como posible causante de la incidencia.

La subasta de interrumpibilidad se salda con un coste de 525 millones y asignando 375 MW más de lo previsto

Redacción / Agencias.- Red Eléctrica de España (REE) ha completado el proceso de asignación del servicio de interrumpibilidad para 2017 a través de subastas competitivas con la asignación de un total de 2.975 megavatios (MW), 375 MW más de lo previsto inicialmente. El coste total para el sistema eléctrico ascenderá a 525 millones de euros. Este servicio lo ofrecen los grandes consumidores de electricidad y consiste en su compromiso de reducir o suspender la demanda cuando lo exija la operación del sistema eléctrico.

Los 2.975 megavatios (MW) de potencia interrumpible a grandes consumidores industriales se han asignado a un precio medio ponderado de 176.420 euros por MW, según indica REE. En las subastas han participado pujadores en representación de 138 puntos de suministro, al tiempo que los adjudicatarios han sido 138, de modo que todos ellos han obtenido potencia interrumpible. En total, se han asignado durante las subastas, 10 bloques de 90 MW y 415 bloques de 5 MW. REE, que organizó el proceso en calidad de administrador de la subasta, ha publicado los resultados definitivos, validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Una vez subastados los 340 bloques iniciales de 5 MW sin que se agotara el presupuesto asignado para la temporada 2017, REE convocó, en virtud de lo fijado por la regulación, subastas adicionales en las que se asignaron 75 nuevos bloques de 5 MW. El precio medio de asignación ha sido de 289.125 euros por MW para los productos de 90 MW y de 127.536 euros por MW para los de 5 MW, mientras que la media ponderada de asignación se ha situado en los 176.420 euros por MW. Los precios de salida fijados por Energía habían sido de 310.000 euros por MW para los productos de 90 MW y de 160.000 euros por MW para los de 5 MW.

Alcoa, satisfecha, pide más estabilidad

Por su parte, Alcoa, que obtuvo mejores resultados que el pasado año en la subasta de interrumpibilidad, con al menos 5 bloques de 90 megavatios, ha pedido un sistema que permita una planificación a más largo plazo y no deje a las plantas españolas sujetas a la volatilidad del mercado. «Las plantas de electrolisis de aluminio primario necesitan una solución de energía competitiva a más largo plazo porque el servicio de interrumpibilidad sólo se garantiza para un año; la compra de energía en el mercado spot hace que las plantas estén sujetas a la volatilidad de los precios de la energía», explicaron fuentes de Alcoa.

Las mismas fuentes han confirmado que se han logrado 5 bloques de 90 MW, de los que tres se destinarán a la fábrica de San Ciprián, y los otros dos a la de La Coruña y Avilés. También ha logrado más bloques de cinco megavatios. De esta forma, Alcoa ha conseguido mejores resultados que en años precedentes y ahora lo que va a hacer la compañía es analizarlos y comprobar su impacto en las operaciones.

Alcoa asegura que se presentó a la subasta como empresa de consumo intensivo de la electricidad con el objetivo de obtener el mayor valor posible de los servicios de interrumpibilidad para fortalecer su sistema de producción de aluminio primario en España y poder hacer un mejor servicio al mercado. El servicio de interrumpibilidad se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por el operador del sistema REE a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria, como Alcoa, ArcelorMittal o Azsa.

Alcoa logra cinco bloques de 90 MW, AZSA dos y ArcelorMittal uno mientras el PSOE quiere subastas bienales o trienales

EFE.- El PSOE de Asturias expresó su «satisfacción» por el resultado para Alcoa en la subasta del servicio de interrumpibilidad eléctrica si bien insiste en la necesidad de hacer una subasta cada dos o tres años para favorecer la planificación empresarial. Alcoa consiguió cinco bloques de 90 megavatios, uno de ellos para la factoría de Avilés, mientras que ArcelorMittal logró el que solicitaba, y AZSA los dos a los que aspiraba, según el consejero asturiano de Empleo e Industria, Francisco Blanco.

Blanco destacó que los resultados obtenidos por las empresas electrointensivas asturianas en la subasta eléctrica son «moderadamente satisfactorios». No obstante, el consejero insta al nuevo equipo del Ministerio de Energía a diseñar un sistema más estable y con mayor vigencia temporal, tal como la industria y el Principado han reclamado en los últimos años. «Nuestra valoración es moderadamente positiva porque, según las propias empresas, parece que han alcanzado los resultados que perseguían, aunque ha sido a precios ligeramente inferiores a los del año pasado, algo que ya se intuía por los precios de partida», subrayó.

En cualquier caso, Blanco ha insistido en la necesidad de diseñar un sistema de subasta para la retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad «más estable y con mayor vigencia temporal, al menos en lo concerniente a los bloques de 90 megavatios, para no someter a las empresas a esta situación cada año». «Para evitar la deslocalización de la industria asturiana, el Gobierno central debe establecer un marco regulatorio estable que habilite un precio de la energía competitivo y predecible, ya que constituye un coste fundamental para estas compañías», explicó. El consejero ya ha solicitado una reunión con el nuevo ministro, Álvaro Nadal, para trasladarle la problemática de la industria asturiana en relación con la tarifa eléctrica.

Subasta eléctrica bienal o trienal

A juicio del PSOE de Asturias, hacer una subasta con periodicidad bienal o trienal garantizaría además por parte de las empresas «una mayor inversión a medio plazo». Del mismo modo, los socialistas advirtieron de «las contradicciones de Izquierda Unida en sus propuestas sobre política energética» a tenor de que la coalición defendió una proposición no de ley en la que defiende «favorecer ante la administración el cambio en el actual modelo de subasta que garantice la mejora y seguridad del precio de la electricidad a las industrias electrointensivas como Alcoa», una iniciativa con la que el PSOE está de acuerdo.

Sin embargo, subraya el PSOE, no se entiende la postura contraria de Izquierda Unida a la «implementación de un proceso de revisión y reforma consensuada del sistema de configuración del precio de la energía eléctrica para el conjunto de los consumidores domésticos y empresariales, con especial énfasis en los consumidores industriales, en el objetivo de la consecución de un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible».

«Se propone que dicho proceso aborde la revisión del conjunto de los factores que integran el precio final de la energía eléctrica, y no solo la retribución del servicio de interrumpibilidad para los grandes consumidores industriales; así deberían analizarse los costes del sistema, los peajes, los procedimientos del mercado eléctrico, las figuras impositivas y el conjunto de los servicios de ajuste», añaden los socialistas asturianos.

La subasta del servicio de interrumpibilidad amplía de 8 a 10 los bloques de 90 MW para satisfacción de Asturias

EFE.- El director general de Minería y Energía del Principado de Asturias, Isaac Pola, considera que es «prematuro todavía» pero que el aumento a 10 bloques de 90 megavatios de la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad del sistema eléctrico «apunta bien» y le parece «un dato positivo» después de conocer la decisión de Red Eléctrica ante la subasta de la próxima semana, Estos bloques son los que más interesan a Alcoa, según indicó el comité de empresa de la aluminera.

La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda eléctrica que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria como Alcoa, ArcelorMittal o Azsa. A falta de saber cuántas empresas están certificadas para la próxima subasta, la ampliación del número de bloques de 90 MW, demandada recientemente por organizaciones sindicales y políticas, abre un escenario en principio mejor que el del pasado año, aunque con dudas por despejar.

La primera es si en la puja están certificadas el mismo número de empresas, en cuyo caso Alcoa tendría más opciones en la subasta, pero la plantilla de trabajadores de Avilés pide en ese supuesto a la compañía que tenga en cuenta la fábrica asturiana en el reparto de esos paquetes. El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CCOO), indicó que, en caso de que sean las mismas empresas, habría más opciones de lograr un bloque de 90 MW, «que no es del todo suficiente, pero sí sería lo mínimo para ser rentables». El año pasado Alcoa obtuvo 3 bloques de 90 MW y fueron a su factoría de San Ciprián (Lugo).

Asturias: “La subasta apunta bien»

Por su parte, Isaac Pola afirmó que «las valoraciones en este caso hay que hacerlas a posteriori, pero apunta bien que haya dos bloques más de 90 megavatios, aunque es preciso tener en cuenta que hay muchos parámetros que no se conocen hasta el momento de su celebración precisamente para mantener la tensión competitiva». El director general recalcó que la interrumpibilidad es una variable que permite a las industrias electrointensivas rebajar el precio final de la energía, pero entiende que debería de articularse alguna medida regulatoria en los otros componentes. «Es preciso hacer una revisión de los peajes eléctricos, hacer también una revisión de la fiscalidad que se aplica a la energía, e incluso de la configuración del precio», subrayó.

Además, ha explicado que la energía tiene tres vertientes fundamentales, la primera de las cuales es el precio que marca la competitividad del sector industrial y de la economía. Una segunda vertiente de la energía es que se trata de un sector productivo en sí mismo, de modo que las oscilaciones en la generación de energía en Asturias influyen decisivamente sobre los parámetros estadísticos como, por ejemplo, la participación en el PIB del sector industrial.

Para el director general de Minería y Energía, la tercera vertiente, especialmente importante para Avilés, es la energía como «sector inductor» para otras actividades industriales. «Avilés es un ejemplo paradigmático en el que tenemos una multitud de empresas industriales que trabajan para el sector energético, para el gas y el petróleo, y para las renovables como las eólicas marinas», expuso el director general. Para Isaac Pola, es necesario ir a un pacto de estado en materia energética, porque la actual regulación del sector, con la última reforma, planteó «muchas incertidumbres, cuando la energía es un elemento clave para la competitividad».

Un “parche” para Unidos Podemos

Sin embargo, el diputado nacional de Podemos, Segundo González, calificó de «buena noticia» la decisión de Red Eléctrica pero ha remarcado que tan sólo se trata de un «parche que no resuelve estructuralmente el problema de la tarifa eléctrica para las empresas electrointensivas». Por ello, insistió en la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de servicio de interrumpibilidad «sostenible y predecible, y que esté condicionado también a la inversión y al mantenimiento de los puestos de trabajo», dentro de un pacto de la energía que implique a las empresas, los sindicatos, las empresas y los sectores energético e industrial.

Avilés demanda una estrategia industrial

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, exigió una estrategia industrial «real y ambiciosa» que comprometa al territorio y que esté conectada con los planteamientos de la Unión Europea en este sector. En este sentido, Monteserín también pide contar con un sistema de tarifa eléctrica sostenible y duradero en el tiempo que permita a las empresas consolidar estrategias productivas a largo plazo y con inversiones e infraestructuras que faciliten la consolidación de sistemas que basen la competitividad en la mejora constante de la productividad y en políticas anticíclicas».

Por ello, la alcaldesa plantea una nueva tarifa eléctrica para la industria, que supere la temporalidad de las subastas anuales de interrumpibilidad, y otorgue seguridad y garantía a las grandes industrias avilesinas. «Incertidumbre, inestabilidad, inseguridad, son los adjetivos que acompañan al actual sistema de subasta a la baja para la renovación de las retribuciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad», indicó. La alcaldesa recordó que se elevaron mociones al pleno municipal en apoyo a la industria, se convocaron movilizaciones lideradas por los agentes sociales, se trasladaron peticiones de reunión al Ministerio de Industria, y se organizaron jornadas de apoyo al sector industrial.

El PP muestra su satisfacción

Por otro lado, el portavoz municipal del PP de Avilés, Carlos Rodríguez de la Torre, considera que el aumento de bloques de 90 megavatios en la subasta para el servicio de interrumpibilidad debería hacer callar «a los agoreros que utilizan políticamente esta situación». En su opinión, el Ministerio de Energía ha atendido las peticiones de las empresas y es un síntoma de que el nuevo responsable de Energía, el ministro Álvaro Nadal, «es buen conocedor de la problemática asturiana y de la ciudad». «Parece que algunos partidos salen enseguida a maltratar políticamente al nuevo gobierno pero callan cuando hay este tipo de noticias tan positivas», declaró el portavoz de PP.

La subasta de interrumpibilidad se celebrará entre el 14 y el 18 de noviembre

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha convocado para la semana comprendida entre el 14 y el 18 de noviembre la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad que ofrecen las industrias consideradas grandes consumidoras de electricidad. En una resolución publicada en el BOE, la Secretaría de Estado de Energía fija estas fechas para la celebración del procedimiento y explica que los bloques de potencia interrumpible se asignarán para el 2017.

En estas pujas, los grandes consumidores de electricidad lanzarán ofertas por entre 7 y 13 bloques de 90 megavatios (MW), que suman entre 630 y 1.170 MW, y por entre 286 y 394 bloques de 5 MW, que suman entre 1.430 y 1.970 MW, una cantidad que finalmente será fijada por el secretario de Estado de Energía. El precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 160.000 euros, frente a los 310.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW. En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta procedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 200.000 euros y el de 90 MW, de 340.000 euros.

Cada uno de los bloques de producto de 5 MW o 90 MW que se pretenda adjudicar será subastado por el administrador en una subasta de precio descendente. Con la reforma energética, el Gobierno creó un mecanismo de subasta competitiva para repartir entre las industrias el llamado servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. De esta forma, el Ministerio organiza una serie de bloques que se asignan a los interesados dispuestos a cobrar una compensación menor.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó a los pocos días una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. Con la reforma energética, el coste para el sistema eléctrico asociado a la interrumpibilidad ha quedado recortado de unos 750 millones de euros a cerca de 550 millones en la actualidad.