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Aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que España alcance su completa descarbonización en 2050

Europa Press.- El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la descarbonización al 100% de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también forman parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

En este sentido, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha indicado que el paquete normativo es la «combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea». La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó el conjunto normativo para «facilitar y orientar» la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

«Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta para facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el porvenir», ha subrayado Ribera. Así, defiende que este es un marco «ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible» que permitirá la creación y «reposicionamiento» de la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 35%.

Por tanto, Ribera ha indicado que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar «una de cada tres toneladas de dióxido de carbono» y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en un 90% con respecto a 1990. Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.000 megavatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están «debidamente» justificados por motivos de «interés social o económico» o por la «inexistencia de alternativas tecnológicas». Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil, que incluirá un calendario para revisar estas ayudas. La Administración General del Estado y los organismos o entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.

También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico. Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica (fracking). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá de 2042.

Por otro lado, el anteproyecto contempla que para incentivar la economía baja en carbono, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en el cambio climático y este objetivo se revisará al alza antes de 2025. A partir de 2020 los ingresos de las subastas de derechos de emisión de GEI se destinarán los objetivos de cambio climático y los Presupuestos podrán destinar, hasta el 30% de estos, a medidas de transición justa.

En general, la Administración General del Estado no podrá construir o licitar obras que no sean de consumo de energía casi nulo o de materiales no sostenibles y más allá de 2030 no podrá tener alquilados inmuebles que no dispongan de la consideración de «casi nulo» que establece el Código Técnico de Edificación. Otras de las medidas será desarrollada por el Ministerio de Educación, que deberá revisar los itinerarios de formación y habilitación profesional y elaborará un plan para impulsar en el empleo en los sectores «motor» del crecimiento en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono. El anteproyecto está sometido a información pública hasta el 22 de marzo.

AEE valora «positivamente» la «ambición»

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora «positivamente» los planes climáticos del Gobierno por su «visibilidad a largo plazo» y su «ambición» en los objetivos medioambientales. La organización ve «necesario» que se aporten las herramientas regulatorias que permitan avanzar «de forma óptima», con un ritmo de crecimiento lineal de las tecnologías en los próximos años «que atraigan y aseguren las inversiones que se precisan para acometer la transición».

La AEE considera «coherente» el objetivo planteado de alcanzar una potencia instalada de 50.258 megavatios (MW) eólicos en 2030, frente a la actual potencia instalada de 23.484 MW, mientras avisa de que para cumplir con el objetivo de 50 gigavatios (GW) de aportación eólica al sistema en 2030 «es necesario instalar una media de 2.200 MW al año, lo que considera «factible«. Además, califica este hecho como una «oportunidad» para el sector, ya que «sabrá aprovechar y responder con éxito porque tiene la capacidad y tecnología que se requieren», además de una «enorme oportunidad» para el país desde el punto de vista de la competitividad, ambición ambiental, desarrollo industrial especializado, I+D+i, aportación a la economía española y creación de empleo.

La contaminación de los edificios

Por su parte, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) lamenta que el Plan no incida en la contaminación que generan los edificios, que «causan hasta un 40% de la contaminación que se registra en las grandes ciudades«. Según ha recordado al Gobierno, la contaminación y el volumen de emisiones nocivas para la atmósfera no se provocan solo por el crecimiento exponencial del tráfico rodado, sino que también influye «el elevado número de viviendas en las que se derrocha energía».

En España, según Andimac, más de la mitad de los inmuebles superan los 40 años de antigüedad y la mayoría de las edificaciones son «antiguas y no se ajustan a los nuevos estándares de la edificación sobre condiciones térmicas y energéticas». De hecho, según ha apuntado, los edificios españoles representan casi un tercio del consumo de energía total del país. El secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, ha resaltado la importancia de “apostar por la descarbonización de los edificios e invertir en su rehabilitación energética».

La potencia eólica en España aumentó en 392 MW en 2018 y ya supone el 19% de la electricidad consumida

Europa Press.- La potencia eólica aumentó el año pasado en España en 392 megavatios (MW), lo que sitúa el total de la potencia instalada en el país en 23.484 MW, suponiendo ya el 19% de la electricidad consumida, según indicó la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De esta nueva potencia instalada, 190 MW (48,5%) corresponden a parques en las Islas Canarias; 90 MW a Aragón, 68 MW a Galicia, 30 MW a Andalucía, 10,37 MW a Castilla-La Mancha y 2,35 MW a Cataluña.

En total, en España hay 1.123 parques presentes en 807 municipios, con 23.308 aerogeneradores instalados que generan 48.902 gigavatios por hora (GWh), capaces de aportar el 19% del consumo eléctrico. Asimismo, hay 195 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades autónomas. Gracias al efecto reductor de la energía eólica en el mercado español, el consumidor se vio favorecido por un menor coste, sobre todo para los consumidores industriales. Por ejemplo, con un consumo de 1.500 MWh con la tarifa AT1 el ahorro en 2018 fue de 3.540 euros.

La comunidad autónoma con mayor potencia instalada continúa siendo Castilla y León, con una cobertura de la demanda eléctrica del 78%. Según la AEE, Castilla y León «es un caso extraordinario», ya que se trata de una comunidad que exporta mucha más electricidad de la que consume. En el ranking de potencia instalada le siguen Castilla-La Mancha y Galicia. Por otra parte, a la cola están Madrid, Ceuta, Melilla, Baleares y Extremadura. De hecho, esta última acaba de inaugurar en febrero su primer parque eólico con 40 MW de potencia.

El objetivo del sector es poner en marcha antes de marzo de 2020 la potencia eólica de las subastas realizadas en 2016 y 2017, algo que supondría «una oportunidad para el crecimiento del mercado y tendría un efecto positivo para España, como el mantenimiento de la industria, la creación de empleo, la reducción de emisiones o el desarrollo social y económico de las zonas con nuevos parques». Actualmente, España es el segundo país europeo en potencia eólica instalada y el quinto a nivel mundial. Además, a través de estas subastas se deberían de conectar más de 3.000 MW de nueva potencia eólica. En cuanto a los compromisos adquiridos, la AEE señala que, pese a las elecciones, estos objetivos no cambiarán.

El sector eólico prevé instalar 2.000 MW nuevos anualmente para que las renovables cubran el 70% de la demanda eléctrica

Europa Press.- El sector eólico español prevé la instalación de aproximadamente 2.000 megavatios (MW) cada año, con el fin de que el conjunto de las renovables consiga alcanzar al menos el 70% de la demanda eléctrica de España, frente al 40% actual. Así se desprende de una jornada organizada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la que se analizaron los elementos necesarios para empezar a construir «el próximo cambio estructural energético».

La presidenta de AEE, Rocío Sicre, se ha mostrado «optimista» de cara a la evolución del sector en los próximos años, lo que repercutirá «de forma considerable» en el aumento del empleo y en una participación «más activa» en la operación técnica y económica del sistema eléctrico. «La eólica ha sido protagonista en la pasada década, permitiéndonos duplicar la generación renovable, con todos los beneficios económicos, industriales y medioambientales que esto ha supuesto para el país. Los próximos años serán claves para el incremento de la aportación de la eólica en España», ha indicado Sicre. En diciembre, el sector eólico cerró el año con 23.484 MW y habiendo cubierto el 19% de las necesidades de consumo eléctrico de los españoles.

La vicepresidenta de OMIE, Carmen Becerril, destacó que los objetivos de 2030 «son alcanzables y posibles». «La colaboración de la eólica a la generación de precios y en el desarrollo del sistema eléctrico es el fenómeno más importante que hemos podido vivir en los últimos 20 años», ha añadido. El evento se ha centrado en evaluar las perspectivas del desarrollo de los nuevos proyectos eólicos, tanto los que han surgido como resultado de las subastas de renovables como los proyectos que se están construyendo con las coberturas de riesgo merchant.

El sector eólico prevé la instalación de 2.000 MW nuevos cada año para alcanzar el 70% de la demanda del país

Europa Press.- El sector eólico español prevé la instalación de aproximadamente 2.000 megavatios (MW) cada año, con el fin de que el conjunto de las renovables consiga alcanzar al menos el 70% de la demanda eléctrica de España, frente al 40% actual.

Así se desprende de una jornada organizada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la que 170 profesionales del sector han identificado y debatido sobre los elementos que aún faltan para poder empezar a construir «el próximo cambio estructural energético».

La presidenta de AEE, Rocío Sicre, se ha mostrado «optimista» de cara a la evolución del sector en los próximos años, lo que repercutirá «de forma considerable» en el aumento del empleo y en una participación «más activa» en la operación técnica y económica del sistema eléctrico.

«La eólica ha sido protagonista en la pasada década, permitiéndonos duplicar la generación renovable, con todos los beneficios económicos, industriales y medioambientales que esto ha supuesto para el país. Los próximos años serán claves para el incremento de la aportación de la eólica en España», ha indicado Sicre.

LA EÓLICA CUBRE EL 19% DEL CONSUMO

En diciembre, el sector eólico cerró el año con 23.484 MW y habiendo cubierto el 19% de las necesidades de consumo eléctrico de los españoles, a expensas ahora de la presentación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, así como del posible cronograma de las futuras subastas de potencia renovable.

La vicepresidenta de OMIE, Carmen Becerril, ha inaugurado el encuentro destacando que los objetivos de 2030 «son alcanzables y posibles». «La colaboración de la eólica a la generación de precios y en el desarrollo del sistema eléctrico es el fenómeno más importante que hemos podido vivir en los últimos 20 años», ha añadido.

El evento se ha centrado en evaluar las perspectivas del desarrollo de los nuevos proyectos eólicos, tanto los que han surgido como resultado de las subastas de renovables como los proyectos que se están construyendo con las coberturas de riesgo ‘merchant’.

Asimismo, se han analizado las nuevas subastas, la regulación sobre hibridación de proyectos, la repotenciación o las perspectivas europeas, en un escenario de progresiva integración para consolidar el mercado único europeo.

La patronal eólica AEE y la fotovoltaica UNEF valoran «positivamente» la propuesta de retribución para 2020-2025 ya que aporta «estabilidad»

Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han valorado «positivamente» el anteproyecto de ley mediante el que se fijan las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. Para UNEF supone «un importante avance regulatorio encaminado al desarrollo del sector en beneficio de la sociedad» mientras que para AEE «solventa una petición recurrente del sector, aportando estabilidad a la rentabilidad razonable de las instalaciones».

AEE considera que la metodología basada en el coste medio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés) utilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica, según indicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «es la adecuada y la más común en los países de nuestro entorno, así como validada por los principales agentes financieros». Asimismo, señala que esta medida «recupera la seguridad jurídica, dotando de estabilidad a la rentabilidad razonable, y generando confianza para los inversores y el propio sector renovable en España».

La patronal eólica subraya que, para alcanzar los objetivos de nueva potencia renovable en los próximos años, «es importante un esfuerzo inversor para el que es necesario una planificación a medio y largo plazo y, por supuesto, una estabilidad regulatoria que ayude a financiar los futuros proyectos«. Así, AEE, que afirma que la transición energética «es una enorme oportunidad para España», cree que este anteproyecto «viene a sentar las bases para garantizar las inversiones necesarias».

En el anteproyecto, el Ministerio para la Transición Ecológica propone una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de renovables, cogeneración y residuos, en línea con la propuesta de la CNMC y que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables.

Rentabilidad razonable garantizada hasta 2031

Además, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto plantea que la tasa de retribución del 7,389% que tienen reconocida las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional con arbitrajes perdidos por España, no pueda modificarse hasta 2031.

UNEF: «un importante avance regulatorio»

Por su parte, el presidente de UNEF, Jorge Barredo, ha considerado «un paso vital» para la industria fotovoltaica la fijación «estable» de la retribución financiera «para recuperar la imagen de país estable que protege la seguridad jurídica de un mercado que necesita atraer 30.000 millones de euros de inversión para financiar la transición energética». Barredo añadió que la fijación de la retribución financiera en un 7,09% «se acerca a las demandas realizadas por el sector» y señaló que, con esta medida, espera que «se ponga fin al marco cambiante y a la incertidumbre jurídica institucionalizada y se defina una retribución sin alteraciones durante la vida regulatoria de las plantas fotovoltaicas«.

La eólica aportó 16.379 millones de euros al PIB y ahorró 21.807 millones al sistema eléctrico entre 2012 y 2017

Europa Press.- El sector eólico aportó un total de 16.379 millones de euros entre 2012 y 2017 a la economía española y ahorró 21.807 millones de euros al sistema eléctrico en ese periodo, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En este sentido, la presidenta de AEE, Rocío Sicre, destacó que pocos sectores de la economía pueden estar «tan orgullosos de su adaptación al cambio como el sector eólico».

En 2017, el sector eólico aumentó su contribución al PIB de España hasta los 3.394 millones de euros, representando un 0,31%, frente al 0,25% que suponía en 2015. Este crecimiento del sector se debió, principalmente, a su enfoque en la exportación de la mayor parte de su producción, a la prestación de servicios de operación y mantenimiento y al suministro de repuestos a los parques eólicos existentes en España. Así, las exportaciones del sector eólico el año pasado ascendieron a 2.391 millones de euros, frente a unas importaciones de 890,5 millones de euros, lo que hizo que las exportaciones netas supusieran 1.500,4 millones de euros, un 65% de la contribución directa al PIB del sector.

En lo que respecta al empleo, las empresas eólicas empleaban en 2017 a 22.578 personas, lejos de los máximos de más de 41.000 empleados que se alcanzó en 2008, pero confirmando la recuperación frente a los 20.201 a los que cayó en 2016. Además, el uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles supuso ahorros para el sistema valorados en 21.807 millones de euros en el periodo 2012-2017, debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico. De esta manera, para un consumidor medio residencial, con un consumo de 4.000 kilovatios hora (kWh) anuales, el ahorro fue de 351 euros en su factura de la luz.

En lo que respecta a impuestos y tributos, el sector abonó en los últimos seis años un total de 2.774 millones de euros, de los cuales 1.097 millones de euros se corresponden con 2016 y 2017. En el caso de los productores eólicos, por cada 1.000 euros de ingresos, 160 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos, mientras que 137 euros se generan como beneficio neto después de impuestos. Así, los tributos suponen más del doble que los gastos de personal, superando sólo el impuesto del 7% sobre la generación la partida destinada a remunerar a los empleados.

A finales de 2017, España contaba con 23.092 megavatios (MW) y la generación eólica en ese año fue de 47.628 gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 18%. Por otra parte, Sicre destacó que, tras las tres subastas celebradas en 2016 y 2017, el sector tiene por delante el compromiso de instalar 4.600 MW en la Península Ibérica, más el cupo canario a 2020, un objetivo «ambicioso» pero que el sector «no ha enviado señal alguna de que esta potencia no se vaya a poder instalar«. No obstante, subrayó que para hacer posible ese «crecimiento lineal, sin parones y acelerones», el sector necesita el respaldo en materia administrativa y regulatoria.

Así, pidió un marco regulatorio estable, «con consenso político y que perdure», además de una visibilidad a largo plazo «para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales» y de la formulación de un sistema adecuado que «garantice la rentabilidad razonable y perdure durante la vida útil de las instalaciones«. También consideró necesario un sistema de subastas «bien diseñado», con un calendario como el de países del entorno, así como unas reglas que incentiven la repotenciación de los parques eólicos más antiguos y situados en los emplazamientos con mejor recurso y una regulación que permita extender la vida útil de los parques en las condiciones más óptimas posibles.

Con los objetivos que prevé el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 2030, con un horizonte de un 70% de electricidad renovable y un 35% de renovables en energía final, el sector prevé una media de crecimiento anual para la eólica de 1.700 MW hasta 2020 y como mínimo de 1.200 MW desde 2020 a 2030. «Estas cifras de incremento de la eólica en España para los próximos años ofrecen una visión objetiva del papel que esta tecnología tendrá en el futuro», añadió Sicre.

155 millones de toneladas evitadas

Por otro lado, la sustitución de producción de electricidad a partir de combustibles fósiles por energía eólica durante 2017 contribuyó a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en 25 millones de toneladas de CO2, según Sicre, que ha añadido que esta sustitución de electricidad de origen fósil por eólica evitó además la importación de 9,2 millones de toneladas de petróleo en ese año.

El estudio señala también que la eólica en España ha evitado la emisión a la atmósfera de 155 millones de toneladas de CO2 entre 2012 y 2017, de las que 50 millones se evitaron entre 2016 y 2017. En total, desde el 2000 hasta 2017 la eólica ha evitado la emisión a la atmósfera de 328 millones de toneladas de CO2, de los que 25 millones se evitaron en 2017. Asimismo, el análisis compara los «beneficios ambientales» de la eólica respecto del carbón e indica que durante 2017 las emisiones que permitió reducir la energía eólica equivalen al 58% del total de emisiones que generaron las centrales térmicas de carbón.

En total, las emisiones evitadas desde el 2000 hasta 2017 por el sector alcanzaron las 328 millones de toneladas de CO2 equivalente, un volumen superior a todas las emisiones de España durante 2016, cuando se lanzaron a la atmósfera 325 millones de toneladas de CO2. Es decir, que el parque eólico ha ahorrado el equivalente a un año de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto al volumen de importación de combustible fósil que se ha evitado mediante la energía eólica, el informe para la organización que representa al sector eólico señala que solo en 2017 se evitó la importación de 57 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y 113 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este volumen ha supuesto un ahorro estimado de unos 2.554 millones de euros.

El sector eólico cree que la estabilidad regulatoria y la planificación son claves para extender la vida de los parques

Redacción.- El sector eólico considera que la estabilidad regulatoria y la planificación son elementos claves para la extensión de vida de los parques eólicos en España. En la III Jornada Internacional sobre Extensión de Vida de Parques Eólicos, la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, señaló que la regulación determinará “la toma de decisión empresarial por la extensión de vida o la repotenciación».

«El objetivo del sector eólico de dar respuesta a una necesidad real en el medio plazo ha estimulado a fabricantes de componentes e industria a avanzar en el desarrollo de tecnologías innovadoras que garanticen la extensión de vida de los parques existentes en España y en el mundo», añadió Sicre al respecto. La presidenta de AEE destacó como principales retos tecnológicos para el sector en este campo el incremento de producción de los parques existentes y las soluciones de bajo coste, así como las mejoras del mantenimiento y las mejoras operativas de los parques eólicos o la operación de los parques como elemento diferencial entre extensión y repotenciación, entre otros.

Por su parte, el director general de Industria y de la Pyme, Galo Gutiérrez, señaló que el Gobierno está trabajando en un borrador de Agenda Sectorial de la Industria Eólica. En concreto, esta agenda recoge medidas y actuaciones a medio plazo «con el fin de mejorar la competitividad y la capacidad productiva del sector eólico y del sector industrial que se dedica a fabricar las estructuras y generadores que demanda la eólica». España, como uno de los países pioneros en la implantación de parques eólicos, afronta ahora su envejecimiento ya que, según AEE, en 2020 la mitad de sus aerogeneradores habrá superado los 15 años.

Repotenciación o extensión de vida, estrategias clave para el sector eólico español

Asociación Empresarial Eólica (AEE).- Uno de los principales retos del sector eólico español a corto plazo es el mantenimiento de la capacidad de generación de energía de las instalaciones que se acercan al final de su vida útil de diseño. Actualmente, en nuestro país existen 20.142 aerogeneradores instalados en 1.090 parques eólicos, con una potencia total de más de 23.092 MW. En 2020, casi la mitad de la potencia eólica instalada en España habrá superado los 15 años de funcionamiento, de la que más de 2.300 MW superarán los 20 años.

En la III Jornada Internacional sobre Extensión de Vida de Parques Eólicos, que la Asociación Empresarial Eólica (AEE) celebra el próximo 9 de octubre, se analizará esta temática con más de 30 ponentes y 200 asistentes de casi una decena de países europeos. Las mejoras operativas de los parques eólicos en operación, el alargamiento de vida sobre los 20 años inicialmente certificados, así como los criterios para la repotenciación y la sustitución de las máquinas, serán el hilo argumental de las diferentes conferencias de la jornada, que contará con la participación del Director General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Galo Gutiérrez; y de Joan Herrera, nuevo Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Este año, la jornada se centrará en casos concretos y demostrados, así como en soluciones innovadoras por parte de empresas con amplia experiencia en el sector, universidades y centros tecnológicos y las propias empresas. La última sesión de la tarde contará con representantes de Portugal, Francia y Dinamarca, que compartirán las experiencias en sus países.

El desarrollo tecnológico juega un papel clave. Ámbitos como la sensorización, la digitalización, la explotación de ingentes cantidades de información, la mejora de los procesos y los modelos de mantenimiento, la evolución en las tecnologías de diagnóstico, etc., son las áreas de desarrollo orientadas a aprovechar al máximo los activos existentes, lo que conllevará un beneficio directo para el consumidor.

Alternativas ante la finalización de la vida útil de un parque eólico

A continuación, detallamos las dos opciones principales:

– Repotenciación: Consiste en el desmantelamiento y sustitución de los aerogeneradores existentes por otros nuevos más avanzados, de mayor tamaño y eficiencia, que permiten mejorar el aprovechamiento del recurso primario, al incrementar la capacidad de generación para la misma disponibilidad de viento. Esta opción implica inversiones elevadas (del orden del 80-85% del coste de un parque eólico nuevo) y tramitaciones administrativas complejas, a cambio de la mejora de producción y, por lo tanto, los mayores ingresos, aunque es necesario amortizar la inversión. Por otro lado, los aerogeneradores desmantelados suponen unos ingresos adicionales como se ha puesto en evidencia en los últimos parques repotenciados en España que, por lo general, superan las previsiones iniciales de los modelos financieros.

– Extensión de vida de aerogeneradores: Se basa en alargar la vida del parque sobre la vida útil certificada, lo que supone una mejora operativa de los aerogeneradores existentes. Además, se basa en la sustitución de ciertos componentes, con el objetivo de mantener una disponibilidad mínima bajo unas condiciones de seguridad garantizadas. En algún caso, se realizan mejoras para alcanzar valores similares a un parque nuevo con un coste que puede ser inferior al 15% de un aerogenerador nuevo.

En la siguiente tabla se resumen las principales diferencias entre las opciones de repotenciación y extensión de vida:

Tabla EólicaFuente: AEE

Parte del parque eólico está acercándose al final de su vida útil, ¿cuál será la apuesta: repotenciación o extensión de vida?

Una decisión clave por parte de las empresas es optar por la extensión de vida o la repotenciación de los parques eólicos. Las empresas tomarán la decisión más óptima según su modelo de negocio. Es importante que ambas estrategias dispongan de un marco regulatorio que aporte seguridad jurídica y estabilidad para los inversores. Lo ideal sería que se sentasen las bases para que el mercado de las repotenciaciones despegase en España, como ya lo está haciendo en otros países de nuestro entorno, gracias a una regulación que establezca las condiciones técnicas y económicas, y capaz de poner de acuerdo al Gobierno central con los autonómicos en temas medioambientales.

La extensión de vida, hoy en día, parece ser la tendencia más extendida en el sector. Pero, en un futuro, la repotenciación será necesaria para seguir aprovechando aquellos emplazamientos con mayor recurso eólico.

Entre las principales conclusiones destacamos las siguientes:

1. Los principales objetivos de extender la vida útil de los activos de un parque eólico son:

– Extender su vida económica, garantizando ingresos durante el periodo de prolongación de su vida útil.

– Contener los costes de O&M.

– Proporcionar mayores garantías de seguridad para el entorno, las personas y los activos.

2. El alargamiento de la vida útil es una tendencia natural de todas las plantas de generación una vez que los activos están amortizados, especialmente indicada en sistemas modulares como la eólica.

3. La vida remanente de cada componente (RUL) se puede gestionar de una forma óptima con el objetivo de maximizar el retorno de la inversión a través del aumento de la vida en operación.

4. La extensión de vida consolida el suministro de componentes, lo que afecta a los fabricantes de las mismas y en gran medida a las empresas de mantenimiento.

5. Es fundamental simplificar los trámites para que no haya que tramitarlas como parques nuevos.

6. No se deben desaprovechar los buenos emplazamientos donde están ubicados los parques más antiguos, bien sea repotenciando o bien sea extendiendo la vida útil al máximo.

Hacienda compensará los 1.000 millones sin recaudar del impuesto a la generación con lo obtenido por los derechos de emisión

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que el paquete de medidas relativas al coste de la electricidad, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, queda «integrado» en una parte con los ingresos obtenidos en las subastas de derechos de emisión y también por los Presupuestos. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 1.000 millones de euros la pérdida de ingresos por la suspensión «temporal» del impuesto.

Montero ha recordado que la eliminación temporal de este impuesto supondrá un recorte en la factura de la luz de entre el 2% y el 4%. La ministra destacó que con esta medida el Gobierno se muestra «sensible» a la realidad de los hogares españoles, que han visto incrementado el precio de la luz, y advirtió de que estará «vigilante» para que la supresión de este impuesto «repercuta realmente» en la factura que pagan los usuarios de la energía eléctrica. Por otro lado, la titular de Hacienda ha descartado rebajar el IVA de la factura eléctrica achacándolo a que “el IVA es un impuesto muy regulado a nivel europeo y tenemos que ir en armonía, no podemos salirnos del reglamento».

Recaudación de derechos de emisión

Por su parte, Ribera reiteró la importancia que tenía para el Gobierno tomar medidas para la bajada de la factura de la luz y que la irracionalidad del mercado energético «no repercuta en el consumidor final». En este sentido, ha incidido en que tras analizar las opciones que podían generar un «efecto directo más inmediato», lo esperan lograr con la eliminación del impuesto a la generación, ya que debería repercutirse directamente en la factura final.

Respecto a cómo afrontará el Gobierno la pérdida de los ingresos que genera dicho impuesto, más de 1.000 millones de euros anuales, ha aseverado que «está ya integrado» en una parte por lo obtenido en las subastas de derechos de emisión y también con la contribución de los PGE. En todo caso, precisó que todo ello está a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el paquete de medidas, entre las que también se incluyen otras acciones «prioritarias» para reforzar los mecanismos de lucha contra la pobreza energética, pues ha insistido en que «uno de los focos de atención» son los colectivos vulnerables.

AEE pide reformar el pool

Asimismo, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que la suspensión del impuesto a la generación es «una medida oportuna» que tendrá «efectos directos» sobre el precio de la electricidad y que aliviará el incremento de la factura de la luz que se ha producido últimamente, aunque cree que debe «ir acompañada de una reforma del mercado eléctrico«. El director general de AEE, Juan Virgilio Márquez, señala que esta reforma «es necesaria y debe ser fruto de un consenso social y político, que garantice su estabilidad».

En este sentido, la patronal eólica valora «positivamente» la puesta en marcha de las medidas concretas anunciadas por la ministra así como el planteamiento de una reforma estructural del mercado eléctrico. Así, celebra el mensaje de «apoyo sin fisuras al desarrollo y aportación de las energías renovables, y a la eólica en particular, como tecnologías de futuro», con el que la ministra puso «sobre la mesa medidas de aplicación inmediatas y avanzó señales que apuestan por un modelo energético enfocado al proceso de transición energética del país, donde las renovables son el eje principal», subraya.

Además, coincide con Ribera en la urgencia de emprender una reforma energética «que perdure en el tiempo, sea transversal en toda la economía del país y esté consensuada». Para ello, considera que el sector precisa de «visibilidad en el tiempo y una estabilidad regulatoria» que no suponga una merma en los resultados de las plantas existentes y permita la planificación y puesta en marcha de nuevas instalaciones renovables. De esta manera, cree que es necesaria una planificación energética que establezca qué tecnologías necesita el país en el mix energético, así como garantizar la seguridad jurídica, eliminando aspectos como la modificación de la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años.

Mientras, para reducir la volatilidad del precio del mercado eléctrico, la AEE propone la introducción de más generación renovable autóctona, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles importados y del precio del CO2, así como aumentar la aportación de las renovables e incrementar la electrificación de la economía. Asimismo, la patronal pide eliminar de la factura eléctrica los costes ajenos al suministro llevándolos a los PGE o financiándolos con una fiscalidad medioambiental trasversal sobre los combustibles fósiles, así como establecer mecanismos estables de retribución y simplificar y agilizar los procesos administrativos con ventanilla única para la tramitación de permisos.

AEE subraya que los nuevos objetivos de energías renovables para 2030 suponen «una clara oportunidad» para el sector eólico

Redacción / Agencias.- La presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, indicó que la reciente aprobación de los objetivos de renovables para 2030 por la Unión Europea supone «una clara oportunidad» para el sector eólico español. En la inauguración del IV Congreso Eólico Español, Sicre destacó que el nuevo objetivo de alcanzar un 32% de la demanda con energías renovables representa, a su vez, «un fuerte compromiso» para el sector para mantener las condiciones de continuidad que impidan posibles limitaciones de generación.

Además, subrayó que las decisiones políticas que se adopten hoy «afectarán al futuro de los parques eólicos actuales y próximos». «El consenso político para diseñar una hoja de ruta que nos guíe en la transición energética es fundamental para no dar pasos cortoplacistas y poder apuntar a objetivos más ambiciosos», apuntó Sicre, que considera necesarias señales de «seguridad, visibilidad y certeza» para el sector, ya que la energía no es “cortoplacista” y las inversiones que se hacen hoy «tienen que durar». «Es necesario un compromiso y el apoyo de los partidos políticos a las renovables y las decisiones deben de ser a largo plazo», recalcó.

“Es una historia de éxito”

Sobre el cambio de Gobierno, Sicre destacó que el sector eólico seguirá trabajando en el desarrollo de una tecnología “clave” para la transición energética porque “la eólica es una historia de éxito”. En cuanto al futuro del mix energético, AEE aboga por apostar por “soluciones híbridas, que permitan aportar potencia firme a la operación del sistema y optimicen el uso de la infraestructura eléctrica”. En este sentido las baterías y los sistemas de almacenamiento de energía jugarán un papel importante.

Respecto a los datos del sector, la presidenta de AEE indicó que en 2017 ha instalado 96 megavatios (MW) eólicos en el territorio nacional, 59 de ellos en Canarias. «Durante el pasado año, la energía eólica ha producido el 18,23% de la demanda eléctrica en España. En el mundo se instalaron 53 gigavatios (GW) eólicos, sumando un total de 539 GW instalados eólicos. España ostenta el quinto puesto en el ranking de países por potencia instalada, tras China, Estados Unidos, Alemania e India», concluyó. La próxima edición del Congreso Eólico Español tendrá lugar en Bilbao el 2 y 4 de abril de 2019, coincidiendo con la WindEurope Conference & Exhibition.