Europa Press.- El Gobierno estudia obligar a las estaciones de servicio, en función de diferentes criterios, a que adapten su negocio a la movilidad eléctrica, de forma que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos pero con electricidad de origen renovable. Así aparece en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que también contempla la prohibición de vender vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos en España desde 2040, mientras que desde 2050 tampoco podrán circular.

El documento recoge que los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles para vehículos que en 2017 tuvieran un volumen de ventas de gasolina y gasóleo de al menos 10 millones de litros tendrán que presentar, en un plazo máximo de 9 meses, un proyecto para la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica con potencia igual o superior a 22 kilovatios. Esta iniciativa, según la propuesta del Gobierno, se deberá ejecutar y, por lo tanto empezar a dar servicio, en los siguientes 12 meses a la presentación de dicho proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas.

Por su parte, las estaciones de servicio que en 2017 registrasen un volumen de ventas de combustibles y carburantes de entre 5 y 10 millones de litros tendrán un plazo de 15 meses para presentar el proyecto y 12 meses para ponerlo en marcha, también con una potencia de 22 kilovatios y de origen. Si es una provincia, ciudad autónoma o isla que no cuente con una estación de servicio que cumpla con las condiciones establecidas anteriormente, los titulares de las instalaciones, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas anuales, y que al menos alcancen el 10% de las ventas anuales en dichas áreas geográficas, presentarán dicho proyecto en 15 meses y lo aplicarán en los 12 meses siguientes.

En el caso de las concesiones estatales, las obligaciones de las estaciones de servicio con volúmenes anuales de más de 5 millones de litros de combustible tendrán que ser cumplidas por parte de los concesionarios de las mismas, que deberán presentar un plan sobre el despliegue de servicios de carga eléctrica, garantizando un número adecuado de puntos de recarga y reabastecimiento. Asimismo, el texto apunta que, «sin menoscabo de la obligación para los titulares de las instalaciones», las administraciones públicas podrán contribuir a la financiación parcial o total de las actuaciones necesarias para su cumplimiento.

El director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, aseguró que el 75% de las 11.500 estaciones de servicio que hay en España cuenta con tienda y servicios adicionales al repostaje de combustible. «Es importante porque para una estación de servicio, el beneficio por el combustible representa apenas el 1% mientras que el de los servicios adicionales es del 35%. Por tanto, el usuario de vehículo eléctrico, cuya mecánica de recarga le hace permanecer unos minutos en el establecimiento, consume esos servicios en restauración o tienda», subrayó el directivo.

Pérez de Lucia destacó que la recarga del usuario de vehículo eléctrico es en un 80% vinculada, es decir, que se hace en el hogar o lugar de trabajo. No obstante, señaló que con vehículos con cada vez mayores autonomías, se viaja más y por tanto, son más susceptibles de ser clientes de las estaciones de servicio para recarga en itinerancia. «Además el 90% de las gasolineras en las carreteras dentro de las redes transeuropeas deberá estar equipado con puntos de recarga para vehículos eléctricos antes de acabar 2022″, señaló.