Isaac Pola: «La nueva estructura de peajes supondría una clarísima ruptura de la unidad de mercado por territorios y sin justificación»

La Ley de Metrología encerraba una enmienda que amenaza con provocar una guerra territorial en torno al precio del suministro eléctrico. El PP introdujo una disposición adicional para arrebatar a la CNMC la potestad para fijar las categorías tarifarias y otorgarle al Gobierno la vía libre para rebajar los peajes al nivel de tensión comprendido entre los 30 y los 36 kilovoltios (kV), anteriormente englobada en la media tensión (de 1 a 36 kV). Esta reconfiguración tiene como principal beneficiario a diversos grupos de consumidores industriales del País Vasco, lo que se ha interpretado como una forma de compensar el apoyo del PNV a la nueva Ley del Sector Eléctrico.

Por otra parte, esta reconfiguración no tiene financiación todavía, lo que conduce al aumento del déficit tarifario del sistema eléctrico o a la elevación de los costes de acceso a los clientes de otras estructuras tarifarias. Ante esta cuestión, que causa importantes disensiones, Pola expone cómo han sentado estas novedades en el seno del Principado, cuya base de tensiones para sus consumidores industriales es diferente.

Pregunta- La circular sobre peajes de la CNMC establece en su memoria que se han tenido en cuenta las aportaciones del Consejo Consultivo de la Electricidad, en el que están presentes las comunidades autónomas. ¿Podría explicarnos qué ocurrió en el Consejo previo a la citada circular?

No ha habido reunión física del Consejo Consultivo desde que se pasó de la Comisión Nacional de la Energía a la nueva CNMC, pero sí numerosísimas aportaciones de los que formamos parte del Consejo vía correo electrónico cumpliendo los plazos establecidos. Lo cierto es que tuvimos constancia por los medios de comunicación de ese replanteamiento que estaba haciendo el Ministerio de Industria a la CNMC en cuanto a la determinación de los peajes por niveles de tensión y, en concreto, en cuanto a separar de ese nivel que estaba establecido hasta ahora de 1 a 36 kV, una franja de 30 a 36 kV con la intención de rebajar los peajes a esta franja.

P- ¿Cómo valoran esta subdivisión de la media tensión?

Cada compañía distribuidora, en el diseño de sus redes, establece el nivel de tensión que cree oportuno en función de varios parámetros técnicos. No parece muy lógico establecer una discriminación dentro de ese rango de 1 a 36 kV en función de un criterio de la compañía distribuidora. El cliente solicita una potencia, un consumo determinado. Pero no interviene para nada en el diseño de qué nivel de tensión le va a aplicar la compañía distribuidora.

P- ¿Hasta que no lo vieron en los medios de comunicación no tuvieron constancia alguna?

Por medios oficiales ninguna. Lo que ha ocurrido es la siguiente secuencia: una serie de antecedentes que son muy importantes. En la nueva Ley del Sector Eléctrico, 24/2013 de 26 de diciembre, la Ley daba una serie de directrices y de características básicas de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución. Establece que estos peajes deben ser únicos para todo el territorio nacional. El 1 de febrero, el BOE publicó la orden de peajes para el año 2014 donde establece cuáles van a ser esos peajes por niveles de tensión y, dentro de esos tramos, sigue manteniendo que uno va de 1 a 36 kV. Pero el antecedente más relevante es la publicación el pasado 19 de julio en el BOE de la circular de la CNMC donde establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución.

P- ¿Qué establece esta metodología?

Define unas reglas explícitas para asignar los costes de transporte y distribución de forma transparente, no discriminatoria, técnica, objetiva y siguiendo criterios de eficiencia en el uso de las redes. Son directrices establecidas por la Directiva Europea 2009/72 y que otorgan al regulador esta función. Cabe destacar que aquí se vuelve a repetir la categoría de 1 a 36 kV. Pero 15 días antes, el 4 de julio, el Ministerio de Industria sometió a consulta de la CNMC una propuesta de real decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en los sistemas extrapeninsulares y añade una disposición final donde aparece la división del nivel de tensión en dos tramos, de 1 a 30 kV y de 30 a 36 kV.

Esta propuesta no estaba argumentada en modo alguno con fundamentos técnicos que plantearan la necesidad de realizar esa división. Tampoco había ningún análisis del impacto de realizar esa división en la medida en que, si se va a proceder a rebajar los peajes a uno de esos subtramos, lógicamente habrá una repercusión para los demás peajes.

P- ¿Cuál considera que sería ese impacto?

Los peajes se deben diseñar, tal y como establece la propia Ley del Sector Eléctrico, de manera que se habilite un equilibrio entre ingresos y costes. Lógicamente si se disminuyen los peajes de un tramo, habrá que aumentarlos en otros. Naturalmente nosotros no estamos conforme con esa propuesta y la CNMC parece que tampoco. De hecho, 15 días después de la propuesta del Ministerio, la CNMC publicó su metodología en el BOE y mantuvo el nivel de tensión de 1 a 36 kV. Hay que tener en cuenta que en el Consejo Consultivo se produce un debate con un sustrato técnico y no parece muy normal plantear una subdivisión de los niveles de tensión sin mayor criterio. Desde luego, si el Ministerio quiso variar los peajes, este planteamiento no se volvió a trasladar al Consejo Consultivo de Electricidad.

P- En la memoria de la circular 3/2014 se especifica que varias de las partes presentes en el Consejo Consultivo hicieron diversas alegaciones para modificar esta estructura de peajes. ¿Le consta que el País Vasco, en relación con el acuerdo entre el PP y el PNV, fuera uno de los que presento alguna consideración?

No me consta explícitamente porque, al no haber tenido lugar una reunión física del Consejo, no tenemos constancia de las demás aportaciones. Es más que probable, desde luego, que el País Vasco reiterara la propuesta que ya había hecho en su día en la tramitación parlamentaria de la Ley del Sector Eléctrico. Lo que sí que nos consta es que representantes de las compañías eléctricas manifestaron su total oposición al respecto.

P- ¿Cómo afectaría esta decisión al Principado de Asturias y al resto de comunidades autónomas?

Supondría una clarísima ruptura de la unidad de mercado por territorios y que, por lo que sabemos, no tiene ningún soporte aparente ni justificación técnica razonable. Y, desde luego, no debería haberse tramitado así. El coste de la energía eléctrica es un factor determinante en la competitividad. Nos preocupa por tanto que esta decisión pueda afectar a la competitividad de nuestra industria y de nuestras empresas. No pedimos que tengan ningún privilegio pero tampoco queremos que tengan ninguna afectación negativa como consecuencia de esta circunstancia.

P- ¿Qué reclaman desde el Principado de Asturias?

Lo cierto es que la distribuidora mayoritaria en el País Vasco tiene un nivel de tensión de 33 kV, lo cual encaja en ese rango de 30 a 36. Por tanto, no nos parece razonable que una misma fábrica, con idénticas características y utilizando la misma maquinaria, tenga un coste de la energía eléctrica diferente por los peajes. Ahora que se habla tanto de proteger la unidad de mercado en el ámbito nacional, cuestión con la que estamos plenamente de acuerdo, no parece que esto vaya en esa línea cuando estamos utilizando un parámetro arbitrario, distribuido de forma desigual dentro del territorio nacional, para establecer estas diferencias.

P- ¿Consideran que es una cuestión de índole territorial? ¿Piden la equiparación por tensiones o territorios?

No, queremos defender la unidad de mercado. Por ejemplo, en Asturias el nivel de tensión habitual en nuestra distribuidora mayoritaria es de 24 kV. Además, hay otra distribuidora al margen de la mayoritaria que sí que tiene niveles de tensión de 30 kV, con los que suministra a aproximadamente una treintena de empresas. Consideramos que tampoco sería razonable que esa treintena de empresas, por encontrarse en un ámbito geográfico determinado, al que corresponde una compañía distribuidora determinada, tuvieran un precio de energía eléctrica diferente del que tienen al lado otras empresas por tener el suministro de otra compañía distribuidora.

P- ¿Qué actuación han realizado?

Hemos enviado una carta a la secretaría de Estado de Energía con fecha de 10 de octubre solicitando: en primer lugar, aclaraciones sobre qué procedimiento se está siguiendo para plantear este cambio en los peajes; en segundo lugar, queremos que se nos documente con qué criterios se plantea, que fundamento técnico sirve de base para hacer ese planteamiento; y también conocer su impacto porque rebajar los peajes a un determinado nivel de tensión debería suponer incrementar los peajes a otros niveles de tensión según figura en la Ley del Sector Eléctrico. Por último, advertimos que desde Asturias estaríamos en completo desacuerdo en el caso de que esto se confirmara porque si el criterio es que se le debe un favor al PNV, nos parece excesivo.

P- ¿Han hablado con alguna comunidad autónoma para hacer un frente común ante el Ministerio?

Lo hemos comentado extraoficialmente con otras comunidades autónomas que, lógicamente, están afectadas por este tema. Dado que este planteamiento no se nos ha trasladado a través de ningún conducto oficial, entiendo que cada comunidad hemos hecho nuestra gestión de manera individual, imagino que reclamando que nos aclare qué planeamiento es este. En caso de que así sea lo recurriremos oficialmente como es natural. De momento hemos solicitado las aclaraciones al Ministerio y, cuando las tengamos, actuaremos en consecuencia. Supongo que otras comunidades harán lo mismo.

P- ¿Qué interpretación realizan de la forma de actuar del Ministerio, introduciendo los cambios en la Ley de Metrología y en la regulación de sistemas extrapeninsulares?

Consideramos que es de una completa incoherencia. Presuntamente, la reforma del sector eléctrico, siguiendo lógicamente las directivas comunitarias, pretende incorporar transparencia, objetividad, uniformidad y sentido racional en todos estos planteamientos. No parece que éste sea un método ni transparente, ni objetivo ni racional. No parece muy lógico que habiéndose establecido una metodología en el mes de julio, meses después se decida cambiarlo a conveniencia del Gobierno. Hay una demanda recurrente por parte de nuestro sector empresarial al respecto de la seguridad jurídica y la certidumbre: no podemos estar continuamente sometidos al devenir de distintas disposiciones regulatorias que cambian de un día para otro sin, aparentemente, mayor criterio y mayor fundamento. Esperaremos a ver qué respuesta nos da el Ministerio de Industria pero no parece que éste sea un buen procedimiento ni un buen ejemplo para la unidad de mercado.